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Con el espionaje, el Ejército los hostiga, criminaliza, persigue y los pone en riesgo, dicen agraviados

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.

Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera

Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el

Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.

Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales

El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.

Infiltran movilizaciones: Héctor Torres

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.

En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega

Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.

Los reportes de la vigilancia

Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.

 

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena

Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.

Los reportes de la vigilancia

Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.

En Guerrero no se van a permitir más ni persecución
política ni represión, promete Evelyn

Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.

 

Denuncian redes feministas violencia institucional hacia mujeres activistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En un pronunciamiento por el Día Internacional de la Mujer, representantes de redes feministas denunciaron que hay programas ineficaces y violencia institucional hacia las mujeres, en un mensaje virtual.
Entre ellas la guerrerense Olimpia Jaimes, del Frente Feminista Abolicionista, señaló la campaña en medios recurrente de denostación, la constante criminalización a los derechos de las mujeres, de las comunicadoras, de organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista en general.
Reprochó el aumento de desplazamientos y feminicidios contra mujeres buscadoras, que forma parte de las acciones que frenan el avance de las mujeres.
Enfatizó que el Estado necesita de una sociedad civil organizada y segura para avanzar en la garantía de los derechos humanos, y que reconozca que las mujeres organizadas aportan trabajo, recursos, saberes y tiempo para construir un mejor mundo posible.
Asimismo, las Constituyentes Ciudad de México, exigieron que todos los congresos locales aprueben la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, y se eleve para que sea ley en todo el territorio nacional
El Frente Nacional de Lesbianas Feministas y el Movimiento Lébico Abolicionista, denunciaron las nuevas reformas excluyeron la categoría de sexo género e identidad de género, que se conocer como el borrado jurídico de las mujeres en la constitución, “al sustituirnos por persona, persona cis, persona gestante, vulvoportante, menstruante o lactante”.
La Red Nacional de Alertistas, planteó que se emita una alerta nacional por feminicidios en México, entre otras demandas, de mayor presupuesto a programas de mujeres, para el combate y prevención de la violencia que también se expresa en la incapacidad institucional de poder juzgar con perspectiva feminista, castigar a feminicidas y reparar al daño a las familias.

 

No se hacen diligencias de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género: activistas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En Guerrero no se hacen las debidas diligencias con perspectiva de género en las muertes violentas de mujeres, para que se tipifiquen como feminicidios; la mayoría se clasifican como suicidios, homicidios dolosos e imprudenciales, afirmaron feministas y activistas. Señalan que es urgente que las fiscalías del país apliquen los protocolos para investigar los casos con perspectiva de género, porque al carecer de los parámetros los primeros respondientes contaminan las escenas del crimen y pierden evidencias.
Este martes se realizó en el hotel Holiday Inn, en Chilpancingo, el foro Sentencia Mariana Lima, Parámetro Nacional para Juzgar con Perspectiva de Género, organizado por integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Persona, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres
La directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, recordó la sentencia de 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que ordenó reabrir la investigación de lo que se calificó como suicidio de Mariana Lima Buendía, para que fuera reclasificado como feminicidio, y que obliga a partir de su caso, “investigar toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género”.
Sostuvo que dicha sentencia desarrolló criterios para la investigación en caso de muertes violentas, que en el contexto del país es un problema muy grave y que ha aumentado de acuerdo con cifras oficiales, pues argumentó que en 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 3 mil 775 asesinatos de mujeres y niñas, de los cuales sólo 968 se investigaron como feminicidio.
De Guerrero, apuntó que el año pasado se registraron 128 mujeres asesinadas, de las que solo 13 se investigaron como feminicidio, y
115 como homicidio doloso. Cuestionó si en los estados “no hay feminicidios o realmente no se puede acreditar las razones de género porque siguen sin entenderse o no se tienen los protocolos adecuados”.
Afirmó que en el país asusta el Covid, pero no la gran cantidad de mujeres asesinadas. Aseveró que el feminicidio no es un hecho aislado sino es resultado de un patrón de violencia institucional, que aumenta más con la impunidad que la arropa.
“La perspectiva de género no es otra cosa que entender los contextos de discriminación contra las mujeres para poderlos desactivar y poder actuar”, dijo.
Sostuvo que hay una falta de debida diligencia, es decir, planes metodológicos de investigación para formular líneas de investigación que lleven al esclarecimiento de las muertes violentas, y sostuvo que Observatorio siguen encontrando fallas en las etapas del proceso penal desde la evaluación adecuada para determinar si están ante un feminicidio.
La activista feminista y madre de Mariana Lima, Irinea Buendía Cortés, platicó el caso de su hija asesinada en 2010, y detalló la corrupción, simulación e impunidad que enfrentó de las autoridades locales de Chimalhuacán, en el Estado de México, y que a pesar de que ya pasaron 12 años y ocho meses del crimen, aún espera una sentencia condenatoria contra Julio César Hernández Ballinas, quien era esposo de Mariana y policía judicial.
Sostuvo que desde su experiencia los policías que son los primeros respondientes si no tienen perspectiva de género lo único que hacen es contaminar la escena del crimen y perder evidencia que “jamás vamos a poder recuperar, porque entre más pasa el tiempo más se aleja la verdad”.
Destacó que con la sentencia de la SCJN el 25 de marzo del 2015 a favor de reabrir el caso de Mariana Lima se ganó “que toda muerte violenta de mujeres se tiene que investigar con perspectiva de género y debida diligencia, en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República, de todas las edades, incluidos los suicidios y los accidentes”.
Agregó que también se obtuvo que se pueda sancionar a los servidores públicos que incurren en omisiones o negligencias, falencias e irregularidades que obstruyan la investigación y el acceso a la justicia, así como la reparación del daño causado por las autoridades, modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en cuanto a la perspectiva de género y a la administración de justicia.

