Etiqueta: Alcalde

Atacan con cuerno de chivo a cuatro policías de Taxco desarmados que trabajaban con militares; tres están heridos

Hombres armados a bordo de dos vehículos atacaron la tarde de ayer con fusiles AK-47 a cuatro policías municipales de Taxco desarmados, hirieron a tres de los cuales dos fueron reportados graves.
Los agentes iban en una patrulla en el barrio Reforma en la avenida de Los Plateros cerca del centro de la ciudad.
El alcalde priista Omar Jalil Flores Majul dijo que el ataque a los uniformados que hacen funciones de proximidad social, es en respuesta al trabajo con el Ejército y dio a conocer que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad.
Según reportes de fuentes policiacas de seguridad pública del estado y vecinos de la cabecera municipal de Taxco, minutos después de las 12 de la tarde ocurrió una fuerte balacera en la avenida de Los Plateros, en el punto conocido como La Curva del Manguito, lo que generó caos entre automovilistas, comerciantes y en escuelas cercanas a la zona donde padres de familia fueron por sus hijos.
Minutos después las autoridades supieron que dos grupos de hombres armados a bordo de dos vehículos, un Sentra gris y un Jetta negro atacaron con armas de grueso calibre a cuatro policías desarmados, que iban en la patrulla de la Policía Municipal 57016.
El ataque a los policías fue cuando circulaban en la avenida Los Plateros de norte a sur, afuera de la Clínica de Especialidades, cerca de una sucursal de la cadena de tiendas Oxxo. Algunas balas impactaron en la fachada de la clínica y un automóvil Volkswagen Sedan rojo que estaba estacionado afuera.
Tras la balacera la patrulla se impactó con la barda del estacionamiento del hotel Real de San Diego, a unos 50 metros de donde inició el ataque. En seguida los sicarios huyeron.
En el ataque resultaron lesionados por los impactos de bala los policías Cristian de 30 años, Mario de 35 y José Alonso de 35 años.
También se dio a conocer que iba una mujer policía que salió ilesa y que sólo tuvo una crisis nerviosa. Los tres lesionados fueron trasladados para su atención al hospital general de esa ciudad.
En la patrulla de los policías se observaron más de 30 impactos de bala, principalmente en el cofre, el parabrisas y la puerta del lado del chofer.
Según las fuentes, en la zona encontraron más de 50 casquillos percutidos de diferentes calibres, entre estos 7.62 para fusil AK-47.
Tras la agresión se dio a conocer el despliegue de un dispositivo de búsqueda de los sicarios sin que hasta la noche de ayer se hayan dado a conocer resultados.
En declaraciones vía telefónicas tras el ataque a sus policías, el alcalde priista de Taxco Omar Jalil Flores Majúl atribuyó el hecho a una respuesta de delincuentes al trabajo coordinado que de los policías con soldados del Ejército.
Adelantó que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la seguridad en su municipio, que tiene 76 policías municipales certificados desarmados que hacen funciones de proximidad social.
También tiene el apoyo de militares y policías estatales, estos últimos que son quienes están al frente de la seguridad.
Minutos después de las 2 de la tarde el alcalde informó que sus 76 policías municipales, los cuales tienen acreditados sus exámenes de control de confianza desde 2014 –tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala- están desarmados.
Dio a conocer que a los policías les había estado pidiendo resultados en algunos ilícitos como el robo de vehículos, por lo que se coordinaron soldados del Ejército, así que cree que el ataque de ayer fue en respuesta a esas labores.
Del estado de salud de los tres policías lesionados informó que dos estaban en quirófano, “ya que les dispararon con AK-47”, otro tuvo una lesión en un brazo y la mujer fue dada de alta.
Dijo que pedirá al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad “porque los policías no van a querer salir a las calles después de esto”.
La zona fue vigilada por policías estatales y soldados del Ejército en tanto que la circulación vehicular fue cerrada durante la práctica de las diligencias por peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del estado.

