El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, informó que se revisarán las amenazas de muerte recibidas por alcaldes, “aproximadamente once los que tenían este problema”, y será la Fiscalía del estado las que lleve a cabo las investigaciones.
Ocho alcaldes de Tierra Caliente y tres de la región Norte, y dos diputados locales y uno federal, revelaron amenazas por el grupo delictivo Los Tlacos. Este jueves la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió por más de tres horas con estos ediles y ayer ediles encabezaron bloqueos en diversos municipios contra acciones de la Fiscalía del Estado.
El funcionario añadió que “hay que revisar muy bien, hay que investigarlo, la Fiscalía del estado se hará cargo del tema y en su momento se dará una opinión sobre el ello”
Indicó que los compromisos con los alcaldes de la región de Tierra Caliente y Norte en la reunión del jueves es trabajar juntos, buscar mejores condiciones para la zona, incorporar más elementos a la región y hacer más operativos de vigilancia.
Se ofreció una “mejor coordinación, creo que es importante en este rubro de la seguridad, ellos también forman parte, nosotros no es que vayamos a proteger a los alcaldes, ellos tienen que ejercer también su responsabilidad en la parte que les toca”. Aunque luego dijo que se estableció una estrategia desde la Secretaría de Seguridad Pública para “garantizar sus traslados a la ciudad de Chilpancingo” y serán resguardados por quien se determine en su momento.
En declaraciones antes de un acto de incorporación de nuevas unidades al Acabús, que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el funcionario habló de la reunión con los alcaldes este jueves en Tierra Caliente y se les ofreció coordinación para la seguridad. Añadió que las amenazas las han recibido alcaldes de Tierra Caliente y zona Norte y se presume que es un solo grupo delincuencial el que los está amenazando, pero “estamos en esa investigación”.
Informó que son aproximadamente once ediles los que “tenían este problema. Sin embargo, no identificamos el tema exactamente porque hablaban solamente de mensajes de texto y entonces vamos a revisar muy bien ese caso”. Al funcionario se le preguntó qué decían esos mensajes, si los están extorsionando pidiendo dinero y respondió: “Solamente era la advertencia de que no fueran a Chilpancingo porque los iban a generar un daño en su persona, por eso nosotros estamos haciendo la investigación correspondiente”.
Se le preguntó si se les dará seguridad a los alcaldes y respondió que no, que la vigilancia será para la ciudadanía, “creo que en este caso lo importante es proteger a la gente y lo hemos estado haciendo y tratamos de incorporar más efectivos para la Tierra Caliente”, aunque sí serán protegidos cuando vayan a Chilpancingo. Indicó que se busca que todos se incluyan y que se pueda dar mejores condiciones a los municipios de esa región.
Añadió el secretario que habrá más efectivos y se les solicitó a los alcaldes “que en el caso de los municipios no se cuenta con predios aún destinados a la Guardia Nacional nos puedan ayudar con este proceso para poder tener mayor presencia en la región de la Tierra Caliente”.
Sobre qué municipios podrían ser, comentó que se está haciendo el diagnóstico con la Sedena y que el gobierno del estado tiene la intención de hacerlo en Arcelia, y en San Miguel Totolapan no había un predio definido, pero esa es la petición atenta que se ha hecho a los presidentes municipales para poder tener mayor presencia.
Lamentable el asesinato de la adolescente
Al funcionario se le preguntó sobre la desaparición de adolecentes y el asesinato de Eyna Vanesa Pérez Bahena, de 16 años en Acapulco. Respondió que será la Fiscalía la que emita un pronunciamiento, “nosotros, qué hemos estado haciendo y que consta en los medios de comunicación, hemos estado haciendo toda una estrategia para fortalecer y proteger a las mujeres, el Protocolo Violeta, el Transporte Violeta, y más elementos que hemos ido agregando para que haya una mejor protección a las mujeres”.
Informó que se va seguir trabajando en el tema y que el gobierno estatal lamenta mucho estas muertes violentas, “la verdad son muy lamentables, una jovencita de 16 años, es indescriptible esto. Creo que necesitamos seguir trabajando y trabajar en la recuperación del tejido social”. La joven desapareció el lunes 24 de abril y al otro día fue encontrada asesinada en un barranco del fraccionamiento Mozimba.
Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) bloquean la avenida Ignacio Ramírez, en Chilpancingo, para exigir el pago de salarios, rehabilitación de plazas comunitarias y la aplicación de exámenes Foto: Lenin Ocampo Torres
Karina Contreras
El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de la región Acapulco, Walter Añorve Rodríguez, informó que continúan cerrados los dos centros de maestros, porque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha abierto la mesa de trabajo para tratar varias de sus demandas.