Hay revictimización por parte de las autoridades

Una vez que concluyeron las ponencias, varias activistas feministas contaron sus casos o su perspectiva del problema en Guerrero, entre ellas, la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitignio, sostuvo que en la entidad en muchos procesos de feminicidios hay revictimización porque las autoridades se burlan y no les creen a las víctimas o los familiares, que no hay sensibilidad ni humanismo de las autoridades.

Encuentran activistas resistencia de personal de Salud a 8 meses de la despenalización del aborto

La feminista, Lourdes Juárez Díaz, durante su participación en el panel Reforma a la Nom-046, como parte de la Semana Jurídica Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A ocho meses de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Guerrero, sigue pendiente conocer la respuesta de los servidores públicos en la atención de mujeres que exigen este derecho, y establecer si en los servicios estatales de salud ya aplican los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar de la Norma 046, señaló la feminista Lourdes Juárez Díaz.
La también defensora de los derechos sexuales y reproductivos, Jessica Estévez, aclaró que en el acompañamiento de casos en diferentes partes del estado, siguen encontrando resistencias de personal médico, que desalienta o retrasa la atención de las usuarias, en la conferencia sobre la reforma a la NOM 046, aborto legal y derecho constitucional que se realizó en el lobby del Palacio de la Cultural, parte de las actividades de la Semana Jurídica de la Secretaría General de Gobierno.
Las expositoras recordaron que antes de la pandemia de Covid-19, la Secretaría de Salud decía estar ya dando capacitaciones al personal médico, que también eran parte de las medidas de atención a las alertas de violencia de género, la primera por violencia feminicida y, otra agravio comparado debido al incumplimiento de la norma en la atención a víctimas que solicitaban la interrupción de un embarazo producto de violacion. Sin embargo, no hay indicadores de los resultados de las capacitación, advirtieron.
Estévez recomendó a las mujeres que necesiten de los servicios médicos, busquen primero el acompañamiento, porque los servidores públicos todavía no tienen claro lo que se aprobó.
Juárez añadió que es responsabilidad del estado dar la atención, y es un derecho de las mujeres acudir a los servicios de salud, por lo tanto se tiene que exigir que la teoría legal llegue a la práctica. Además, llamó al Congreso local a seguir mejorando la legislación local sobre los derechos sexuales y reproductivos.
La titular de la Unidad de Género, Marlan Márquez Valverde, moderadora en la actividad, pidió conocer los antecedentes del derecho a decidir en Guerrero. Juárez Díaz recordó que hubo tres momentos en que mujeres de manera organizada demandaron la despenalización del aborto, después, con la integración de la Alianza feminista del estado de Guerrero (2016) que promovió la alerta por violencia feminicida, se incluyó la medida de atención de las víctimas de violencia sexual que pidieran interrumpir un embarazo.
A esta siguió la alerta por agravio comparado (2019), más específica para la atención de este problema, ambas en proceso. Juárez destacó que cada vez llegan más aliadas y mujeres jóvenes a los espacios de gobierno para avanzar en nuestros derechos.
En la conferencia, la feminista se hizo un recorrido de la NOM 046 desde que aparece en 1999, y la modificación de 2005 cuando se incorporan los elementos de atención integral de la violencia familiar y sexual, a fin de hacer efectivo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; es decir, para solicitar el aborto en caso de embarazo por violación.
De 2009 y 2016 tuvo modificaciones para hacerla mucho más eficaz, en la atención médica con perspectiva de género que permita comprender de manera integral e inmediata el problemas de violencia.
Entre 2017 y 2018, indicó que las mujeres de Guerrero insistieron en que la violencia sexual mujeres iba en aumento, y los embarazos no deseados era un problema de salud pública, derivado que las mujeres pedían interrumpir y hacerlo en lugares insalubres, en lugar de hacerlo con medicamentos y los requerimientos necesarios.
En tanto, el sector salud estatal se negaba a aceptar la aplicación de la NOM 046, argumentando que no estaba homologada con el artículo 159 del Código Penal, que refiere las excluyentes de delito de aborto, entre ellas por violación sexual, pero con autorización del Ministerio Público.
La norma ya señalaba que, para acceder a la interrupción del embarazo, basta con hacer la solicitud por escrito bajo protesta de decir la verdad, “sólo las niñas menores de 12 años de edad, requieren la autorización del padre o madre, o a falta de éstos de un tutor legal para realizar dicha solicitud”.
Por otro lado, la Suprema Corte avaló el derecho de abortar a embarazadas menores en caso de violación, que obliga a a los servicios de salud pública a practicar abortos a las menores de entre 12 y 17, sin el consentimiento de sus padres o tutores.
Recordó que en México la tasa de madres menores de 18 años, es superior al promedio de América Latina, y México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil de entre 15 y 19 años, mientras que la tasa promedio a nivel mundial es de 46.