Pide el alcalde de Cocula al gobierno estatal 4 millones de pesos para aguinaldo y deudas

 

El alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, informó que solicitó al gobierno del estado un préstamo de cuatro millones de pesos para el pago de aguinaldos a los empleados del ayuntamiento.
Y dio a conocer que por falta de pagos fueron cortados la luz y el teléfono en el palacio municipal, y una agencia de autos recogió cinco vehículos que el alcalde suplente Carlos Alberto Duarte Bahena rentaba.
El alcalde informó que hasta ayer no había tenido respuesta a su petición por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien también le solicitó la semana anterior una audiencia.
En declaraciones por teléfono, el edil de Cocula, quien dio a conocer que regresaba de la Basílica de Guadalupe, a donde fue con su familia luego de haber estado ocho meses preso en un penal federal por el delito de delincuencia organizada, informó de la difícil situación en su administración por el “hoyo financiero” muy grande que recibió.
Declaró que hasta ayer no tenía recursos para pagar el aguinaldo a 302 trabajadores que tiene en nómina la administración, y para lo que necesita cerca de 800 mil pesos, para cubrir al menos una quincena de la gratificación.
Mencionó que el año pasado dio dos quincenas de aguinaldo a los trabajadores, por lo que prevé que en caso de que el estado haga el préstamo solicitado este año se pueda dar la misma prestación a los empleados, por lo que el gasto subiría a poco más de un millón 600 mil pesos, “porque los trabajadores son los menos culpables de la situación que dejó el presidente anterior”.
Dijo que solicitó entre el lunes y martes de la semana anterior al gobernador Héctor Astudillo un préstamo o adelanto de las participaciones de cuatro millones de pesos, recurso con el que pagaría el aguinaldo de los trabajadores y otras deudas heredadas.
Recordó que en días pasados tenía programada una audiencia con el gobernador, a quien le entregaría los oficios, pero coincidió con la visita del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por lo que se canceló y ya no le dieron nueva fecha.
El alcalde perredista informó que también hay adeudos de gasolina, papelería, consumibles, luz y teléfono, los cuales no fueron pagados por la administración de Duarte Bahena, y los dos últimos servicios fueron suspendidos. Mencionó que por la necesidad sólo pagaron la luz y no así la línea telefónica, la cual hasta ayer seguía suspendida.
Declaró que el alcalde suplente, Carlos Alberto Duarte, tenía cinco automóviles rentados con la agencia Nissan de esta ciudad, una camioneta X-Trail  y cuatro Tiida, los cuales cree que fueron recogidos por la agencia cuando él retomó la alcaldía y ahora no hay vehículos oficiales en qué moverse, por lo que él y los empleados utilizan sus carros particulares para realizar las gestiones de la administración.
Agregó que ni la agencia automotriz ni el ex alcalde le informaron de estos vehículos, si eran rentados o comprados, y dijo que quienes se los llevaron fueron el ex alcalde y su equipo de trabajo, por lo que desconoce con precisión si ya los entregaron a la agencia de autos porque ya no están a disposición del gobierno.
Señaló que con el dinero que solicita como préstamo al gobierno del estado también pretende comprar dos o tres vehículos para el uso de la administración.
Ramírez Crespo indicó que por algunas “estrategias” implementadas para generar ingresos propios se ha ido nivelando el pago de salarios de los trabajadores, aunque informó que con la feria que se realizó la semana pasada se hicieron gastos imprevistos de unos 400 mil pesos que no pagó la anterior administración, que fue la que inició la organización de las fiestas.
Confió en que el gobierno del estado también apoye a su gobierno con la celebración de la feria tradicional de Cocula, la cual se realizó la semana anterior y concluyó este sábado sin ningún incidente.

