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Admitió un juzgado amparo contra aumento de cuota en la Autopista: PRD

Efectivos de la Guardia Nacional con equipo antimotines resguardan la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol durante el volanteo de militantes del PRD Foto: El Sur

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, encabezó por segunda vez este mes una protesta en la caseta de la Auto-pista del Sol, en Palo Blanco, para informar que el Juzgado Décimo de Distrito de Chilpancingo admitió la demanda de amparo en contra del aumento a las tarifas de peaje en esa vía federal.
Informó que al mismo tiempo, el Comité Municipal de Tecpan y militantes estaban protestando en la caseta del libramiento de la caretera Acapulco-Zihuatanejo.
En la primera manifestación en la caseta de cuota de Palo Blanco, el 10 de abril, el dirigente perredista anunció el inicio de una lucha legal por la disminución del cobro de peaje.
El 7 de febrero, la Secretaría de Infraestructura, Comunicacio-nes y Transportes (SICT) anunció un ajuste a las tarifas a partir del primero de marzo, luego el 28 de febrero anunció la suspensión de las mismas. Sin embargo, el 6 de marzo aplicó el aumento del 7. 82 por ciento argumentando la inflación de diciembre de 2021 a diciembre de 2022.
Del proceso legal, Catalán Bastida informó que se encuentra en desahogo y presentación de los informes previos por parte de las autoridades responsables.
Precisó que únicamente han emitido informe la Delegación de la SICT y de Caminos y Puentes federales (Capufe)
Informó que la delegación SICT argumentó en su informe precio “que no tuvo nada que ver en la actualización de las tarifas, mientras CAPUFE admite la aplicación del aumento”.
Aclaró que aún faltan por rendir su informe la Presidencia de la República, la SICT del Gobierno Federal y su Comisión Consultiva de Tarifas.
Sin embargo, consideró que el aumento fue ordenado desde la SICT, en plena transicion de los efectos de la inflaccion, “sin fundar ni motivar su determinación de actualizar las tarifas”.
Catalán Bastida aseguró que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la SICT tienen atribuciones para reconsiderar las tarifas, lo cual demanda el PRD, para reducir la afectación a la población.
Añadió que a la par del amparo, el PRD promovió desde el 16 de marzo, a través de su Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a la SICT a revertir los efectos de la actualización de tarifas y establecer medidas alternativas para los residentes que usamos estas vías de comunicación.
El exhorto fue turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para que siga su trámite legislativo, indicó.
Ratificó que “desde el PRD Guerrero, continuaremos nuestra lucha contras estas medidas que afectan la economía de nuestra entidad y que inciden en el alza de precios de transporte, bienes y servicios”.
Sin obstruir el transito vehicular militantes del PRD mostraban una lona y entregaban volantes a los automovilistas. La accion fue vigilada de cerca por agentes de la Guardia Nacional que se apostaron frente a la caseta con equipo antimotines.

Solicita amparo la reportera Brenda Escobar contra una resolución judicial que afecta el debido proceso

 