Señaló que en lugar de abrir el diálogo, los funcionarios lo que han hecho es amenazar a los trabajadores con presentarles denuncias penales por cerrar las oficinas, con lo que sólo agravarán el conflicto, por lo que pide la intervención del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Como informó El Sur, el 6 y 7 de marzo cerraron las instalaciones de los centros de maestros ubicado en la unidad habitacional El Coloso y el de la calle Hornitos de la colonia centro, respectivamente, para demandar una mesa de trabajo con el titular de la SEG, Marcial Rodríguez, y la principal demanda es la destitución del coordinador general, Oliver Texta Mongoy, a quien acusan de hostigar y exigir dinero a los trabajadores cada quincena.
Los cetegistas colocaron cadenas con candados en las oficinas, así como las sellaron con el logotipo de la organización, para que no puedan abrir las cerraduras y habrían advertido que la toma de ambos centros es indefinida.
En declaraciones telefónicas, Walter Añorve dijo que las instalaciones siguen tomadas por la CETEG, porque no hay avances en la atención que piden, pero la mañana de este jueves los trabajadores le comentaron que los están amenazando con “que les van a fincar responsabilidades ante el Ministerio Público”.
El dirigente cetegista informó que habló con el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, donde “supuestamente mañana (hoy) vamos a ver si hay posibilidades de que nos sentemos, por lo que vamos a esperar que así sea”.
Insistió en que hay amenazas contra los trabajadores sin “solucionar el problema” y las advertencias son por cerrar los centros de trabajo, pero no prevén que el conflicto se agrave y como organización van aguantar.
El acceso principal a la delegación regional de la SEG con sede en Iguala durante la toma de profesores de educación especial de Teloloapan y de la región Tierra Caliente Foto: El Sur
Alejandro Guerrero
Iguala
Maestros de educación especial de Teloloapan y la región Tierra Caliente, pararon labores y tomaron la delegación de los servicios regionales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), con sede en esta ciudad, para protestar contra la asignación de plazas de nuevo ingreso en lugares preferenciales, y este lunes rompieron la mesa de negociaciones con autoridades, ante amenazas de aplicar procesos administrativos.
El 7 de febrero, los profesores de Educación Especial pertenecientes a las zonas 6 de Teloloapan y la 10 de Tierra Caliente, ya habían realizado una primera protesta con la toma regional de la SEG, en contra de asignaciones de plazas a maestros de nuevo ingreso en lugares preferenciales, violentando los derechos de los de mayor antigüedad, que se encuentran en escuelas más retiradas.
Este lunes, unos 40 docentes tomaron nuevamente la delegación de la SEG ubicada en la calle Hermenegildo Galeana, cerca del mercado municipal de Iguala, donde colocaron cartulinas con sus exigencias de que haya transparencia en estos procesos de asignación de nuevas plazas y apego a derecho en el proceso de cambios.
A las 10:30 de la mañana, una comisión de profesores se reunió en Chilpancingo con el responsable del área jurídica de la SEG, Roberto Cuevas, así como representantes de Planeación, Finanzas, de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y el director de Educación Especial, pero a las 12 del mediodía informaron que la mesa de negociaciones se había roto, sin lograr acuerdos.
El maestro Yuroam Avilés Reyes, uno de los inconformes, declaró por teléfono que la mesa de negociaciones de este lunes se tenía programada para el próximo martes, pero se adelantó. Denunció que en este encuentro, “en un plan de intimidación”, el jefe del departamento jurídico los empezó a intimidar y amenazar con la aplicación de represalias administrativas y legales contra los manifestantes, por la toma de las oficinas de la SEG en Iguala.
Dijo que ante esta postura represiva de las autoridades, optaron por finalizar la reunión y romper la mesa de negociaciones sin lograr acuerdos.
Advirtió que mantendrán su paro laboral y la toma de la delegación regional de la SEG, con sede en esta ciudad, y que a partir de hoy estarían ampliando su plan de acción con otras actividades.
Alumnos del Csaegro en su segundo día de protestas y plantón afuera de las oficinas de la dirección general, ubicadas en un edificio de la avenida Vicente Guerrero, en el centro de Iguala Foto: El Sur
Alejandro Guerrero
Iguala
Alumnos del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro) mantuvieron este viernes, por segundo día, su protesta y la toma de la escuela en Cocula, las oficinas administrativas en Iguala y el vivero en Tepecoacuilco.
Los jóvenes denunciaron que han recibido amenazas del director general, Régulo Jiménez Guillén, y hostigamiento del director del Centro de Estudios Profesionales, Rubén Gutiérrez Vargas, de quienes piden su destitución por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos y abandono a las carreras de Fitotecnia y Zootecnia.
