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Es afro, dice Felipe de la Cruz y defiende su derecho a ser alcalde en San Nicolás

El profesor Felipe de la Cruz Sandoval informó que sí está en la terna para ser alcalde en el municipio de nueva creación, San Nicolás, y que se considera afrodescendiente porque su madre es afromexicana y su padre indígena, su esposa es afromexicana y cumple el requisito de haber vivido cinco años en esa localidad.
El nuevo municipio se integrará con las comunidades de San Nicolás, El Pitayo, Tlapetaca, La Bocana, El Carrizo, El Cacalote, El Tamale, El Jícaro, Punta Maldonado y Tejas Crudas, todas con población afro que se desprendieron del municipio de Cuajinicuilapa.
El miércoles en Acapulco, vecinos de San Nicolás solicitaron que no haya imposición de autoridades en el cabildo instituyente que nombrará el Congreso local. En particular rechazan a De la Cruz, pues alegan que no es afromexicano y no tiene legitimidad comunitaria ni identidad territorial.
De la Cruz es maestro identificado con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, pero su momento de activismo mas visible fue como vocero de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, actividad a la que renunció cuando incursionó como aspirante a una candidatura a diputado federal por Morena en 2021.
Consultado vía telefónica, De la Cruz dijo que lo impugnan quienes no fueron designados por las comunidades para la terna.
Sostuvo que su nombre salió de las asambleas que hizo el Congreso el año pasado en las diez comunidades que integran el municipio, y que no es un hecho consumado sino que son tres personas las que están en posibilidades de ocupar la presidencia municipal.
Explicó que de cada asamblea salieron dos nombres y después en una general de las diez comunidades se integró la terna con él, Tania Ávila Magadaá y Omar Román Mariche. El acta fue validada por el sello y firma de cada uno de los comisarios de las diez localidades.
“En vez de estar poniendo piedras en el camino apoyaran para que se instalara de una vez el Ayuntamiento en San Nicolás, porque al fin de cuanta los perjudicados con los pueblos que siguen esperan a que se instituya”, señaló.
Agregó que la ley establece que cualquier vecino de las comunidades que formarán el nuevo municipio tiene la posibilidad de ser designado alcalde. En su caso tiene 32 años de vivir en esa localidad: “yo me autodetermino afro porque es mi decisión como mexicano y como guerrerense, eso no viola la ley, todo lo contrario ellos están violando mis derechos como ciudadano”.
Indicó que su padre es indígena y su madre afrodescendiente y él se considera parte de la raza afrodescendiente.
De la gestoría para el rastrilleo de caminos, dijo que es cierto que él lo hace pero eso no afecta ningún derecho pues lo que se busca es ayudar a las comunidades.
A pregunta expresa sobre si tiene el respaldo de Morena, dijo que él es de izquierda pero como tal no tiene el respaldo del partido. Indicó que los inconformes con la posibilidad de que sea alcalde también son de Morena, pero David Bracamontes es de Copala, no es de San Nicolás, y “él es el que siempre ha insistido en que yo no debo ser (alcalde) porque no soy afro”. (Daniel Velázquez)

 

Con modificaciones, mantiene Guerrero 28 distritos locales para la elección de 2024