 

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

Ofrendan organizaciones a los desaparecidos, activistas y luchadores en el Zócalo de la capital

 

La alternativa a la inseguridad agravada en los periodos de transición de los gobiernos, es la organización de la sociedad para obligar al Estado a cumplir con sus funciones señaló el director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, en el altar de Día de Muertos para recordar a los desaparecidos, activistas y luchadores sociales, la mayoría de ellos asesinados, que instalaron organizaciones en el Zócalo de esta ciudad.
Denunció que los secuestros difundidos en los últimos días no representan ni el 10 por ciento en la capital, pues por medio del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero reciben información de otros casos.
Reconoció que estos datos no se pueden confirmar pero personas liberadas sin la intervención de las autoridades, dijeron que “hay muchos más en las casas de seguridad”, donde estuvieron retenidos.
También hay casos de secuestrados que fueron asesinados y no se denunciaron por temor, y de los rescatados recientemente, fueron encontrados en Morelos, dijo.
Javier Monroy expuso que el Tadeco ha denunciado hace mucho tiempo que en Guerrero existe una crisis humanitaria, pero en estos momentos la crisis mayor es de seguridad, “porque se incrementa y las autoridades no dan pie con bola”.
Resultado del monitoreo que hacen, señaló que la violencia se incrementa en los cambios de gobierno, como sucedió en la transición de René Juárez y Zeferino Torreblanca, y cuando éste último entregó a Ángel Aguirre Rivero.
Ocurre de nuevo con Héctor Astudillo Flores, “entendemos que no es gratis, porque hay un reacomodo de las empresas del narco a partir de compromisos que hacen con candidatos. Este reacomodo lleva a ajustes de cuentas y confrontaciones muy fuertes, donde lamentablemente cae mucha gente que no está vinculada”.
Señaló que hace 15 y 20 años sólo se hablaba de dos o tres cárteles, ahora en cada región hay muchos.
Añadió que no se puede aceptar que se enfrente el problema con más policías y militares, como propuso el nuevo gobernador, porque el problema está en la relación del crimen con el gobierno, “el narcotráfico sostiene la riqueza del país, y (las autoridades) no van a enfrentarlos porque se ponen la soga al cuello”.
Dijo que la presencia de policías y militares sólo pretende la contención social, porque en cualquier momento la población puede reaccionar y va a responder ante las injusticias y la impunidad. Pero opinó que sería un error de los ciudadanos hacer la tarea del Estado, si se arman para enfrentar a la delincuencia.
Aclaró que a quien le corresponde buscar en las fosas a los muertos y detener a los delincuentes es al Estado.
Agregó que la Policía Comunitaria es la solución en algunos lugares, pero un proyecto con principios no con intereses de grupo.
Reconoció también que son tiempos difíciles para las organizaciones, “cada uno piensa en si mismo”, y se estigmatiza a quien lucha por los presos, los asesinados y los desaparecidos.
Llamó a la población a organizarse y adoptar a un secuestrado, desaparecido o asesinado para reclamarlos, porque las autoridades tienen doble moral “dicen que casi no duermen por esta situación, pero todos los recursos y personas con las que cuenta el Estado se destinan a otra cosa, menos a proteger a la ciudadanía”.
Ayer hubo actividades culturales en el altar que colocaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Nahuales de Ixtlitezcatl, el Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, el Frente Democrático Unitario en Lucha y el Tadeco.
La ofrenda se colocó frente a la catedral, donde pusieron fotografías de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa asesinados en 2011, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, luchadores sociales asesinados en 2013 como Rocío Mesino, también la foto de Isidro Ortiz Bernal, Chilo, y el universitario Renato Ravelo Lecuona. d