Tanto en el plantón de la escuela de Cocula como en la oficina administrativa de la dirección del Csaegro en esta ciudad, los estudiantes denunciaron que el jueves que iniciaron su paro estudiantil se presentó el director general, Régulo Jiménez Guillén, quien los amenazó con enviarles personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) si no quitaban sus plantones.
En declaraciones con reporteros en la toma de la oficina administrativa, ubicada en un edificio de la calle Vicente Guerrero, una alumna informó que Jiménez Guillén los amenazó “que si no nos retiramos de los bloqueos, él tiene contactos en el gobierno y que le hablaría a la Fiscalía”. Advirtió que es una clara amenaza del funcionario y lo responsabilizan de lo que les suceda durante esta protesta, en la que exigen su destitución.
Mientras que en el plantón principal que se mantiene afuera del Centro de Estudios Profesionales, en Cocula, alumnos advirtiendo que no negociarán con el director general Régulo Jiménez, y sólo esperan la presencia o la respuesta del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.
Uno de los jóvenes informó que también con ellos se presentó el director general Régulo Jiménez, pero la reunión concluyó sin lograr acuerdos ni cumplir sus exigencias.
En declaraciones con reporteros, informó que Jiménez Guillén les advirtió que no va a renunciar nada más, porque “algunos” alumnos estén en desacuerdo con él, porque afirmó que no todos están en desacuerdo con su trabajo.
“Ya no pedimos negociar con él porque se ha visto que no quiere negociar y no está interesado en el bien de la institución, por lo que ahora pedimos la presencia o la respuesta a nuestras demandas del secretario de la Sader, Víctor Manuel Villalobos, porque dice (Régulo Jiménez) que es el único que puede despedirlo o autorizar su renuncia”, denunció uno de los voceros del movimiento.
Informó que en este encuentro el funcionario federal hizo la misma amenaza de enviarles a personal de la Fiscalía, bajo la advertencia que su protesta y la toma de oficinas es un delito.
Hasta el mediodía, en el plantón que un grupo de aproximadamente 40 jóvenes mantienen en las oficinas administrativas de Iguala, informaron que no habían tenido ningún acercamiento de parte de las autoridades como tampoco una respuesta a su demanda, por lo que advirtieron que mantendrán el par estudiantil y la toma de oficinas, hasta que sean separados del cargo Jiménez Guillén y el director del Centro de Estudios Profesionales, Rubén Gutiérrez Vargas.
Una alumna indicó que en el encuentro del jueves el director del Centro de Estudios Profesionales, Rubén Gutiérrez, afirmó que estaba dispuesto a dejar el cargo, pero ahora mediante las redes sociales oficiales de la escuela está llamando a tomar las clases en línea.
También denunció hostigamiento e intimidación de parte de algunos profesores afines a los directores, quienes les han advertido que de no tomar clases sus calificaciones serán afectadas.
El paro estudiantil de más de 400 alumnos de las carreras de Fitotecnia y Zootecnia inició la mañana del jueves ante presuntos actos de corrupción y desvío de recursos, por parte de los directivos, así como el abandono en la escuela, falta de mantenimiento a instalaciones, maquinaria y vehículos, falta de herramientas y productos para sus prácticas, entre otras irregularidades.
La sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), con sede en el Congreso local, se deslindó del paro de labores del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Legislativo de Guerrero Sentimientos de la Nación, y denunció que sus líderes buscan negociar con amenazas sus conquistas laborales.
Con un posicionamiento sobre la toma del Congreso, desde el miércoles 8 de febrero, la sección del SUSPEG indicó que el poder Ejecutivo está “secuestrado” por una organización sindical “que se constituyó de manera ilegal”.
Incluso, señaló que siendo minoría, la organización independiente pretende los mismos derechos y prerrogativas del SUSPEG.
“Dejamos muy clara la posición de que es bienvenida la libertad sindical, pero no para beneficio personal o de unos cuantos. Sí a la mejora continua de derechos, sí a la concertación de ideas y acuerdos en beneficio de todos”.
Pero dijo que no aceptan que el sindicato independiente “negocie con nuestras conquistas, a través de las amenazas de alguna otra organización sindical, que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores del poder Legislativo”.
Aclaró que la sección 55 revisa anualmente, de manera bilateral, el pliego petitorio y lo comunica al tribunal, para la correspondiente toma de nota.
Mientras que el origen del sindicato independiente es ilegal, aseguró, porque la mayoría de sus integrantes son trabajadores de confianza.
Dijo que esa condición vulnera los principios básicos de la libre sindicalización, “es una prohibición legal y constitucional, que trabajadores de confianza no pueden constituir un sindicato”.
Adelantó que se reservan el derecho de ejercer las acciones legales en contra de la toma de nota, que habría sido integrada de forma indebida.
