El diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez, que denunciaron la síndica Carolina Morales Cantú y regidores, por lo que esperan los resultados para actuar en consecuencia.
En consulta telefónica sobre la asamblea de autoridades comunitarias, el domingo 16 de abril, para desconocer a integrantes del Cabildo, incluido el alcalde del PAN, aclaró que el proceso podría concluir en una demanda de juicio político. Sin embargo, hoy siguen siendo gobierno porque son autoridades electas constitucionalmente.
El representante del distrito 26 de la Montaña precisó que, si los regidores y la síndica piden formalmente la intervención del Congreso, intervendría la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
La asamblea de delegados, comisarios y vecinos del 16 de abril, fue citada para discutir la falsificación de firmas, para justificar los recursos federales destinados a una obra de camino artesanal, además de obras fantasmas, falta de transparencia y acoso sexual.
Señaló que el problema comenzó cuando la síndica y regidores decidieron demandar por la falta de salarios, que en ese proceso encontraron obras no ejecutadas y personas cobrando sin laborar, conocidos como aviadores, en el programa de caminos artesanales, que se hace vía comité, en coordinación con el Ayuntamiento.
“Ellos acudieron a presentar las denuncias y están en espera de que les resuelva la Auditoría Superior del Estado”, dijo.
Explicó que alrededor de noviembre o diciembre los demandantes hablaron con él, porque desconocían los procedimientos, y les comentó que el Congreso no era la instancia para eso.
Aclaró que podría llegar al Congreso, como una demanda de juicio político, pero ahora está en otra etapa.
En caso de que la ASE no resuelva nada, adelantó que se tendría que solicitar la intervención de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, para darle seguimiento.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado ya resolvió a favor de la síndica y regidores, a quienes no se les habían pagado sus salarios, para que se los cubran.
Estimó que, en la medida que se vayan descubriendo más errores, van a estar haciendo las denuncias los funcionarios, y al mismo tiempo, informando a la población como ocurrió en la asamblea de autoridades comunitarias.
El profesor Felipe de la Cruz Sandoval informó que sí está en la terna para ser alcalde en el municipio de nueva creación, San Nicolás, y que se considera afrodescendiente porque su madre es afromexicana y su padre indígena, su esposa es afromexicana y cumple el requisito de haber vivido cinco años en esa localidad.
El nuevo municipio se integrará con las comunidades de San Nicolás, El Pitayo, Tlapetaca, La Bocana, El Carrizo, El Cacalote, El Tamale, El Jícaro, Punta Maldonado y Tejas Crudas, todas con población afro que se desprendieron del municipio de Cuajinicuilapa.
El miércoles en Acapulco, vecinos de San Nicolás solicitaron que no haya imposición de autoridades en el cabildo instituyente que nombrará el Congreso local. En particular rechazan a De la Cruz, pues alegan que no es afromexicano y no tiene legitimidad comunitaria ni identidad territorial.
De la Cruz es maestro identificado con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, pero su momento de activismo mas visible fue como vocero de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, actividad a la que renunció cuando incursionó como aspirante a una candidatura a diputado federal por Morena en 2021.
Consultado vía telefónica, De la Cruz dijo que lo impugnan quienes no fueron designados por las comunidades para la terna.
Sostuvo que su nombre salió de las asambleas que hizo el Congreso el año pasado en las diez comunidades que integran el municipio, y que no es un hecho consumado sino que son tres personas las que están en posibilidades de ocupar la presidencia municipal.
Explicó que de cada asamblea salieron dos nombres y después en una general de las diez comunidades se integró la terna con él, Tania Ávila Magadaá y Omar Román Mariche. El acta fue validada por el sello y firma de cada uno de los comisarios de las diez localidades.
“En vez de estar poniendo piedras en el camino apoyaran para que se instalara de una vez el Ayuntamiento en San Nicolás, porque al fin de cuanta los perjudicados con los pueblos que siguen esperan a que se instituya”, señaló.
Agregó que la ley establece que cualquier vecino de las comunidades que formarán el nuevo municipio tiene la posibilidad de ser designado alcalde. En su caso tiene 32 años de vivir en esa localidad: “yo me autodetermino afro porque es mi decisión como mexicano y como guerrerense, eso no viola la ley, todo lo contrario ellos están violando mis derechos como ciudadano”.
Indicó que su padre es indígena y su madre afrodescendiente y él se considera parte de la raza afrodescendiente.
De la gestoría para el rastrilleo de caminos, dijo que es cierto que él lo hace pero eso no afecta ningún derecho pues lo que se busca es ayudar a las comunidades.