Señor director:
Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle un espacio para hacer de su conocimiento y de la opinión pública que derivado del proceso que se sigue en contra de un hombre y una mujer que el 1º de junio de 2017 me amenazaron y agredieron durante la cobertura de una audiencia por caso del homicidio de la doctora Adela Rivas Obé, quien fuera directora de las clínicas del IMSS de Petatlán, Zihuatanejo y La Unión, este jueves 9 de agosto me vi en la necesidad de presentar una solicitud de amparo y protección de la justicia federal ante el Juez Tercero de Distrito con sede en Acapulco, Guerrero, en contra del auto dictado el 27 de julio del año en curso y notificado el 30 del mismo mes y año, por la modificación de la medida cautelar impuesta a la mujer imputada, el cual fue emitido por la licenciada Patricia Lozano Hernández, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, ya que su resolución ha transgredido gravemente mis derechos humanos así como mis garantías individuales y procesales.
La modificación que hizo la juez Patricia Lozano Hernández fue la autorización para que la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, región Costa Grande, con sede en esta ciudad, se traslade al domicilio de la imputada a recabar su firma concerniente a la medida cautelar que le fue impuesta en audiencia del 23 de mayo de 2018, cuando ella y el hombre que me amenazaron, quedaron vinculados a proceso.
El argumento que presentó la imputada es que se encuentra en gestación avanzada y no puede presentarse a firmar a la sede de la Unidad de Medidas Cautelares tal y como le fue impuesto pretextando que el trayecto puede sufrir un accidente y afectar a su producto.
La juez ordenó que se me diera vista de la solicitud de la imputada para que yo argumentara lo que a mi derecho conviniera y posteriormente acordar lo conducente, por lo que luego de presentar por escrito mis observaciones como víctima y de acuerdo con los principios del actual sistema de justicia penal acusatorio que destacan la oralidad, contradicción y el principio de igualdad entre las partes, yo esperaba que la juez nos convocara a una audiencia en la que se dirimiera la solicitud de la imputada y luego entonces acordara lo que decidiera acordar, sin embargo, no lo hizo y al mero estilo del viejo sistema de justicia, decidió resolver de manera favorable la autorización solicitada por la imputada.
Señor director, la forma en que la juez decidió autorizarle a la imputada la modificación de la medida cautelar me causa agravio y por consecuencia, una clara violación al principio de debido proceso que rige el actual sistema penal acusatorio y que opera en favor de la víctima, en este caso, la víctima soy yo y por esa razón es que tuve la necesidad de solicitar dicho amparo, pues insisto, la juez debió señalar audiencia para salvaguardar el principio rector del sistema penal, como es la oralidad y en dicha audiencia dar oportunidad a la defensa de la imputada para que presentara sus argumentos y pruebas en las que basa su solicitud de modificación de su medida cautelar, y en mi caso, a través de mi asesor jurídico, así como el agente del Ministerio Público poder ejercer el derecho a la contradicción y con ello la juez estuviera en condiciones de resolver la petición que planteó la imputada mediante un escrito, pero no lo hizo así, de ahí mi solicitud de amparo.
Asimismo, señor director, aprovecho para hacer de su conocimiento que este próximo martes 14 de agosto, a las 11 de la mañana, está programada la audiencia intermedia del proceso que se le sigue a estas dos personas que me amenazaron, por lo que le pido encarecidamente a usted y a la opinión pública seguir pendientes del desarrollo de este caso que es el primero en Guerrero en que se someten a un proceso penal los agresores de un periodista.
De antemano agradezco la atención que sirva darle a la presente.

Atentamente,

Brenda Escobar
Corresponsal en Zihuatanejo.

Notifican de tres amparos más a favor de detenidos acusados de la desaparición de los 43

Un tribunal federal de Reynosa, Tamaulipas, notificó ayer oficialmente tres sentencias de amparo en favor de acusados de secuestrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que se suman a la difundida el 4 de junio y ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nuevo el caso.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito oficializó los amparos 204 al 206/2017 en favor de Salvador Reza Jacobo, El Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas, al parecer, bajo tortura.
El amparo previo, el 203/2017 fue a favor de Miguel Angel Bahena Landa, El Chequel, y la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que esperaba la notificación de las demás sentencias para decidir cómo impugnarlas.
El amparo 204/2017 en favor de El Wereke también incluye a otros cuatro quejosos, cuyos nombres fueron tachados por el tribunal colegiado en la versión pública de la sentencia, pese a que las identidades de todos los acusados son conocidas desde hace años.
Igual que este caso, el tribunal colegiado revisó amparos contra autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014, y ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul, para probar que los acusados no fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en 10 días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.
Además, en una larga sección de la sentencia que no tiene precedentes en la justicia mexicana, el tribunal desconoció la investigación de la PGR y ordenó crear una Comisión en la que representantes de las víctimas y la CNDH tendrían el mando.
Esta parte de la sentencia es la que PGR podría intentar impugnar por invasión a la esfera de atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, pues en lo que se refiere a la protección en favor de los acusados, los fallos de los tribunales colegiados en amparos en revisión son inatacables.
Supervisar la ejecución de los amparos corresponde al Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, a cargo del magistrado Sabás Pérez García.
Hasta ahora Pérez no ha requerido al juez de Distrito que lleva los procesos en Matamoros, David Calderón, ni a las demás autoridades señaladas por el tribunal colegiado para que acaten la sentencia.
El proceso de cumplimiento del amparo en la parte que corresponde a la Comisión de la Verdad podría tomar años, y tendrá la dificultad logística de que los desacuerdos entre sus integrantes tendrían que ser arreglados ante el tribunal unitario en Reynosa.
Reforma publicó el martes que Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, pero sólo uno salió de prisión.