Acuerdan el alcalde y el Grupo de Coordinación recorridos de la Policía Federal en la capital

El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena informó que este viernes se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y mandos militares para hacer una evaluación de la estrategia de seguridad.
En declaraciones a reporteros, luego de la entrega de certificados de bachillerato en la sala de juntas del Ayuntamiento, explicó que el acuerdo fue mantener las operaciones de revisión a automovilistas y motociclistas, así como los recorridos que de la Policía Federal.
Además dijo que las bases de operaciones del gobierno municipal que se encuentran en Petaquillas y Amojileca, ya no serán “estáticas” y se van a desplegar en diferentes puntos de Chilpancingo.
Para reforzar la seguridad en Chilpancingo, donde han ocurrido 226 asesinatos en lo que va del año, expuso que las autoridades municipales seguirán impulsando el programa de Vecino Vigilante.
Agregó que ha logrado la integración de 122 comités de Vecino Vigilante y que el objetivo en 2017 será incrementar la cifra a 200, además de que se contratará más personal para la policía de proximidad, dando prioridad a jóvenes que hayan realizado recientemente su servicio militar.
Informó que Chilpancingo cuenta con 112 policías municipales evaluados y certificados, y 24 reprobados que serán dados de baja, pero aclaró que esto no afectará las finanzas del Ayuntamiento.
De la postura del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD y algunos regidores que le pidieron que hable del problema de violencia en la ciudad para que el gobierno estatal y federal lo atiendan, y aseguraron que la capital enfrenta una situación grave de inseguridad, dijo que comprendía su postura porque son oposición.
En cuanto a la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda quien el jueves manifestó que se necesita legislar para generar un marco jurídico que defina el papel del Ejército en las labores de seguridad pública, y que los soldados no estudiaron para perseguir a delincuentes, Leyva Mena se limitó a decir que sí es necesario legislar para ofrecerle a esa institución certeza en su labor.
“El Estado mexicano le ha pedido la colaboración a una institución como el Ejército para enfrentar temas de inseguridad, temas en los que el marco legal no es el apropiado para las funciones de la Secretaría (de la Defensa) y él dice que no pueden dar los resultados que se quieren sin el marco jurídico legal, por eso se requiere la intervención del (poder) Legislativo”.
En cuanto a los trabajos de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán aseguró que han concluido, y sólo falta terminar las banquetas, pero aclaró que esto se debe a que las empresas de Izzi y Telmex no han resuelto el cableado, pero aseguró que todo estará listo para el 18 de diciembre, cuando se celebrará el tradicional paseo del Pendón.

Culpa el alcalde de Zumpango a la Sedatu de que no se pague a los municipios por la minería

 

Del fondo minero que se obtiene del cobro de los derechos especial y extraordinario sobre minería, Guerrero obtuvo 60.9 millones de pesos de la recaudación fiscal de 2014, que representa 2.9 por ciento del total que se distribuye en 25 estado de la República, y dos años después los siete municipios beneficiarios con extracción de metales han recibido sólo 30 por ciento del dinero que les corresponde.
El alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes denunció que el retraso es por el exigente proceso de comprobación que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se ha modificado varias veces, y el delegado de la dependencia federal, José Manuel Armenta Tello, explicó que entregó anticipos del 30 por ciento, y el resto del financiamiento, conforme los alcaldes vayan entregando avances en la construcción de obras.
En el decreto del 23 de diciembre de 2013, se establece el cobro de los derechos a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, considerando los ingresos obtenidos por la actividad extractiva y tomando en cuenta el posible impacto que podría ocasionar la medida en el sector minero.
Señala que el pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería se harán en una exhibición, a fin de año, pero también habría facilidades para que las mineras “puedan efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta de los derechos anuales”, que “permitiría que los recursos se integren de manera eficaz al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su oportuna aplicación”.
Del total recaudado en 2014, la Sedatu informó que el fondo fue de 3 mil millones de pesos, de los cuales 20 por ciento tocan a la federación y 80 a los estados y municipios, y el financiamiento debe ser empleado “en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”, como escuelas, servicios públicos, al final rellenos sanitarios, reforestaciones y otras de impacto ambiental.
Según el boletín de la Sedatu del 21 de enero de 2016 se destinaron a los estados 2 mil 74 millones de pesos, de los cuales 2.97 por ciento corresponde a Guerrero. Aquí, ese fondo se divide en dos: 37.5 por ciento para el gobierno del estado, y 62.5 por ciento a los municipios.
De 38 millones destinados a municipios Zumpango tiene 65 por ciento, 24 millones 773 mil pesos, porque tiene la mayor extracción de minerales en su territorio. Arcelia 22 por ciento con 8.3 millones, Petatlán 7.9 por ciento que son 3 millones, La Unión 1.3 millones que representa el 3.5 por ciento, Atenango del Río en Coyuca de Catalán y Tetipac suman juntos 1.37 por ciento, que representan 552 mil 886 pesos.
De lo recaudado en 2015, que se distribuirá en 2017, especialistas estiman un incremento de la recaudación y este año, el Congreso de la Unión aprobó entregar a la Sedatu 2.5 del fondo minero para gastos de operación.

