El estado pide el desarme de la Tecampanera para llevar policías a Teloloapan, dice el alcalde

El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que el gobierno del estado le pide a la Policía Comunitaria Tecampanera que deje las armas para que la seguridad esté a cargo de las corporaciones policiacas, luego de que esa organización pidió a las fuerzas federales que brinden seguridad en el municipio.
La mañana de este jueves el perredista se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero donde se planteó la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) integradas por policías estatales y militares, para atender el problema de inseguridad.
“El compromiso es mandar tres bases operativas, estamos hablando de más de 150 elementos que estarían en Teloloapan, aparte de los que ya hay para garantizar la seguridad”, detalló.
Consultado en la inauguración de la feria empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el gobierno del estado solicitó a las “fuerzas federales” brindar mayor seguridad.
“Hemos tenido una constante comunicación (con el gobernador) para resolver este tema de Teloloapan, espero que hoy por la tarde se tenga un diálogo con el secretario general de Gobierno y se pueda resolver el problema”, agregó.
Sostuvo que no hay una parálisis total en ese municipio a pesar de que confirmó que estaban cerradas las sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
“Yo quiero clarificar que Teloloapan no está paralizado, porque las instituciones educativas, el transporte público está funcionando, sí existe temor y sicosis”, agregó.
Insistió en que ante la situación debe ser franco, que hay temor de la población sobre lo que pueda pasar, porque la ciudadanía “no está acostumbrada a ver gente armada caminando” por la ciudad.
“No pretendemos acostumbrarnos, por eso pedimos que la federación se haga ya cargo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, que se haga un compromiso concreto de que sí habrá seguridad para la ciudadanía tecampanera”, enfatizó.
Insistió en que su municipio ha sido “fuertemente golpeado” por la delincuencia organizada, y lo que pide la Comunitaria Tecampanera es seguridad para sus pobladores.
De las acusaciones de que tiene vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, el perredista lo negó y se puso a disposición de las autoridades para que lo investiguen.
En videos difundidos en redes sociales presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana dicen que financiaron su campaña electoral pero no cumplió los acuerdos pactados.
“Que sean las autoridades competentes las que hagan el esclarecimiento de lo que se está imputando, yo nuevamente muestro mi rechazo a esas acusaciones, por lo que quien me acuse tendrá que comprobarlo”, enfatizó.
Insistió en que el objetivo de difundir el video es “manchar” a su gobierno, aunque desconocía de quién eran las intenciones y bajo qué encomienda.
Recordó que Teloloapan sólo hay cinco policías certificados de 20, los cuales deben de cuidar a una población de 54 mil habitantes. Su gobierno enfrenta además la falta de interés en formar parte de la corporación, a pesar de las convocatorias para unirse a la Policía Municipal.

Realizará la misión católica Cielo Abierto concierto por la paz ante hechos de violencia

 

 

