A tres años del sismo de 7.2 grados en escala de Richter del 18 de abril de 2014, los damnificados de Petatlán lamentaron que el gobierno nunca cumplió la reconstrucción de sus viviendas.
Uno de los damnificados y comerciante de ropa y huaraches, Rafael Abarca Fernández manifestó que son más de 300 familias sólo de la cabecera municipal de Petatlán las que tuvieron afectaciones en sus casas, y que el gobierno federal mediante la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, prometió que los apoyaría, pero “ni siquiera un grano de arena nos dieron”.
Aseguró que las familias afectadas por el temblor fueron censadas en dos ocasiones por brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero nunca cumplieron la reconstrucción de las viviendas.
El movimiento telúrico dejó afectaciones principalmente en casas de las colonias Centro, Barrio de la Hoja, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Vicente Guerrero; así como en comunidades rurales como Juluchuca, Alpuyeque, Chaveta, La Molonga, Coyuquilla Norte, La Barrita.
Este martes, se cumplieron tres años de que ocurrió el sismo, Abarca Fernández aseveró que las casas están ahí, muchas de ellas inhabitables y las familias tuvieron que irse por temor a que las paredes se les vengan encima.
Agregó que el gobierno federal sólo mintió a los afectados, “supimos que en ese entonces hicieron llegar ayuda para la reconstrucción de algunas de las casas pero no fue directamente a los damnificados sino se la dieron al Ayuntamiento, y quienes estaban de gobierno le dieron el apoyo a quienes quisieron, incluso a gente que ni siquiera fue afectada”.
La parroquia San Pedro Apóstol, santuario del Padre Jesús de Petatlán, resultó severamente dañada, principalmente el campanario, el cual fue completamente reparado a los pocos meses luego de la aportación de casi 2 millones de pesos del gobierno el estado, encabezado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, mientras que más de 700 damnificados sólo se quedaron con una calcomanía pegada en la puerta de su casa como prueba de que fueron censadas, pero la ayuda nunca les llegó.
El gobierno del estado en la administración de Ángel Aguirre Rivero construyó una casa de salud en la comunidad nahua de Tlamamacan, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), pero desde el 2013 que se las entregó no tienen médico, enfermera ni medicamentos.
El inmueble está abandonado y se deteriora en la orilla del pueblo debido a la falta de mantenimiento.
El secretario de la comisaría municipal, Brígido Campos Hernández informó que los enfermos del pueblo tienen que ser trasladados a Chilpancingo o a Iguala.
El problema es que para tomar el vehículo en San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco, que es el pueblo más cercano, tienen que caminar aproximadamente un kilómetro y atravesar en canoa el río Balsas, lo que dificulta el paso de los enfermos.
Tlamamacan se ubica en la parte sur del río Balsas y tiene dos opciones para ir a Chilpancingo e Iguala, por la carretera federal o la Autopista del Sol, pero para llegar a las vías primero cruzan el río Balsas, mediante canoas cuando el agua es abundante o caminando cuando la corriente del agua no lleva mucha fuerza.
Debido a la dificultad para el traslado de sus enfermos los vecinos solicitaron al gobierno estatal la construcción de una casa de salud, un médico y una enfermera, y en la administración de Ángel Aguirre Rivero se las construyó, pero desde 2013 la casa está abandonada porque nunca les mandaron personal ni medicamentos, declaró el martes pasado Campos Hernández, consultado en esa comunidad.
Detalló que este pueblo de origen nahua tiene mil 300 habitantes y que las autoridades de salud les han informado que para tener derecho a un médico, la normatividad establece que tiene que haber más de 3 mil habitantes.
Agregó que tampoco les han mandado una enfermera ni medicamentos y que los habitantes no entienden para qué les construyeron la casa de salud si no se utilizaría.
En la comunidad se comprobó que la casa está abandonada en la orilla del pueblo y se está deteriorando porque no se utiliza, mientras que los enfermos del pueblo tienen que trasladarse con dificultades a la capital del estado o a Iguala, y hacen de camino de una a una hora con veinte minutos en vehículo.