El retraso causa conflictos con las comunidades: Pablo Higuera

El alcalde de Zumpango explicó que antes del fondo minero las empresas negociaban con los ejidos y comunidades beneficios, a parte de la negociación por la renta de las tierras, pero era muy disparejo.
Zumpango, con mayor actividad minera, tiene asignados 24 millones de pesos, en agosto recibió 9 que terminó de comprobar a mediados de noviembre, porque “la democracia hace el proceso muy lento”, se quejó
denunció que reglas y procedimientos se cambian constantemente, “que siempre ponlo así, después: agrégale esto”.
A la fecha dijo que ya tiene lista la propuesta de obra pública del fondo minero de los impuestos recaudados en 2015, sin haber recibido la totalidad de 2014.
Por esta situación, aseguró que se están generando conflictos de los gobiernos con los pueblos, debido a que empresas mineras le dicen a los comisarios que ellos ya entregaron dinero para obras públicas a los municipios, y los comisarios les exigen a las autoridades que ejerzan un dinero que sigue detenido en la Sedatu.
Con los fondos del primer año de recaudación en 2014, dijo que comenzó la construcción de obras de drenaje y agua potable, y sólo ha podido pagar el anticipo a las empresas encargadas de las obras en Mezcala, Carrizalillo, Tepehuaje, Balsas Sr y alumbrado en todo el municipio. Con el de 2015, además de agua, drenaje, alumbrado, dijo que tienen previsto tecnificar la pesca, sin embargo, las obras son insuficientes para atender las necesidades de las familias afectadas por la actividad minera “donde se pierden cerros”, dijo de la devastación.
Por separado el delegado Armenta Tello explicó que 2016 se hizo la instalación del comité del fondo minero en el estado, con la participación de empresas mineras, del gobierno del estado, del gobierno federal y de los municipios. Ahí se aprueba la propuesta de obras para siete municipios.
Detalló que en las sesiones, los municipios exponen las obras que consideran prioritarias, el comité evalúa aspectos importantes que marcan reglas del programa, “eso tomó un tiempo”, y una vez aprobados se realiza una nueva reunión para la distribución de los recursos.
Aclaró que las obras que se construyen con el fondo minero son de infraestructura básica, no para resarcir el impacto ambiental, que toca evaluar a otras instancias de gobierno.
“La verdad es que fue bien recibido el programa, obviamente hay municipios que esperarían mayores ingresos por parte del fondo minero, al notar que (el municipio) Eduardo Neri tiene una cantidad importante de recursos, esperarían iguales condiciones para atenuar el malestar (social) que pudiera generar la minería, y todos esperan que en este proceso hubiese de alguna manera derrama económica que se traduce para beneficio colectivo”.

