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Una elección que se desarrolle en forma respetuosa, pide el secretario de la UAG

Karina Contreras

El secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Armando Guzmán Zavala, pidió a los universitarios buscar que el proceso electoral se desarrolle de manera respetuosa, que se dé una “festividad democrática”.
Adelantó que la próxima semana se reunirá con el presidente del Consejo Universitario, el rector José Alfredo Romero Olea, para elaborar la agenda de la próxima sesión y donde a lo mejor ya se podría hablar de la convocatoria para el proceso electoral.
Dijo que se sabe que ya han un ambiente preelectoral, por lo que hizo un llamado de respeto a la institucionalidad, que se viva el proceso electoral en un clima de respeto, de diálogo, y “en un clima de festividad democrática”.
Hizo un llamado a todos los actores universitarios a respetar la legislación, a contribuir al fortalecimiento de la UAG y que se convierta el proceso electoral en un espacio de debate, reflexión y análisis de propuestas para consolidar la vida institucional.
En declaraciones en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), donde acudió a la clausura del diplomado Análisis Político, desafíos sociales de Guerrero en el siglo XXI, al funcionario universitario se le preguntó sobre las fechas en que será emitida la convocatoria para la elección de rector y respondió que todavía la Comisión Electoral no se ha reunido para poder proponerla al pleno del Consejo Universitario, pero lo hará en próximos días.
En otro tema, el funcionario de la UAG indicó que ya se está investigando la situación de las cámaras en los baños de la Preparatoria 29 de Tixtla y que el jueves sostuvo una reunión con el rector José Alfredo Olea, para hablar sobre las acciones de prevención y las acciones de seguimiento a los presuntos hechos que han acontecido.
Dijo que integrantes del Tribunal Universitario ya fueron a la preparatoria, al igual que la Defensoría de los Derechos Humanos de la máxima casa de estudios, para “realizar las investigaciones pertinentes, hacer los deslindes de algunas responsabilidades”.
Añadió Guzmán Zavaleta que están preocupados y haciendo acciones para poder esclarecer los hechos.
Sobre si se separará al director del cargo mientras se hacen las investigaciones, manifestó que la universidad tiene un protocolo a seguir, “respecto a estas acciones de violencia, acciones que vulneran la libertad de las y los universitarios. Estamos muy al pendiente del desarrollo de las investigaciones que se están haciendo y exhortamos a todas las personas que se han sentido agredidas a poder colaborar con las instancias universitarias, a efecto de poder resolver de la mejor manera”.