A pregunta expresa sobre si tiene el respaldo de Morena, dijo que él es de izquierda pero como tal no tiene el respaldo del partido. Indicó que los inconformes con la posibilidad de que sea alcalde también son de Morena, pero David Bracamontes es de Copala, no es de San Nicolás, y “él es el que siempre ha insistido en que yo no debo ser (alcalde) porque no soy afro”. (Daniel Velázquez)
Habitantes del recién creado municipio afromexicano de San Nicolás en la región de Costa Chica, David Bracamontes Chona, Josué Villarreal Silva, Juan Domingo Magadán Torres, María Eduarda Noyola Morga y Enrique Cisneros Parral, en la conferencia de prensa en dónde denunciaron que pretenden imponer como presidente municipal al ex vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
Vecinos de San Nicolás, municipio que está en proceso de constitución, solicitaron que no haya imposición de autoridades en el cabildo instituyente que nombrará el Congreso local. En particular, rechazan al profesor Felipe de la Cruz Sandoval, el promotor del nuevo municipio, pues alegan que no es afromexicano y no tiene legitimidad comunitaria ni identidad territorial.
Un grupo de vecinos dieron una conferencia de prensa en el Instituto Tecnológico de Acapulco en la que llamaron al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Yoloczin Domínguez Serna, para que no se imponga una autoridad que no reconocen.
Los inconformes dijeron que su llamado a las autoridades es porque no quieren confrontación y su petición es que se elija a un hombre o una mujer que sea originario de la comunidad de San Nicolás.
El nuevo municipio se integrara con las comunidades de San Nicolás, El Pitayo, Tlapetaca, La Bocana, El Carrizo, El Cacalote, El Tamale, El Jícaro, Punta Maldonado y Tejas Crudas, todas con población afrodescendiente que se desprendieron del municipio de Cuajinicuilapa.
“Rechazamos la posibilidad de que el profesor Felipe de la Cruz Sandoval sea designado presidente municipal porque no nació ni se crio en San Nicolás, no tiene autoadscripción efectiva, ni legitimidad comunitaria, tampoco identidad territorial, cultural y etnolingüística ni ha prestado servicio comunitario en cargos tradicionales además ha demostrado deshonestidad al corromper el proceso de consulta manipulando al comité gestor”.
“Pedimos que realice una consulta para decidir quiénes serán nuestras autoridades en conformidad con el marco legal constitucional y las resoluciones emitidas por la SCJN que reconocen nuestro derecho fundamental a participar en la toma de decisiones que nos afecten o sean susceptibles de afectarnos”.
En la conferencia estuvieron Juan Domingo Mandalan Torres, Josué Villareal Silva, María Eduarda Noyola Morga, Enrique Cisneros Pagano y David Bracamontes Chona, quienes manifestaron su rechazo a Felipe de la Cruz. Dijeron que desde febrero de este año empezó a hacer gestiones a favor de la comunidad como rastrilleo de caminos, lo que consideran se debe a que tiene el apoyo de alguna autoridad.
Se quejaron de que se hicieron propuestas para las autoridades instituyentes pero no hubo asambleas para elegir a esas personas por lo que no participaron los vecinos en esa decisión.
También leyeron un escrito enviado al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, a quien le piden su intervención para la elegibilidad de los integrantes del ayuntamiento instituyente de San Nicolás.
El presidente municipal de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, consideró que detrás de la queja de un grupo de maestros y padres de familia por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), hay grupos políticos contrarios a su gobierno.
También afirmó que es urgente la construcción del cuartel de la GN por la inseguridad que llega a su municipio “por olas”, violencia en la que está inmerso Huitzuco, el estado y país, que “no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”.
El pasado jueves 16 de marzo, padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, se manifestaron en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, en Chilpancingo, contra la construcción del cuartel de la GN en los terrenos del plantel educativo. La tarde de ayer, los inconformes marcharon en la cabecera municipal, expresando su inconformidad en contra de la construcción.
El martes, en un video en vivo, el alcalde de Huitzuco (Morena) contó que desde noviembre de 2021, cuando el municipio vivió una crisis de inseguridad, el gobierno federal decidió instalar cinco cuarteles de la GN en Guerrero, que construirá el Ejército, uno de ellos en su demarcación, por lo que él acompañó a las autoridades encargadas en un recorrido por tres primeros terrenos, pero que no convencieron a los enviados de la GN, porque no cumplían los requisitos.
Sin embargo, fueron la GN y el Ejército los que observaron el predio de la secundaria y le pidieron que investigara, por ello, Éder Nájera dijo buscó al director, quien a cambio del terreno pidió obras en el área de talleres, una cisterna y una barda ; en tanto, los militares solicitaron la donación de predio al gobierno estatal.
Expuso que fue el 28 de febrero de este 2023, cuando el Ejército, GN y el gobierno del estado valuó el terreno, el último de los requisitos para la donación, pero comenzaron los disgustos de maestras y padres de familia, quienes argumentaban que estaban en contra del cuartel, porque los efectivos embarazarán a las estudiantes y habrá ataques armados en la zona.
La tarde de este miércoles, contactado vía telefónica, Éder Nájera afirmó que las protestas son un asunto político, porque no fue una gestión oculta, que el avance de la construcción del cuartel lo difundió en su página de Facebook, y que incluso, hace ocho días se reunió con los padres de familia, donde le dijeron que no sabían nada, un año después de haber iniciado el proceso de construcción.
Reiteró que el director de la escuela siempre estuvo informado de la construcción del cuartel, pero ahora está en contra porque no esperaba el reclamo de los padres de familia, o “tiene alguien detrás que esté meneándole la cintura. Sí es un asunto político, o la otra es que ya no sepa qué hacer con la decisión que tomó en su momento, puesto que no lo había consensuado con sus maestros”.