 

Revisará la Suprema Corte el amparo de Pineda Villa contra el auto de formal prisión por cohecho

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) revisará el amparo de la ex primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, contra la formal prisión que se le dictó en 2015 por cohecho, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la sentencia que revisará la Primera Sala en fecha aún por definir, el magistrado de circuito Sabás Pérez García resolvió que Pineda tiene derecho a ser procesada por jueces federales de Morelos, donde está recluida, y no por los tribunales de Tamaulipas donde se concentran los casos contra los involucrados en el caso.
El amparo de Pineda Villa, esposa del ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca, era uno de los cinco acusados por el caso Ayotzinapa que en 2017 llegaron al mismo tiempo al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Ciudad Reynosa.
El 1 de febrero los magistrados acordaron enviar ese amparo a la Corte para que resuelva un tema de Constitucionalidad planteado por Pineda Villa, que no fue incluido en las demandas de los otros acusados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Reabren padres el kínder Gabriela Mistral en Zihuatanejo; permitirán trabajos de un actuario

Este jueves, padres de familia del jardín de niños Gabriela Mistral, ubicado en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, en este puerto, abrieron el plantel luego de poco más de dos semanas que permaneció cerrado para exigir que cinco maestras cumplan con el horario de Tiempo Completo.
El 23 de enero pasado, los padres de familia de cinco de los 12 grupos que hay en esa escuela tomaron la decisión de cerrarla de manera definitiva, pues desde el inicio del actual ciclo escolar, sus hijos no han tenido el servicio de tiempo completo porque sus maestras argumentan que tienen problemas de salud y que, además, es muy poco el dinero que les pagan por hacer su trabajo.
Por su parte, las cinco maestras interpusieron una demanda de amparo en contra de las autoridades educativas federales y estatales, por lo que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha podido determinar la situación laboral de las educadoras, porque no hay todavía una resolución judicial.
Este jueves, poco antes de que iniciara la hora de entrada, los padres retiraron las pancartas que desde el 23 de enero colocaron en la entrada al plantel, así como también quitaron el candado especial que tenía el portón, y permitieron que los niños retomaran sus clases.
El delegado de la SEG en Costa Grande, Fernando Leyva Sotelo, informó vía telefónica que debido a que no se ha resuelto la demanda de amparo, el juez federal que lleva el caso de las maestras determinó que enviará a un actuario a que lleve a cabo una diligencia, en la que se espera constatar que las maestras incumplen con el horario de tiempo completo.
Leyva Sotelo aseguró que fue una determinación de los propios padres de familia, que mantenían cerrado el jardín de niños, volver a abrirlo para que el actuario que vendrá a hacer esa diligencia pueda llevarla a cabo.
A pregunta, el funcionario señaló que el hecho de que se hayan retomado las clases no es indicativo de que el conflicto ya esté resuelto, “hasta que el juez que lleva la demanda de amparo de las cinco maestras emita su veredicto, hasta entonces la SEG podrá estar en condiciones de determinar qué va a pasar con las maestras que se han mantenido renuentes”. (Redacción)

 

SEG: seguirá cerrado el kínder Gabriela Mistral de Zihuatanejo mientras no se resuelva un amparo

Este lunes continuó cerrado el jardín de niños Gabriela Mistral, en la unidad Infonavit El Hujal, en este puerto; los padres de familia de cinco grupos de ese plantel exigen a las autoridades educativas que se les dé el servicio de tiempo completo.
El delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la región, Fernando Leyva Sotelo, manifestó que la escuela seguirá cerrada hasta en tanto no se resuelva la situación jurídica, respecto al amparo que tienen cinco maestras que se niegan a trabajar con el sistema de tiempo completo.
Vía telefónica, el funcionario dijo que las cinco maestras inicialmente estaban trabajando con tiempo completo, “ahora sí que con toda su voluntad y disposición, metieron una demanda, un amparo para que no se les moviera, entonces, esa situación de ese amparo es lo que tiene ahorita atorado el movimiento de lo que se pueda resolver”.
“Una vez que salga resuelto lo del amparo, pues entonces la autoridad (educativa) ya puede decidir cómo las va a reubicar a ellas, por lo pronto, pues la misma ley nos tiene frenados en el sentido de poder mover a esas maestras o decidir sobre su situación laboral. Las maestras no quieren trabajar el tiempo completo y no quieren salirse, obviamente hay un pago, una compensación por ese tiempo adicional que laboral las maestras, pero bueno, ya no les interesa esa parte”.
Fernando Leyva confió en que “en esta misma semana ya se resuelva la parte legal, para poder decidir sobre lo demás”.
Coincidió con la exigencia de todos los padres de familia, de que sus hijos tengan clases, “claro, y que tengan el tiempo completo, yo les pido a los papás que por favor nos aguanten un poco a que se resuelva la parte legal y poder decidir la parte administrativa, que es la parte en la que la autoridad educativa debe de ejercer su autoridad, que finalmente hay ahorita esa traba que es una parte legal. Un recurso que pusieron las maestras, pero que se tiene que decidir sobre eso y bueno, principalmente el derecho de los niños a la educación es lo que va a tener éxito en esta situación”.