Desconoció al sindicato independiente, así como sus demandas y exigencias, que obligaron este paro de labores con la toma de instalaciones y de las calles aledañas al Congreso.
Aseguró que la sección 55 siempre privilegió el diálogo y el respeto, a fin de que se mantengan los beneficios de la base trabajadora que representa, sin mencionar que en el anterior trienio también tomaron el recinto oficial durante meses. (Redacción / Chilpancingo).
El titular de la Secretaria de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña en entrevista con El Sur en su oficina ubicada en la colonia Villa Lucerna en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas, luego de que la dirigente magisterial, Reyna Bello de Jesús, hizo públicas las amenazas de muerte que recibió y que sospecha se deben a sus señalamientos contra funcionarios de la dependencia por la venta de plazas y tráfico de influencias.
También, Rodríguez Saldaña aseguró que no tolerará “ninguna venta de plazas, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”, además expuso que enviará a una persona para dialogar con la líder magisterial.
Como lo informó El Sur, la dirigente de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Reyna Bello de Jesús, denunció que desde el 13 de diciembre ha sido amenazada de muerte junto a su familia, y sospecha que se debe a los señalamientos que hizo contra funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por estar involucrados en la “venta de plazas y tráfico de influencias”.
Entrevistado al respecto ayer en sus oficinas, ubicadas en la colonia Villa Lucerna, al oriente de la ciudad, Marcial Rodríguez Saldaña dijo que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas.
Afirmó que en la dependencia “tiene que haber una política de diálogo, incluso de tolerancia a veces excesiva, porque estamos en un proceso de transición, este nuevo gobierno está comprometido con el diálogo y la democracia”.
Dijo que como secretario jamás ha pedido la intervención de ninguna fuerza pública y no lo hará, “tenemos autoridad para salir al frente, para saludar a cualquier líder, a cualquier trabajador, con los estudiantes dialogamos con todos”, y “en el caso particular de la maestra yo esperaría que ella presente una denuncia”.
Indicó que independientemente de que lo haga, pedirá a una persona de la SEG que platique con ella, para ver en qué ámbito de competencia de la SEG se presentan también sus denuncias.
Hay el compromiso de actuar contra la corrupción
Rodríguez Saldaña sostuvo que su compromiso es actuar y no permitir que al interior de la SEG haya actos de corrupción, porque además busca mantener un ambiente de armonía, “hemos vivido en las últimas dos décadas un periodo de mucha convulsión social y eso ha impedido que el sector educativo avance, más la pandemia (de Covid-19)”.
Sin embargo, argumentó que hay condiciones favorables debido a “una extraordinaria relación con el gobierno federal” pues se han reunido con servidores públicos de la SEP, aunado a que en Guerrero “hay estabilidad social a diferencia de lo que había hace unos años”, también “no hay cuestionamientos a la legitimidad del gobierno”, y con su política de diálogo buscarán mejorar los indicadores educativos y atender los rezagos históricos que hay en educación y justicia laboral.
Invitó a todos los liderazgos de los diferentes agrupamientos de trabajadores de la educación a mantener una actitud de diálogo y conciliación, porque aseguró “no hay necesidad de ir a cerrar una oficina como antes se hacía, no hay necesidad de cerrar calles y mucho menos una vía federal, aquí están las puertas abiertas”.
El titular de la SEG opinó que es bueno que se denuncien los actos de corrupción o actos indebidos, y que no va “a tolerar ninguna venta de ninguna plaza, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”.
Añadió que a él nadie lo puede señalar de eso, e incluso, tiene familiares y amigos en el movimiento que le piden ayuda pero siempre y cuando “esté dentro del proceso normativo”, ejemplificó que actualmente el “ingreso al servicio docente es a través del examen de la convocatoria, (cuando) antes las plazas se heredaban, se vendían, hoy ya no”.
Manifestó que las denuncias de actos de corrupción investigarán, y “si las instancias que tienen responsabilidad de hacer esto, que es la Contraloría y el Jurídico no atienden, también vamos a revisar la actuación de ellos, nuestra responsabilidad es combatir la corrupción en todos los niveles y no permitir actos de intimidación y mucho menos de amenazas en la Secretaría”.
Dirigió denuncias de Reyna Bello al Jurídico
Del señalamiento de Reyna Bello de que a pesar de que entregaron las pruebas a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y a él, como “voucher de depósitos en las cuentas bancarias” y no se ha hecho nada, respondió que “a la gobernadora no se la ha entregado esto, no sé al secretario general de Gobierno, pero a mí en las reuniones que he tenido me han dado a conocer y de inmediato he instruido que se investigue”.