Proponen redes estatales y una nacional para detener los ataques a la prensa


Integrantes de Agenda de Periodistas se dieron un plazo de dos meses para tener una calendarización de acciones, luego de sistematizar los resultados de las mesas de análisis de agresiones, condiciones laborales y otros temas sobre libertad de expresión, donde participaron 381 periodistas, académicos y sociedad civil.
Entre las propuestas está la creación de redes estatales aglutinadas a una nacional, para definir prioridades, como la capacitación, y frenar los ataques a la prensa.
Guillermo Osorno, director del Centro Horizontal, uno de los medios convocantes, explicó que aún no está definida la organización que se conformará luego del ejercicio de tres días que surgió tras el asesinato de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa; sin embargo, adelantó que “la próxima semana discutiremos la forma de organizarnos. Una vez que esté conformada la agenda y la organización, habrá un esfuerzo para ir a crear capítulos estatales, y por lo menos a generar adhesiones en los 32 estados”.
Puntualizó que en un periodo de dos meses la Fundación Ciudadano Inteligente, que moderó las seis mesas de discusión en el Palacio Postal los días 14, 15 y 16 de este mes, trabajará con los participantes en la sistematización de la información y la construcción de un plan de acción con metas al 2020 y 2022. El resultado se presentará en las 32 entidades.
“Las 50 organizaciones convocantes discutirán el tipo de organización que dará seguimiento a las metas y garantizarán fuentes de financiamiento para el inicio de su operación”, dijo.
“Al mismo tiempo que parece descubrirse una guerra nacional contra el periodismo, se detonó un proceso de organización gremial inédito en nuestro país. En menos de cuatro semanas se organizó un ejercicio de deliberación colectiva, al que se registraron 600 personas de manera preliminar, para hablar de las causas de la violencia contra la prensa y sus posibles soluciones”, explicó.
Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), reclamó: “¿Qué se necesita en este país para que el gobierno mexicano rinda cuentas? Si se mata a personas, se mata a periodistas, se vigila a periodistas, desaparecen 30 mil personas y el gobierno sigue diciendo que no pasa nada. Creo que tenemos un problema súper grave que no está solucionado”.
Consideró que la organización contribuirá a defender el derecho a las audiencias de estar informadas, concientizar a la sociedad de por qué cuando matan a un periodista se rompen varias redes de ayuda. Pero hay que empezar “exigiéndole al gobierno que respete a las y los periodistas de este país”.
De las mesas: Riesgos, atención en casos críticos y respuestas inmediatas; Alternativas para combatir la impunidad; Organizaciones sociales y vías para fortalecerlas; Solidaridad gremial, derechos laborales y publicidad oficial; Reacciones de seguridad pública; El significado social de las agresiones contra periodistas, “surgieron avances que el periodismo no había tenido durante al menos 40 años”, aseguró Ignacio Rodríguez Reyna, fundador de la revista Emeequis.
Del lado académico, Federico Mastrogiovanni, coordinador del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, consideró que “la organización, la capacitación nos sirven para no cometer errores, debemos tomarnos el tiempo de reflexionar lo que estamos haciendo, lo que estamos contándole a la gente, porque muchas veces, y esto es un problema que es un poco complicado admitir, no nos damos cuenta de que reproducimos narrativas hegemónicas, narrativas dominantes, narrativas del Estado, sin siquiera saberlo, sin cuestionar lo que estamos haciendo”.
Agregó: “Una de nuestras responsabilidades justamente es tratar de observar nuestro trabajo, nuestras perspectivas y empezar, eventualmente, a cambiar nuestra postura y hacernos un poco más críticos como profesionales de la comunicación”.
Francisco Sanabria, del Semanario Ríodoce, dijo que la agenda debe servir para que los periodistas de los estados sepan que no están solos “esta agenda nos ha construido una red de solidaridad, donde el periodista de cualquier parte del país ya no está solo. Ahora la agresión que le ocurra a un compañero de Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, le ocurre a todos”.
En próximos días, los organizadores enviarán a los participantes un correo electrónico con la explicación de cómo será la discusión en línea y colectiva, que moderará la organización chilena Ciudadano Inteligente, para delimitar los parámetros de la organización que se formará a partir de las mesas.

Dan postura sobre espionaje

Integrantes de Agenda de Periodistas exigieron al gobierno investigar el espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos, documentado en The New York Times.
Ixchel Cisneros criticó la respuesta de la Presidencia, luego del reportaje que evidencia cómo el gobierno mexicano compró un software para intervenir telecomunicaciones de periodistas y activistas, entre éstos Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui.

Marchan la UPOEG y comisarios; exigen que se regulen los grupos de seguridad ciudadana

Unos 400 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo de Comisarios de Costa Chica, marcharon para exigir en el Congreso la regularización de los grupos armados de seguridad ciudadana y una interlocución para abrir mesas de trabajo con los gobiernos estatal y federal.
Los manifestantes esperaban ser recibidos por una comisión de diputados de las Comisiones de Justicia, Seguridad y Asuntos Indígenas, como se acordó una semana antes con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Adame.
Sin embargo, y después de que se le insistió, sólo fueron recibidos por la diputada del PRI, Beatriz Alarcón Hernández, quien atendió a una comisión en la sala José Francisco Ruiz Massieu, y adujo la tardanza de los manifestantes para justificar la ausencia del resto de los diputados.
En la reunión se estableció otra cita el miércoles, sólo para las demandas de la UPOEG. El Consejo de Comisarios de la Costa Chica, anunció que continuará su agenda por separado.
De manera extraoficial, se denunció que la UPOEG relegó los asuntos de los comisarios, para centrar la reunión en el problema de Tierra Colorada, donde tienen una pugna con el FUSDEG.
Por separado, el representante del Consejo de Comisionarios, Feciliano Santana Alonso, explicó vía telefónica que los representantes de los pueblos de Costa Chica llegaron a Chilpancingo a participar en una marcha por la dignidad en un frente común con la UPOEG, para hacer presión en el Congreso por atención a sus demandas.
Aclaró que son movimientos independientes con peticiones comunes, salvo en el tema de seguridad ciudadana, por lo que su gestión continuará por separado. De la reunión, sólo declaró que esperan la mediación de la diputada Añorve para tener comunicación directa con los secretarios y delegados de Gobierno en la gestión de servicios y beneficios de programas sociales.
Entregaron peticiones de sue-ro antialacrán y medicamentos para comunidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistla- huaca y ambulancias para Igualapa y Llano Largo. Confió en que la diputada Beatriz Alarcón los llame para dar seguimiento a sus planteamientos.
El “error” de la protesta

