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No necesita defensa un alcalde si hace buen trabajo, responde Huicochea a Leyva Mena

 

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, respondió al alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, que si un Ayuntamiento hace buen trabajo no necesita defenderse.
Vía telefónica, Huicochea Vázquez manifestó que él no entraría en polémica con otros partidos que critican a las administraciones municipales priístas y llamó a Leyva Mena a trabajar por la capital del estado.
El dirigente estatal indicó que no buscaba polemizar la declaración del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, quien le demandó defender a los alcaldes priístas ante críticas y señalamientos de integrantes del PRD y los empresarios de la capital del estado.
Afirmó que cada uno de los ayuntamientos hacen su mejor esfuerzo y a diferencia del alcalde de Chipancingo, no requieren defensores, “yo creo que los ayuntamientos priístas de Guerrero no necesitan que los defienda nadie, ellos tienen esa capacidad de poderse defender haciendo un buen trabajo”.
En conferencia de prensa el martes, Leyva Mena pidió a Huicochea Vázquez tener una presencia más solidaria con los alcaldes priístas, porque cuando él ocupó ese cargo en el partido no permitía agresiones a sus militantes.
El dirigente estatal respondió que eran diferentes condiciones, pero “de ninguna manera vamos a estar arriba del ring permanentemente, pero eso sí vamos a hacer valer los derechos de los militantes”.
Indicó que no ve mal que no responda reclamos de “no sé qué parte, creo que debo mejorar desde el punto de vista del alcalde, pero estamos siempre en el diálogo con él y con quien tengamos que hablar”.
Manifestó que en el caso del gobernador tampoco es necesario defenderlo, porque Héctor Astudillo Flores ejerce una buena administración, “la mejor manera de defenderse es trabajando, que es la forma que nos va evaluar en las elecciones”.
Calificó a Leyva Mena como un presidente que ha mantenido un buen ejercicio administrativo “yo creo que no necesita defensores, está haciendo bien su chamba, está haciendo un buen esfuerzo”.
Huicochea Vázquez dijo que tiene comunicación con el alcalde de Chilpancingo y con los presidentes municipales, tanto en los consejos como en los comités del partido.
Indicó que por parte de la dirigencia estatal supervisan que los ayuntamientos efectúen la cuenta pública, “estamos revisando los índices de eficiencia administrativa que tienen los gobiernos porque a mí sí me ocupa, para que cuando llegue la elección podamos tener correspondencia de la ciudadanía”.
Afirmó que cada uno de los presidentes priístas están en condiciones para defenderse y esa también es su responsabilidad, “los presidentes priístas no necesitan bules para nadar, así como yo. Yo me defiendo solo”.

Los videos de las cámaras de vigilancia ya los tiene la Fiscalía, dice el alcalde de Ometepec

El alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos, informó que entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) los videos de las cámaras de videovigilancia del municipio, que podrían haber registrado el ataque que sufrió la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Marcela de Jesús Natalia.
En declaraciones después de la conferencia con los integrantes de Movimiento Nacional por la Esperanza, el alcalde indicó que el mismo sábado entregó los videos a la Fiscalía Regional y al Ministerio Público de Costa Chica.
De acuerdo con el alcalde, en las imágenes se aprecia un vehículo Tsuru blanco “sospechoso” cerca de las instalaciones de la radiodifusora de RTG en Ometepec.
Estrada Bustos indicó que en las videograbaciones en poder de la FGE “se detecta un vehículo sospechoso, con tripulantes en esa misma condición, entonces el Ministerio Público habrá de determinar si eso ayuda a que se pueda concretar una detención”.
Precisó que no hay un video del momento de la agresión a la locutora y activista, lo que, explicó, se debe a las condiciones del terreno, pero está registrado lo sucedido en la contraesquina. “Se ve gente extraña a bordo de un vehículo Tsuru color blanco”.
Estrada Bustos condenó el ataque a la locutora e informó que el municipio coadyuvará con las investigaciones con a aportación de las videograbaciones que tiene.
Llamó a la FGE a que agote todas las líneas de investigación para esclarecer el ataque, lo político, lo laboral, sus relaciones interpersonales y familiares, “para castigar con todo el peso de la ley a los responsables”.
El alcalde indicó que las cámaras de videovigilancia que hay en el municipio son un esfuerzo del gobierno municipal y Ometepec es el único municipio de Costa Chica que cuenta con ese equipo.