Atacan a la Tecampanera, secuestran a dos y hieren a dos en Teloloapan; señalan a La Familia Michoacana

Civiles armados presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana atacaron la tarde de ayer de forma simultánea dos bases de vigilancia de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, lo que dejó a dos lesionados.
Una hora después del ataque en el centro de la cabecera municipal dos personas fueron secuestradas.
En la tarde vía telefónica el alcalde perredista de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño confirmó los ataques y a los dos comunitarios heridos que dijo no son de gravedad, dio a conocer que hombres desconocidos intentaron levantar a una persona pero la comunitaria intervino y el plagio no ocurrió.
Asimismo informó que hasta ayer a Teloloapan no habían sido enviados policías federales ni soldados del Ejército, como prometió el gobierno del estado para reforzar la seguridad en el municipio.
A las 3:32 de la tarde de ayer, integrantes de la comunitaria Tecampanera informaron a El Sur que en ese momento había balaceras en distintos puntos de Teloloapan, que se oyeron más de 200 detonaciones de armas de grueso calibre.
Minutos después confirmaron el ataque a dos bases de seguridad, vigilancia y revisión, uno en el punto conocido como Blanca, que se ubica al oriente de la cabecera municipal y que está en el camino de terracería que va a la comunidad de Tierra Blanca y el municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco).
El otro ataque fue a la base Hornos, ubicada al poniente de Teloloapan en un camino pavimentado que comunica a la cabecera municipal con el poblado de Tianquizolco, municipio de Cuetzala, en este punto dos comunitarios fueron lesionados, al lugar llegó una ambulancia que los trasladó a un hospital de ese municipio.
Se informó que tras el ataque grupos de comunitarios de la Tecampanera salieron a los cerros a perseguir a los sicarios, quienes huyeron hacia la comunidad de Río Zayulapa, asentada en los límites del municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, donde antes ya se había denunciado la presencia de hombres armados con vestimenta tipo militar, de una célula de La Familia Michoacana.
Cerca de la zona en la que fue el ataque a la base Hornos, comunitarios localizaron decenas de casquillos percutidos calibre .223 y 7.62 para fusiles AR-15 y AK-47.
Poco más de una hora después de los ataques, a las 5:15 de la tarde uno de los comunitarios dio a conocer que dos personas habían sido levantadas en el Zócalo de la cabecera municipal, uno de ellos un cartero y el propietario de una casa de alimento para ganado por el cual los delincuentes ya estaban exigiendo el pago de un rescate a sus familiares, para su liberación.

El gobierno no cumplió los acuerdos, se queja la Tecampanera

Por separado, otro de los comunitarios consultado sobre los hechos reclamó la falta de cumplimiento de los acuerdos del gobierno del estado para dar seguridad al municipio, luego de la reunión que sostuvieron el viernes de la semana pasada con el secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame.
Entre el miércoles y jueves de la semana pasada los comunitarios de la Tecampanera tomaron el Palacio Municipal, cerraron tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales, posteriormente retuvieron más de 24 horas unos 200 camiones y tráileres de carga de empresas trasnacionales y de empresas de servicios para presionar a las autoridades.
Ayer la fuente lamentó que los policías estatales que enviaron a la cabecera municipal y las bases de Totoltepec y Alahuixtlán, “se la pasan encerrados”, no hacen recorridos ni retenes.
Hasta minutos antes de las 8 de la noche los comunitarios no habían dado a conocer nuevos hechos ni resultados de la persecución y búsqueda de los delincuentes que atacaron sus bases.

Llegan a Tixtla 20 policías estatales, recorren la ciudad e instalan retenes en la carretera

Por indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores fueron enviadas cuatro patrullas y 20 policías estatales al municipio de Tixtla, para prevenir más hechos de violencia.
A las 8:30 de la mañana entraron a la cabecera municipal las cuatro camionetas respaldadas por otras dos de la Policía Municipal, las cuales en convoy recorrieron el centro de la ciudad para posteriormente colocarse en las salidas a Chilapa y Chilpancingo.
El reforzamiento es únicamente en la cabecera municipal, la cual cuenta con una población de 54 mil habitantes y en la que en el último mes se han cometido continuos y brutales asesinatos.
Minutos antes de que partiera el convoy del Zócalo de Tixtla, el alcalde perredista Hossein Nabor Guillén informó que este miércoles sostuvo un encuentro privado con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
Dijo que por indicaciones del gobernador se dio el encuentro en Palacio de Gobierno, donde se acordaron las operaciones en conjunto con el gobierno municipal.
“Con el secretario buscamos la posibilidad, por indicaciones reitero del gobernador, de hacer operativos conjuntos para disuadir los hechos de violencia que se han dado en las últimas semanas en el municipio de Tixtla”, agregó.
Detalló que del municipio operan en un turno sólo 20 policías, los que se unirán a los 20 del estado para resguardar las entradas y salidas de la carretera Chilpancingo-Chilapa.
Dijo que en la reunión con el secretario también se planteó la necesidad de crear un proyecto para rescatar el tejido social en el municipio, ya que para su gobierno no se considera como única herramienta para luchar contra la violencia el uso de la policía.

