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Se divide sindicato del Congreso; Martínez Román acusa a la Jucopo de intromisión

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El sindicato de trabajadores del Congreso local Sentimientos de la Nación se dividió. Ayer se presentó a seis nuevos integrantes del comité, entre ellos a otra secretaria general, Jasmín Piza Rodríguez, quien estaría en lugar de Fernando Martínez Román. Ambos afirman ser los dirigentes legalmente reconocidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
En una conferencia de prensa en la velaria del Congreso local un grupo de trabajadores informaron que realizaron una asamblea en la que determinaron cambios de una parte del Comité, entre ellos la secretaría general. Por su parte Fernando Martínez Román denunció que los trabajadores actúan por presiones de la presidenta de Junta de Coordinación Política (Jucopo) Yoloczin Domínguez Serna y de quien la asesora y “manda” en el Congreso, el priista Héctor Apreza Patrón.
En la conferencia Jasmín Piza leyó un comunicado del sindicato en el que señalaron “hemos vivido una situación muy complicada por múltiples circunstancias en estos últimos meses, mismas que fueron generadas por una minoría de integrantes de nuestro sindicato”. Ahí señalaron que hubo “acciones negativas que se realizaron y que afectaron el trabajo de los diputados”.
Responsabilizaron a Fernando Martínez “de la problemática” que vivió el sindicato por dar a conocer información que se “desvirtuó” pero no quisieron precisar a qué se referían.
Lo que sí se mencionó en el comunicado es que se deslindan de “acciones ilegales que fueron llevadas a cabo y que contravienen a nuestros estatutos”, dijo en aparente referencia a la difusión de recibos de nómina de familiares directos de la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna, de las que se responsabiliza a Fernando Martínez.
Además del “cumulo de descalificaciones expresadas en algunos medios de comunicación, por lo anterior se deriva de la situación legal administrativa y conceptual” leyó Jasmín Piza con evidente dificultad en su dicción.
Se señaló en este comunicado que Fernando Martínez Román debe “es el que debe de solucionar su situación ante las instancias correspondientes” también precisaron que la mayoría de los integrantes del sindicato desconocían los procedimientos en contra de su entonces dirigente.
En el comunicado que leyeron informaron que la mayoría de los integrantes del sindicato tomaron decisiones entre las que destacan el desconocimiento de Fernando Martínez Román como secretario general y otros integrantes del Comité que fueron sustituidos.
Además de sustituir a Fernando Martínez por Jasmín Piza Rodríguez, informaron que en la asamblea también se nombró a Feliciano Pérez Morales, Elvira Elizabeth Adame Aponte, Jesús Gallardo Cruz, Berenice Guerrero Almazán, y Patricia García Sánchez en la carteras de Finanzas, Asuntos Laborales, Derechos Humanos, Organización, de Prevención respectivamente.
Ahí mostraron “la toma legal, expedida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 29 de marzo” con la que dijo que se avalan estos cambios, y agradecieron a la presidenta de la junta por “abrir las puertas al dialogo” después de que realizaron el cambio de integrantes del comité incluido el secretario general.
Jasmín Piza Rodríguez dijo que no había división del sindicato y que permanecían los 103 trabajadores incluidos los seis destituidos de sus encargos en el comité, a los que llamaron a reintegrarse a las actividades del sindicato como agremiados.
También se deslindó de “toda la mal información que pueda él en nombre del sindicato” y reiteró que ya tienen una toma de nota ante el tribunal que avala los cambios.
Por su parte, Fernando Martínez dijo que continuarán denunciando las violaciones a los derechos humanos y laborales “a cargo de la presidenta del Congreso Yoloczin Domínguez Serna, estamos hoy ante un gobierno represor, que no le importa las familias de los trabajadores, al Congreso de Guerrero no ha llegado la Cuarta Transformación, aquí se reprime a los trabajadores”.
Pero también acusó al coordinador del grupo parlamentario del PRI Héctor Apreza Patrón “está detrás de esto el diputado plurinominal eterno del PRI… él es el que manda aquí en el Congreso, él es el que asesora a la presidenta”.
Hasta ayer, dijo se habían cumplido 75 días “de la retención arbitraria del salario sin justificación alguna” a él y a Ramón Núñez Campos “es una represión por denunciar todos los atropellos” de los que dijo son víctimas los trabajadores; demandaron también que los grupos parlamentarios se pronuncien por la situación de ambos trabajadores.
Del anuncio de los cambios en el comité del sindicato Martínez Román afirmó que tiene la toma de nota en la que está reconocida su elección como secretario general hasta el 2025, “no los juzgamos ni los criticamos, en todo momento nosotros reconocemos que actúan con base a las circunstancias, si no actúan de esa forma habría represalias”.