Sus policías tomaron armamento tras el asesinato de sus compañeros, dice el alcalde

Para el presidente municipal perredista de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, la detención de los 62 policías preventivos municipales “no fue algo extraordinario”.
Afirmó que aunque no tenían permiso tomaron el armamento para buscar a los responsables materiales del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido en el módulo de vigilancia en la zona comercial de Ixtapa el 25 de abril, pero que ahí él no pudo hacer nada para impedirlo.
Ayer a las 8 de la noche García Bello ofreció una conferencia de prensa en la sala de Cabildo, para hablar de la detención de los policías hecha por policías estatales apoyados por militares y marinos. García Bello aseguró que fueron 48 policías los que se llevaron detenidos.
Dijo que ya había instruido al jefe jurídico del Ayuntamiento y a los abogados que emprendan la defensa legal de los policías, “todos son policías, por ahí creo que se decía que algunos habían sido detenidos sin acreditar ser elementos, pero todos son policías preventivos y ya estarán los abogados por ahí para ver su situación legal y llevar en este caso los documentos para aclarar su situación jurídica”.
De la versión del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero en el sentido de que tres de los detenidos son presuntos delincuentes, el alcalde respondió, “yo no desmiento a nadie, son órdenes de gobierno que debemos que respetar, en este caso la revisión del armamento le compete al gobierno federal a través de la Sedena y si hubiera alguno de los elementos involucrados en algún delito, eso es ya una cuestión que tiene que ver con el armamento, aquí no estamos desmintiendo a nadie, pero si hay alguna investigación en contra de alguno de los elementos que están ahorita detenidos pues la va a haber, ahí no podemos meter nosotros la mano, cada quien es responsable de sus hechos”.
Luego de que se fueron los policías estatales y los militares de las instalaciones de Seguridad Pública, el director David Nogueda Salmerón, informó que sólo se llevaron a 50 policías “en calidad de presentados, no de detenidos”.
Los policías estatales traían una lista de los agentes que no cuentan con una identificación como policía “cosa que es mentira”, dijo.

Firma Evodio hermanamiento con Cartagena; se busca el intercambio turístico y la paz, dice

 

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre firmó el convenio de hermanamiento con el alcalde de Cartagena de Indias, Colombia, Manolo Duque, para trazar la ruta internacional de intercambio turístico, cultural y de construcción de paz para Acapulco.
En su segundo día de actividades en la visita de cinco días a Colombia, el alcalde tuvo un encuentro oficial para afianzar alianzas estrategias entre ambas localidades.
En el comunicado enviado por el gobierno municipal, se informa que Manolo Duque es el alcalde del “distrito turístico y cultural más reconocido de Colombia”, por lo que se consideró importante la retroalimentación de experiencias exitosas entre los representantes de los gobiernos locales de lugares turísticos.
El documento firmado para hermanar Acapulco con Cartagena de Indias, indicó Velázquez Aguirre, está avalado por “la Secretaría de Relaciones Exteriores y permitirá fortalecer a nivel internacional la actividad turística, económica, cultural, social y de prevención en materia de seguridad”.
En la firma del convenio de hermanamiento también estuvieron presentes la esposa del alcalde, Perla Edith Martínez; el secretario de Turismo Municipal, Alejandro González Molina, y el jefe de la oficina de la Presidencia, Arturo Martínez Núñez. Así como la esposa del alcalde de Cartagena de Indias, Viviana Sánchez, y funcionarios del gobierno de esa ciudad.
El alcalde viajó a Colombia el lunes, acompañado por su esposa, el secretario de Turismo y el jefe de la oficina de Presidencia, luego de que el Cabildo le autorizó la visita al país sudamericano en la sesión que se realizó el pasado 3 de mayo, para reunirse con los alcaldes de Cartagenas de Indias y Medellín.
El objetivo de esta visita es para el hermanamiento y abordar temas como seguridad, conectividad, movilidad y políticas sociales.

