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Firma Astudillo ocho iniciativas de ley y una reforma para combatir la corrupción

El gobernador Héctor Astudillo Flores firmó ocho iniciativas y una reforma para armonizar las leyes locales con la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción, y precisó que “no son el hilo negro que descubrimos en el país”, sino que son propuestas que se han impulsado ya en varios estados.
Agregó que de aprobarlas el Congreso local, Guerrero será un estado que también “trabaja en la ruta de la ética, la transparencia y el combate a la corrupción”.
La mañana de este martes, en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante, el gobernador inauguró los trabajos del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, en su segunda sesión ordinaria 2017, y allí hizo entrega de las carpetas con las iniciativas a la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Magdalena Camacho Díaz.
El gobernador recordó que el 18 de julio vence el plazo constitucional para la armonización de las leyes locales con la federal en la materia.
Las iniciativas que signó el gobernador fueron la de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guerrero; Iniciativa de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Iniciativa de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Iniciativa de Reformas y Adiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; Iniciativa de Reforma y Adiciones del Código Penal del Estado de Guerrero.
También la iniciativa de la Ley de Fiscalización Superior del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 08; Iniciativa de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado y la Reforma y Adiciones a la Constitución Política del estado libre y soberano de Guerrero.
En su mensaje, el gobernador manifestó que desde que tomó protesta se comprometió que colocaría a Guerrero en la ruta nacional que es la de promover la ética, transparencia y combate a la corrupción, pero que mientras esto no se “convierta en política pública, va a ser muy difícil que podamos avanzar en un tema tan anhelado por la propia sociedad”.
Astudillo Flores señaló que el tema “toral”, principal, era la firma de la iniciativa de leyes y que mandaría al Congreso local. Agregó que si el Congreso local aprueba las iniciativas, con las modificaciones que consideren convenientes, “nos colocaremos, el estado de Guerrero, como un estado más que se suma a este trabajo nacional de la más alta importancia y de la mayor relevancia”. Subrayó que uno de los ejes principales de su gobierno es la transparencia y combate a la corrupción.
“Con la firma de estas iniciativas de reformas y de leyes, sin duda mejoraremos la operación que tiene que ver con todas las acciones y determinaciones que le dan marco a la acción de un gobierno”, indicó el gobernador.
Dijo que será muy importante que en cuanto el Congreso así lo determine, en su caso la aprobación, modificación o lo que determinen en su tiempo y en sus facultades, se den a conocer a todos los municipios en qué consisten y cuáles son sus alcances.
Que es importante eso para que “también avancemos, varios de los contenidos de las iniciativas se relacionan a los municipios”. Astudillo Flores precisó que las iniciativas “no son el hilo negro que descubrimos en el país, son también iniciativas que tienen contenidos que se han ya impulsado en varios estados y que sin duda van a colocar a Guerrero como un estado que trabaja también en la ruta de la ética, la transparencia y el combate a la corrupción”.

