Etiqueta: Ángela Buitrago

Ángela Buitrago tiene la esperanza de que se consiga la información que falta de Ayotzinapa

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

“Tengo la esperanza de que este año se pueda conseguir la información” restante sobre el caso Ayotzinapa, dice la doctora en derecho Ángela María Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. “Tenemos la esperanza de que este año sea definitivo”, enfatiza. Y por eso también cree, afirma, que las instituciones, entre ellas el Ejército Mexicano, “pueden ayudarnos a conseguir la información que falta”.
En entrevista con El Sur, Buitrago analiza los retos que enfrentará en 2023 lo que queda del grupo de especialistas internacionales creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para contribuir en el esclarecimiento del caso: en octubre del año pasado se anunció que sólo Buitrago y el doctor en psicología de origen español Carlos Beristain continuarían con la investigación, luego de que en su último reporte –difundido ese mes– dieran a conocer las irregularidades detectadas en decenas de capturas de Whatsapp que presentó como pruebas la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), liderada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
–¿Qué avance en información esperarían después tantos años de investigación?
–Consideramos que avances ha habido. Es un tema importante que anotar. Se han vencido algunos de los rezagos en donde había quedado la investigación. En los últimos años ha habido un esfuerzo fuerte, precisamente para limpiarla de todo lo que no era cierto. Se requiere, de todos modos, encontrar otros documentos y otras informaciones que podrían brindar mayor ayuda, pero sabiendo lo que no es cierto.
No existe evidencia que “garatice la originalidad” de las capturas de pantalla de los mensajes de Whatsaap, determinó el GIEI en su última conferencia pública, lo que provocó que organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaran la rigurosidad de la investigación oficial.
“Conociendo que hay una información adicional (de las instituciones sobre el caso), nos toca seguir insistiendo en ella”, añade la experta colombiana.
–¿Creen que la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones entregarán más información?
–Seguiremos insistiendo en que nos envíen información. Tengo la esperanza de que así será, porque ya hemos completado una lista de lo que falta y la hemos enviado. Nos han enviado información, también el Ejército. Así que el tema es que también hemos contado con información, demorada, lenta, por una serie de razones expuestas, y esperamos que sigan colaborando con entregar más documentación. Por eso tenemos la esperanza de que este año sea definitivo. Sabemos que ese es un proceso. Un proceso que empezó a darse con la voluntad del presidente actual (Andrés Manuel López Obrador), pues ordenó la entrega de información. Se ha hecho, pero falta. Se seguirá insistiendo. Y esperamos que la entreguen en este año. Todas las voluntades se juntan para eso. Así que vamos a ver si sí es definitivo.

Compromiso, esfuerzo,
Sacrificio

Luego de más de ocho años en la investigación independiente de uno de los casos emblemáticos del siglo, donde las propias instituciones han reconocido la participación del Estado en la desaparición de los 43 normalistas, Buitrago comparte que el caso Ayotzinapa ha representado “un compromiso, un esfuerzo y un sacrificio”.
Lo anterior, explica, “en términos de poder ir a lugares innaccesibles, generar trabajo en torno a entender la situación. Ha sido un compromiso conjunto de equipo, en torno a una medida cautelar que decretó la CIDH.
“Ese es un punto importante que destacar, que la CIDH decretó la medida cautelar con base en una petición del gobierno (mexicano) en ese momento, también de nuestra actuación en estos años. Y, sobre ese supuesto, la decisión de los padres de que sigan siendo acompañados por el grupo, y que sigamos trabajando en pos de tratar de hallar la verdad. Así que reitero que significa un tiempo de esfuerzo, dedicación, compromiso. Y sin lugar a dudas, una decisión de seguir trabajando por el caso.
–¿Qué otras instituciones se esperaría que participaran en los esfuerzos de la investigación?
–Por orden del presidente se abrieron todos los archivos de todas las instituciones. Cualquier documento que tengan es bienvenido para ir profundizando y mirando todos los aspectos que faltan dentro de esta investigación. Hemos obtenido muchísima información documental. Se han abierto las puertas de todas las instituciones y con la orden presidencial hemos podido ingresar a los archivos de la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, etcétera (…) no podemos desconocer estos hechos. Por eso debemos seguir insistiendo en que quien tenga más información y pueda encontrar más información, la entregue a la investigación, porque esos documentos sobre lo que se recepcionó, lo que se dijo, lo que se oyó, es fundamental.
–¿Están satisfechos con lo que han conseguido?
–Satisfechos no está uno nunca en términos informativos cuando falta información. Sí estoy satisfecha de que se haya roto un cierre y un candado desde hace algunos años, con lo que se obtuvo información que nunca se hubiera sabido si no es por eso. En eso sí. Pero también soy consciente y lo hemos dicho en todos los informes, que hay información que falta.