Resaltó que el dueño del terreno no es el centro educativo, sino el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). También afirmó que no es un juego y el Ejército podría llevarse el cuartel a otro municipio.
Manifestó que si se hiciera una encuesta o un sondeo a la ciudadanía, se priorizaría la seguridad por encima de un terreno que representa una cuarta parte de la secundaria, y reprochó que el comité de padres de familia no le ha permitido reunirse con todos los padres de familia de la secundaria, para explicarles, que no es su decisión, sino del gobierno estatal y del Ejército.
“Yo creo que sí es político el asunto, y pues algunos nos quieren detener, ojalá y espero que no sea el caso, de que haya gente que prefiera que siga habiendo bajas ciudadanas (muertos) aquí en nuestro municipio, a que se resuelva lo más importante que es la seguridad, y que a lo mejor los créditos se los lleve un servidor. Yo creo que están apostando a eso y ojalá y no sea el caso”, aseveró.
Afirmó que actualmente no hay más propuestas de otros terrenos, porque buscar otras opciones, como las bodegas ocupadas anteriormente por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) sería un conflicto con el ejido; además, afirmó que el municipio no tiene recursos para comprar un predio con las condiciones de 2.5 hectáreas, como lo solicita la GN.
Afirmó que la discusión la podría llevar a una consulta popular en la cabecera, para saber si se prioriza “el dominio de un bien que no es de la secundaria o se priorizaría la seguridad pública”.
Sobre si es urgente la instalación del cuartel por la violencia en su municipio, respondió que sí, y que ha calificado el fenómeno de la inseguridad como olas, “cuando llega la ola se dan casos de enfrentamientos entre grupos criminales, cuando se va la ola, tal vez por así decirlo, y quiero imaginar, porque también no soy especialista. Sin embargo, trato de ser analista, cuando se van, cambian a veces de ring, y esas confrontaciones se trasladan hacia Atenango, Tepecoauilco, Iguala”.
“Creo que Huitzuco está inmerso, igualmente el estado y la nación, en un resultado de una estrategia fallida de hace mucho tiempo y esa estrategia aun cuando se han atacado con políticas públicas, en materia desarrollo social y bienestar social, y acciones inmediatas como la creación de la Guardia Nacional, no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”, precisó.
Aseguró que es necesario realizar acciones de contención, porque “nadie está salvo, yo mismo soy susceptible de que me pase algo, todos somos susceptibles. Pero teniendo el cuartel creo que nos vamos a sentir y vamos a estar mejor, porque no creo que vengan de vacaciones o a encerrarse en los cuarteles, tienen que hacer acciones de patrullaje y de contención”.
Dijo que esperará “el humo blanco” que emita el Ejército, que tendrá que ver no con sus opiniones, sino con lo que decida la federación con su estrategia de seguridad nacional y que esa decisión la respetará, al igual que lo diga la ciudadanía.
Unos 300 miembros de la CETEG bloquearon los cuatro carriles centrales y las laterales, en Chilpancingo (imagen), para exigir a la SEG la entrega de nombramientos de recategorizaciones. En tanto, pobladores y padres de familia de la comunidad Xalitla, Tepecoacuilco, bloquearon ocho horas la carretera federal México-Acapulco para exigir la destitución de directivos y docentes de un plantel en el que, aseguran, hay tráfico de drogas. Además, habitantes de Huitzuco protestaron afuera del Palacio Municipal para oponerse a la donación de un terreno escolar para un cuartel de la Guardia Nacional; el alcalde aseguró que en la queja hay intereses políticos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Bloquea CETEG por completo la Autopista del Sol; exige a la SEG que dé nuevas categorías
Los cetegistas denuncian que tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, pero la reunión fue cancelada y eso originó que bloquearan la vía más de dos horas
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Unos 300 miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Héctor Torres Solano, bloquearon los cuatro carriles centrales de la Autopista del Sol y las laterales, en Chilpancingo, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la entrega de nombramientos de recategorizaciones.
El bloqueo inició a las 12:40 del día, en el sentido norte-sur, pero minutos después se extendió y el cierre fue total, a unos metros del restaurante Vips, y de la calle Recursos Hidráulicos, cerca del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado. La protesta duró alrededor de dos horas.
Los cetegistas denunciaron que este miércoles tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, para avanzar en la entrega y corrección de nombramientos a docentes con claves bajas, los que tienen un salario bajo, porque a más de un mes que fueron autorizados no han sido entregados, pero la reunión fue cancelada, lo que originó que bloquearan.
En la protesta, Héctor Torres informó que son unas 900 claves bajas de trabajadores que son aspirantes a docentes, que cumplieron con el perfil de licenciados en educación y se deben recategorizar a una clave docente superior, para que aumente su salario.
Dijo que, además, solicitaban el pago de la quincena de los docentes de la primera lista de recategorizados, “el problema que tenemos con las autoridades educativas es la entrega de nombramientos y las correcciones. Hemos sido muy tolerantes, pero por la falta de respuesta tenemos que protestar”.