El fiscal anticorrupción debe venir de la sociedad civil

Astudillo Flores dijo que estando presentes en ese acto los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es “muy importante que insistamos de manera atenta, respetuosa, responsable, que entre todos impulsemos todo lo que viene en estas leyes cuando sean aprobadas”.
Señaló el gobernador que hay asuntos que van a venir, como es la Fiscalía Anticorrupción, la cual tiene que ser ocupada por una persona profesional, emanada de la sociedad civil, que pueda responsabilizarse de esta función tan importante, innovadora y delicada. Que también está la ley 3×3, donde en 2018 tendrán que hacer su declaración los que manejen recursos públicos.
Astudillo Flores tocó el tema de la violencia y reiteró que el gobierno no se puede detener, pues los problemas de Guerrero están bien ubicados, están bien localizados, los cuales se enfrentan cotidianamente con una gran determinación y con la ayuda de la federación.
Señaló que en todas las regiones el gobierno se desenvuelve, el gobierno opera, el gobierno tiene representación. Que los poderes en el estado operan con normalidad y que “el problema de Guerrero es la violencia, está violencia hay que enfrentarla todos los días y no hay que permitir que los violentos nos tomen y nos ganen el camino”.
Añadió que para que el estado no se enfrasque en una lucha solamente con los violentos, “tenemos que trabajar también en varias rutas, tenemos que vigilar que la obra pública con la inversión federal camine, que se sigan haciendo carreteras, que se sigan haciendo escuelas”.
El gobernador dijo que Guerrero es un estado plural y que su gobierno lo tiene muy claro, que el “gobernador del estado es el que debe tener la mayor disposición para ayudar, para responder de manera afirmativa y tender la manos a los que menos tienen”.
Astudillo convocó a cerrar filas, que se tiene que cerrar en el tiempo que queda y señaló que el próximo año habrá elecciones que “traerá nuevos tiempos, tiempos de competencia, pero mientras esos tiempos de competencias no llegan, creo que la obligación principal es cuidar al gobierno y hacer que el gobierno funcione y es hacer que el gobierno esté en todos lados, hacer que el gobierno se entienda con quien se tenga que entender y tenga que dar la mayores respuesta siempre en base a nuestras responsabilidades y finanzas públicas”.
Mientras que el presidente del Comité Consultivo del programa de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, César González Arcos, indicó que lo entregado surgió de un intenso trabajo y ahora toca a los actores cuidar su debida implementación en el estado. Indicó que aunque en política se piensa diferentes, hay cosas donde se debe dar las coincidencias y el combate a la corrupción es uno de ellos. Que la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser la mismo en Guerrero que en Baja California, “a un corrupto se le debe juzgar de la misma manera”.
Precisó que la ley nacional anticorrupción establece que los sistemas locales anticorrupción deben contar con estructuras y facultades equivalentes a las que tiene el órgano nacional, los “elementos esenciales del sistema deben quedar reflejados en la Constitución y legislación local”. Dijo González Arcos que la participación ciudadana es el mejor disuasivo a la corrupción.
Se comprometió a que el Consejo será vigilante de la adecuada implementación del sistema, que fomentarán la creación de foros, pues dijo que las iniciativas, reformas y adiciones deben hacer que el sistema estatal anticorrupción sea capaz de combatir la corrupción y la impunidad o quedarse en la opacidad”.
Subrayó que la toma de decisiones no pueden guarse por tintes partidistas. Dijo que la aplicación de sistema nacional en Guerrero será un antes y un después, porque no es un tema menor.
González Arcos reconoció la voluntad política de formar la iniciativa de las leyes para armonizar las locales a la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción y subrayó que “corresponderá ahora al Congreso del Estado discutir y aprobar este paquete de iniciativas, para reformar y armonizar ya a la ley federal”. Hizo un llamado a los diputados de todas las fracciones para no desviar el espíritu ciudadano de las leyes, las cuales tienen que ser incluyentes y de participación de la sociedad.
Señaló que sería bueno que los ayuntamientos homologuen y armonicen su Bando de Policía y Buen Gobierno y finalmente el presidente del consejo consultivo pidió al Congreso local una mesa de trabajo, para “sustentar la legitimidad de proceso, que permita la valoración del esfuerzo hecho en las mesas de trabajo de la comisión interinstitucional que el gobierno del estado implementó, y que de las cuales fuimos participes y reconocemos el esfuerzo de cada uno de los participantes”. Dijo que este día se dio un paso importante y ahora corresponde al Congreso local hacer lo propio con el trabajo de la sociedad civil.
Mientras que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, diputada Magdalena Camacho, informó que las iniciativas firmadas por el gobernador Héctor Astudillo serán turnadas a comisiones, que lo más seguro el próximo jueves serán incluidas en el orden del día. Añadió que hay reformas constitucionales y reformas legales que irán unas a las comisiones de Justicia y otras a Asuntos Constitucionales.
Señaló que se van a revisar las iniciativas, que en algunas trabajaron de manera conjunta, pero no todas, por lo que se tienen que discutirlas para ver si pasan como están o se le hace algún agregado o modificación, siguiendo las leyes federales para armonizarlas, porque es una obligación.
Dijo que tienen hasta el 18 de julio, que es cuando se vence el plazo para armonizar con las leyes federales. Sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción, que vendrá después de aprobarse las leyes y tiene que ser una “persona que obviamente salga de la ciudadanía, capaz y que esté alejada de los círculos de gobierno”.
Camacho Díaz subrayó que las leyes se crean para resolver problemas, con las que se atiende la demanda de los ciudadanos, “la voz de la ciudadanía se convierte en ley y el tema de la corrupción es algo que está pidiendo la ciudadanía que frene, estas son leyes que tienen ese objetivo”.
Dijo que vienen las leyes estatales pero también se convocaría a los alcaldes para que también adecuen su bando de policía y tengan una administración transparente.
Estuvieron en el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Olimpia María Azucena Godínez; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el rector de la UAG, Javier Saldaña y la consejera presidente del Ins-tituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Elizabeth Pa-trón Osorio.
Y los secretarios de Gobierno, Florencio Salazar; Finanzas, Héc-tor Apreza; Sedesol, Alicia Zamo-ra; Obras Públicas, Rafael Nava-rrete y el contralor Mario Ramos del Carmen, entre otros.