Hay trabajo de investigación, afirma

El alcalde fue informado por el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, que además hay trabajo de investigación de manera paralela a las operaciones de seguridad instruidos por el gobierno del estado.
Dijo que se le informó que la línea de investigación en el hallazgo de los ocho cuerpos y los otros tres cuerpos encontrados en el libramiento, corresponden a ejecuciones de la delincuencia organizada.
“Nos aseguró que la línea de investigación es la de la delincuencia organizada, todas las muertes están relacionadas con esto, lo que no puedo asegurar son datos específicos, esos están por confirmarse”, señaló.
Las cuatro camionetas y 20 policías estatales, acompañados por los 20 municipales se colocaron en dos retenes, uno frente a la gasolinería ubicada en la salida a Chilapa.
En ese retén los policías estatales revisaron las camionetas de pasajeros que provenían de  Chilapa y de Zitlala, bajaban a los usuarios para revisar sus pertenencias.
El segundo se colocó en la salida a Chilpancingo donde también revisaron a los automovilistas y conductores de motocicletas.
La mañana del martes tres hombres asesinados fueron hallados en el nuevo libramiento a Tixtla, entre ellos el ex regidor Luis Tenero Encarnación, y ese día en la noche se encontraron cinco hombres ejecutados en el viejo libramiento. Hace 11 días, el domingo 20, 9 cuerpos desmembrados fueron encontrados en la salida de la ciudad a Chilapa.

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

Está paralizada la construcción del cuartel en Teloloapan y aún no llega la PF, informa el alcalde

 


El proyecto para la construcción del cuartel del 41 Batallón de Infantería del Ejército en Teloloapan, anunciado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, está “paralizado” y sólo se cuenta con la donación de un terrero de 60 hectáreas donde está proyectada su construcción, informó ayer el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño.
Vía telefónica ayer en la mañana el alcalde de Teloloapan explicó que en la administración del alcalde Jesús Valladares Salgado el municipio donó el terreno de 60 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante un notario público, “ya se hizo y estamos en espera de que se puedan etiquetar recursos para que se dé la construcción del cuartel en Teloloapan”.
Dijo que ha estado pidiendo información de cuándo inicia su construcción pero le han dicho que se espera que se etiqueten recursos, aunque por el momento no hay.
Agregó que hace unos días platicó al respecto con el gobernador Héctor Astudillo Flores y éste le respondió que también insiste ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para que inicie la construcción de los cuarteles de Teloloapan y de Chilapa.
Mencionó que el municipio donó 30 hectáreas de terreno y se compraron 30 más con el apoyo del gobierno del estado que aportó tres millones de pesos, y otra parte el municipio. El predio está ubicado al oriente de la cabecera municipal en la carretera Teloloapan-Apaxtla, antes de llegar a la comunidad de Acatempan.
En febrero de 2014 cuando el ex mandatario Ángel Aguirre entregó el terreno a mandos militares de la Sedena, anunció la entrega de un cheque de 10 millones de pesos para el inicio de su construcción y que se habrían dado al ex alcalde Ignacio Valladares Salgado.
Al respecto el alcalde, quien fue tesorero en la pasada administración, dijo que “no se entregó nada, hicieron la entrega simbólica de un cheque pero el recurso nunca pudo llegar a las cuentas (del municipio) porque se tenían que esperar a que la Sedena pusiera su parte. Fue un cheque que se entregó de manera simbólica por 10 millones de pesos pero nunca se hizo efectivo, hasta donde yo sé”.
El 13 de febrero de 2014 tras una sesión del Grupo Coordinación Guerrero que sesionó en Teloloapan, el ex gobernador Ángel Aguirre entregó a mandos militares el predio de 60 hectáreas en el que se construiría el 41 Batallón de Infantería, el cual daría seguridad a los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Ixcapuzalco, Cuetzala y parte de Tierra Caliente.
El lunes de la semana pasada y de la misma manera tras una sesión del Grupo de Coordinación Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informaron del reforzamiento de la seguridad en cinco municipios del estado, entre estos Teloloapan.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, decía el boletín del gobierno estatal.
En otro tema ante la pregunta, el alcalde Robell Urióstegui informó que hasta la tarde de ayer la Policía Federal no había llegado a Teloloapan como anunció la semana pasada el vocero de seguridad.
Dijo que el municipio estaba en calma y en espera del arribo de los agentes, “no han llegado a Teloloapan y desconocemos el motivo por el cual no han hecho acto de presencia”, pero confió que en los próximos días lo hagan.
Se le preguntó si es por la petición del gobierno de que se repliegue la comunitaria Tecampanera, y respondió que no porque quien hace la petición de que la comunitaria se repliegue es la Policía Militar.