A las 2 de la tarde, una comisión encabezada por Torres Solano fue recibida en el Recinto Estatal; en tanto, el bloqueo continuó hasta las 3 de la tarde, como medida de presión contra las autoridades educativas.
A las 3 de la tarde, los manifestantes se retiraron de la vialidad, luego de que se enteraron de que la mesa de trabajo fue instalada y en ella estaba presente el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y parte de su estructura.
Por el bloqueo, cientos de automovilistas se quedaron varados y algunos, por la desesperación de llegar a su destino, optaron por transitar dentro del encauzamiento del río Huacapa.
En un escueto comunicado, se informó que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, tuvo una reunión de trabajo con representantes de la CETEG, con quienes llegó a acuerdos sobre la recategorización de 918 docentes con claves bajas.
Rodríguez Saldaña manifestó que la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es la de atender, “con respeto, a todos los integrantes del sector educativo: trabajadores, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, y concentrarse fundamentalmente en elevar los indicadores educativos en la entidad”.
Normalistas bloquean avenidas en la capital; la SEG les niega sus plazas, aseguran
Egresados de las normales públicas y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), de la generación 2018-2022, bloquearon avenidas en la capital, debido que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, se niega a darles sus plazas.
A las 11:30 de la mañana, unos 50 inconformes salieron en marcha desde el monumento Las Banderas, realizaron pintas en la fachada de la Subsecretaría de Administración y Finanzas: “Fuera corruptos” y “queremos plazas”.
Los egresados llegaron al cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, así como las laterales de la Autopista del Sol, frente al museo interactivo La Avispa, donde bloquearon.
Uno de los inconformes, Saúl Efigenio García, detalló que son egresados del nivel secundaria, principalmente, y que en todo el estado son 170 afectados, quienes a pesar de que pasaron el examen, la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uesicamm) se niega entregarles las plazas.
“Las autoridades estatales han roto las mesas de diálogo”, porque incluso el pasado viernes tenían una mesa de trabajo, pero los funcionarios estatales no se presentaron, dijo Efigenio García.
Indicó que este miércoles acudieron a la Subsecretaría de Finanzas, porque el titular, Alejandro Moreno Lira, les aseguró que sí había presupuesto para las plazas, “por eso exigimos que ejerzan ese presupuesto, porque ya cumplimos con el proceso de evaluación”.
Los egresados reanudaron la marcha y volvieron a bloquear los dos sentidos del encauzamiento del río Huacapa, a unos metros del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Minutos después cerraron una de las puertas principales de las oficinas del poder Ejecutivo. Funcionarios del gobierno estatal dialogaron con los manifestantes y les propusieron una mesa de trabajo, los egresados aceptaron y se retiraron del lugar. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Bloquean padres la carretera federal en Xalitla; denuncian tráfico de drogas en una secundaria
Los vecinos exigen la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de estupefacientes entre la comunidad escolar. También solicitan la reconstrucción de la escuela
Alejandro Guerrero
Iguala
Pobladores de la comunidad Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, con padres de familia de la secundaria técnica 111 Carlos Darwin, bloquearon durante ocho horas la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala, junto al parador turístico de esa comunidad.
Los vecinos exigieron la reconstrucción de la escuela, que fue tomada el martes, así como la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de drogas entre la comunidad escolar.
El bloqueo total a la carretera federal, que inició alrededor de las 9:30 de la mañana, contó con la participación de unas 100 personas y se levantó a las 5:20 de la tarde, luego de la firma de una minuta de acuerdos entre padres de familia y autoridades estatales, en la que se determinó la implementación de un proceso de investigación y la separación del cargo del director José Luis Pineda, la subdirectora Soraya Arellano y los profesores Fidel Álvarez García, Christopher Salgado Gante, Diego Rubén Alejo y Ángel de la Cruz Andrade.
Debido al bloqueo, decenas de automovilistas, que viajaban hacia Chilpancingo o Iguala, quedaron varados en ambos lados de la carretera. Los manifestantes instalaron una carpa a media carretera, atravesaron una cuerda en la que colocaron cartulinas, con sus exigencias, y pusieron piedras para evitar el paso de automóviles.
El martes los padres de familia tomaron la secundaria técnica Carlos Darwin, denunciando problemas dentro del plantel por la venta y consumo de drogas entre el alumnado, con la omisión de directivos y docentes.
Este miércoles, además de demandar la destitución de directivos y cuatro profesores, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reconstrucción de su escuela y la asignación de conserjes.
Al bloqueo llegaron agentes de la Guardia Nacional, quienes dialogaron con los manifestantes, pero éstos rechazaron retirar el bloqueo. También llegó el delegado de Gobernación, Felipe Adán Ramírez, y el director del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava, con quienes se realizó un recorrido de supervisión de las condiciones de la escuela y se entabló una mesa de negociaciones, pero sin retirar el bloqueo a la carretera.