Acudirá Morena al arzobispo Aguiar para que desautorice a Rangel, anuncia Jacinto

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, anunció que buscará que el obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, sea desautorizado por miembros de la jerarquía de la Iglesia católica superiores a él, y para eso dijo pedirá hablar con el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, suponiendo que es algo así como jefe del prelado de Guerrero. También anunció que pedirá a la Secretaría General de Gobierno que también busque hablar con Aguiar con la misma intención.
El dirigente de Morena aseguró que no hay inacción de los gobiernos morenistas ante la violencia generada por grupos criminales, pero que se está atendiendo de una forma diferente a como lo hacían gobiernos pasados, y reiteró que las declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza “incitan a la inestabilidad de la administración” de Evelyn Salgado Pineda”.
En declaraciones telefónicas, González Varona sostuvo que su partido no tiene una confrontación con la Iglesia católica, y que la discusión pública generada es porque “un representante de ellos asume el papel protagónico de la misma cuando existen más obispos”.
Acusó a medios de comunicación y partidos de oposición de querer generar la percepción de que “es Morena contra la iglesia”, y afirmó que no es así, “es sólo por la postura de un personaje y sospecho que es postura unipersonal”.
No obstante, dijo que si Salvador Rangel tiene pruebas de la participación de políticos morenistas en cabalgatas o reuniones con grupos criminales como lo declaró en su réplica a la descalificación morenista, “tiene que ir a las fiscalías”.
A la pregunta concreta de si tienen certeza de que Morena no tiene representantes populares o autoridades vinculadas con grupos criminales en el estado, regiones y municipios, Jacinto González respondió que “en su mayoría las acusaciones que se han hecho se han investigado y están algunos, con tema de la secrecía de la información, pero hasta ahorita ningún representante de Morena ha sido acusado o captado en este tipo de actos”.
Sin embargo, dijo que como dirigente no puede decir que los morenistas “están involucrados o no están, hasta que haya denuncia formal y se le dé seguimiento, nosotros lo hemos dicho, no lo vamos a permitir y si es señalado un alcalde, un regidor, una síndica, un diputado local, seremos los primeros en expulsarlo del partido y aportar todas las pruebas necesarias para que asuma su responsabilidad ante la justicia”.
Pidió al obispo emérito que se dedique a lo que su Iglesia le mandata, porque “a él no le corresponde andar dando declaraciones ni dando sermones públicos a nuestro gobierno, yo creo que él ignora cuáles son sus funciones como obispo dentro de su religión”.
Dijo que Salvador Rangel “se ha sobrepasado y es un irresponsable” por lo que acudirán ante el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, para preguntarle si comparte las declaraciones públicas que hace el obispo emérito.
Con esto, el dirigente de Morena pretende saber si Rangel Mendoza realiza estos señalamientos “a título personal o a nombre de la Iglesia católica” en caso de que la Iglesia no comparta estos señalamientos, dijo que considerarán como “desautorizado”.
Y adelantó que también realizará un llamado a la Secretaría General de Gobierno para que de manera oficial también solicite al arzobispo primado de México Carlos Aguiar una postura respecto a los señalamientos realizados de manera pública por el obispo emérito y así “saber con claridad que representa Salvador Rangel, o para que fue enviado”.
González Varona señaló que, a partir de la respuesta de la iglesia, deberá quedar claro si la encomienda de Rangel Mendoza en el estado fue “para tomarse el tecito con los delincuentes, o para crear condiciones para que la Iglesia católica siga sumando más adeptos a su religión”.
Incluso dijo que no le consta que el obispo sea aliado de grupos criminales, pero que “así se deja entrever” y que incluso puede ser que las supuestas reuniones del religioso con líderes de los grupos delincuenciales no se hayan dado “y sea una estrategia de la derecha, de mandar a un vocero de esa magnitud”.
El morenista reiteró que las declaraciones de Salvador Rangel “incitan a la inestabilidad de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”.
De lo dicho por el dirigente del PRD Alberto Catalán Bastida de que Morena pretende desviar la atención de los fallidos resultados de la estrategia de seguridad de los gobiernos federal y estatal, el dirigente morenista dijo que no hacen “oídos sordos de lo que sucede el estado” y nuevamente defendió a la estrategia de seguridad, la cual funciona, aunque es diferente a la realizada en gobiernos anteriores, “hoy han trastocado los callos de la delincuencia y por eso esos repuntes”.
En ese sentido negó lo dicho por Salvador Rangel respecto a que hay inacción del Estado, y aseguró que están realizando “acciones específicas” y ejemplificó con las incautaciones en la Tierra Caliente, en la Sierra “también el caso del corredor de Ocotito donde se quitó los retenes de los comunitarios que se preveía que estaban vinculados a algún cartel de la región”.
Pero señaló que la violencia e inseguridad, dijo, son responsabilidad de administraciones pasadas que no atendieron el problema y ahora que creció es más complicado atenderlo “lo vieron como inofensivo, como que se iba a regularizar solo y ahora es un cáncer el que tenemos”.