La misión católica Cielo Abierto realizará, por tercera ocasión, un concierto, magna adoración y eucaristía, con el objetivo de construir un lugar mejor para vivir ante la violencia, y se espera que participen 10 mil personas y se conviertan en embajadores de la paz.
Los organizadores convocaron a los acapulqueños a no desistir en la búsqueda de paz, pues toda acción es una “pequeña” batalla ganada.
En conferencia de prensa en la Casa Diocesana, se anunció el concierto el sábado en el Centro de Convenciones Mundo Imperial, en el que se celebrará la renovación de la Consagración al Inmaculado Corazón de Jesús y al Doloroso e Inmaculado Corazón de María.
El director de Cielo Abierto, Pedro González, dijo que el acto es importante para Acapulco para unir fuerzas, porque como muchos lugares de México padece la violencia, “dicha acción está dirigida a pedir por la paz, en especial en Guerrero”.
Consideró que la violencia es la ausencia de Dios en la vida de cada uno y esa es la invitación en el concierto a que tengan una experiencia para que sean embajadores de la paz.
Se espera una asistencia de 10 mil personas, las cuales podrán entrar de manera gratuita a la celebración eucarística.
“Acapulco esta lleno de personas buenas y con valores, no dudo del esfuerzo de que hay paz”.
El presbitero Agapito Patricio Bautista dijo que se convocó a los jóvenes de los territorios de cada parroquia. Recordó que desde hace cinco años la Iglesia trabaja en la construcción de paz, principalmente en el acompañamiento a las víctimas de la violencia.
Cielo abierto, según se explicó, es una misión católica de evangelización a través de la música y la predicación, que reúne a cantantes y por tercera ocasión organizan en Acapulco una magna adoración y concierto católico.
Durante la semana se realizaron Noches de Adoración en distintas parroquias de la diócesis, cuatro en Acapulco y una en San Marcos.
La directora de Grupo Emmanuel, Cristal Domínguez resaltó que después de los conciertos se han dado vocaciones religiosas y han sido testigos de cambios en actitudes y acciones de quienes asistieron. “Esperamos que Dios toque fuertemente la vida en Acapulco y en los jóvenes”.

 

 

Cierra la Policía Tecampanera de Teloloapan el Ayuntamiento y tiendas para exigir seguridad


La Policía Comunitaria Tecampanera cerró desde la mañana de ayer el Palacio Municipal de Teloloapan, tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales transnacionales para exigir a los gobiernos estatal y federal seguridad, justicia para las víctimas de la delincuencia organizada, la detención de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana y una investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán por sus presuntos vínculos con éstos criminales.
Advirtieron que si no tienen pronto una respuesta de las autoridades estatales y federales, también tomarán la presa hidroeléctrica El Caracol y las minas asentadas en la zona.
Minutos antes de las 9 de la mañana comunitarios de la Tecampanera desalojaron al personal del Ayuntamiento y cerraron el edificio con cadenas y candados. En seguida cerraron tiendas como Súper Che, Aurrera, Coppel y Oxxo.
La acción se da luego del acuerdo de la asamblea de la tarde del lunes y a dos días del hallazgo de los cuerpos desmembrados de los tres herreros secuestrados el 4 de noviembre en la comunidad de Totoltepec por sicarios de La Familia Michoacana, y que fueron abandonados en la entrada al poblado La Unión, en Teloloapan, en la carretera hacia Arcelia.
En declaraciones por teléfono, uno de los integrantes de la autodefensa dijo que entre sus demandas que no les han cumplido, está la de seguridad en el municipio con la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia y se aplique la ley en contra de La Familia Michoacana, grupo al que responsabilizan de los secuestros, asesinatos, levantones y extorsiones ocurridos en ese municipio.
Exigen también la desarticulación y captura de los principales líderes de esta organización criminal y los autores de los asesinatos cometidos en contra de vecinos de Teloloapan, así como la investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán a quien señalan de tener vínculos con este grupo criminal.
Dijo que al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda le exigen su intervención para que los militares en Teloloapan “se involucren más” en la seguridad del municipio.
Demandan Bases de Operaciones Mixtas y puestos de revisión y seguridad, así como patrullajes en carreteras y brechas de las comunidades de Totoltepec, Alahuixtlán y La Magdalena, que son ocupados por los delincuentes para desplazarse entre las regiones Tierra Caliente, la zona Norte y el sur del Estado de México.
Informó que en las dos primeras comunidades existen dos grupos de la Policía Estatal, “lo cual es insuficiente y obsoleta su presencia porque se la pasan encerrados y no hacen ninguna acción, como la colocación de puestos de seguridad y vigilancia, o de hacer recorridos por la zona, por lo que los miembros de la delincuencia organizada entran y salen sin ningún problema”.
Indicó que la postura de los comunitarios es que de no haber una pronta respuesta a sus demandas por los gobiernos estatal y federal, ampliarán su protesta con el cierre de la presa El Caracol y las minas asentadas en la zona.