Brígido Campos Hernández comentó que en este pueblo son muy comunes las enfermedades de las anginas, gastrointestinales, calenturas y padecimientos respiratorios debido a las altas temperaturas.
En la conmemoración del 98 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, la activista y dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, un trato igualitario que al resto de las organizaciones y que les den 400 toneladas de fertilizante, cantidad que les daban en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Ayer minutos después de las 8 de la mañana, la hija del líder social asesinado y dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, colocó una ofrenda floral en el monumento de la Independencia en el centro de la ciudad de Iguala, con representantes de la UCEZ de los municipios de Iguala, Cocula, Taxco, Teloloapan y otros municipios de la región Norte, para conmemorar 98 años del asesinato del general Emiliano Zapata.
Hernández Mena denunció que con los años distintos gobiernos estatales y municipales les han reducido la cantidad de fertilizante a pesar de que las necesidades de la organización permanecen.
Afirmó que en el gobierno de Ángel Aguirre recibieron 400 toneladas de sulfato de amonio, durante la administración de Rogelio Ortega Martínez la aportación disminuyó a 180 toneladas, y que actualmente, con Héctor Astudillo Flores sólo recibieron en dos entregas 80 toneladas que no satisfacen las necesidades de más de 500 agremiados de esta organización. El Ayuntamiento de Iguala les entregó 32.5 toneladas, y que en Taxco y otros municipios de la región no les han hecho caso a su petición.
Demandó que el gobernador le dé a la UCEZ un trato igualitario que al resto de las organizaciones, que restablezca las 400 toneladas de fertilizante y que les entregue los paquetes completos, que incluya el fosfato de amonio o granulado y biofertilizante.
Denunció que a las organizaciones sociales que no están afiliadas al PRI son relegadas por el gobierno estatal, y provoca un agravio hacia los campesinos y sus familias.
“Pedimos al gobernador Astudillo que ponga interés en este asunto porque es obvio que no abastece a las organizaciones sociales pues pretende desaparecerlas”, aseguró.
En la explanada de las Tres Garantías, donde está la carpa de la dignidad en apoyo al movimiento de Ayotzinapa, integrantes de la UCEZ y del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, colocaron otra ofrenda al general Emiliano Zapata al pie de una lona con las fotografías de los 43 normalistas desaparecidos en esta ciudad. (Alejandro Guerrero / Iguala).
El padre de un normalista desaparecido de Ayotzinapa, Antonio Tizapa cuestionó al presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador sobre su relación con el alcalde de Iguala José Luis Abarca y con el gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes en Iguala, y en respuesta el político tabasqueño lo acusó de “provocador” y lo llamó a pedir respuestas al Ejército, después de un mitin en Nueva York el lunes.
En México el comité de padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, emitió un boletín para respaldar a Antonio Tizapa porque sienten el mismo dolor que el papá que vive en Estados Unidos.
En el escrito se aclara que aún cuando no tienen los detalles del caso, el 17 de marzo una comisión de padres de los 43 viajará a Washington DC a participar en las audiencias del 161 periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se van a supervisar las investigaciones del Estado mexicano, y van a dialogar con Antonio Tizapa del incidente.
Vía telefónica Antonio Tizapa precisó que no le interesa la política ni milita en partidos políticos, ni siquiera es parte de los colectivos que se solidarizan con la presentación con vida de lo jóvenes normalistas en Estados Unidos, “simplemente soy un padre que busca a su hijo de ciertas maneras”. Corre en maratones con fotografías de su hijo para visibilizar la impunidad del caso, exigir la presentación de los estudiantes y castigo a los responsables de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ayer se deslindó de las acciones por los 43 durante del mitin de López Obrador, y aclaró que al final sólo cuando los seguidores del político se habían separado de él, se acercó para hacerle dos o tres preguntas y quedó muy sorprendido con su reacción.
Del acto político aclaró que asistió porque militantes de Morena lo buscaron días antes para que estuviera en la actividad, él no estaba interesado pero insistieron incluso el domingo, un día antes.
El lunes aún no sabía si tendría tiempo de acudir. No obstante llegó temprano a la actividad y un conocido lo invitó a sentarse en la primera hilera de sillas, y ahí notó que los organizadores con chalecos beige comenzaron a observarlo constantemente y le pidieron que se quitara de ese lugar. Sin un argumento tampoco insistieron demasiado.