Acusa la alcaldesa de la capital a regidor de su partido de chantaje por “canonjías”

Luis Blancas

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, calificó de “golpeteo político” las declaraciones del regidor de Morena, Ricardo Iván Galíndez Díaz, quien anunció que impugnará los acuerdos de la sesión extraordinaria de Cabildo que aprobó el presupuesto de 2023 y las percepciones para servidores públicos incluidas las de los ediles y funcionarios del Ayuntamiento, y aseguró que se tomaron de manera transparente y legal.
En declaraciones a reporteros antes de iniciar la audiencia pública en la colonia Miguel Hidalgo, ubicada al oriente de la ciudad, la alcaldesa, también de Morena, dijo que algunos de los integrantes del Cabildo, quienes son la oposición, se inconforman porque usan el chantaje para obtener recursos económicos para gestión y obra y ocuparlos para promoverse, lo cual está cancelado en esa administración.
Explicó que antes que se aprobara el presupuesto del ejercicio 2023 y las percepciones para servidores públicos en la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria, se realizaron tres mesas de trabajo y se les otorgó la información a los ediles que lo aprobaron por mayoría en la sesión.
“Creo que es un tema más de golpeteo político, es lamentable que el regidor de Morena, desde el inicio de esta administración ha sido oposición, nos ha dicho que camina con el PRI, PAN y PRD, nunca ha votado a favor con nosotros en puntos importantes, yo no me presto a chantajes y presiones, se hizo conforme a la ley y votaron las dos terceras partes del Cabildo”, declaró.
Indicó que el préstamo de 22 millones de pesos que solicitaron en la sesión de Cabildo fue para pagarse a corto plazo, que es para cubrir los adeudos pendientes que tiene la administración y que no es para endeudar al Ayuntamiento.
“Estas personas que votan en contra, están inconformes de que ya no tendrán esas canonjías, esas gestiones que antes se les daban para comprar votos, yo no compro votos, yo compro voluntades, yo gano a conciliar amistades, quien camina conmigo está caminando obviamente con austeridad hacia adentro y fuera”, declaró.
En su discurso en la audiencia pública, Hernández Martínez reiteró que en el inicio de su administración supieron del problema del agua y que no se iba solucionar de un día para otro y dijo que se comprarán equipos para suministrar el servicio y sustituir a los que tienen desde hace 20 años para atender el desabasto de agua en la ciudad.