Detuvo la UPOEG al comisario de El Ocotito arbitrariamente y se lo llevó a Buenavista, denuncian

 

Vecinos de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, denunciaron que la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detuvo arbitrariamente la noche del lunes al comisario Ramón Badillo Abarca.
Consultado por teléfono un vecino de la localidad quien pidió no publicar su nombre pidió al alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, al gobierno estatal y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) que intervengan para la liberación de Badillo Abarca, quien es el comisario reconocido por el Cabildo.
Relató que la noche del lunes los promotores de la UPOEG que apoyan a quien funge como comisario, Gil Ramírez Cortés, citaron a Badillo Abarca a la Comisaría para negociar su renuncia, cuando llegó lo acusaron de delitos que no cometió y no presentaron pruebas, “según ellos dicen que él secuestró al anterior comisario Audifred Benítez Visoso, que amenazó de muerte a una señora por portar arma de fuego y apoyar la marcha de la paz a favor del FUSDEG (Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero)”.
Agregó que después fue detenido por el grupo de policías ciudadanos de José Deivid Barrientos y fue trasladado a la vieja Comisaría de Buenavista de la Salud.
Comentó que estas irregularidades de la UPOEG en El Ocotito son para perseguir a los pobladores que apoyan al FUSDEG en la disputa del territorio, y que han huido 100 familias de esta comunidad por temor a la organización que encabeza Bruno Plácido Valerio.
Dijo que Badillo Abarca quien apoya al FUSDEG está detenido en la Comisaría vieja de Buenavista de la Salud, no tiene huellas de tortura, y exigió al gobierno del estado, al municipio y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) que intervengan para su liberación.
La disputa ha provocado enfrentamientos armados por la pelea de territorio, como el del 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero que dejó siete hombres muertos. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.

Sigue la búsqueda de la familia de Zitlala desaparecida pero sin resultados, informa el alcalde

El alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro dijo que aún no hay información del paradero de los seis integrantes de la familia García Feliciano, desaparecidos desde el 18 de octubre en la carretera cerca de Tlaltempanapa.
Consultado al término de la firma del convenio de presidentes municipales para la asignación de recursos del Ramo 23 en Casa Guerrero, Zapoteco Castro comentó que continúa la búsqueda del colectivo Siempre Vivos, la Policía Estatal, la Ministerial y el Ejército.
Luego de que vecinos de la comunidad de Tlaltempanapa negaron por segunda ocasión el acceso a este pueblo al presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro y a un familiar de los seis desaparecidos, el priista dijo que desconocía este hecho, “pero están entrando los agentes estatales, municipales, militares y la organización Siempre Vivos para realizar la búsqueda, pero por el momento no hay resultados”.
Informó que las comunidades donde ha visto la operación son Quetzalcoatlán, Tlapehualapa y Tlatempanapa, sin embargo no han indicios de lo que le pasó a los seis integrantes de la familia, “pero las autoridades correspondientes determinarán lo que pasó en este caso para así encontrarlos”.
El 18 de octubre desaparecieron Marino García Capistrán de 58 años, su esposa María Feliciano Diego de 48, sus hijos Félix de 25 Santa de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18, y la madre de Marino, Florencia García Capistrán de 80 años cuando transitaban por la carretera de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Zitlala.
El 31 de octubre el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, policías estatales, ministeriales y militares los buscaron en la comunidad de Tlaltempanapa, donde los pobladores le negaron la entrada al poblado al presidente de Siempre Vivos. El martes otra vez le negaron el acceso.