“No entendía qué estaba pasando luego pusieron una hilera de sillas enfrente, pensé que eso era raro, después cuando veo que llegan cuatro personas a sentarse, sólo quedan tres y mueven el micrófono del podio al otro extremo”, relató.
Finalmente llegó López Obrador, lo reciben con aplausos y una señora alzó una manta alusiva a los 43, y a los pocos minutos la subieron al frente y ahí se quedó sin decir nada. De acuerdo con la crónica de la agencia Proceso, López Obrador pidió a sus seguidores que se inconformaron con la protesta por los 43 a dejarlos manifestarse, incluso señaló que se trataba de una causa justa.
Al concluir el acto, notó que los militantes de Morena rodearon al político, también dos personas con fotografías de los 43 y Antonio Tizapa intentó acercarse pero le fue imposible.
Mientras López Obrador atendía a sus seguidores él saludó a varios conocidos activistas y reporteros, y pensó que “ya no fue posible hacerle las preguntas, ni modo”.
Cuando la gente se dispersó y López Obrador subía a su camioneta se acercó, se presentó y le preguntó de su relación con Abarca y con Aguirre cuando todavía formaba parte del PRD, “no esperaba lo que él fuera a decir: que era un provocador, pregúntale a los militares, me dejó sorprendido su respuesta”.
Observaron el suceso periodistas y algunos dijeron que el dirigente de Morena lo empujó. Antonio Legideño aseguró que no fue así, incluso dijo que guardó distancia para no tocarlo ni a él ni a su coche, estimó que tal vez sabe algo y “es necesario que lo diga”.
Informó que hace un mes en la Universidad de Columbia fue a una conferencia del dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, “fui a decirle, ustedes (los priistas) ejercen la impunidad, que hace 30 meses están pidiendo que devuelvan a sus hijos y que se investigue al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y a los militares”.
Ratificó que a los padres no les interesan los partidos, sólo sus hijos y que se castigue a los responsables de los ataques, los asesinatos y la desaparición forzada de los estudiantes.
Por separado, el comité de padres de familia de los 43 señalaron que tienen claro que “los responsables de la desaparición de nuestros hijos”, de acuerdo con dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), son los policías de todas las corporaciones y el Ejército, y de manera indirecta los presidentes municipales de la región Norte, así como el exgobernador Ángel Aguirre.
De igual forma señalaron a funcionarios de la PGR como Tomás Zerón, “que realizó investigaciones irregulares y turbias que encubren a los responsables”, y demandaron que lo sucedido en Nueva York no debe de convertirse en una cortina de humo que desvíe la atención, para seguir investigando a los implicados en la desaparición.
Señalaron que lo fundamental para los padres es que la PGR y otras autoridades avancen en la búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus hijos, y no van a permitir que la desaparición sea utilizada por los políticos para sacar ventaja.
“El nuestro es un tema de graves violaciones a los derechos humanos que merece una investigación exhaustiva para obtener verdad y justicia, y no debe estar sujeto a los intereses electorales”, declaran.
En el careo del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera con sus acusadores por el delito de secuestro, éstos aceptaron no conocerlo y negaron que les haya pedido dinero para que los liberara, por lo que hay elementos para que se le dicte libertad, dijo su abogado Rogelio Téliz.
El careo fue la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia, adonde comparecieron cinco acusadores para el careo de la causa penal 196-2013, y por lo cual trasladaron a Arturo Campos del penal de Ayutla, donde está preso, al de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Entre los comparecientes estuvieron tres denunciantes y dos agraviados que ratificaron sus declaraciones, en las que no mencionan a Arturo Campos por el delito de secuestro.
La primera en declarar fue Petra Pérez Hernández, madre de la menor Dulce Rubí Burgos Pérez, quien fue detenida por la Policía Comunitaria a petición de sus padres, según la CRAC-PC de Olinalá, pero los familiares lo negaron, y acusaron a Nestora Salgado García de secuestro en la misma causa penal.