Continúa cerrado el kínder Gabriela Mistral de Zihuatanejo; padres exigen el tiempo completo

Por segundo día, padres de familia de cinco grupos del jardín de niños Gabriela Mistral mantuvieron cerrado el plantel, para esperar que las autoridades educativas les den una respuesta a su exigencia de tener servicio de tiempo completo, que desde el actual ciclo escolar se niegan a dar cinco maestras.
El martes 23, los padres inconformes de los cinco grupos cerraron el jardín de niños, que se ubica en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, en este puerto, para exigir que las cinco maestras trabajen de acuerdo con el sistema de escuela de tiempo completo, que es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero ellas se han negado, argumentando que tienen problemas de salud y que les pagan poco por el trabajo que realizan.
Pero además, las cinco educadoras tienen una denuncia y un amparo en contra de las autoridades educativas estatales y federales, por lo que no pueden ser cambiadas a otro jardín de niños.
De ahí que los padres de los cinco grupos, en los que están 115 alumnos de los 244 que asisten a clases en ese plantel, cerraron la escuela de manera indefinida.
Este miércoles, la presidenta del comité de padres de familia, Bárbara Oregón López, dijo que se organizaron por equipos para hacer guardia en la escuela, mientras esperan alguna respuesta por parte de las autoridades educativas, pero hasta la una de la tarde, que es el horario que establecieron para sus guardias, nadie se había comunicado con ellos para informarles si hay algún avance sobre su petición.
Asimismo, comentó que hay inconformidad por parte de padres de familia de los otros siete grupos, que sí tienen el servicio de tiempo completo, porque tienen cerrado el plantel, pero indicó que la postura es que no abrirán el jardín de niños hasta que les garanticen que sus hijos también tendrán clases hasta las 2 y media de la tarde, como el resto de los otros siete grupos.
Una madre de familia dijo a los reporteros que aunque el servicio de tiempo completo debe ser hasta las 4 de la tarde, algunas maestras de los otros siete grupos sacan a sus hijos a las 2 y media de la tarde, porque tienen que presentarse a trabajar a otras escuelas pues tienen doble plaza.

 

Denuncian policías despedidos que Seguridad Pública estatal no les pagó la quincena de junio

Agentes de la Policía Estatal que fueron despedidos denunciaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, ha tomado represalias contra ellos, porque les retuvieron la primera quincena de junio y viáticos a los 206 policías dados de baja.
Ayer un policía estatal despedido que se reservó su nombre declaró que la solicitud de pago del salario y viáticos es porque la dependencia no les ha notificado por escrito que están dados de baja, que fue sólo verbal y en el amparo que presentaron ante un juzgado federal piden que se les respete su salario hasta que se resuelva su situación laboral.
Explicó que cada policía cobra quincenalmente de 3 mil 800 a 5 mil pesos, más viáticos, unos 3 mil 750 pesos.
Se quejó que Almazán Cervantes, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete, no han dado la cara para tratar su problema laboral.
Comentó que el viernes 16 de junio se cumplió el plazo para dar respuesta al amparo laboral que demandaron los agentes estatales despedidos ante un juzgado federal contra la secretaría y su titular por abuso de autoridad y despido injustificado, pero Almazán Cervantes no ha atendido el proceso laboral.
El 19 de junio, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, que finalmente sumaron 206 estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.