Cierran negocios y se vacía el centro de Arcelia ante el rumor de la irrupción de comunitarios

En Arcelia los negocios cerraron temprano ante una ola de rumores falsos de que llegaría gente armada a atacarlos, luego de la emboscada de este lunes en contra de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, ocurrida en Almoloya.
Desde las 10 de la mañana los negocios comenzaron a cerrar y el centro de la ciudad se observó casi vacío, al igual que el Ayuntamiento en donde varios trabajadores pidieron permiso para retirarse ante una presunta amenaza de que los comunitarios irían a tomar esa zona.
El personal del municipio recibió un llamado del alcalde Adolfo Torales Catalán para que guardaran la calma, una vez que se confirmó que las versiones eran falsas.
En toda la región Tierra Caliente el transporte de autobuses de Altamirano a Iguala fue suspendido desde la mañana de este lunes por el bloqueo de transportistas, y se reactivó alrededor de las 10 de la mañana de este martes.
En Arcelia las Urvan no salieron a Teloloapan, esa ruta fue paralizada, solamente algunos taxis hicieron viajes especiales.
Un helicóptero sobrevoló el municipio de Arcelia desde la mañana pero no se observó una mayor cantidad de militares.
Este lunes un grupo de comunitarios de Teloloapan iba a Arcelia a protestar para exigir la libertad de tres herreros que el grupo criminal La Familia Michoacana se llevó el sábado, para presionar porque aseguran que los delincuentes ahí tienen sus dominios.
En respuesta unos 100 vecinos de Palos Altos salieron a las calles y bloquearon la carretera federal. Llegaron transportistas y atravesaron camiones de volteo y tráilers para impedir el paso de vehículos.
El bloqueo fue a 15 kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera federal a Teloloapan. 20 kilómetros más adelante del bloqueo en el pueblo de Almoloya se reportó que un grupo armado emboscó a los 150 policías comunitarios que iban a Arcelia en 30 camionetas.
Entre los lesionados se reportó a Pedro de 24 años, Marco de 26, Ricardo de 39, Jesús de 29, Raúl de 25, Ranulfo de 60, Fidel de 39 y Francisco de 24.

Regresa la Policía Federal a Coyuca de Catalán y a Ciudad Altamirano

La mañana de este martes se vio llegar a los primeros agentes de la Policía Federal, quienes están de regreso después de dos meses de ausencia en la región Tierra Caliente.
En Coyuca de Catalán comenzaron a llegar las patrullas al hotel que se ubica enfrente de las instalaciones de la Fiscalía, que es el lugar que por lo general usan como cuartel regional.
A Altamirano llegó el grupo de la Policía Federal que estaba a cargo de la seguridad del exalcalde asesinado Ambrosio Soto Duarte.
Los policías regresaron después de dos meses de ausencia.
Sin embargo no en todos los municipios llegaron agentes, se esperaba que arribaran también a Arcelia pero no lo hicieron.
Se observaron al menos 80 efectivos de la Policía Federal entre Coyuca de Catalán y Altamirano.
Estuvieron algunas unidades en el Palacio Municipal esperando dialogar con las autoridades y haciendo guardia, pero se informó que el Ayuntamiento no había solicitado su presencia.

Ocupan policías de la UPOEG El Ocotito y entran a la base comunitaria del FUSDEG, que se repliega a Tierra Colorada