Petra Pérez le dijo a Arturo Campos que, “fue cómplice de esa mujer enferma… realmente a mí no me pidió nada de dinero… pero creo que es como el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
Arturo Campos respondió que la hija de Petra Pérez fue detenida por la Policía Comunitaria de su comunidad por alguna falta, que los vecinos aceptaron ese sistema comunitario y, por ello, no consideraba que se tratara de secuestro; dijo que él sólo era consejero y le pidió que le dijera si él le había pedido dinero, a lo que la mujer respondió que no.
A los agraviados y denunciantes se les preguntó qué entendían por secuestro, y todos dijeron que es cuando privan de la libertad a alguien contra su voluntad, sin agregarle que esto es a cambio de dinero, por lo que el concepto se quedó a medias.
Se contrastaron sus comentarios en visitas a familiares en la Casa de Justicia de El Paraíso, donde los detenidos estaban custodiados por policías comunitarios uniformados; Petra Pérez dijo que, “había un grupo de pistoleros apuntándote con sus armas”.
Siguió el padre de Dulce Rubí, quien declaró que le pidieron 5 mil pesos, y que la voz era de Nestora Salgado, pero no mencionó a Arturo Campos, “al señor no lo conocí, sólo vi a dos personas las dos veces que fui; no me acuerdo de él”. Arturo Campos también dijo que esa era la primera vez que veía al declarante.
Siguió la señora Antonia Salmerón, madre de Pedro Salmerón, quien dijo que llegó a ver algunas veces a Arturo Campos, “no tengo nada en contra de usted, ni me hizo nada, no lo conozco y a mí no me pidieron nada de dinero”, dijo.
En el mismo sentido declararon Alejandro Nájera Nájera y Javier Rodríguez Ortega, retenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, quienes dijeron que era la primera vez que veían a Campos Herrera y no tenían nada que decirle, ya que no estuvo cuando fueron detenidos ni liberados por el Ejército, que irrumpió en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El abogado Rogelio Téliz dijo que los careos con los agraviados han demostrado que no hay delito de secuestro, porque todos han negado conocer a Campos Herrera y que les haya pedido dinero para liberarlos, a ellos o a sus familiares; además de que los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso reconocen que fueron retenidos por policías comunitarios uniformados, tanto en Olinalá como en Huamuxtitlán, “eso no es secuestro, la CRAC está reconocida en la ley 701 e instrumentos internacionales”, precisó el abogado.
Dijo que los agraviados fueron retenidos por diversas faltas administrativas del reglamento de la CRAC-PC que funcionaba en sus comunidades, y no son secuestradores, como pretendió acusarlos el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, igual que a Nestora Salgado y a Gonzalo Molina, entre otros policías comunitarios.
El abogado consideró que hay elementos para que el juez dicte auto de libertad a Arturo Campos, ante todas las pruebas aportadas, y porque con las declaraciones de los agraviados y denunciantes, el delito de secuestro se desvanece al no reconocer al inculpado estando frente a frente, “es un asunto del gobierno por mantenerlo encerrado sólo por organizarse para dar seguridad a su pueblo”, dijo.
Al concluir el careo, Arturo Campos reiteró estar orgulloso de pertenecer a la CRAC-PC y de organizarse para combatir la inseguridad, que avanza sin que el gobierno haga nada para frenarla.
A quienes confían en él les dijo que se va a demostrar que es inocente y que están del lado del pueblo, y que los luchadores sociales o quien se organiza siempre van a la cárcel, mientras los delincuentes son diputados o gobernadores.
Agregó que al salir seguirá en su comunidad apoyando a la gente.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.
El proyecto para la construcción del cuartel del 41 Batallón de Infantería del Ejército en Teloloapan, anunciado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, está “paralizado” y sólo se cuenta con la donación de un terrero de 60 hectáreas donde está proyectada su construcción, informó ayer el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño.
Vía telefónica ayer en la mañana el alcalde de Teloloapan explicó que en la administración del alcalde Jesús Valladares Salgado el municipio donó el terreno de 60 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante un notario público, “ya se hizo y estamos en espera de que se puedan etiquetar recursos para que se dé la construcción del cuartel en Teloloapan”.