Expuso que como secretario escucha y atiende pero no lleva los expedientes a detalle, contó que fue en los primeros meses de esta administración morenista cuando en una reunión recibió las denuncias y comentarios, pero los dirigió al Jurídico, y en estos días revisará qué ha pasado con esas denuncias y si hay entorpecimientos, hará que continúen las investigaciones.
De la denuncia contra los validadores donde “hay mafias pequeñas” que trafican con cambios, con venta de contratos o nombramientos de recomendados, Marcial Rodríguez expuso que éstos son trabajadores de base y no de confianza, y colaboran en el área de Planeación para revisar si en una escuela que demanda maestros procede la asignación de docentes, “es decir, si existe la matrícula suficiente para que pueda contratarse o asignarse a un maestro o a un trabajador”.
Mencionó que los validadores no deciden todo sino que la responsabilidad final está en el director general de Planeación y en el subsecretario de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra, “pueden cometer errores los validadores, pero si el director de Personal está viendo y el subsecretario que no procede, se tiene que dar cuenta al secretario (es decir a él) para que se ordene corregir”.
El caso de los maestros
despedidos
De la queja de la líder magisterial de que el 15 de julio de 2022 fueron despedidos mil 800 maestros, el titular de la SEG contestó que se trató de profesores a quienes se les terminó su contrato temporal, “no hay que tampoco engañar a nadie, es un contrato temporal y la Secretaría no está obligada a volver a contratar a nadie que le dan un contrato temporal, nuestras obligaciones son con los que hacen el examen y que van a ingresar por carrera al servicio docente”.
Argumentó que la nómina de la SEG la paga la federación y ante la ellos le plantean si hace falta cubrir plazas, “antes había un desorden en el otorgamiento de plazas, de nombramientos, por eso el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa) lo tuvieron que blindar, para que ya no incorporarán a más trabajadores sino hasta pasar por un procedimiento de la autoridad estatal”.
Cobertura de plazas
De cómo cubrirán esos espacios de los docentes que no fueron contratados para que los niños no se queden sin clases, informó que en 2022 entregaron 560 plazas a los egresados de las normales que hicieron examen y se ganaron su plaza por méritos propios y los asignaron en esos espacios que quedaron.
Pero aclaró que habría que corroborar el dato de los mil 800 docentes despedidos, “no estoy diciendo ni que sí ni que no, hay que corroborarlo”, agregó que en Guerrero tienen registrados a 600 maestros actualmente que están por contrato.
Afirmó que apenas este lunes le informaron que de 69 escuelas que estaban cerradas por falta de maestros cuando recibieron la administración, actualmente ya abrieron 40, aunque dijo hay otra problemática, que algunas escuelas tienen muy poca matrícula, y para que no se queden los niños sin clases las incorporarán al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), además este mes entregarán otro paquete de plazas a egresados de normales, a quienes enviarán a donde hagan falta.
“Desafortunadamente algunos egresados de las normales, pocos, que se les envía a cubrir plazas en lugares de zonas indígenas o en la Sierra, en zonas apartadas, no se presentan o van unos días y se regresan”, dijo, y afirmó que ya indicó al Jurídico proceder para dar esas plazas a quienes hicieron el examen y están en la lista “de prelación”.
Se le preguntó también por el señalamiento de irregularidades con las plazas de maestros fallecidos por Covid-19, las cuales se están vendiendo, Marcial Rodríguez dijo que “sí hubo muchos movimientos irregulares (en la administración pasada), basificaron a personal que no tenía derecho, incluso aquí mismo en las áreas centrales, a personal de confianza le hicieron contratos después de que terminó el gobierno, después del 15 de octubre de 2021, hasta diciembre sin tener facultades”.
Dijo que para no confrontarse con los trabajadores se les respetó su contrato hasta diciembre de ese año, pero ya no se les renovó.
Expresó que en 2022 denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cinco casos de venta de plazas en Tierra Caliente y de manera interna hay varios procesos en el Jurídico de casos de maestros que viven en Estados Unidos y siguen cobrando.
La SEG, en proceso de transición
De por qué se ha contratado a funcionarios que ya estuvieron en la administración pasada, cuando se dice buscar una nueva forma de gobernar, con un nuevo partido, además la base del magisterio apoyó políticamente un cambio, Marcial Rodríguez respondió que están “en un proceso de transición, se van haciendo ajustes de la totalidad del aparato administrativo, el aparato también es muy grande en la SEG”.
Aseguró que después del primer informe de gobierno de la gobernadora, les pidieron revisar las áreas administrativas para corregir y aseguró que “vamos a tomar nota, yo por eso circulé un conjunto de acuerdos que son obligatorios para todos los servidores públicos, para advertirles de que quien no cumpla con estos lineamientos no tiene cabida en la Cuarta Transformación”.