Impugna Astudillo ante el Trife la reforma que prorroga el mandato de Alito en el PRI

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El ex gobernador Héctor Astudillo Flores busca invalidar y dejar sin efectos la reforma estatutaria promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, quien pretende prorrogar su período hasta 2024, a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que promovió ayer ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Astudillo renunció a seguir siendo parte del Consejo Político Nacional después de que esta instancia avaló la reforma para ampliar el mandato de Moreno Cárdenas, y ayer reaccionó asimismo a un escrito que se quiso atribuir al ex priista y ex alcalde de Taxco, Enrique Martiní Castillo con señalamientos en su contra de corrupción y complicidades con el senador Miguel Ángel Osorio Chong.
El ex gobernador dijo al respecto que hay en Guerrero personajes a los que les gusta “hacer este tipo de perversidades, de maldades” y que ubica “quien es el diabólico” que escribió el texto que se quiso atribuir a Martiní y del cual éste ya se deslindó.
Astudillo Flores presentó vía per saltum ante el Trife un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con el que busca impugnar la convocatoria del 17 de diciembre a la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI.
“Sesión que tendría verificativo a las 18 horas del pasado 19 de diciembre en modalidad virtual a través de la plataforma digital zoom. Así como los acuerdos. En dicha sesión, entre otras cuestiones, se reformarían, adicionarían y derogarían diversas disposiciones estatutarias y reglamentarias del PRI”, escribe en el documento que solicita sea remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En declaraciones telefónicas, Héctor Astudillo abundó que el propósito es que el tribunal declare como inválida “esta acción que tomó el CPN de modificar el tiempo de permanencia del presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas” para prorrogar su periodo hasta 2024, y dijo sin precisar el nombre que “un abogado amigo de nosotros lo llevó a la Ciudad de México y lo presentó ante el Tribunal electoral”.
Comentó que el argumento del presidente del PRI para promover la reforma estatutaria fue la reforma electoral que aún no está aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que espera que los magistrados revisen el tema, porque las modificaciones “no tienen razón de ser, no hay porqué hacer una reforma de una reforma que no hay”.
“El propósito es dejar sin efectos la reforma porque no tiene ni razón legal”, insistió.

El presunto escrito de Martiní

En redes sociales circuló ayer un texto que se atribuyó a Enrique Martiní, quien posteriormente se deslindó de este escrito, en el cual se hacen señalamientos contra Astudillo Flores como el que durante su mandato “apoyó a Osorio Chong para que fuera el candidato. Millones de pesos en obras para el hermano de Osorio Chong y a su vez, estos le consiguieron obra a Javier Taja, prestanombres de Astudillo, en Hidalgo, zona de influencia de Osorio”, lo que generó la respuesta del ex gobernador.
En dicho texto se descalifica la decisión de Astudillo Flores de renunciar a su espacio como consejero nacional, lo que calificó como “pantomima patética y ridícula del ex gobernador”. Además se le acusa de varias traiciones al PRI, la más reciente por “entregar” el gobierno estatal a Morena presuntamente a cambio impunidad.
Astudillo Flores respondió en sus redes sociales acusando a “algunas personas cercanas al presidente del PRI Oficial México, que con el fin de reiterar su complacencia y complicidad con su jefe político, no les gustó mi oposición a las reformas” a los estatutos partidistas.
Y señaló que “es reprobable que algún desubicado invente esta clase de intrigas sin pudor alguno, en forma cobarde y tramposa. Lo único que ha logrado es ubicar a su autor intelectual y mostrar su inexistente ética política y su infinita ingratitud y perversidad”.
Negó las acusaciones y recordó que eso se hizo desde el anonimato porque buscaron atribuirlo “con una gran perversidad” a Enrique Martiní.
“¿Quién lo hizo? Pues alguien que seguramente es amigo de Alejandro Moreno Cárdenas y que no le gustó mi posición, y arremetió con todo lo que se le ocurrió, con injurias y por supuesto con mentiras”.
Dijo: “Ubico perfectamente quién lo hizo, y bueno, entiendo perfectamente que hay personas aquí en Guerrero que les gusta hacer este tipo de perversidades, de maldades. Ubico perfectamente quien es el diabólico que hizo eso”.
En la conversación telefónica se le preguntó a quién se refería, y si era alguno de los que no se han pronunciado en contra de la reforma promovida por Alejandro Moreno, como el senador Manuel Añorve Baños, además de que su esposa, la diputada local Julieta Fernández Márquez fue la única de los 11 integrantes del grupo parlamentario del PRI que no firmó un posicionamiento en contra de las modificaciones a los estatutos que prorrogan al líder nacional en su cargo.
“En su momento, más adelantito lo voy a decir”, respondió Astudillo Flores.
También dijo que “seguramente es quien yo creo, es alguien muy cercano al presidente del PRI nacional y que no le gustó mi posición, pero no le gustó no solamente mi posición, sino la de la mayoría del priismo de Guerrero”.
También dijo que “cuando actúo, actúo de frente y para mí el hacer las cosas a través de otros o comparsas, no es mi fuerte, yo siempre de frente, quien me quiere enfrentar lo hacemos de frente y alejados de la cobardía, yo no soy cobarde y llamo a los demás a no actuar con cobardía”.

