El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró este martes en Chilpancingo que no hay razón legal para que la familia de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, no tenga la oportunidad de la coadyuvancia en las investigaciones del crimen y que la Fiscalía General del Estado (FGE) le niegue información y hasta copias del expediente, como lo ha venido denunciado la viuda Martha Obezo Cázares.
Dijo en conferencia de prensa que un caso emblemático, paradigmático, de impunidad y opacidad como ése, debe también tener una respuesta paradigmática, y añadió que por la denegación de la justicia en el ámbito local existen elementos para acudir ante la justicia internacional.
Mientras tanto, en la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos. Asignaturas pendientes en Guerrero, que disertó como parte de la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia, organizada en el marco del octavo aniversario del asesinato de Chavarría Barrera, calificó a Guerrero como un “mapa de dolor” por los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la criminalización y la impunidad.
Añadió que en el contexto de violencia que está viviendo Guerrero, se necesita que los sectores sociales de Guerrero: los empresarios, los eclesiásticos, las universidades, los sindicatos, los grupos sociales, los grupos feministas y los defensores de derechos humanos, manden un poderoso mensaje mediante una manifestación pública, política y expresa del trabajo por la paz que pase por la justicia.

La impunidad, mensaje para quienes conspiraron contra la democracia

Álvarez Icaza ofreció una conferencia de prensa a las 11 de la mañana para hablar del caso Chavarría y a las 12 disertó la conferencia Justicia y Derechos Humanos Asignaturas pendientes en Guerrero, en donde habló de la violencia provocada por el crimen organizado, la connivencia entre la delincuencia organizada y el gobierno, la corrupción y la impunidad que priva en la entidad.
En su encuentro con los medios de comunicación, declaró que México se ha sumido en una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos y que fue justamente el magnicidio (el asesinato de Chavarría) una de las primeras señales. Destacó que han pasado 8 años en los que han transitado cuatro gobernadores, ocho procuradores y un fiscal “y la justicia no ha llegado”.
Consideró que es importante que en este caso se rompan las cadenas de corrupción e impunidad que son la causa de no llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Dijo que en Guerrero se ha venido reproduciendo este “lamentable” fenómeno de la impunidad desde la guerra sucia y que la violencia que priva actualmente en varias de las ciudades del estado, tiene que ver con la falta de justicia como en el caso del Magnicidio de Chavarría Barrera.
Por eso insistió que es vital recuperar la acción de la justicia, como es también que la familia tenga acceso a la coadyuvancia y sostuvo que “no es aceptable jurídica, política y éticamente” que la familia no tenga acceso ni si quiera al expediente. “No hay razón legal que justifique esta condición de no acceso al expediente”, insistió.
Acusó que con ello la Fiscalía está dejando en la indefensión y revictimizando a la familia. Criticó que, como es posible que a ocho años del asesinato la familia no tenga acceso ni siquiera al expediente, “eso es inaceptable, y requiere una muy fuerte acción contra la Fiscalía, requiere un mensaje poderosos desde el Congreso local y una acción desde el Ejecutivo”, demandó.
Álvarez Icaza, dijo que si al presidente del Congreso se le asesina y no pasa nada, se manda un poderoso mensaje para los poderes fácticos que conspiraron en contra de la democracia, y que, por tanto, en Guerrero no hay otro horizonte más que la exigencia de justicia, y añadió que la ruta tiene que ser la transparencia de la investigación para que haya confianza.
Consideró que es grave que se esté hablando de un crimen que tiene todos los tintes de un crimen político y un magnicidio, no haya claridad y transparencia en la investigación.
“Recientemente el fiscal estaba queriendo retomar una línea de investigación que ya estaba cerrada, queriendo inculpar a la guerrilla y este tipo de cosas lo único que hacen es fomentar la duda razonada de que no se quiere investigar”. Declaró que no se trata de fabricar culpables, sino de generar certeza en la justicia.
Álvarez Icaza consideró que la conducta del fiscal, quien una sola vez ha recibido a la familia de Chavarría Barrera es reprobable, Y con respecto al anuncio que hizo ante el Congreso en el sentido de que en dos o tres semanas presentaría los resultados de las investigaciones, al no hacerlo “pareciera una simulación de justicia” y agregó que al incumplir, “sería importante que el Congreso ejerciera su facultad para llamarlo a cuentas, porque no puede ser que el fiscal se burle de un poder del Estado”.
En la conferencia de prensa Álvarez Icaza estuvo acompañado por la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo; por el ex comisionado de la Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes; la presidenta del Colectivo de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Gutiérrez Narciso; la activista feminista, Martha Sánchez Néstor; el activista Federico Samaniego, y el dirigente de los mineros en huelga de Taxco, Humberto Hernández Mojica.
El ex secretario ejecutivo de la CIDH advirtió que si en éste caso que es “emblemático” y “paradigmático” el mensaje al pueblo es que no pasa nada, qué se puede esperar. “Por eso es importante desde la fenomenología y tipología de los derechos humanos que los casos paradigmáticos tengan también una respuesta paradigmática”, porque dijo que se juega una parte importante de la confianza y de lo que significa la reconstrucción del tejido social”.
El defensor de derechos humanos agregó que es importante que se manden mensajes para parar la violencia y que los distintos actores “levanten la mano para decir tenemos que parar esta espiral de violencia”.
Advirtió que “los focos rojos están más que prendidos desde hace tiempo” y que se requiere mandar una señal poderosa de la autoridad y de la sociedad para interrumpir estas espiarles de violencia, y añadió que la mejor manera es la acción de la justicia.
En su intervención, la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo, dijo que a ocho años del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, “no es tiempo para conmiserarnos, sino para exigir y elevar la voz”.