“Ya se han hecho algunos movimientos en la Secretaría, ha habido cambios en diferentes niveles, e incluido el secretario, estamos sujetos a una revisión a nuestro trabajo y a rendirle cuentas a la gobernadora, en mi caso estoy haciendo una evaluación constante y vamos a continuar atendiendo estos casos que dice la maestra para poder informar en su momento a la gobernadora”.
Reiteró que no permitirá ningún acto de corrupción, llamó a todos los servidores públicos, quienes dijo “están obligados a denunciar cualquier acto de corrupción y el que no lo haga que se atenga a las consecuencias, vamos a sancionar y en su caso a remover a funcionarios que no entiendan que somos un gobierno emanado de un movimiento”.
La diputada federal de Morena, Araceli Ocampo Manzanares ayer en conferencia de prensa denuncio? ser vi?ctima de intimidación . Foto: Jessica Torres Barrera
La diputada federal por Morena, Araceli Ocampo Manzanares denunció que ayer en la mañana, al salir de su casa, encontró una pinta sobre su camioneta con la leyenda “regresamos”, que consideró una amenaza por el ambiente de hostilidad político hacia los representantes de su partido por la discusión de los presupuestos de egresos de la federación y del estado.
Asimismo, señaló que las acusaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, contra el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de ser el responsable de los abucheos a su persona durante el arranque de la entrega de apoyos a discapacitados en Tlapa, aumentan la tensión política en la entidad.
En conferencia de prensa en las instalaciones del partido en Chilpancingo, aclaró que ayer mismo presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Iguala, donde tiene su residencia, para que se inicie la investigación.
Aseguró que no tiene problemas con nadie, y estimó que el mensaje escrito en el vehículo donde se transporta, se debe a la gira de trabajo que comenzó el martes 8 de enero por comunidades de Buena Vista de Cuellar, Pilcaya, Taxco e Iguala, en la región norte del estado, para informar del primer periodo de sesiones en la Cámara de Diputados.
Explicó que el tema principal de la gira es el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, y los rubros aprobados para Guerrero, así como los programas sociales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, para pueblo originarios, campesinos, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, estudiantes y jóvenes desempleados.
Asimismo, dijo que explicó en las asambleas el acoso a los diputados locales de Morena antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos del estado, por representantes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como de organizaciones “con intereses, acostumbradas a negociar partidas presupuestaria con cúpulas del poder”.
Recordó que el 19 de diciembre organizaciones nacionales campesinas, ligadas a los partidos de oposición al gobierno federal, cercaron la Cámara “violentando y amenazando criterios para aprobación del PEF 2019.
Asimismo en Guerrero, el 28 de diciembre, el coordinador de la diputados locales del PRI, Héctor Apreza Patrón, declaró que el PEF aprobado para 2019, no resultó bueno para el estado.
Consideró que este ambiente político genera riesgos para los representantes de Morena en sus actividades, como la agresión a su camioneta, que descubrió ayer afuera de su domicilio a las 6:50 de la mañana, cuando se disponía a continuar su gira de trabajo en la región.
Aseguró que no tiene problemas con nadie, que este es el primer mensaje intimidatorio que ha recibido en la vida, y que la ciudadanía debe conocer lo que ocurre en la entidad.
Aclaró que la única sospecha del origen es la agresión, es es la difusión sobre la discusión en la Cámara de un presupuesto honesto, donde trataron de evitar la corrupción, y la vigilancia de los proyectos que se aprobaron, que llegue a los beneficiarios, sin intermediarios,
Llamó al PRI y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que no envíen mensajes que puedan ser mal interpretados por otros, sino que convoquen a la concordia, a la calma y a la paz.
En la conferencia, el presidente del Consejo estatal de Morena, y diputado local, Luis Enrique Ríos Saucedo, pugnó por restablecer el clima de armonía y concordia porque eso se merece el pueblo de Guerrero.
También asistieron la diputada local, Blanca Selene Armenta, la secretaría de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal, Jessica Alejo Rayo, y las diputadas locales, Nilsan Hilario Mendoza, Norma Otilia Hernández Martínez, Saida Reyes Iruegas.
Asimismo, el coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Helguera Jiménez.
Este jueves se realizó la audiencia de etapa intermedia relacionada con el caso de las amenazas en contra de la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda Escobar Sánchez, en la que las partes no llegaron a ningún acuerdo no obstante que la defensa de los dos imputados (un hombre y una mujer) solicitó una prórroga en la audiencia del 14 de agosto pasado para buscar una “salida alterna” al caso.
El abogado de la reportera, Edgar Adir Bautista Muñoz, informó que durante el tiempo de la prórroga no hubo ningún acercamiento de la defensa de los imputados hacia Brenda y a él que es su asesor jurídico, añadió que por eso se tuvo que desahogar la audiencia intermedia o audiencia oral.