La marcha de hombres y mujeres campesinos comenzó después de la 1 de la tarde, en el crucero de la Autopista del Sol con la carretera federal Mexico-Acapulco, al sur de la ciudad, avanzó por la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero y la avenida Lázaro Cárdenas. En el Congreso ya se había colocado una carpa para recibir a los manifestantes.
Llegaron a las 2 de la tarde, un retraso de dos horas para la cita con diputados, debido a la demora de los grupos de Costa Chica, el contingente más amplio.
Ya no había diputados, y el oficial mayor, en acuerdo con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, salió a la explanada a recibir el documento dirigido al Congreso sobre la regulación de los grupos ciudadanos de seguridad.
Plácido explicó que los diputados ya no los atenderían porque llegaron tarde, y era necesario reconocer que cometieron un error.
El argumento no convenció a los promotores de la UPOEG ni al Consejo de Comisarios, que tomaron el micrófono para recriminar la desatención de los diputados: “Ese error de nosotros para ellos es terrible, y cuando ellos incumplen ¡no pasa nada!”, “los diputados piden a los pueblos que reconozcan su error, que llegamos tarde, cuando ellos estuvieron en los pueblos pidiendo el voto no les importaba si era mañana, tarde o noche”, “hemos venido de manera pacífica, no hemos alterado ninguna regla, cerramos nada. La tardanza se debe porque no venimos de aquí a la vuelta”, insistieron en quedarse en el lugar hasta ser atendidos por los legisladores.
Mientras esperaban respuesta, se anunció que llegaron representantes de colonias de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, donde el día anterior hubo otro altercado entre grupos de seguridad ciudadana de la UPOEG y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Plácido Valerio se apartó con ellos, antes de la reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu.

Unificar a la sociedad en una sola agenda contra la violencia, plantea el arzobispo Carlos Garfias