Impugna Astudillo ante el Trife reforma del PRI que amplía el mandato de Alito

Impugna Astudillo ante el Trife la reforma que prorroga el mandato de Alito en el PRI

Solicita un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales. Reacciona a escrito en donde lo acusan de presuntos actos de corrupción con el senador Osorio Chong, opositor a Alejandro Moreno. Responde a texto atribuido a Enrique Martiní y afirma que tiene identificados a los personajes de Guerrero que les gusta “hacer este tipo de perversidades” y que ubica como cercanos al presidente del CEN. Se le pregunta si se refiere a Manuel Añorve y dice que “en su momento” lo dirá

El presunto escrito de Martiní

Cierran padres el internado Cienfuegos en Tixtla; acusan al director de malos manejos

Padres de familia cuyos hijos asisten al Internado de Educación Primaria 21 Adolfo Cienfuegos y Camus, ubicado en Tixtla, cerraron las instalaciones para exigir la destitución del director, Cuauhtémoc Nájera Bravo, y la administradora Deisy Romero Segura, a quienes acusaron de malos manejos.
Desde las 6:30 de la mañana, los manifestantes llegaron a la escuela y colocaron pancartas en el acceso principal, en las que se leyó: “Fuera el director y la administradora”, también exhibieron distintos oficios que presentaron a las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en los que pidieron su intervención desde octubre del año pasado, para mejorar el servicio del comedor y los baños.
El internado labora en la modalidad de turno discontinuo, es decir que atiende a los alumnos las 24 horas del día, cuenta con 64 trabajadores administrativos y maestros. De acuerdo con los inconformes, la matrícula era de 330 alumnos, pero durante la actual administración se redujo a 270 ante la falta de atención a los menores.
El presidente de la asociación de padres de familia, Miguel Ángel Pérez Juárez, informó que hay anomalías en el servicio del comedor, donde la comida es de mala calidad; mientras que los baños están “muy sucios”. Aseguró que en cuanto al servicio de alimentación, la mala dieta ocasionó anemias crónicas en algunos de los menores.
Por otra parte, en el internado se otorga un apoyo de unos 350 pesos a los alumnos, que es “un premio”, pero desde la llegada de Romero Segura se dejó de pagar, al igual que las utilidades que genera la cooperativa, lo cual desmotiva a los menores y los directivos no explican por qué se dejaron de entregar los recursos.
Nájera Bravo dijo que hay una investigación por parte de las autoridades y que las demandas de los padres de familia, como que mejore el servicio del comedor, “no están en mis manos” y lo que pueden hacer es gestionar ante la SEG recursos, para que se atiendan las necesidades del plantel.
Informó que durante el cierre del plantel, unos 20 alumnos y dos trabajadores estuvieron retenidos, por lo que responsabilizó a los manifestantes de lo que pudiera sucederles, “yo creí que con este comité de padres íbamos a trabajar bien, porque son entrones, pero no creí que fueran a dedicarse a poner obstáculos”.
Aseguró que los directivos del plantel han hecho gestiones ante la SEG y por ello está en proceso de construcción un pozo de agua artesanal, un dormitorio “digno” para los alumnos y otras obras para mejorar las instalaciones.
Representantes de la SEG llegaron a las instalaciones para dialogar con los manifestantes. El subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román, llamó vía celular a uno de ellos y pidió comunicarse con Pérez Juárez, quien por petición de sus compañeros se negó a hablar con el funcionario por ese medio y exigió que se presentara de manera personal, al igual que el delegado de los Servicios Educativos de la dependencia. La manifestación continuó y no se informó si hubo acuerdos entre los padres y las autoridades.