Insiste el alcalde de Xochihuehuetlán en que no tuvo nada que ver en el enfrentamiento


El alcalde de Xochihuehuetlán, Carlos Rivera Medel, reiteró que nada tuvo que ver con la confrontación ocurrida el miércoles en el ayuntamiento, donde pobladores se liaron a golpes por el conflicto que existe entre él y la síndica María Lucia Balbuena Rivera.
En conferencia de prensa en el restaurante Tons Qué de esta ciudad, el alcalde, militante de Nueva Alianza, informó que ayer entregó a la Secretaría General de Gobierno un informe de lo ocurrido el miércoles en el Palacio Municipal y solicitó la intervención de las autoridades para que el conflicto no pase a mayores.
Denunció el extravío de tres armas de fuego que estaban resguardadas en el ayuntamiento durante la toma del edificio que encabezó la síndica, militante del PRI, quien lo acusa de amenazas de muerte, de reportar obras fantasmas, inflar costos y cobrar el fertilizante, entre otras irregularidades.
Rivera Medel aseguró que la actitud de la síndica se debe a que él no le ha permitido ejercer más de 9 millones de pesos que se etiquetaron para obra pública y 3 millones para seguridad.
“El descontento de ella se debe a que no se le deja ejercer el recurso de seguridad, pide manejar también el recurso de obras. Yo estoy de acuerdo en trabajar en coordinación para el bien de Xochihuehuetlán, pero lo que ella me pide no me lo permite la ley”, dijo.
De los hechos del miércoles, cuando pobladores de la cabecera municipal se enfrentaron a golpes en el pasillo del ayuntamiento por el conflicto que mantiene con la síndica, a quien retuvieron por horas cerca de los sanitarios, así como las agresiones que sufrió un policía, el alcalde insistió en que él no tuvo que ver en ese hecho.
“Ella dice que yo mandé a esa gente, pero me deslindo, siempre me he guiado por el diálogo y la cordialidad, me deslindo de los sucesos”, expresó.
Dijo que cuando se tomó el ayuntamiento, el pasado 4 de noviembre, de inmediato se comunicó con la Secretaría General de Gobierno y con la delegación de Gobernación para que intervinieran, dependencias que atendieron el llamado, sin embargo explicó que no fue posible instalar una mesa de diálogo porque Balbuena Rivera se negó.
Rivera Medel aseguró que fue la población la que liberó el ayuntamiento y no el gobierno municipal, pues los ciudadanos fueron los más perjudicados al no poder hacer trámites ni gestiones en el palacio durante la toma.
Explicó que las instalaciones del ayuntamiento se encuentran en buenas condiciones, lo mismo que muebles y documentos, sin embargo dijo que están extraviadas tres armas de fuego que pertenecen al gobierno municipal y utilizan sus policías, situación que ya fue reportada a la Secretaría General de Gobierno.
Dijo que cuando la síndica tomó el ayuntamiento ésta despidió y desarmó a 19 de los 23 policías con los que cuenta, sin embargo dijo que ella no está facultada para tomar esas decisiones, por lo que los uniformados seguirán en funciones.
De las armas de los 19 uniformados dijo que fueron resguardadas en el ayuntamiento y sólo hacen falta las tres que ya reportó.
El alcalde comentó que hasta ayer no había solicitado la intervención de la dirigencia de Nueva Alianza, y que se limitó a entregar un documento al gobierno del estado para informar lo que pasó y pedir su intervención.
Aseguró que ayer la situación en su municipio era de tranquilidad.