Fuentes consultadas, informaron que además se acordó con los padres y madres de familia la aplicación de una auditoría administrativa integral, a los recursos financieros, materiales y humanos de la institución. También se ofreció que el próximo miércoles se le dará una fecha a la audiencia que los padres solicitaron con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
También se ofreció la asignación de dos conserjes, y en una primera etapa, la ejecución de un estudio técnico de las necesidades con las que cuenta el edificio de la escuela, por parte del IGIFE; además de la remodelación de tres aulas y el cableado de la institución.
Mientras, se harán las gestiones ante la SEG para dar continuidad a la atención de necesidades de la escuela, y en una segunda etapa con dinero del ejercicio fiscal 2024, así como evitar que haya represalias contra padres de familia y alumnos que participaron en la movilización.
Protestan en Huitzuco padres de la secundaria donde se quiere construir un cuartel de la GN
Alejandro Guerrero
Iguala
Unos 400 padres de familia, docentes, alumnos y ex alumnos de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, de Huitzuco, marcharon por la tarde y protestaron afuera del Palacio Municipal, contra la donación de 2.5 hectáreas de terreno que hizo el gobierno del alcalde Eder Nájera Nájera y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN).
La marcha de protesta salió de las instalaciones de la escuela, ubicada a orilla de la carretera estatal a Iguala y recorrió varias calles hasta llegar afuera del Palacio Municipal, donde realizaron un mitin.
En la marcha, los inconformes llevaron mantas y cartulinas con su postura de rechazo a la donación de este terreno, de 25 mil 942 metros cuadrados, para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, y puntualizan que no se oponen a esa obra, pero que se realice en otro lugar.
En el mitin afuera del edificio sede del Ayuntamiento, una representante de los padres de familia advirtió que no van a permitir que el cuartel se construya en terrenos que pertenecen a la escuela, y subrayó que no se oponen a la llegada de este cuartel, pero sí a que se despoje de los terrenos que pertenecen a la técnica.
Mencionó que iban llegando de Chilpancingo, de una reunión que tuvieron con autoridades educativas, en la que presentaron otras opciones donde ese cuartel puede ser construido, “no nos negamos a que la construcción del cuartel se realice en nuestra ciudad, simplemente no lo vamos a permitir dentro de nuestra escuela”, advirtió.
De acuerdo con oficios compartidos por los padres de familia y docentes, el 6 de mayo pasado, luego de que el alcalde presentó el proyecto a la comunidad escolar, en una asamblea realizada dentro de la escuela, por unanimidad, los padres de familia y docentes rechazaron que la donación del terreno y la construcción del cuartel.
A pesar del rechazo de los padres y docentes, el gobierno de Nájera Nájera y la SEG hicieron la donación del terreno, bajo el argumento de que “ese predio no pertenece a la técnica sino a la SEG, por lo que esa dependencia decide la utilización del inmueble y espacios que tiene las instituciones”, por lo que el 17 presentaron una queja ante la coordinación regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
El terreno donde se pretende construir el cuartel de la Guardia Nacional está en la entrada a la cabecera municipal, entre la técnica y el CBTIS, y de acuerdo con los padres y docentes, esas parcelas además tener las canchas de fútbol y básquetbol, también son utilizadas para el cultivo de maíz de autoconsumo y pastoreo de ganado, además de que “con este proyecto se obstruye el aprendizaje de los alumnos de Tecnologías de Agricultura y Pecuarias” de nivel medio superior del CBTIS 175 y el Centro de Estudios Tecnológicos (CET).
Durante la marcha mostraron cartulinas con textos como: “No nos oponemos a la construcción del cuartel, pero no en nuestra institución”, “no a la construcción del cuartel militar en mi escuela” y “Guardia sí…en mi escuela no”. Mientras que en la marcha y mitin corearon: “Sí queremos el batallón, pero no en nuestra institución”, “sin respeto y con mentiras, nos quitan las canchas deportivas” y “a favor del batallón, pero no en nuestra institución”.
Al finalizar la protesta, a la que no se presentó el alcalde Eder Nájera, los manifestantes tapizaron la puerta principal y la fachada del edificio con las cartulinas que llevaban.
Hay intereses políticos detrás de las protestas por la obra del cuartel, asegura el alcalde
El morenista Eder Nájera afirma que es urgente la construcción de la infraestructura para la GN, por la inseguridad en Huitzuco y que dice que es parte de la violencia en la que están inmersos el estado y país
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El presidente municipal de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, consideró que detrás de la queja de un grupo de maestros y padres de familia por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), hay grupos políticos contrarios a su gobierno.
También afirmó que es urgente la construcción del cuartel de la GN por la inseguridad que llega a su municipio “por olas”, violencia en la que está inmerso Huitzuco, el estado y país, que “no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”.
El pasado jueves 16 de marzo, padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, se manifestaron en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, en Chilpancingo, contra la construcción del cuartel de la GN en los terrenos del plantel educativo. La tarde de ayer, los inconformes marcharon en la cabecera municipal, expresando su inconformidad en contra de la construcción.
El martes, en un video en vivo, el alcalde de Huitzuco (Morena) contó que desde noviembre de 2021, cuando el municipio vivió una crisis de inseguridad, el gobierno federal decidió instalar cinco cuarteles de la GN en Guerrero, que construirá el Ejército, uno de ellos en su demarcación, por lo que él acompañó a las autoridades encargadas en un recorrido por tres primeros terrenos, pero que no convencieron a los enviados de la GN, porque no cumplían los requisitos.