Acusa el presidente estatal de Morena a Evodio de querer infiltrar a ese partido

El presidente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, acusó que el presidente municipal de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, está detrás de la campaña de infiltración contra el partido en el estado.
En conferencia de prensa Sandoval Ballesteros afirmó que el partido no tiene ninguna relación con el Colectivo Nacional Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), representado por Allam Alba Arguello y tampoco con quien se identificó como secretario de Cooperativismo, Economía Solidaria y Movimientos Civiles y Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Felipe Rodríguez Aguirre. Ambos se identificaron como miembros de ese partido en una conferencia de prensa el jueves pasado, donde anunciaron la constitución de un bloque plural ciudadano de Acapulco y de Guerrero, para apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
En el restaurante El Portón, de Galerías Acapulco, sostuvo que “vemos un intento de Evodio (Velázquez Aguirre), de infiltrar a Morena, porque a quien está presentándose como representante del llamado Colectivo Nacional, es funcionario en el gobierno de Evodio. Es un personaje que ha estado haciéndole reiteradamente daño a Morena”, en referencia a Alba Arguello.
Abundó que Alba Arguello fue expulsado de Morena, además de Silvano Torreblanca Arredondo, Gilberto Melchor Olmos Casiano, Amada Marbella Barrera García y Ricardo Bravo Lázaro. En la conferencia el dirigente estatal y otros integrantes de la dirigencia no supieron precisar si Adolfo Plancarte Jiménez, ex regidor perredista, estaba o no afiliado a ese partido.
En la conferencia el dirigente mostró un documento expedido el día miércoles que dice que la clave de Alba Arguello dejó de estar inscrita en el padrón nacional de Morena desde el 13 de octubre del 2015.
Abundó que la “relación política y laboral” que hay entre Velázquez Aguirre y Alba Arguello, comprueba que el alcalde está detrás de la infiltración a Morena. Recordó que en las elecciones del 2015, Alba Arguello, llamó a no votar por Morena en la elección de presidente municipal y anunció que el partido había declinado por el PRD, “y a quien benefició fue al (hoy) alcalde de Acapulco para que ganara”.
El dirigente llamó al alcalde de Acapulco a que “saque las manos de este intento de intromisión a Morena. Morena es un partido, insisto, que se ha vinculado con las mejores causas, las mejores lucha de México”, y que han sido congruentes defendiendo a la gente de los gasolinazos y de la política neoliberal, “al ver que eso está teniendo un reconocimiento electoral del pueblo, pues ahora se intenta atacar a Morena desde esos oscuros pasillos”.
Sandoval Ballesteros informó que hay un grupo de abogados del partido que están analizando las acciones que presentará de forma penal y electoral contra Alba Arguello, luego de utilizar el nombre del partido y el logotipo de Morena “y hablar, posicionarse como vocero e interlocutores de Morena cuando nuestros estatutos y la Ley electoral prevén los voceros y quiénes pueden utilizar el nombre de Morena en el partido”.
Abundó que “quien se elige como dirigente nacional del colectivo –en referencia a Rodríguez Aguirre–, no pertenece a Morena, nos enteramos por redes sociales que se han estado ofreciendo candidaturas, que se han estado ofreciendo recursos, que hay personajes de buena voluntad que les creen y que han estado siendo nombrado coordinadores, pero no tienen nada que ver con Morena”.
Sandoval Ballesteros dijo que tienen información que grupos similares están operando en otras partes del país, como el Estado de México, y en los alrededores de la Ciudad de México. Reiteró que en Morena “no tenemos militancias corporativas” y que quienes se afilian lo hacen de manera personal.