El abogado informó que esta audiencia de etapa intermedia tuvo como objetivo el ofrecimiento de pruebas y la depuración y admisión de las mismas.
Explicó que en este caso las pruebas que admitió el juez de control fueron las testimoniales a cargo de la víctima Brenda Escobar, además, los testimonios de otros dos testigos que ratificaron la acusación del Ministerio Público en contra de los imputados por las amenazas en contra de Escobar.
La defensa de los imputados por las amenazas a la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Escobar Sánchez, solicitó el 14 de agosto al juez una prórroga de 10 días a fin de tener una conversación con la víctima para proponerle una “salida alterna”, sin embargo, según el abogado no hubo ningún acercamiento en estos 10 días.
El procedimiento se sigue luego de que el 21 de junio el magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Azueta, Galeana y Montes de Oca con sede en Zihuatanejo, Félix Nava Solís, confirmó el auto de vinculación a proceso que dictó la jueza de Control y Enjuiciamiento, Patricia Lozano Hernández, en contra de un hombre y un mujer acusados de amenazar a la corresponsal del El Sur.
El abogado informó que en la audiencia de ayer se admitieron una prueba pericial consistente en criminalística de campo y dos en materia de psicología en las que las peritos hacen constar que Brenda tiene una afectación emocional a raíz de las amenazas que sufrió de los imputados.
Explicó que en esencia fue lo que se trató en la audiencia de ayer, “la admisión de las pruebas que se llevarán a juicio oral”.
Sin embargo añadió que hay un recurso de amparo interpuesto por la defensa de los imputados en contra del auto de vinculación a proceso, pero aclaró que todavía no se ha resuelto y que por lo tanto el juez únicamente suspendió el proceso a fin de que pueda enviar el auto de apertura del juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento que va a conocer de la audiencia de juicio oral.
Informó que el tiempo que tarde en llegar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento dependerá del tiempo que tarde el juez federal para resolver el amparo que solicitó la defensa de los imputados en contra del auto de vinculación a proceso.
La agresión y amenaza a Brenda Escobar ocurrió el 1 de junio de 2017, al concluir la audiencia del presunto culpable del homicidio de la doctora Adela Rivas Obé en Zihuatanejo, mientras desempeñaba su labor periodística.
El representante de la Comisión Política en Costa Grande de la Coordinadora Estatales de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Julio César Moyao Gaspar, en conferencia de prensa denunció que maestras de nivel preescolar de las zonas 61, 62 y 63 son hostigadas para obligarlas a asistir a los talleres del nuevo modelo educativo.
Moyao Gaspar denunció que la jefa del sector 6 de Preescolar, Margarita Díaz Rueda, y las supervisoras escolares han emprendido un hostigamiento laboral, porque algunas maestras se han negado a aceptar la orden de que en este periodo vacacional deben acudir a capacitarse a los talleres del nuevo modelo educativo, “no vamos a permitir que a las compañeras de preescolar las sigan hostigando, que siga habiendo ese abuso de autoridad. Hasta con palabras altisonantes las siguen corriendo de las supervisiones e inspecciones, y de donde sea, que no abusen y que no las discriminen porque las han hecho llorar”.
“Han violado los derechos de las compañeras, que las han llegado hasta poner mal. Eso no lo vamos a permitir y hablo de manera general, porque se da en todos sentidos, hablo de todo el nivel y el sector de preescolar, y sabemos quiénes son. Hay la evidencia de recibir hostigamiento desde la jefa de sector, que es la maestra Margarita Díaz Rueda, hasta la supervisora de cada uno de los jardines de niños, pero obviamente se desprende de un mandato de Díaz Rueda”.
El dirigente magisterial responsabilizó también de este hostigamiento a la Secretaría de Educación Pública (SEP), “porque ya se ha denunciado esto ante la SEP y no han hecho nada. No queremos pensar que el poder político de la maestra, que es priismo, pueda tener mucho que ver aquí para que no puedan ni regresar, por lo menos a llamarle la atención a la maestra”.
“Hoy estamos en un proceso donde estamos pidiendo y exigiendo una mesa de trabajo con el nivel Preescolar, en el estado, para llegar a acuerdos con la jefa de sector y con las supervisoras, de que se respete a los compañeros docentes en el sentido laboral. No estamos pidiendo migajas ni que a las compañeras las traten con pincitas, no (…) pero personalmente no es concebible que se metan a violar los derechos humanos de las compañeras de preescolar”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
Pobladores y elementos de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan retuvieron la tarde de ayer a civiles armados, algunos presuntos militares vestidos de civil, que se movilizaban en tres camionetas particulares blindadas y que presuntamente andaban comprando votos y amenazando a pobladores para obligarlos a votar por el candidato a la alcaldía de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Segura Valladares.