Implementa el Ejército el Plan DN-III en la sierra de Atoyac; un incendio lleva 13 días

La Dirección de Comunicación Social del gobierno de Atoyac informó que el Ejército implementó el Plan DN-III para sofocar un incendio que ayer cumplió 13 días en activo en la sierra de Pie de la Cuesta.
Se dio a conocer que soldados del Ejército y brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se integraron a los trabajos para sofocar el fuego, en apoyo al personal de Protección Civil municipal y algunos vecinos de la zona que desde hace ocho días lo combaten.
El fuego inició en un cerro en la periferia de la comunidad de Caña de Agua, atrás de las instalaciones del 109 Batallón de Infantería en la comunidad de El Ticuí.
En el boletín se detalló que el alcalde, Dámaso Pérez Organes supervisó y apoyó las labores de combate al incendio forestal que sigue activo en el cerro de La Ciénega, en las inmediaciones de la población de Agua Fría.
Aseguró que la afectación por los incendios es menor de la que dijo el coordinador de Protección Civil local, Irving Hernández Zamora el martes 18 pasado, de casi 200 hectáreas, y a 13 días del incendio manifestó que sólo “un centenar de hectáreas de arbustos secos y árboles de pino, ocote y otras variedades propias de esa zona serrana” fueron afectadas. (Francisco Magaña / Atoyac).

Urge el alcalde de Ometepec a la Conagua que se reúna con gravilleros y defensores del río

Jacob Morales Antonio

Marquelia

El alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos urgió que representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asistan a la tercera reunión de los integrantes del Frente de Defensa del Río Santa Catarina con los concesionarios gravilleros, para solucionar el conflicto que inició en marzo por la extracción desmedida de material pétreo.
El alcalde perredista dijo que ningún representante de la Conagua ha acudido a las dos reuniones en la presidencia municipal de Ometepec, en las que él está intermediando para solucionar el conflicto debido a la oposición de las comunidades al saqueo desmedido de grava y arena.
Informó que este lunes 10 de abril se hará una tercera reunión y espera que los representantes de la delegación federal en el estado acudan, porque los comisarios están molestos.
Afirmó que sólo han asistido a la reuniones representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Aseguró que se tienen que hacer acuerdos técnicos, ecológicos y sociales para que se evite una confrontación en el futuro, porque desde el pasado 2 de marzo los concesionarios dejaron de trabajar luego de que los vecinos de seis comunidades de Ometepec protestaron para exigir a las autoridades ambientales y a la Conagua que respeten el acuerdo firmado en 2009 que prohíbe la extracción de grava y arena del río Santa Catarina.
Estrada Bustos se manifestó a favor de un programa de reforestación de las 16 cuencas que hay en el municipio, en especial del río Santa Catarina.
Agregó que por acuerdo del Cabildo, el dinero que se recolecte del cobro del uso del espacio público de Ometepec durante la Semana Santa será utilizado para un programa de reforestación, el cual calculó será de unos 350 mil pesos.
El alcalde de Ometepec dijo que respeta el acuerdo de las 16 autoridades agrarias en la reunión del pasado 1 de abril, de destituir, procesar legalmente y reeducar a quien saquee los recursos naturales.
“Mi coincidencia con las organizaciones de defensa del medio ambiente es que no hay más que reforestar, racionalizar y cuidar los recursos naturales porque el calentamiento es un fenómeno a nivel mundial” que está afectando al planeta, comentó el funcionario.

No hablará más del caso de la amapola en un pueblo de Tlacoachistlahuaca, dice el alcalde

 

El alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio afirmó que “ya no le echará más leña al fuego” y no hablará del caso de la comunidad de Juquila Yucucani, donde el 16 de marzo fue destruido un plantío de amapola por el Ejército y un helicóptero militar fue atacado.
Expresó que buscará alternativas para mejorar las condiciones de las comunidades de la zona alta del municipio, donde los habitantes de na savi viven en la pobreza extrema.
Carmona Villavicencio dijo que está buscando ayuda al gobierno del estado, y de la federación para las comunidades ubicadas en los límites con el estado de Oaxaca.
Se buscó ayer al alcalde por teléfono para conocer su postura luego de que el segundo comisario de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y otros dos vecinos señalaron que es falso que solicitaran al alcalde un millón y medio de pesos como indemnización por la destrucción de la siembra de amapola, y advirtieron que con sus declaraciones ponen en riesgo a la población.
El comisario indicó que el dinero que pidieron al alcalde luego de que fue retenido en la comisaría, sería para la construcción de un albergue que ocuparán como comisaría, mismo que desde el 2015 han solicitado al presidente municipal a quien también le recriminaron que haya construido un albergue en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani.
Mientras la diputada local del PRD del distrito 16, Rosa Coral Mendoza Falcón, reconoció que los problemas de las comunidades indígenas de esa zona no se han podido atender.
Dijo que a los pobladores no se les puede culpar de la siembra de enervantes, pero que se tienen que buscar alternativas de siembra de cultivos como el maíz, el frijol. “Que los gobiernos de los tres niveles, y no sólo al municipal se le quede la responsabilidad. Que exista una coordinación para generar opciones para la gente y buscar salvaguardar la salud y educación de los ciudadanos”.
En consulta por teléfono opinó que el tema de la legalización medicinal de los enervantes como la amapola es una situación “compleja” que se tiene que estudiar, en el impacto local, nacional e internacional, además de que se tendrían que regular nuevas normas de salud, que no se salga de control su uso, y se tiene que demostrar que es un beneficio para la salud.