Dijo que ha estado pidiendo información de cuándo inicia su construcción pero le han dicho que se espera que se etiqueten recursos, aunque por el momento no hay.
Agregó que hace unos días platicó al respecto con el gobernador Héctor Astudillo Flores y éste le respondió que también insiste ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para que inicie la construcción de los cuarteles de Teloloapan y de Chilapa.
Mencionó que el municipio donó 30 hectáreas de terreno y se compraron 30 más con el apoyo del gobierno del estado que aportó tres millones de pesos, y otra parte el municipio. El predio está ubicado al oriente de la cabecera municipal en la carretera Teloloapan-Apaxtla, antes de llegar a la comunidad de Acatempan.
En febrero de 2014 cuando el ex mandatario Ángel Aguirre entregó el terreno a mandos militares de la Sedena, anunció la entrega de un cheque de 10 millones de pesos para el inicio de su construcción y que se habrían dado al ex alcalde Ignacio Valladares Salgado.
Al respecto el alcalde, quien fue tesorero en la pasada administración, dijo que “no se entregó nada, hicieron la entrega simbólica de un cheque pero el recurso nunca pudo llegar a las cuentas (del municipio) porque se tenían que esperar a que la Sedena pusiera su parte. Fue un cheque que se entregó de manera simbólica por 10 millones de pesos pero nunca se hizo efectivo, hasta donde yo sé”.
El 13 de febrero de 2014 tras una sesión del Grupo Coordinación Guerrero que sesionó en Teloloapan, el ex gobernador Ángel Aguirre entregó a mandos militares el predio de 60 hectáreas en el que se construiría el 41 Batallón de Infantería, el cual daría seguridad a los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Ixcapuzalco, Cuetzala y parte de Tierra Caliente.
El lunes de la semana pasada y de la misma manera tras una sesión del Grupo de Coordinación Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informaron del reforzamiento de la seguridad en cinco municipios del estado, entre estos Teloloapan.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, decía el boletín del gobierno estatal.
En otro tema ante la pregunta, el alcalde Robell Urióstegui informó que hasta la tarde de ayer la Policía Federal no había llegado a Teloloapan como anunció la semana pasada el vocero de seguridad.
Dijo que el municipio estaba en calma y en espera del arribo de los agentes, “no han llegado a Teloloapan y desconocemos el motivo por el cual no han hecho acto de presencia”, pero confió que en los próximos días lo hagan.
Se le preguntó si es por la petición del gobierno de que se repliegue la comunitaria Tecampanera, y respondió que no porque quien hace la petición de que la comunitaria se repliegue es la Policía Militar.
Pobladores de los municipios de Quechultenango, Acatepec, Chilapa y Atlixtac protestaron en las oficinas de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), porque no han concluido la construcción de dos carreteras que iniciaron desde el año pasado, y que comunicarán a los cuatro municipios.
A las 10:30 de la mañana, unos 80 pobladores de los cuatro municipios llegaron a las oficinas de la CICAEG, ubicadas frente las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la avenida Ruffo Figueroa, en la capital.
El presidente de gestoría del núcleo de San Lucas Teocuitlapa, municipio de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón comentó que la CICAEG y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) destinó un presupuesto para la construcción de la carretera que pasa por la comunidad de Tlanicuilulco, en Quechultenango, y El Epazote, en Chilapa, en la que sólo han pavimentado 13 kilómetros de 60.
En el caso de la carretera Acatepec-San Lucas Teocuitlapa, en Atlixtac, son 5 kilómetros de los que aún no han iniciado los trabajos, “las obras carreteras están financiadas por la CICAEG y la Cdi, pero no han atendido nuestras demandas”, declaró.
Matías Marrón señaló que las obras deberían haber iniciado en mayo del año pasado; sin embargo, apenas en noviembre de ese año comenzaron los trabajos, pero a consecuencia de la temporada de lluvias se suspendieron las labores que a la fecha no han reanudado las dos empresas constructoras.
Agregó que en el municipio de Quechultenago está parada la obra en la comunidad de Tezintla, que se dirige a la cabecera municipal.