Libera el Ayuntamiento, las tiendas y 200 camiones la Tecampanera en Teloloapan; les ofrecen una reunión

En su tercer día de protestas para pedir mayor seguridad para el municipio integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera mantuvieron hasta la tarde de ayer la toma del Ayuntamiento y el cierre de tiendas de autoservicio, y por segundo día mantuvieron retenidos unos 200 camiones y tráileres de productos que iban hacia la región Tierra Caliente.
A las 4:30 de la tarde luego de pactar una mesa de trabajo a las 10 de la mañana de hoy viernes con el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame, los comunitarios liberaron el Palacio Municipal y las tiendas de autoservicio que mantenían tomadas desde el martes, y permitieron el paso a más de 200 camiones y tráileres de empresas, de carga y de servicios que retuvieron desde el miércoles a orilla de la carretera federal que iban hacia la región Tierra Caliente.
En declaraciones por teléfono cerca del mediodía de ayer, uno de los coordinadores de la Comunitaria Tecampanera advirtió que no dejarán las armas ni su movimiento como lo ha sugerido el gobernador Héctor Astudillo Flores.
La mañana del martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento, tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales, también cerraron los juzgados y el Ministerio Público, y el miércoles ante la falta de respuesta de las autoridades a su petición de una mesa de trabajo retuvieron por más de 24 horas camiones y tráileres que pasaron por el municipio y que iban para la región Tierra Caliente.
Ayer cerca de las 4:30 de la tarde, tras acordar una mesa de trabajo en la que el alcalde Robell Urióstegui Patiño ha servido como mediador, los comunitarios cesaron su protesta para que se dé la mesa de trabajo que fue una condicionante, según informó un comunitario.
En declaraciones por teléfono uno de los coordinadores del movimiento de autodefensa de Teloloapan, advirtió que no dejarán las armas ni su movimiento, “eso no puede ser porque imagina que dejemos las armas ¿qué pasaría?… el gobernador está haciendo declaraciones muy a la ligera porque él es el primer responsable de todo esto de la seguridad, tiene que brindarle seguridad a todo Guerrero, imagínate, en tres días veintitantos muertos en el estado, no nada más en Teloloapan, y eso es porque no hay seguridad en Guerrero”.
“Al contrario, se está fortaleciendo más porque cada día se suma más gente, cada día el pueblo está brindando más apoyo a los comunitarios”, agregó respecto del movimiento.
A esa hora dijo que levantarían sus protestas en el momento en que el gobierno del estado y el federal envíen más seguridad “para hacer lo que les corresponde”.
Dijo que la demanda principal es seguridad, sin dejar otras peticiones como la de detener a los líderes de la organización criminal La Familia Michoacana, y abrir una investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán por posibles nexos con este grupo.
Del señalamiento de supuestos miembros de la organización La Familia Michoacana, quienes en videos difundidos en redes sociales los señalan de apoyar y ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos, respondió “es totalmente falso, tú viste cuando marchamos, tienes las fotos, estuvo lleno de mujeres, niños y varios ciudadanos, no podrían ser todos Guerreros Unidos… en la comunitaria esta toda la sociedad, maestros, comerciantes, transportistas”.
Consideró que los videos difundidos son para “confundir” a la población y a la autoridad.