Sin embargo, fueron la GN y el Ejército los que observaron el predio de la secundaria y le pidieron que investigara, por ello, Éder Nájera dijo buscó al director, quien a cambio del terreno pidió obras en el área de talleres, una cisterna y una barda ; en tanto, los militares solicitaron la donación de predio al gobierno estatal.
Expuso que fue el 28 de febrero de este 2023, cuando el Ejército, GN y el gobierno del estado valuó el terreno, el último de los requisitos para la donación, pero comenzaron los disgustos de maestras y padres de familia, quienes argumentaban que estaban en contra del cuartel, porque los efectivos embarazarán a las estudiantes y habrá ataques armados en la zona.
La tarde de este miércoles, contactado vía telefónica, Éder Nájera afirmó que las protestas son un asunto político, porque no fue una gestión oculta, que el avance de la construcción del cuartel lo difundió en su página de Facebook, y que incluso, hace ocho días se reunió con los padres de familia, donde le dijeron que no sabían nada, un año después de haber iniciado el proceso de construcción.
Reiteró que el director de la escuela siempre estuvo informado de la construcción del cuartel, pero ahora está en contra porque no esperaba el reclamo de los padres de familia, o “tiene alguien detrás que esté meneándole la cintura. Sí es un asunto político, o la otra es que ya no sepa qué hacer con la decisión que tomó en su momento, puesto que no lo había consensuado con sus maestros”.
Resaltó que el dueño del terreno no es el centro educativo, sino el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). También afirmó que no es un juego y el Ejército podría llevarse el cuartel a otro municipio.
Manifestó que si se hiciera una encuesta o un sondeo a la ciudadanía, se priorizaría la seguridad por encima de un terreno que representa una cuarta parte de la secundaria, y reprochó que el comité de padres de familia no le ha permitido reunirse con todos los padres de familia de la secundaria, para explicarles, que no es su decisión, sino del gobierno estatal y del Ejército.
“Yo creo que sí es político el asunto, y pues algunos nos quieren detener, ojalá y espero que no sea el caso, de que haya gente que prefiera que siga habiendo bajas ciudadanas (muertos) aquí en nuestro municipio, a que se resuelva lo más importante que es la seguridad, y que a lo mejor los créditos se los lleve un servidor. Yo creo que están apostando a eso y ojalá y no sea el caso”, aseveró.
Afirmó que actualmente no hay más propuestas de otros terrenos, porque buscar otras opciones, como las bodegas ocupadas anteriormente por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) sería un conflicto con el ejido; además, afirmó que el municipio no tiene recursos para comprar un predio con las condiciones de 2.5 hectáreas, como lo solicita la GN.
Afirmó que la discusión la podría llevar a una consulta popular en la cabecera, para saber si se prioriza “el dominio de un bien que no es de la secundaria o se priorizaría la seguridad pública”.
Sobre si es urgente la instalación del cuartel por la violencia en su municipio, respondió que sí, y que ha calificado el fenómeno de la inseguridad como olas, “cuando llega la ola se dan casos de enfrentamientos entre grupos criminales, cuando se va la ola, tal vez por así decirlo, y quiero imaginar, porque también no soy especialista. Sin embargo, trato de ser analista, cuando se van, cambian a veces de ring, y esas confrontaciones se trasladan hacia Atenango, Tepecoauilco, Iguala”.
“Creo que Huitzuco está inmerso, igualmente el estado y la nación, en un resultado de una estrategia fallida de hace mucho tiempo y esa estrategia aun cuando se han atacado con políticas públicas, en materia desarrollo social y bienestar social, y acciones inmediatas como la creación de la Guardia Nacional, no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”, precisó.
Aseguró que es necesario realizar acciones de contención, porque “nadie está salvo, yo mismo soy susceptible de que me pase algo, todos somos susceptibles. Pero teniendo el cuartel creo que nos vamos a sentir y vamos a estar mejor, porque no creo que vengan de vacaciones o a encerrarse en los cuarteles, tienen que hacer acciones de patrullaje y de contención”.
Dijo que esperará “el humo blanco” que emita el Ejército, que tendrá que ver no con sus opiniones, sino con lo que decida la federación con su estrategia de seguridad nacional y que esa decisión la respetará, al igual que lo diga la ciudadanía.
El director de la primaria Redención Tropical, turno matutino, ubicada en el municipio de Zihuatanejo, José Refugio Solorio Huato, dio a conocer que este martes fueron atendidos por el alcalde Jorge Sánchez Allec, quien se comprometió a enviar policías para que hagan recorridos e inhibir que se metan al plantel a robar.
El lunes de esta semana, maestros de este plantel suspendieron clases para informar a los padres de familia que, debido a los constantes robos que ha sufrido el plantel, este martes y miércoles pararían labores como medida de presión para que las autoridades atiendan estos ilícitos, que se han cometido tanto en el interior como en el exterior de la escuela; los más recientes ocurridos la semana pasada, cuando robaron 500 metros de cable, por lo que desde entonces se encuentran sin electricidad.