 

Piden indígenas indemnización porque el Ejército les destruyó plantíos de amapola, precisa el alcalde de Tlacoachistlahuaca

 

El presidente municipal de Tlacoacahistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, dijo que son cuatro las personas que encabezan a un grupo de 25 pobladores de Juquila Yucucani que exigen indemnización de un millón y medio de pesos por la amapola destruida por el Ejército.
El alcalde del PT precisó que fue retenido durante una hora en la comunidad el lunes pasado, a donde acudió, porque un día antes había sido retenido el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Mejía Cristóbal, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Grandeño López, y dos ingenieros de la Dirección de Obras Públicas del municipio, que fueron liberados el lunes.
Consultado por teléfono dijo que la comunicación con los 25 indígenas que lo encerraron en la cárcel de la Comisaría fue complicada debido a que hablaban en lengua tu’un savi. “Ellos no quieren obras 2017, ellos quieren un millón y medio de pesos, por la destrucción de la siembra de amapola que se realizó” el pasado 16 de marzo y que provocó que el Ejército entrara a tierras triquis del estado de Oaxaca.
Dijo que fue liberado luego de que prometió por presión de los inconformes la intervención del gobierno estatal, pero que reiteró a los habitantes que no está en sus manos negociar.
Indicó que presentó una demanda en el Ministerio Público por el robo de una camioneta y de una pistola que fue decomisada al secretario de Seguridad y que los inconformes se los quedaron como garantía.
“Hay cuatro personas pidiendo dinero en efectivo, Benito y Salvador, con sus esposas, son quienes lideran”, dijo el alcalde, y agregó que el comisario de la localidad no intervino en los hechos.
Precisó que la autoridad del poblado de 308 habitantes indígenas na savi, que colinda con el estado de Oaxaca, fue la única de las 38 comunidades que no fue a la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y esa era otra de las razones por las que los trabajadores del municipio subieron.
El alcalde indicó que sabe que la zona está rodeada de militares y que los inconformes “quieren que yo intervenga con la Zona Militar para que se retiren”, pero reiteró que en ese aspecto no intervendrá, “el acuerdo fue que iba a negociar, pero que no estaba en mis manos y porque no está permitido”.
El alcalde corrigió los datos publicados ayer en este diario, donde se dijo que los indígenas de Jicayán Yucucani exigieron al alcalde una indemnización de 2 millones de pesos por la destrucción que hizo el Ejército de sus siembras de maíz, en labores de erradicación de amapola, el año pasado, cuando se habían quedado sin cosechas.

 

Hay una lucha sin cuartel de criminales y la capital es de los lugares más delicados, dice el alcalde

 