Karina Contreras

El arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, convocó al colectivo Guerrero es Primero, al grupo Sentimientos del Sur y a Acapulco por la Paz, donde están aglutinadas organizaciones de la sociedad civil, así como al gobierno, a construir una gran plataforma y elaborar una sola agenda para formar una sociedad civil responsable y participativa en los grandes cambios que requieren México y Guerrero.
En una conferencia de prensa en el hotel Calinda al concluir un taller dirigido a sacerdotes, a monseñor Garfias Merlos se le preguntó sobre la decisión de las autoridades de combatir la inseguridad con más policías, a lo que respondió que cree que éstas están “buscando cumplir con su responsabilidad y hasta este momento ellos consideran que es dando más protección con policías, con fuerzas armadas para poder dar la confianza y tranquilidad al pueblo”.
Pero añadió que como Iglesia “insistimos en que ayudando a que las personas se pacifiquen en su interior y podamos ir haciendo que se logre tener la confianza y seguridad sin la necesidad de las armas, pero todo eso conlleva a un proceso de tiempo para ir haciéndolo, para que todos vayamos involucrando”.
En un comunicado que leyó antes de las preguntas, Carlos Garfías dijo que la realidad de la inseguridad y violencia es compleja y multidimensional, y no se puede, sin más, atribuirla a una sola causa porque hacerlo sería ingenuo y llevaría a tener una única solución a una problemática tan vasta y complicada.
Añadió que es conveniente abordar la compleja realidad de la violencia que se vive en México desde un “enfoque de salud pública, que permita asegurar para el mayor número de personas el beneficio de la seguridad y de la paz”.
Indicó que reconocerlo como un problema de salud pública implica reconocer que la solución para erradicarlo debe ser multidimensional; que requiere un diagnóstico interdisciplinar que identifique los principales factores de riesgo sobre los que hay que intervenir y es necesaria la cooperación de todos los sectores públicos y sociales para poder abordar el problema de la violencia mediante la acción colectiva.
Hizo un llamado al próximo gobierno estatal y a los ayuntamientos para cumplir con la encomienda de los ciudadanos, y dijo que aunque sabe que la misión que tienen no es fácil, la seguridad debe ser una tarea primordial.
Añadió que el problema no es sólo de seguridad, sino de salud pública, y que como iglesia en Guerrero ofrecen la colaboración a través de una campaña seria y profunda de perdón y reconciliación.
Planteó que los 19 centros de escucha se conviertan en centros de perdón y reconciliación para atender a las víctimas.
Dijo que el país y el estado necesitan una sociedad civil fuerte, capaz de incidir en la vida pública y participar decididamente en la solución de los graves problemas que padece y que se están expresando en una profunda crisis social y política, que es estructural y “que no tiene salida en el corto plazo”.
Subrayó que el problema no tendrá salida sin la participación de la sociedad civil.
Indicó que por eso las iniciativas deben ser plurales, heterogéneas, abiertas al diálogo, representativas de la sociedad civil y orientadas al bien común.
Añadió que una sociedad civil responsable y participativa no surge por generación espontánea, pues es necesario formarla, desarrollando en ella tres capacidades que son el “conocimiento de la realidad, la responsabilidad social y el sentido y compromiso con la justicia social”.
Indicó que por eso hace un llamado al gobierno, a las iglesias y todas las instituciones y organismos de la sociedad civil a que “construyamos una gran plataforma y elaboremos una misma agenda”.
Ya en preguntas y respuestas, al cuestionarle sobre la violencia que hay y que no cesa, el arzobispo insistió en la importancia de la participación ciudadana y un involucramiento en donde todos puedan comprometerse, cada quien desde las responsabilidades y competencias que tiene, “las autoridades respondiendo a lo que ellos les toca, nosotros como iglesia fomentando el tema de perdón y reconciliación, otras organizaciones desde sus ámbitos propios, pero todos colaborando podemos ir creando condiciones para que en un momento dado pueda dejar de haber tanta expresión de fuerzas malas”.
Consideró que a los que generan la violencia “tenemos que seguir haciendo el llamado para que dejen de generar la violencia, creo que es un tema que tiene que ver mucho con quién provoca la violencia y tenemos que insistir y de alguna manera también poder ofrecer a ellos la disposición para que ellos mismos puedan hacer un proceso de cambio y dejen de generar todo ese ambiente de violencia que genera tanto miedo y tanta inseguridad en las personas”.
Indicó que es la autoridad quien debe organizar a la sociedad.
Sobre las medidas de seguridad que han implementado las autoridades, monseñor Carlos Garfías indicó que a nivel policial no tiene mucho que recomendar porque no conoce el tema, y que sigue insistiendo que como iglesia quieren colaborar en la atención de las víctimas de la violencia y en general dar educación, capacitación para que de alguna manera se protejan unos a otros, “tenemos que implementar capacitación para toda la sociedad para que las personas sepan cuidarse y yo creo que son importantes los protocolos de seguridad y se tendrán que ir dando de las diferentes formas”.
Indicó que iniciativas como Guerrero es Primero y Acapulco por la Paz, entre otras, están conjuntando organizaciones, instituciones y son parte de la sociedad interesada en buscar ayudar a que se puedan generar condiciones de seguridad y confianza.
—¿Han fallado en materia de seguridad las diversas autoridades en los últimos años? –se le preguntó.
—Yo creo que el gobierno hace sus esfuerzos, hacen sus planteamientos y les van dando diferentes modalidades en el empeño de poder generar seguridad, y yo creo que cada quien está haciendo su mejor esfuerzo, yo insisto mucho que en la medida que podamos involucrarnos, toda la sociedad, podremos avanzar; hay un tema que puede ser muy interesante y que es también buscar la comunicación directa con quienes generan la violencia y hacer la conciencia en ellos de hacerles ver la gravedad del daño que provocan.
—¿Sería con un pacto entre gobiernos y criminales?
—No, es hacerles llegar el mensaje de la conciencia del daño que hacen.
Sobre si tenía cifras de secuestros o extorsiones, monseñor Carlos Garfias respondió que “gracias a Dios no ha habido ningún secuestrado y extorsionado, en lo que se tiene de la arquidiócesis no hay datos de que a los sacerdotes se les haya hecho eso”.
En el tema de qué opina sobre que el ex fiscal Iñaky Blanco dejó escapar al ex secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores, según el actual fiscal Miguel Ángel Godínez, señaló que “si realmente tienen evidencias, si tienen pruebas de lo afirmado habrá que proceder institucionalmente, yo creo que hay instancias propias para este tipo de investigaciones; si quien está dando seguimiento a la investigaciones pues tendrá que buscar toda objetividad de esta investigación”.