Este martes, los maestros pararon labores, pero una comisión de ellos, acompañados por la mesa directiva de la sociedad de padres de familia, el supervisor de la zona escolar y el comisario municipal de San José Ixtapa, acudió al Ayuntamiento para tener una reunión con el alcalde Jorge Sánchez, la cual fue privada.
Al término, vía telefónica, el director José Refugio Solorio dio a conocer que Sánchez Allec les entregó parte del equipo de cómputo que fue sustraído de la escuela la semana pasada. Dijo que les entregó una computadora y una impresora, que además, hizo el compromiso de que este miércoles trabajadores del Ayuntamiento estarían en la escuela, para colocar los 500 metros de cableado que les robaron, para que de esa manera vuelvan a tener el servicio de energía eléctrica y regresen a dar clases.
Otro de los compromisos que Sánchez Allec hizo con los maestros y padres de familia es que hará la gestión correspondiente, para que haya constantes rondines policiacos en las inmediaciones de la escuela. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
El Ayuntamiento de San Miguel Totolapan recuperó poco más de 4 de los 9 millones que le robaron recientemente, mediante un hackeo a sus cuentas en la sucursal local de Banamex.
El dinero fue regresado por el propio banco, como parte de las investigaciones que realiza y que consideró procedente la denuncia.
En un documento firmado por el presidente municipal Fredy Vázquez Palacios, se informa que el Ayuntamiento perdió 9 millones de pesos, mediante un robo electrónico a sus cuentas bancarias. Se denunció que los hackers sustrajeron el dinero en varios depósitos y que el Ayuntamiento había reportado los hechos ante la Condusef.
El alcalde dijo que había solicitado la investigación correspondiente y aseguraba que se había tratado de un hackeo, que no de un retiro autorizado por el Ayuntamiento.
Solicitó también una investigación a la sucursal de Ciudad Altamirano, en donde se han reportado otros casos similares de robos a cuentahabientes.
El presidente municipal Fredy Vázquez confirmó la versión del regreso del dinero este viernes, al ser consultado en la Feria del Gallo de Cutzamala acerca de la denuncia que presentó.
Dijo entonces que espera que a la brevedad le regresen el resto del dinero hackeado, unos 5 millones de pesos, y que poco a poco se vaya esclareciendo la situación de estos hechos ilícitos, debido a que había quienes consideraban que las mismas autoridades habían realizado el retiro del dinero de cuyos responsables nada se sabe aún.
En el Ayuntamiento de Iguala los altos sueldos de ediles y funcionarios se mantuvieron pese a que fue un ofrecimiento de campaña del alcalde, el priista David Gama Pérez, de reducirlos, y de las estrategia de austeridad de los gobiernos federal y estatal.
El presidente municipal tiene una percepción mensual de 127 mil 885 pesos, solo 8 mil 815 pesos menos de los 136 mil 700 que gana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en tanto que los dos síndicos ganan 104 mil 939 y los doce regidores 80 mil 792 pesos.
Y de acuerdo con el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022 y el tabulador de sueldos y plazas autorizadas, en este mes de diciembre se autorizaron aguinaldos de 98 mil 970 pesos a los 12 regidores; de 128 mil 550 a los dos síndicos y de 156 mil 559 al alcalde.
Los montos fueron autorizados por unanimidad en la vigésima sesión ordinaria de cabildo el 6 de abril donde fue aprobado el tabulador de sueldos y plazas autorizadas para el ejercicio fiscal 2022, así como el presupuesto de Egresos “modificado” por un monto de 607 millones 302 mil 397 pesos, de los que a servicios personales, como pago de sueldos y salarios, se destinaron 292 millones 756 mil 274 pesos, el 48.2 por ciento del presupuesto anual del municipio.
En este presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo se observa que además se pagan salarios a 97 personas registradas como policías, con sueldos que van de los 13 mil 236 a los 22 mil 871 que se paga a un policía primero, esto a pesar de que los agentes están separados de sus funciones desde el 18 de marzo de 2021 que fueron desarmados, debido a las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
En base a la información que es pública en el portal de transparencia, destaca que los 15 miembros del cabildo tiene autorizadas compensaciones incluso por encima de su sueldo mensual, pues los regidores aparecen con un sueldo de 36 mil 356, pero de compensaciones reciben 44 mil 435 pesos; los síndicos tienen sueldo de 47 mil 222 pesos y una compensación de 57 mil 716 pesos, y el alcalde Gama Pérez aparece con un sueldo mensual de 57 mil 548 pesos y una compensación de 70 mil 336 pesos.
El 25 de julio durante la sección “quién es quién en los salarios” de la conferencia mañanera en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se habló de la Ley federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual entró en vigor a finales de 2019, se informó que el sueldo del presidente de la República es de 136 mil 700 pesos, tan solo 8 mil 815 pesos más de los 127 mil 885 pesos que gana al mes el alcalde de Iguala.