Protestan padres de los 43 en juzgado de CDMX; exigen la admisión de un amparo contra la PGR

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos protestaron en el juzgado Tercero de Distrito Administrativo, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la admisión de un amparo contra la resolución de la Visitaduría General de Procuraduría General de la República (PGR), que diluye la responsabilidad del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio en las graves irregularidades que cometió en la investigación del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que Zerón de Lucio hizo diligencias de las que no notificó ni están en los expedientes del proceso de investigación de los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles en Iguala.
Ayer acompañados de activistas los padres hicieron un mitin de 3 horas afuera de las oficinas del Poder Judicial en la colonia Tláhuac de la delegación Álvaro Obregón, mientras conseguían una entrevista con el juez Martín Adolfo Santos Pérez, en quien recayó la revisión de la solicitud de amparo bajo el folio 195/2017.
En consulta telefónica el abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el amparo se entregó hace dos semanas, y señala que la resolución de la Visitaduría de la PGR viola el derecho de los padres al conocimiento de la verdad sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros perjuicios.
Pidieron que el juez admita la queja y en el estudio de fondo revise la legalidad de la resolución que emitió la PGR, que revise todas las irregularidades en que incurrió el actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando estuvo al frente de la investigación, y que se restablezca la legalidad quebrantada por él.
Informó que los padres hicieron énfasis en que han recorrido todas las instancias de gobierno en busca de respuestas, y todas las instituciones se aliaron para mantener una versión oficial sobre el destino de sus hijos, descartada en siete ocasiones por expertos independientes mediante pruebas científicas.
Ayer solicitaron al juez que no le tiemblen las manos, si Zerón de Lucio violentó la ley que se le aplique una sanción acorde con el agravio y los delitos que generen sus acciones.
Abundó que hay una crisis en las instituciones y sus órganos de control interno, en los mecanismos anticorrupción y las contralorías que deben regular la función pública y velar por el respeto al Estado de derecho en las estructuras de gobierno, ya que no están dando resultados.
Demandó al juez que no acepte la política federal de solapar por consigna a los funcionarios que incurren en irregularidades y actos de corrupción.
Mencionó que esperan que en este proceso sí se tomen en cuenta todas las irregularidades cometidas la investigación, que llevaron a la tesis del procurador Jesús Murillo Karam que establece que los 43 desaparecidos fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal, la cual llamó “verdad histórica”.
Precisó que a la par de este procedimiento la investigación sigue su curso mediante la oficina de investigación del caso Ayotzinapa en la PGR, que también avanza muy lento.
Denunció que los funcionarios de la PGR no quieren profundizar ni perfeccionar las líneas de investigación que recomendó el GIEI en abril, hace un año, sobre la participación de policías de Huitzuco en los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes, y dos policías federales que tuvieron conocimiento del momento en que se los llevaron detenidos.
A la fecha, aseguró que no hay ni siquiera una consignación para detener a los policías de esas corporaciones que están plenamente identificados, y puede dar lugar a que evadan la justicia.
Agregó que los funcionarios de la PGR argumentan que no hay suficientes elementos para consignarlos, sin embargo, más allá de que jurídicamente no haya elementos, aseguró que políticamente no se quiere dar un paso en esa dirección porque implica abandonar la tesis oficial.
“Esa es la molestia, el hartazgo de los padres de familia, nosotros vemos que no hay interés ni voluntad de agilizar, de profundizar en tales líneas, la última detención que tenemos fue en esa ruta (de la verdad histórica), y hay otras 15 o 20 personas con orden de aprehensión ligadas a esa versión”, explicó.
Sin avances importantes, confirmó que no tenía caso acudir a la reunión de ayer en la PGR, que cancelaron con anticipación.
Los temas que quedaron pendientes de respuesta en la anterior sesión, el 9 de febrero, serán discutidos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ahí el gobierno mexicano haga compromisos con el organismo internacional.
Concretamente los temas pendientes son: la consignación de los policías municipales de Huitzuco, de los policías federales, la utilización de todos los recursos de búsqueda en vida o muerte sin escatimar la utilización de tecnología laser, el análisis rápido y exhaustivo de la telefonía celular, “de los que hemos monitoreado hay pocos avances, así la reunión no tiene razón”.
Del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa de la CIDH, que tenía programada una visita a México este mes, informó que se pospuso pero hace un seguimiento a distancia, y participará en la audiencia dentro del periodo ordinario de sesiones, en Washington DC.

Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.