Un vehículo blindado de la Policía Estatal fue presentado como parte del Operativo Temporada Vacacional de Seguridad Invierno 2022, que arrancó ayer en la explanada del Centro de Convenciones de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En la distritación electoral local que estará vigente para el proceso electoral 2024, se mantienen los 28 distritos electorales locales con algunos cambios para generar el equilibrio poblacional que establece la ley, mientras que en los distritos electorales federales se pasa de nueve a ocho. Se espera que este miércoles el Consejo General del INE apruebe estas nuevas demarcaciones tomando en cuenta las propuestas que se hicieron desde Guerrero.
El vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, Ángel Báez Balderas, confirmó que se realizaron cambios en los distritos electorales locales porque de acuerdo con el censo del INEGI 2020 algunos distritos estaban sobrerrepresentados y otros subrepresentados, por lo que la población se tuvo que dividir entre los 28 distritos electorales para que hubiera una proporcionalidad, “con una diferencia más-menos el 20 por ciento”.
En la mayoría de los casos se trató de mover principalmente secciones electorales, pero de los 28 distritos electorales locales, 18 quedaron iguales, ocho “sí cambiaron de conformación agregándole o quitándole municipios para conseguir el equilibrio”, comentó Ángel Báez.
Detalló que se concretó la creación de un distrito conformado por población mayoritariamente afromexicana. Se trata del distrito 15 de la región Costa Chica, hasta antes de esta distritación no se tenía esta denominación.
Este distrito tiene cabecera en Florencio Villareal, además también está conformado por Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Marquelia, y Juchitán, que cuenta con 113 secciones electorales.
De acuerdo con una tabla que se conoció con los municipios que conforman cada distrito, de los 27 restantes, ocho son considerados indígenas, el 14 con cabecera en Ayutla al que pertenecen Tlacoapa, Zapotitlán Tablas y Acatepec en el cual hay 100 secciones distritales, también el 16 con cabecera en Ometepec integrado por Igualapa, Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca con 80 secciones.
Otros distritos indígenas son el 23 con cabecera en Huitzuco, al que pertenecen también Buenavista de Cuéllar, Copalillo, Iguala, Tepecoa-cuilco y Atenango del Río, el cual tiene en total 112 secciones electorales; el distrito 24 con cabecera en Tixtla al que pertenece Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Quechulte-nango, y Zitlala que suman 121 secciones electorales; también el 25 conformado por Chilapa de Álvarez como cabecera distrital y José Joaquín de Herrera que juntos tienen 94 secciones electorales.
De la misma manera son considerados indígenas los distritos 26 con cabecera en Olinalá, al que pertenece Atlixtac, Ahuacuotzingo, Copanatoyac, Cualác Huamuxtitlán, y Xochihuehuetlán con 115 secciones electorales; el 27 con cabecera en Tlapa de Comonfort al que pertenecen Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Tlalixtaquilla de Maldonado, Xalpatlahuac, y Atlamajalcingo del Monte con 83 secciones electorales; y el 28 con cabecera en San Luis Acatlán al que pertenecen Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Metlatonoc, Iliatenco y Cochoapa el Grande con 86 secciones electorales.

Cabeceras de los distritos locales

Los distritos 01 y 02 tienen cabecera en Chilpancingo con 54 y 51 secciones electorales respectivamente; los distritos 03, 04, 05, 06, 07 y 09 se encuentran en Acapulco con 69, 79, 59, 63, 33 y 62 secciones electorales respectivamente.
El distrito 08 tiene cabecera en Acapulco, pero también forma parte de este Coyuca de Benítez con 80 secciones electorales; el distrito 10 con cabecera en Tecpan de Galeana al que pertenecen Atoyac de Álvarez y Benito Juárez; el 11 con cabecera en Petatlán al que pertenecen 25 secciones electorales de Zihuatanejo de Azueta, también 29 de Tecpan de Galeana; el distrito 12 tiene cabecera en Zihuatanejo y pertenecen a este Coahuayutla de José María de Izazaga y la Unión de Isidoro Montes de Oca; el 13 con cabecera en San Marcos y al que pertenecen Juan R. Escudero y Tecoanapa.
El distrito 17 quedó integrado por Coyuca de Catalán como cabecera distrital, al que pertenecen Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, y Zirándaro, con 160 secciones electorales en total; el distrito 18 con cabecera en Pungarabato y que integran Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa, Tlapehuala y Arcelia; el 19 con cabecera en Eduardo Neri que abarca a General Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo con 98 secciones electorales.
El distrito 20 con cabecera en Teloloapan está integrado también por Cocula, Cuetzala del Progreso, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio de Alquisiras, Apaxtla, con 191 secciones electorales; el distrito 21 con cabecera en Taxco al que pertenecen Pilcaya y Tetipac; el distrito 22 con cabecera en Iguala de la Independencia.