Exhorta el Congreso al fiscal a que haya justicia en los casos de los universitarios asesinados

En sesión de la Comisión permanente del Congreso local, los diputados aprobaron un exhorto al fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, para que investigue y detenga a los responsables de los asesinatos de universitarios, y al gobierno federal para que se realicen recorridos afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La propuesta fue de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y la leyó su coordinador, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo que la responsabilidad por la inseguridad la tienen las malas políticas públicas.
El diputado criticó que el gobierno federal no tome en cuenta los reiterados llamados de los ciudadanos, para que se cambie la estrategia para combatir la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
Además, dijo que las veces que han cambiado la manera de combatir al narcotráfico, los resultados son en perjuicio de la sociedad, “pero en Guerrero todos los sectores han sido vulnerados, sean transportistas, campesinos, universitarios y los grupos vulnerables cada día son más vulnerables frente a la delincuencia”.
Afirmó que la UAG es una de las instituciones más violentada, porque los universitarios han sido atacados “cobardemente, una y otra vez, y las autoridades siempre dicen que es la delincuencia organizada. No creemos en esa línea de investigación, más que una línea de investigación pareciera ser una línea de impunidad”.
El coordinador de los diputados de MC realizó un recuento de los universitarios asesinados, como Francisco Javier Ramírez García, auxiliar administrativo de la Facultad de Psicología; Jeany Rosado Peña, integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Becas, del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
También Aidé Fuentes Nava, estudiante de la escuela de Ciencias de la Educación; Manuel Juárez Flores, estudiante de la Preparatoria 33; Juan Carbajal Merino, subdirector de la Preparatoria 5; Ángel Mendoza Ocampo, estudiante de la Facultad de Medicina; Suzy Nava Cruz, estudiante de la Preparatoria 26, y mencionó cinco más.
Sin embargo, dijo que decenas de universitarios más han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y lamentó que “todavía este círculo de impunidad sigue girando” en la UAG.
Mejía Berdeja insistió en que se necesita reforzar con mayor presupuesto en seguridad y que el Estado asuma “su plena responsabilidad al proteger a la vida de los ciudadanos de esta tierra llena de esperanzas y anhelos de tener una vida mejor, se indemnice a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza y que se aplique la ley a quien la viole”.
El punto de acuerdo se presentó como de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso local condenó “enérgicamente los homicidios de universitarios” y hace un exhorto a Olea Peláez “para que la institución a su cargo investigue, detenga y sancione a los autores materiales e intelectuales de los arteros crímenes de universitarios”.
El exhorto aprobado plantea también un atento exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; al general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina Armada de México, “para que de forma coordinada, continua y permanente, personal a su cargo realicen operativos a fuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que brinde seguridad a los universitarios, así como conforme a sus competencias se detengan a los delincuentes que amenazan a los universitarios”.
En la sesión, los diputados enviaron a la Junta de Coordinación Política un acuerdo para requerir la comparecencia ante el pleno del fiscal general, Javier Olea, “para que informe sobre las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente de la institución y los resultados de éstas”.
La propuesta fue de la fracción del PRD y de los diputados que eran del PT, ahora independientes, donde señalaron que a casi dos años de su nombramiento, el fiscal “no ha dado muestras de avance y han aumentado los índices delictivos en la entidad”.
La propuesta la leyó el diputado independiente Jesús Martínez Martínez, quien en tribuna afirmó que el poder legislativo no tiene información para conocer, “ni mucho menos analizar en qué medida las políticas facilitan el acceso a la justicia de víctimas, testigos y acusados y aquellas que tiendan a fomentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal”.
Calificó como “urgente y necesario” que se llame a comparecer ante el Pleno a Olea Peláez e informe sobre la situación de la institución; así como en relación con el video difundido en el noticiero En Punto de Televisa en el que aparece afirmando que el diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco es “El Tequilero número uno”; también los avances en las investigaciones de los homicidios en contra de reporteros, ex diputados, presidentes municipales, líderes políticos y “ciudadanos en general”.
Se precisó que si el acuerdo es aprobado por la Junta de Coordinación Política, se citaría a comparecer al fiscal el próximo jueves 15 de junio, a las 10 horas, en el Salón de Plenos.
La diputada Erika Alcaraz Sosa planteó un exhorto al poder ejecutivo estatal, al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los municipios, para que junto con el Congreso se instale una mesa de trabajo para la regularización y optimación de la relación comercial y administrativa de la CFE, en los conceptos de pago del suministro de energía el servicio de alumbrado público, recaudación y entrega a favor de los municipios.
La diputada Rossana Agraz Ulloa intervino para hablar de Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio.
También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio signado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz, donde remite una iniciativa de adiciones a la ley Orgánica del Tribunal Electoral.