Haga clic aquí para ver el video: https://goo.gl/ICNrgd

Policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y pobladores de El Ocotito tomaron la mañana de este lunes la base comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), luego de que este grupo se replegó a Tierra Colorada en la madrugada, en la disputa del territorio de las dos organizaciones.
El hecho ocurrió a las 11:50 de la mañana luego de que el domingo la UPOEG entró a la zona pero estuvo separada de integrantes del FUSDEG por un retén de policías estatales, para evitar más enfrentamientos como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, Juan R. Escudero, que dejó a siete hombres muertos.
Por su parte el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena dijo que por el conflicto de El Ocotito sólo puede intervenir mediante el diálogo, porque entre la UPOEG y el FUSDEG conforman más de 600 hombres armados y el municipio sólo cuenta con 119 policías municipales.
Los pobladores de la comunidad y policías ciudadanos de la organización no entraron a las dos casas que ocupaban los policías comunitarios como comandancia, porque no acudieron funcionarios del municipio ni del gobierno del estado a hacer un inventario.
Unos 100 policías ciudadanos de la UPOEG llegaron en camionetas y automóviles a la base del FUSDEG de El Ocotito ubicada en la salida de la población en la colindancia con la comunidad Mohoneras, en la carretera federal México-Acapulco. Se les vio con armas de grueso calibre como AR-15 y AK-47.
Un vecino de El Ocotito comentó que desde hace tres años policías comunitarios del FUSDEG tenían presencia en ese lugar tras separarse de la UPOEG.
A pesar de que había un retén de la Policía Estatal con cinco patrullas y más de ocho policías estatales cerca de la Comisaría municipal, entraron policías ciudadanos y pobladores sin violencia a tomar el control de la base de la comunitaria.
Este conflicto por la disputa del territorio de Xaltianguis en Acapulco, Tierra Colorada en el municipio Juan R. Escudero y El Ocotito y Petaquillas en Chilpancingo, ha causado movilizaciones y enfrentamientos armados entre los dos grupos.
Los policías ciudadanos hicieron recorridos en camionetas y a pie para buscar a policías comunitarios, y evitar un ataque armado o confrontación.
En un recorrido en las dos casas que ocupaban los comunitarios como base había mujeres haciendo comida, y la otra vivienda estaba cerrada pero debajo de unas escaleras se encontraron bombas molotov. Al retirarse los comunitarios la madrugada de ayer los 20 retenidos que tenían escaparon, entre ellos un comandante de Petaquillas que fue torturado a golpes, “le echaron clarasol en la narices y fue atendido por Protección Civil municipal”, según una fuente de la UPOEG.
Una vecina de El Ocotito que vive cerca de la base del FUSDEG relató que en una de las casas hay un calabozo donde metían a los detenidos, los torturaban y sólo les daban de comer una tortilla, “mientras que en otro cuarto tenían a mujeres a quienes violaban”.
Por su parte el vecino Santiago García Chalma relató que el 20 de junio su hijo, dos yernos y su nieto fueron detenidos de manera irregular por los policías comunitarios, quienes los acusaron de secuestro y fueron entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE), y ahora están recluidos en la cárcel en Chilpancingo.
García Chalma pidió la intervención del gobierno del estado para atender sus demandas pero no ha tenido respuesta, “sufrieron maltratos por parte de los comunitarios a pesar de que son inocentes, fueron trasladados a la cárcel de Chilpancingo, presentamos una denuncia en la Fiscalía que a la fecha no hemos tenido solución, los verdaderos secuestradores están libres”.

Pidió acompañamiento del Ayuntamiento y del gobierno del estado pero no le hicieron caso, dice Gil Ramírez

Por su parte en conferencia de prensa, el comisario interino desconocido por el Cabildo de Chilpancingo, Gil Ramírez Cortés se quejó de que el Ayuntamiento de Chilpancingo y el gobierno del estado no acudieron a la base comunitaria del FUSDEG para hacer un inventario de la comandancia “de manera general tomar el inmueble”.
Comentó que la Policía Ciudadana de la UPOEG tomó el control de la comunidad con retenes “para que continúe la paz y seguridad” en la zona.
“Me comuniqué con trabajadores del Ayuntamiento, no me contestaron y después le llamé al director de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Vargas Vargas, dijo que enviaría a trabajadores del gobierno del estado para ingresar a las dos casas de la base del FUSDEG, pero que después de consultar a sus jefes no tenía la facultad de venir para realizar un inventario, lo cual no ocurrió”, se quejó.
Agregó que pedirá a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del estado o del gobierno federal que investigue las violaciones a derechos humanos de los policías comunitarios.
En Chilpancingo en la plaza Primer Congreso de Anáhuac el alcalde Leyva Mena manifestó que ha llamado al diálogo a las partes en conflicto, incluso el viernes platicó con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio para decirle el grado de conflicto en la zona, “es importante que entre los dos grupos armados se utilice el diálogo”.
Aseveró que emplazó a Bruno Plácido a que se construyan criterios de la portación de armas y la capacitación en derechos humanos de sus simpatizantes, y que aceptó.
Se le preguntó si cree que es suficiente el diálogo y respondió, “no tengo otra manera, el municipio tiene 119 policías, la fuerza armada del FUSDEG representa por si sola 150 hombres, los de la UPOEG tienen lo doble o triple, es decir que estamos hablando de un total de 450 a 600 personas armadas, las cuales no están reguladas, por eso a través del diálogo tratamos que entiendan”.
El acalde advirtió que si en estos momentos entra otra fuerza armada a la zona las cosas se pueden agravar, “por eso se deberá de ir acompañado con el diálogo permanente”.