Pendientes, distritos federales

Respecto a la redistritación electoral federal, el Vocal del Registro Federal de Electores Ángel Báez comentó que ayer a las 9:30 de la mañana se realizó una sesión de la Junta General Ejecutiva conformada por las direcciones de Capacitación, Organización, Registro, Prerroga-tivas, del Servicio Profesional, ene la cual se aprobaron por unanimidad los proyectos de distritación electoral junto con las cabeceras.
El siguiente paso, es que mañana 14 de diciembre el Consejo General como órgano máximo de dirección en la que hay representación de partidos políticos y de la Cámara de Diputados, sesione para analizar la propuesta de la Junta General Ejecutiva y sea votada.
La certeza que existe es que de nueve pasa a ocho distritos electorales federales, y de acuerdo con lo aprobado ayer en la sesión de la Junta General Ejecutiva, Zirándaro no pasaría a ser parte del distrito 03 de la Costa Grande como lo había planteado el INE en un primer escenario, y se mantiene en el distrito 01 de la Tierra Caliente.
Otro caso es el del distrito de la Costa Chica en el que se fraccionó un municipio. Se trata de Igualapa, para que una parte pertenezca al distrito federal 08 de la Costa y otro al de la Montaña.

 

Exigen gestores respuesta del Congreso a la formación de cinco nuevos municipios

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En un foro en el que participaron pobladores, los comités gestores de cinco nuevos municipios, cuatro de ellos indígenas y uno afromexicano: Huehuetán, Huixtepec, Pueblo Hidalgo, San Cristóbal y Chimalapa, que se declararon autónomos, demandaron la respuesta positiva o negativa del Congreso local a los trámites para segregarse.
Los comités de los territorios que pretenden funcionar bajo sistemas normativos internos, denunciaron que los diputados son omisos al no responder en los tiempos que establece la ley.
Entre los solicitantes está Huehuetán, de población afromexicana, que junto con nueve comunidades pretende segregarse de Azoyú; Huixtepec, que también con nueve comunidades quieren separarse de Ometepec; Pueblo Hidalgo, con 10 comunidades pide ser nuevo municipio, separado de San Luis Acatlán; San Cristóbal, se quiere separar de Tlacoachistlahuaca, y Chimalapa, con 14 comunidades, busca segregarse de Igualapa. Estos cuatro últimos son de población indígena.
La asamblea o foro se realizó el sábado, en Huehuetán, donde los representantes de las cinco propuestas de nuevos municipios realizaron un recorrido, desde el crucero hasta la cancha principal de esta comunidad, que sería la nueva cabecera municipal.
El presidente del comité gestor de Huehuetán, Hermelindo Javier Quiterio, explicó que esta asamblea se realizó para informar a los ciudadanos sobre cómo va el trámite que se realiza ante el Congreso, en busca del reconocimiento de estos cinco nuevos municipios y para que el poder Legislativo “tenga conocimiento de que no estamos dormidos, estamos despiertos y estamos organizados, que queremos que nos tomen en cuenta y nos den una respuesta a nuestra petición”.
Dijo que en el caso de Huehuetán, de población afromexicana, que junto con nueve comunidades que pretenden segregarse de Azoyú, entregaron las actas de asamblea y los documentos de solicitud que plantea la ley, desde el pasado 5 de octubre, por lo que ya se venció el plazo de 40 días que tiene el Congreso para dar una respuesta positiva o negativa.
Demandaron una respuesta por parte de los diputados locales a su solicitud de creación de los cinco nuevos municipios, porque a pesar de que enviaron otro oficio, en el que solicitan que haya un pronunciamiento a favor o en contra, éste no se ha realizado.
Ante la falta de respuesta, informó que se están organizando con los comités gestores de los otros cuatro municipios, que entregaron la documentación el pasado 21 de octubre, y que también ya se cumplió el plazo para que el Congreso local les dé una respuesta, para que juntos, los cinco en bloque acudan ante el Legislativo a pedir una respuesta.
“El problema que tenemos con el Congreso es que se está cerrando, tiene oídos sordos para nosotros, y ya no estamos dispuestos a seguir esperando. Vamos a seguir buscando a las instituciones, para que nos ayuden a picarle las costillas al Congreso, para que nos den una respuesta, negativa o positiva. La queremos para saber qué procede después”, comentó Hermelindo Javier, quien también es comisariado ejidal de Huehuetán.
También, en la asamblea, se refrendó la decisión de los pueblos a “ir por la libre determinación y que tenemos respaldo en la Constitución”, por lo que Hermelindo Javier consideró que la resistencia del Congreso local a probar estos municipios, es precisamente porque buscan regirse bajo sistemas normativos internos.
“No quieren que se desgrane la mazorca, porque piensan que si nos dan el decreto, por esa vía, todas las comunidades van a querer esa vía”.

 

Que la CNDH pida al estado que armonice la Ley 701 con las instituciones, demanda la CRAC

Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.