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena dijo que la inseguridad que ocurre en la capital es por “una lucha violenta sin cuartel”, donde los lugares más delicados son Chilapa, Chilpancingo y Acapulco.
Este sábado se consultó a Leyva Mena en la escuela secundaria Wilfrido Massieu en la colonia el Tomatal, ante la violencia que se vive en la capital.
Agregó que el problema de la violencia en Chilpancingo es algo que siempre ha comentado, y que está de acuerdo con el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, de “es una lucha violenta sin cuartel, donde los lugares más delicados son Chilapa, Chilpancingo y Acapulco”.
Este viernes un taxista fue asesinado a balazos frente al mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla a unos metros del puente peatonal que cruza la avenida Insurgentes, al norte de la capital.
El alcalde manifestó que la forma en la que fue ejecutado el taxista es que estaba esperando en la escalera cuando le llegaron por atrás y le dieron un balazo, “eso es una ejecución, por lo que se deberá de ver la investigación de lo que está sucediendo, este tipo de muertes violentas, de ejecuciones, se presume que se da entre organizaciones criminales”.
A pregunta expresa dijo que los transportistas se le han acercado y le han externado su temor, por lo que este año les darán radios, “sólo me han comentado su temor, este gremio de transportistas, y la necesidad de que existan radios entre ellos”.
Se le preguntó que si está fallando la estrategia de seguridad, debido a que no hay detenidos por los asesinatos que ocurren incluso en el día.
Respondió que se deben de ver los lugares donde hay asesinatos y observar si existen cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), y si filmaron la ejecución del taxista.
“No puedo hablar por la Cruz Roja, se debe de saber qué es lo que pasó, dados los protocolos de seguridad que la Fiscalía (General del Estado) y la Procuraduría (General de la República) a veces exigen en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, saber si se tardaron por este tipo de situaciones (el asesinato)”, manifestó Leyva Mena respecto de la tardanza de la ayuda al chofer, quien agonizó tirado sobre la calle.
Insistió en que los policías del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que se encuentran entre Petaquillas, Chilpancingo, y Xaltianguis, Acapulco, dijo que deben de ser regulados, y que el municipio mandará una propuesta al Congreso local para que se analice y se legisle al respecto.
El alcalde informó que las policías ciudadanas tienen que estar reguladas en territorios específicos, el tipo de armas que utilizan y tener capacitación, saber los derechos humanos, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, delimitar su responsabilidad en materia de seguridad, que no se metan en actos de carácter civil, y no tengan cárceles propias, por lo que deberán de tener coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Pide el alcalde de Chilpancingo que se aplique la ley a los hombres armados de Petaquillas

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, solicitó a los gobiernos del estado y federal que apliquen la ley a los presuntos policías rurales que operan en Petaquillas, luego de que en la madrugada del sábado hirieron a balazos a una pareja de turistas de la Ciudad de México que pasaba por el retén que tienen en la salida de la capital del estado.
Antes del arranque de la construcción del parque lineal del río Huacapa, el alcalde fue consultado sobre el ataque al sitio de Urvan que van a Filo de Caballos, y a los turistas, y dijo que son hechos diferentes pero parte de una situación de violencia en la cual “estamos metidos”, y de grupos delincuenciales que están peleando entre sí.
Declaró que de los homicidios el 90 o 95 por ciento “se pueden denominar como ejecuciones”, y los demás pueden ser por situaciones laborales o personales, para los que hay una autoridad investigando.
La madrugada del sábado en el retén de Petaquillas civiles armados (que según el comisario Mario Flores Castrejón son de la Policía Rural, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal) hirió de gravedad a una turista. Contra esa guardia civil hay señalamientos de que está ligada al grupo criminal Los Ardillos, y tanto los gobiernos estatal y municipal, así como el Ejército han negociado con sus integrantes.
Las policías comunitarias “han crecido en los últimos años por un vacío de la autoridad, y eso hay que reconocerlo, la autoridad municipal no tiene el suficiente recurso para poder tener una estructura de seguridad como la tienen los comunitarios en muchas de las comunidades del estado”, dijo Leyva.
Señaló que en el caso de Chilpancingo en las cerca de 43 comunidades por lo menos en 15 tienen presencia grupos de comunitarios. Dijo que dan seguridad a los pueblos pero hace falta regularlos.
Lamentó el ataque ocurrido la madrugada del sábado, “porque hay un exceso por parte de la policía comunitaria. Lo he dicho una y otra vez, las policías comunitarias se toman atribuciones que no les corresponden, sobre todo tratándose de derechos humanos”.
Agregó que se debe tener un marco regulatorio para que se pueda saber lo que están violentando, en primer término el uso de las armas y en segundo definir quiénes son denominados policías comunitarios, “porque en este momento no se encuentra en ningún marco regulatorio tal y como la conocemos, la que está se refiere a centros donde hay población indígena, y aquí en Chilpancingo no lo tenemos… entonces sobre qué marco regulatorio es, y eso lo debemos trabajar”.
Ante la pregunta dijo que ha pedido siempre al gobierno del estado y se está trabajando de manera coordinada, “lo que sucede en este tipo de cosas es que hay un exceso de su actuación, y que obviamente tiene que tener las repercusiones legales correspondientes”.
Declaró que lo que procede en contra de este grupo de comunitarios es “la aplicación de la ley de una persona que no tenía el derecho a la portación de armas, y que se tiene que aplicar la ley”.