Los asesinatos del sábado, respuesta de la delincuencia a la estrategia de seguridad: Evodio

 

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre opinó que los siete asesinatos ocurridos el sábado en el municipio son una “represalia” de los grupos de la delincuencia organizada, y adelantó que hoy hará anuncios sobre acciones de seguridad.
Velázquez Aguirre se reunió ayer en privado con el Grupo Coordinación Acapulco y en declaraciones a reporteros la tarde de ayer, en la Unidad Deportiva Vicente Suárez, dijo que las autoridades de seguridad pública seguirán en su trabajo “con toda decisión, con toda claridad y con toda contundencia, no vamos a ceder, vamos a caminar hacia delante”.
En su discurso durante la entrega de material deportivo a equipo de futbol Los Cuatetes de Acapulco, el alcalde indicó que hay “enfado generalizado” en la sociedad por el problema de la violencia y la inseguridad porque la estrategia de seguridad ha funcionado “en parte, no en la medida que quisiéramos”.
El sábado en Acapulco fueron asesinadas siete personas, un policía afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, un comerciante en la unidad habitacional San Agustín, un tortillero en Tunzingo, dos trabajadores en una pastelería de avenida Universidad, un hombre en la colonia Libertad y fueron hallados dos cuerpos dentro de una camioneta cerca de la iglesia Del Carmen, en el centro.
“Lamentablemente un fin de semana complicado en el que yo no miro más que una respuesta a lo que se ha logrado, se han bajado los índices con todo y lo que pasó el fin de semana”, dijo el alcalde.
Del policía asesinado, consideró que se debe de seguir adelante y no quitar el dedo del renglón.
Añadió que las fuerzas policiacas trabajan coordinadas con los gobiernos federal, estatal y municipal, y por eso se han bajado los índices delictivos, “eso no quiere decir que tengas resuelto el problema, pero vas por buen camino y eso ha generado que no guste a aquellos que pretenden tener a Acapulco en la condición de violencia que no podemos permitir”.
En el caso de los dos trabajadores de la pastelería Charlotte, el alcalde dijo que esos homicidios “consternan”, e insistió en que se trata de una represalia de los grupos delincuenciales ante los resultados que ha dado la estrategia de seguridad.
A pregunta expresa sobre si esa fue la postura del grupo Coordinación Acapulco, Velázquez Aguirre respondió que “nosotros vemos que esto no es más que una respuesta porque estamos dando la pelea como debe de ser”.
Al preguntarle qué grupo o qué grupos de la delincuencia organizada son los que causaron esos homicidios, el alcalde indicó que esa información la tiene la Fiscalía General del estado y él prefería no interferir en sus investigaciones.
Llamó a los ciudadanos a hacer un frente común, “denunciar y levantar la voz para que las instancias de seguridad trabajen y desempeñen con honestidad y transparencia”.
En la reunión de ayer del Grupo Coordinación Acapulco, Velázquez Aguirre explicó que hubo representantes del Ejército, la Marina, Cisen, Policía Federal, Gendarmería, Policía Estatal, PGR y la Fiscalía General del estado.
Evodio Velázquez aseguró que no quitará el dedo del renglón del problema de la inseguridad y en resarcir el tejido social porque ambas acciones van de la mano.
De la demanda de los empresarios para que el delito de extorsión sea castigado con mayor severidad, dijo que eso corresponde a los diputados para que revisen la legislación y dar certidumbre a los ciudadanos, a fin de que se castigue con el peso de la ley a quienes se dedican a la extorsión.
Sobre el enfrentamiento entre policías comunitarios del Frentes Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la comunidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, el alcalde lamentó lo sucedido y precisó que eso no ocurrió en Acapulco, y llamó a estar alertas y sugirió a los gobiernos federal, estatal y municipal “tomar disposiciones y actuar en consecuencia”.
Se le preguntó sobre el Modelorama en construcción en la avenida Costera, a un costado de la Universidad Americana, a lo que Velázquez Aguirre explicó que ya pidió un reporte “para conocer si está fuera del reglamento y si está fuera del reglamento no se va a permitir que se abra”.