Dijo que, hace dos meses se reunieron con funcionarios de la CICAEG y la Cdi para reanudar la construcción de carreteras, “sólo una semana trabajaron y después ya no laboraron, nos dijeron que ya habían financiado las obras; sin embargo, las dos empresas, una de ellas Dimarca SA de CV, que no realizan los trabajo”.
“Todos los pueblos de la Montaña, para mejorar sus condiciones la única alternativa es haciendo presión, tomar oficinas públicas cerrando carreteras, el gobierno ha sido difícil que voltee a ver a nuestros pueblos”, declaró.
Recordó que estas carreteras fueron programadas en las administraciones de Zeferino Torreblenca Galindo, Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores, y el año pasado iniciaron los trabajos de construcción.
Matías Marrón informó que fueron atendidos por el director general de la CICAEG, Ricardo Taja Ramírez, en la que acordaron que la dependencia destinará 10 millones de pesos a las carreteros y la obra concluirá el próximo año, en el ejercicio fiscal 2017.
A las 11:30 de la mañana los pobladores de los cuatro municipios se retiraron de las oficinas de la CICAEG.
A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.
Comerciantes del mercado Morelos, de Coyuca de Benítez, denunciaron que ayer en la madrugada, trabajadores con maquinarias pesadas demolieron los últimos locales, en los que aún había mercancía.
En declaraciones, Fulgencio Cruz López, quien habló en representación de los comerciantes, lamentó que la autoridad no haya respetado los amparos y los derechos humanos de sus compañeros que tienen años con sus negocios, y que los sigan amenazando.
“Demolieron los últimos locales establecidos con todo y mercancía, es muy vergonzoso lo que pasa, porque los diputados de Movimiento Ciudadano, Morena y Partido del Trabajo, ya hicieron un exhorto al alcalde de Coyuca para que nos atienda” dijo.
Abundó que nunca llegó un oficio del alcalde Javier Escobar Parra para informarles que tenían que desalojar, “nunca nos mando documentos, por eso es que estamos preocupados, porque contamos con los amparos y demolieron, violó los amparos”.
Ayer, los comerciantes recogían la mercancía que tenían en sus negocios demolidos entre la medianoche del viernes y primeras horas del sábado; cebollas, veladoras y ropa quedaron bajo los escombros, luego de la demolición de los últimos locales que estaban en pie.
“No sabemos que se vaya a hacer con este terreno, algunos dicen que será un Walmart, otros que será un Soriana, que van a vender este local, y todo es preocupante porque no se nos informa qué se va hacer, aquí, sólo el rumor de que van a vender”, lamentó.
Recordó que ayer fue la cuarta vez que llegaron trabajadores con maquinaria pesada al mercado para demoler los locales; que llevan dos meses en el movimiento y las autoridades no se han acercado para dialogar, “por eso hay impunidad, intimidación y amenazas a los compañeros, a algunos ya nos amenazaron de muerte”.
Explicó que eran 23 los locales que estaban fijos y fueron destruidos con todo y mercancía, y que los comerciantes semifijos y ambulantes son 150; por ello, la petición al gobierno es la salida del presidente municipal y que comparezca ante el Congreso del estado.
“No respetó a la Comisión de Derechos Humanos, aquí tenemos el oficio, aun cuando violaban los derechos humanos mandaron las maquinas y demolieron los locales”, dijo el representante, al tiempo que precisó que el alcalde pretende enviarlos a la Central de Abasto.
Abundó que tampoco se han acercado a ellos autoridades del gobierno del estado, “lo que hicimos fue buscar como aval al Congreso, porque sabemos que Ramiro Ávila es amigo del gobernador, y Ramiro puso al presidente, pero como sabemos que no fue un voto popular”.
Cruz López declaró que algunos comerciantes que perdieron su patrimonio presentaron una denuncia por abuso de autoridad, y que ayer, “el Ministerio Público vino aquí a ver los daños, y aquí estuvo tomando datos”.
Los comerciantes aseguran que no se mudarán al mercado que construyó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque ya está lleno, pero además porque está lejos, “muchos de los que están allá se quieren regresar porque no tienen gente”, dijo Cruz López.