Las familias, “al principio,
en medio y al final”

La abogada colombiana destaca el papel de madres y padres de los normalistas desaparecidos. Las familias, indica, están “al principio, en medio y al final” del caso y en las indagaciones que se han realizado.
“Las directas víctimas de todo este asunto”, dice, son ellos, “que han vivido ocho años de no saber dónde están sus hijos. Y sobre esos supuestos también han tenido la dignidad suficiente, la fuerza suficiente para seguir avanzando en procesos en que se abre la puerta a que, nuevamente, la institucionalidad genere confianza” para poder obtener los resultados.
Ellos “han sufrido en carne propia el tema de la desaparición de sus hijos y sobre esa base cualquier cosa externa, mientras no sepan dónde está el paradero de sus hijos, qué pasó con ellos, los va a seguir afectando”.
–Todo va encaminado hacia esclarecer la verdad a las familias.
–El tema del caso, en particular, y la existencia del GIEI se justifica por los padres (…) se merecen una respuesta completa, apropiada y real sobre lo que pudo haber pasado con sus hijos. Los padres, de principio a fin, son los afectados directos, y sus familias también son víctimas de toda la violencia que surgió el 26 y el 27, y desde luego, posterior a los hechos, cuando sea crean documentos falsos, se dicen cosas que no son. O sea, la violencia es un medio donde se siguen desenvolviendo todos estos elementos a través de lo que descubrimos: que la investigación se hizo con tortura y que todo eso llevó a la anulación de las causas (penales).
–¿Es este el reto más importante de sus carreras como expertos?
–Yo he contado con la oportunidad de tener en otros países, también en mi país, otros retos, que significan tener a la víctima en medio. Todos, dentro de su densidad, son retos muy importantes. Temas que tienen que ver con víctimas en grandes violaciones de derechos humanos, son muy importantes. Lo que sí diría es que el cariño y afecto, el haber compartido con los padres del caso Ayotzinapa de manera permanente, nos hace mucho más cercanos en ese dolor y esa tristeza.
Esa base en todos los retos de graves violaciones tiene la misma densidad y el mismo crompromiso, expone Buitrago, sin embargo, “el caso Ayotzinapa tiene componentes que lo hacen especial y, desde ese punto de vista, pues genera una mayor aproximación al sufrimiento de las víctimas. Hablo de la naturaleza del caso, el ataque a jóvenes que apenas están comenzando a vivir la vida. Muchachos de 24 años en su mayoría, que tenían la esperanza de construir un futuro mejor y que no pudieron llegar a hacerlo, sobre todo los tres casos de los muchachos cuyas partes de sus restos hemos encontrado”.
Concluye Buitrago: “Así que esto lo hace muy especial. En el sentido de entender las particularidades de la fuerza de la violencia, de la falta de piedad, y de tratarse de personas tan jóvenes en las que sus familias habían puesto todas las esperanzas y habían puesto, además, todo el esfuerzo para que tuvieran un futuro mejor”.

Condena la CIDH la campaña de desprestigio contra Álvarez Icaza y los expertos independientes

De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.

En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.