Entre los retenidos cerca de las 4:00 de la tarde iban al menos 15 hombres y una mujer, quienes llevaban armas de alto poder, dinero y boletas electorales falsas tachadas en el recuadro de MC.
Después del medio día de ayer vecinos de la comunidad de Acatempan y de la cabecera municipal de Teloloapan, denunciaron vía telefónica la presencia de hombres armados en cuatro camionetas que presuntamente andaban comprando votos e intimidando a los vecinos para votar por los candidatos de MC.
En un video compartido por los mismos comunitarios de la Tecampanera, se ve el momento en que los civiles armados a bordo de camionetas particulares le cierran el paso a un convoy de tres camionetas particulares de lujo tipo Suburban, y atrás de éstas se alcanzan a ver dos patrullas de alguna corporación policiaca, pero no se alcanza a ver de qué nivel y tampoco se sabe si venían custodiando a los civiles armados.
El hecho ocurrió en la carretera Teloloapan-Apaxtla, cerca del entronque con la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y el retén militar ubicado en la salida hacia Iguala.
Se ve una situación tensa en la que comunitarios armados corrían para rodear las camionetas, algunos se les ve con chalecos al parecer antibalas y otros con el rostro cubierto. Mientras unos se acercaban a los vehículos otros se apostaban entre los vehículos de ellos como esperando un enfrentamiento a balazos.
“Bájense a la verga” se escuchaba gritar a los comunitarios hacia los tripulantes de una camioneta blanca que intentó salir. Se alcanzan a ver unos 25 comunitarios armados con rifles y armas cortas, y se escucha cuando cerrojean las armas. Después los rodearon a pie y en las camionetas para impedir su huida.
Entre contradicciones, los tripulantes de las camionetas blindadas, algunos portando fisiles AK-47 y AR-15 así como armas cortas, dinero en efectivo y copias de boletas electorales tachadas en el recuadro de MC, se identificaron como efectivos militares vestidos de civil, y otros como representantes del candidato Pablo Segura contratados por su hermano, el empresario y ganadero Pedro Segura Valladares, quien ha sido señalado de ser operador financiero de la organización delictiva La Familia Michoacana.
En un segundo video, se ve a uno de los comunitarios dialogando con un hombre del otro grupo, quien le dijo que habían sido “contratados”, y explica que el verdadero motivo de que estuvieran en Teloloapan no lo sabían, “sólo nos dijeron que íbamos a venir a cuidar el voto durante las elecciones”, respondió.
El comunitario le pregunta si llevaban algún oficio de asignación del INE u otro órgano electoral, y responde que no.
Otro comunitario interviene y señala a otra de las personas retenidas y dijo que había señalado que iban a cuidar al hermano de Pedro Segura, Pablo Segura que es el candidato de MC a la alcaldía.
Y en un tercer video difundido, un comunitario graba con su teléfono celular al grupo de 15 hombres y una mujer retenidos. Algunos de ellos tienen boletas falsas de la elección tachadas en el recuadro de Movimiento Ciudadano y a uno de ellos se le ve con varios billetes. Al menos tres de ellos portan fusiles AK-47 y AR-15, y otro una pistola tipo escuadra que se la dan para que la muestre en la grabación.
“Gente de Teloloapan para que vean a estas personas que por unos pesos traicionan al pueblo, andaban de pueblo en pueblo intimidando con estas camionetas totalmente blindadas, con efectivos del Ejército mexicano que mandó traer y contratar Pedro Segura”, se escucha en la voz del comunitario.
Y agrega, “esto es para que vea Pedro Segura que no eres tan poderoso como te sientes, para que veas que el dinero te está pudriendo el cerebro. Aquí tenemos a toda tu gente que andaba haciendo mamadas aquí en el pueblo de Teloloapan, que anda intimidando a la gente para que votaran por Movimiento Ciudadano”.
En la grabación el comunitario se dirige a uno de los retenidos al que lo llama “Nico”, y le pide que muestre las boletas que tiene en la mano, “a ver tú Nico pon así las boletas para que la gente vea cocho…lo que andaban haciendo, quien yo creía mi amigo Nico, boletas falsas que estaban metiendo a las urnas y con estas armas de alto poder andaban intimidando a la gente, como pueden ver son R-15 y AK-47, armamento que el Ejército mexicano no debe de portar. Para que vea la gente de Teloloapan que apoyaba a este partido (MC), para que vean qué andan haciendo sus candidatos.
Hasta la tarde de ayer sólo se dio a conocer que los comunitarios estaban esperando al Ministerio Público federal para entregar a las personas y el armamento.