Convenio con Coca Cola

Ayer en la tarde en la unidad deportiva Vicente Suárez, el alcalde firmó un convenio con la empresa Femsa-Coca Cola, mediante el cual la empresa entregó 200 balones del numero 4 y 200 balones del número 5; 300 conos, 100 estacas, 200 juegos de vallas y 20 juegos de uniformes.
“Esta es una estrategia que tiene que ver con la construcción de armonía, de paz en Acapulco, una estrategia que le va a pegar y que le está pegando fuertemente a la violencia que nos ha dado fuertes dolores de cabeza desde hace muchos años”, señaló.
“Hay un enfado generalizado en las familias, hay un enfado generalizado en una sociedad pero hoy hay que tomar al toro por los cuernos”, agregó.
Les dijo a los más de 200 asistentes que la estrategia de seguridad “ha venido funcionando en parte, no en la medida que quisiéramos”, pero que hay una disminución del 30 por ciento los asesinatos a los que se refirió como “delitos de alto impacto”.
El alcalde llamó a los padres de familia a sumarse a la estrategia contra la inseguridad mediante la promoción de la cultura y el deporte, e indicó que se usará la infraestructura del municipio para promover el deporte mediante las secciones sindicales.

Toca a federación y estado perseguir a los delincuentes, dice el alcalde de Zihuatanejo

 

 

Ante el problema de la inseguridad que se vive en el municipio, el alcalde perredista Gustavo García Bello, dijo en conferencia de prensa que la responsabilidad directa para perseguir delincuentes le compete a la federación y al gobierno del estado.
Este martes, García Bello convocó a una conferencia de prensa en la que abordó el problema de la inseguridad y las críticas que ha recibido ante la supuesta inacción del gobierno municipal en contra de los hechos delictivos que han ocurrido durante su primer año de gobierno.
Dijo que el gobierno del estado “tiene los órganos y la federación, como son los agentes del Ministerio Público, para iniciar, tomar en cuenta las denuncias, las querellas y acreditar los delitos; dictar órdenes de aprehensión le corresponde a un juez y a los ejecutores de esas órdenes de aprehensión pues también son la policía judicial del estado (sic), la Policía Federal y las fuerzas armadas, eso no le corresponde al municipio, sin embargo nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, generar el desarrollo de la zona”.
Dijo que él como alcalde tiene que hablar bien de Zihuatanejo, para que vengan los turistas a sus playas.
Enseguida enumeró todas las acciones que durante este primer año ha hecho en educación, cultura, deportes, obras, infraestructura y programas sociales.
Dijo que encontró el Ayuntamiento “con una problemática económica muy fuerte”, pero aseguró que durante este primer año, “hemos dejado a la población tranquila, sin la coacción para el pago de impuestos, pero creo que es obligación del gobierno ya llevar a cabo algunos procedimientos para el pago del predial, para el pago del agua, porque también los ingresos nos van a pegar si no hacemos ese tipo de cobranzas y ahí vamos todos en ese tipo de situaciones porque al municipio le conviene que haya recursos para que haya obras”.