No interesa al gobierno estatal resolver el conflicto, reclama la síndica del PRI

La síndica procuradora del municipio de Xochihuehuetlán, María Celia Balbuena Rivera, responsabilizó de los hechos violentos de este miércoles en ese municipio al gobierno del estado, porque solicitó su intervención y no acudió ninguna fuerza de seguridad a atenderla, “y hasta ahorita nadie se ha comunicado, no les interesa si estoy viva o muerta por ser mujer”.
La síndica encabeza la toma del Palacio Municipal desde el pasado 3 de noviembre, en demanda de juicio político al alcalde.
La edil, quien pertenece al PRI, también responsabilizó al alcalde Carlos Rivera Medel, del Panal, sobre lo que le suceda a ella, a su familia y seguidores, porque fomentó el grupo de choque, como lo calificó, que llegó a irrumpir una reunión informativa que tenía con habitantes del pueblo: “llegaron alcoholizados y pagados con unas despensas que les dieron momentos antes, nosotros siempre llamamos a no responder sus agresiones”.
Balbuena Rivera dio una conferencia de prensa en esta ciudad acompañada de cuatro policías que tiene bajo su cargo como encargada de seguridad del municipio, y que resultaron golpeados por el grupo de choque. A dos les quitaron las armas con las que después amenazaban a simpatizantes de la síndica.
Dijo que habían iniciado una denuncia por los hechos ocurridos y que acudían para que les hicieran las revisiones médicas en la Agencia del Ministerio Público.
Recordó que Rivera Medel y el tesorero tienen una denuncia por amenazas de muerte en su contra, por lo que ha solicitado a la Fiscalía estatal medidas cautelares y consideró que no se las han dado porque el edil “es poderoso económicamente”, en alusión a que es dueño de gasolineras en la región.
Agregó que Rivera surge del PRI y está relacionado con Manuel Añorve y René Juárez, por lo que espera que eso no frene la petición de juicio político solicitado ante el Congreso ni las auditorias y las acusaciones de las que tiene pruebas, “porque busca ser diputado”.
Reiteró que la reunión del miércoles frente al Ayuntamiento era de carácter informativo y pacífica, pero fue violentada por Rivera Medel, quien tenía días diciendo que recuperaría el edifico tomado por un grupo de pobladores desde los primeros días de noviembre: “mandó a un grupo a hacer bulla, muchas mujeres a las que llamé a que nos debíamos apoyar por equidad, yo sólo vigilaba que las cosas se hicieran bien, pero ya estaban pagados y tienen compromisos”.
Dijo que las agresiones recibidas las considera violencia política de género.
Detalló que luego de la confrontación ella quedó en el pasillo del Ayuntamiento y fue obligada a salirse porque el grupo del edil agarró a su papá. Encerraron en la cárcel a su hermano, menor de edad, “me amenazaron y obligaron con eso a irme del Ayuntamiento, por eso salí, porque tenían privado de su libertad a mi hermano”.
Reconoció que el ambiente es tenso porque la gente la respalda y están con intenciones de volver a tomar el edificio porque el alcalde nunca acudió a las sesiones públicas a la que lo invitaron.
Dijo que la molestia más grande del edil es el señalamiento de desvío de recursos en las obras que no hay en comunidades, y las de la cabecera sólo fueron de primera piedra para la fotografía, como remodelaciones al kiosco, una calle, hospital y la calzada de la iglesia de las cuales no hay nada, pero tienen costos elevados y algunas están fuera del reglamento del Ramo 33.
Aquí acusó de complicidad con el alcalde al delegado regional de Copladeg, Arnulfo Urbina Betancourt, por avalar obras que no estaban aprobadas por el Cabildo.
La síndica dijo que no regresará a Xochihuehuetlán mientras no haya seguridad para ella y su familia, porque sigue recibiendo amenazas.