Allí mismo se informó que los senadores perciben 125 mil 100 pesos, los directores generales de Pemex y del ISSSTE, ganan 125 mil 200 y 125 700, respectivamente, mientras que un diputado federal percibe 96 mil 900 pesos y el presidente de la JUCOPO del Congreso de la Unión, gana 97 mil 900. Asimismo, en junio pasado el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reveló que ella gana 76 mil pesos mensuales.
De acuerdo con los registros, el actual alcalde de Iguala mantuvo la percepción mensual que tenía su antecesor, el morenista Antonio Jaimes Herrera, tema por el que fue criticado en su momento y por el que Gama Pérez ofreció en campaña reducir esos sueldos. Y por el contrario, los regidores ganan 12 mil 26 pesos más que los anteriores, un 17.5 por ciento más, mientras que los dos síndicos perciben un 12.4 por ciento más, es decir, 11 mil 559 pesos más.
Los altos sueldos en el gobierno de Iguala también se ven reflejados en asesores de presidencia, secretarías y direcciones de área. Según esta información, el alcalde cuenta con tres asesores que perciben 20 mil pesos al mes y un aguinaldo de 26 mil 250 pesos; dos secretarios privados, uno que percibe 36 mil 579 pesos al mes y el otro 23 599, además de un secretario particular con sueldo de 45 mil pesos y un secretario técnico que gana 40 mil pesos al mes.
En las secretarías los sueldos van de los 40 mil a los 55 mil, éste último que perciben los de Gobierno y Finanzas; mientras que las direcciones van de los 20 mil a los 40 mil que gana el de Recursos Humanos igual que un secretario; en Oficialía Mayor el sueldo es de 50 mil pesos mensuales.
Los sueldos de los ediles y funcionarios del gobierno de Iguala contrastan con el salario de trabajadores auxiliares, secretaria y conserjes que ganan al mes entre 5 mil 482 pesos y 9 mil pesos por mes.
El asesinato de Antonio Hernández Godínez, precandidato del PRD a la alcaldía de Chilapa, cumplió dos años sin ninguna información acerca de una investigación.
Este viernes fue recordado con una misa.
El aspirante mejor perfilado y con mayor preferencia ciudadana (y que estuvo a punto de ganar la elección en 2018), fue atacado con disparos de arma de fuego la tarde del miércoles 25 de noviembre de 2020 en su oficina, dentro de su negocio de materiales de construcción y que también fungía para hacer reuniones con simpatizantes.
Por la mañana había acudido junto a su equipo a la capital del estado para obtener su carta de no antecedentes penales.
Al siguiente día la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), a cargo de Jorge Zuriel de los Santos, informó en un boletín de prensa que las diligencias no se habían podido realizar por la nula colaboración de parte de los familiares de las víctimas con los policías ministeriales y peritos que acudieron al lugar de los hechos. “Ni se ha tenido a la vista indicio alguno que permita avanzar en la investigación de este lamentable hecho”, informó.
Este viernes se cumplieron dos años y la dependencia, ahora a cargo de Sandra Luz Valdovinos, no ha comunicado nada del caso.
El crimen se sumó a la lista de al menos nueve precandidatos, precandidatas, candidatos y candidatas ocurridos desde 2015 en Chilapa y Zitlala, entre ellos los de Antonia Jaimes, del PRD; Dulce Anayeli Rebaja, del PRI y Bertha Silva, de Morena. Todos sin avances en las investigaciones.
El proyecto de gobierno del perredista Antonio Hernández, que competiría por tercera ocasión a la presidencia municipal, contemplaba el manejo transparente de recursos públicos, la construcción de un pozo profundo para atender el desabasto de agua potable en la ciudad y la instalación de una universidad con la carrera de Ingeniería Agrónoma.
Dos semanas antes del homicidio, Antonio Hernández Godínez, se pronunció en contra de una alianza con el PRI para la elección del Ayuntamiento, incluso amagó con encabezar una candidatura ciudadana.
“Este camino ha sido largo y complicado, lo que me ha impulsado más a seguir trabajando por nuestra gente. Y a lo largo de este recorrido, me he dado cuenta de una cosa, si me preguntan ¿De qué lado estás? Con toda certeza, voy a decir, del lado de la gente, del pueblo. Su amigo, Toño ¡El Plan!”, expuso en un desplegado el 11 de noviembre de 2020.
El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE), amonestó al alcalde de La Unión, Crescencio Reyes Torres, por incumplimiento de la sentencia en que ordena el pago de 82 mil 534 pesos a la síndica procuradora Yaneth Gutiérrez Izazaga, por salarios retenidos de diferentes quincenas de éste y el año pasado.
En el acuerdo plenario propuesto por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, aprobado por unanimidad de votos, aprobado en sesión, el tribunal colegiado determinó amonestar además al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, porque no atendió la sentencia del 27 de octubre de octubre.
A fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio y evitar la repetición de conductas que tiendan a obstaculizar la pronta administración de justicia en materia electoral, volvió a requerir al ayuntamiento, por conducto del presidente, los pagos correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2021; de enero, febrero y marzo, la primera quincena de abril, la segunda de julio y la primera de agosto de 2022, en un plazo de dos días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo.
En caso de incumplimiento, adelantó que se aplicará una multa al edil consistente en 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Guerrero (Lourdes Chávez).