Honran organizaciones con ofrendas en la explanada de Iguala a activistas y estudiantes asesinados

 

Normalistas de Ayotzinapa, activistas sociales y víctimas de desaparición forzada de Iguala fueron recordados en esta ciudad durante la exposición de tumbas y ofrendas que el Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala organizó en la explanada de las Tres Garantías, de forma paralela al acto oficial en el Zócalo.
Con la participación de escuelas de la zona Norte, tanto del nivel Básico como del Medio Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), así como de organizaciones sociales como la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), ofrendaron a los activistas, maestros y estudiantes asesinados durante represiones del gobierno.
En la actividad organizada en la explanada de las Tres Garantías por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) de la zona Norte y activistas del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, paralela a la actividad oficial, fueron colocadas 11 tumbas y ofrendas.
El ataque, ejecución de tres y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad se plasmó en la ofrenda colocada por la zona escolar 123 de Tetipac, en la que se muestra la persecución y ataque a los tres autobuses en los que iban los normalistas, y que fueron atacados a balazos por policías de Iguala y Cocula, y civiles armados.
La Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), que representa Soledad Hernández Meza, ofrendó a su padre y fundador, Arturo Hernández Cardona, desaparecido y asesinado el 30 de mayo de 2013, durante el gobierno del ex alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, a quien uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza señala directamente como el autor material del asesinato.
El Bloque Democrático de Organizaciones y ciudadanos de Iguala, ofrendó en la carpa de la explanada a los tres normalistas asesinados en esta ciudad, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, así como al profesor Claudio Castillo Peña, asesinados el 24 de febrero de este año durante la represión de policías federales en Acapulco.
Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, también colocaron una ofrenda en la explanada, en memoria de los 104 cuerpos hallados en fosas clandestinas, que fueron escenificadas.
En ésta, fueron colocadas las fotografías de algunas de las víctimas de desaparición forzada en los últimos tres años, principalmente de esta ciudad y se solicitó en una cartulina el apoyo a la ciudadanía para dar información sobre la posible ubicación de fosas clandestinas en esta ciudad, “no buscamos culpables, sólo encontrarlos”, se lee en otra cartulina.
Después de las 6 de la tarde, activistas del Bloque Democrático entregaron reconocimientos a los participantes, y al término se llevó a cabo una actividad político-cultural con alumnos de la Preparatoria número 10 de la UAG, en el contexto de la conmemoración del aniversario de su creación.
Por otro lado, en la actividad oficial en el Zócalo participaron escuelas de la ciudad; de las cerca de 20 tumbas y ofrendas, ninguna aludió a Ayotzinapa, ni al ataque y desaparición de los 43 normalistas en esta ciudad.
En el Zócalo sólo fueron colocadas tumbas u ofrendas a personas fallecidas recientemente como el cantautor originario de Juliantla, Joan Sebastián, a quien se dedicaron tres tumbas, a personajes como Chespirito u ofrendas temáticas como la guerra, la violencia o el cáncer de mama.