El drama de Guerrero

Más tarde, a las 12 del día, en el auditorio José Inocente Lugo del Palacio Municipal que se llenó de integrantes de organizaciones sociales, universitarios, amigos y familiares de Chavarría Barrera, Álvarez Icaza disertó la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, Asignaturas pendientes en Guerrero.
El ex secretario técnico de la CIDH, habló del drama que vive Guerrero por la violencia, los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la impunidad, la corrupción y la connivencia de los grupos del crimen organizado con las autoridades.
Entre el público estuvieron el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, así como la secretaria de la misma comisión, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Guillén, y el diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino.
Álvarez Icaza destacó que informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelan que el fenómeno del feminicidio en Guerrero es un tema de alarma.
Asimismo, que hay un control y poder absoluto de grupos delincuenciales en algunas zonas del estado. Denunció que hay zonas en donde los gobiernos formales son sólo ventanillas de trámite para el que verdaderamente manda, y que hay colusión y complacencia de autoridades y servidores públicos con el crimen organizado.
Álvarez Icaza compartió el presídium con la viuda de Chavarría Barrera, con Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos; con los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco y Chilpancingo; con la activista feminista Martha Sánchez, con la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino, y con la viuda del asesinado dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández, Sofía Lorena Mendoza.
Dijo que lo que pasa en Guerrero es que solo hay islas donde no hay violencia y que se necesita un poderoso mensaje social, que tenga la vinculación de la paz con la justicia, “necesitamos un mensaje que diga que no es aceptable administrar nada más el dolor, sino presionar y que se diga que los que están mal son aquellos, porque pareciera que los que reclaman justicia son los radicales, los insensatos o los desadaptados, porque se vive un mundo al revés”, dijo.
Advirtió que en la medida que la sociedad no levante la voz en la exigencia de la paz y la justicia, en esa medida van ganando normalidad la corrupción y la impunidad, “no podemos permitir que casos como el de Armando Chavarría queden en el olvido, tampoco podemos permitir está connivencia entre narcos y autoridades, porque al rato nada más llegan a cobrar el favor y a poner al secretario de Seguridad, que es el pacto entre el pastor y los lobos y después no escuchan el clamor de las víctimas”.
Por su parte, la viuda de Chavarría, denunció que nunca como ahora Guerrero había estado inmerso en la corrupción y en la impunidad, y que nunca como ahora la sociedad había estado tan indefensa y había padecido tanto dolor y tantos agravios.
Dijo que en Guerrero se respira impunidad y que en el caso del asesinato de su esposo, desde siempre no han hecho más que esconder y trasegar el expediente, y que en estos días se ha visto al fiscal Javier Olea, “tratar de imponer una conclusión absurda, mintiendo sin recato alguno a la sociedad, sabiéndose intocable”.
Pero dijo que qué se puede esperar del Estado donde se han desaparecido a 43 estudiantes “y la apuesta del Gobierno es el olvido, qué podemos esperar si existen miles de desaparecidos, qué podemos esperar si continúan los feminicidios, si se asesinan a periodistas, a defensores de derechos. Qué podemos esperar si en vez de hacer justicia cada día crecen los agravios y se arraiga la impunidad”, denunció.