Los dos sindicatos que pretenden el registro del contrato colectivo de la inmobiliaria María Luisa o empresa Daena llegaron ayer a un convenio para legalizar el contrato del grupo sindical al que pertenecen los trabajadores que la semana pasada destruyeron el campamento de los vecinos desalojados de Granjas del Marqués.
El sindicato que apoya la inmobiliaria es la Asociación Nacional de Trabajadores en Establecimientos Comerciales y Conexos, mientras que el sindicato cetemista que incluso entregó antes la solicitud de registro es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Autotransporte, Choferes, Operadores, Similares y Conexos del Estado de Guerrero CTM, que preside Adrián Rivera Ortega.
En su edición del martes, El Sur publicó que la Asociación Nacional de Trabajadores en Establecimientos Comerciales y Conexos –que agrupa a los trabajadores de Inmobiliaria María Luisa o Banca Cremi– fue notificada el 22 de mayo que el registro de su contrato colectivo con la empresa no procedía porque ya existía una solicitud anterior con un sindicato cetemista.
Por ese fallo la supuesta huelga que comenzaron en el lote donde permanecían los desalojados de Granjas del Marqués se declaró ilegal ante la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
Ayer los representantes de ambos sindicatos se reunieron en la Segunda Junta Local y ahí firmaron un convenio mediante el cual el sindicato cetemista se desiste de la solicitud de su registro de contrato, “a fin de evitar problemas a la empresa” y con la condición de que se les contrate únicamente para los acarreos de agregados.
“En virtud de los hechos sucedidos en el lote 46, convenimos con el sindicato nacional que inició la huelga que nos desistimos del contrato para que la empresa María Luisa meta libremente al Sindicato Nacional”, reconoció Rivera Ortega.
El dirigente explicó que aunque su sindicato metió ante la Segunda JLCA y antes que otro su solicitud, el tribunal laboral no registró el documento y por ello ninguno de los dos cuenta legalmente con éste, pero al desistirse de su registro será el sindicato nacional el que insista en el contrato.
Rivera Ortega justificó que accedió porque alguna de las partes “tenía que permitir que se desatorara esto y no meternos en una lucha inflexible porque pueden pasar meses y la obra parada, así que tuvimos que negociarlo”.
De acuerdo con lo publicado en este periódico, el presidente de la Segunda JLCA, José Luis López Vázquez, explicó que la asociación que preside Jorge Montaño Méndez presentó su emplazamiento contra la empresa el 17 de mayo y dejó como fecha para la huelga el 22 de mayo, con el argumento de que tienen un contrato colectivo de trabajo firmado con Inmobiliaria María Luisa.