Después de una reunión con el senador Félix Salgado Macedonio, los ex trabajadores del programa Becas del Bienestar Benito Juárez e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), levantaron a las 4 de la tarde de ayer su plantón que mantenían desde el lunes en la puerta uno de Casa Guerrero.
El plantón se instaló la tarde del lunes después de una marcha que partió del parque Margarita Maza de Juárez para exigir la reinstalación de los despedidos de la Coordinación de Beca del Bienestar Benito Juárez, aunque también participaron representaciones de otros grupos sociales que exigieron solución a sus respectivas demandas.
La tarde del miércoles el contingente fue replegado por la policía antimotines cuando bloqueaban la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo, y el mediodía de ayer se reunieron con el senador Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda,
A las 3 de la tarde, en una asamblea, el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez, informó de los acuerdos. Dijo que el senador se comprometió a gestionar para que algunos de los ex trabajadores sean recontratados por el delegado federal de los Programas Sociales, Iván Hernández Díaz, y otros por el gobierno del estado, pero no dio mayores detalles pues van a continuar reuniéndose.
Informó que por la noche de ayer los ex trabajadores federales determinarían si con ese acuerdo levantan también su plantón, que ayer cumplió 35 días afuera de las oficinas de la Coordinación Nacional de Becas en el encauzamiento del Huacapa, frente a las instalaciones de la 35 Zona Militar.
En la reunión con el senador se incluyó, también, la petición de apoyo para el grupo de desplazados de Tecpan de Galena que ha venido participando en las movilizaciones de la APPG.
Al respecto el dirigente de la APPG informó que desde las reuniones pasados el gobierno del estado les pidió que buscaran un terreno pero que sean reubicados y que ya el gobierno aceptó apoyarlos con la escrituración del predio para que sea donado a los desplazados sin que paguen nada.
Otra de los casos que se plantearon fueron los nombramientos de los egresados de las normales. Al respecto informó que convinieron una reunión con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, para revisarlos y se empiece a agilizar la emisión de sus nombramientos.
Explicó que otro de los avances fue la solicitud de los pobladores de El Fresno, municipio de Chilpancingo para la construcción de un centro de salud, y de ello dijo que el gobierno del estado “dará continuidad” al planteamiento.
Asimismo, consideró como un avance el apoyo que lograron para el ex comisariado ejidal de la localidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo, José Nava Lorenzo, asesinado en el 2018, anunció que a través del gobierno estatal se revisará la posibilidad de entregarles una pensión y apoyos para sus hijos.
Miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) organizaron un homenaje en el tercer aniversario luctuoso del luchador social, Pablo Sandoval Cruz, y en el panteón central dejaron una ofrenda floral.
En el monumento a los caídos de 1960, ubicado en la alameda Granados Maldonado, en Chilpancingo, los integrantes de la APPG, encabezados por Nicolás Chávez Adame, colocaron una ofrenda floral y guardaron un minuto de silencio.
“Pablo amigo, el pueblo está contigo”, “avanzar, avanzar en la lucha popular” y “el pueblo unido jamás será vencido”, corearon y avanzaron en marcha hasta llegar al panteón central de Chilpancingo.
Entre los asistieron están trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), damnificados de la tormenta Manuel, Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos de 1960, entre otras organizaciones sociales.
En la marcha, el dirigente de la APPG dijo que se cumplían tres años del aniversario luctuoso de Pablo Sandoval, quien dejó un legado de lucha, y coreó: “Pablo te fuiste, pero nunca te rendiste”.
En el panteón, Chávez Adame informó que Sandoval Cruz fue el fundador de la APPG, quien desde muy joven fue luchador social, “él se convirtió en nuestro guía, en nuestro mayor referente y líder”.
Nicolás Chávez lloró al recordar que la playera que llevaba puesta se la había regalado en su cumpleaños Sandoval Cruz.
Al finalizar el mitin, los integrantes de las distintas organizaciones sociales entonaron el himno Venceremos. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Integrantes de organizaciones sociales que marcharon el lunes y se habían instalado en plantón afuera de la Puerta Uno de Casa Guerrero, levantaron su protesta a las 5: 45 de la tarde de ayer después de una reunión con el senador morenista Félix Salgado Macedonio, con quien asumieron acuerdos.
Una comisión de dirigentes de las organizaciones se reunió con el senador en el restaurante el Mesón de Carolina, a partir de las 3 de la tarde, y se enlazó vía whatsapp la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, informó por teléfono el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Dijo que de entrada acordaron con el senador, padre de la gobernadora, una mesa de trabajo para este miércoles con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, para tratar el caso de los presos políticos que reclama la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
También se incluirá el caso del discapacitado y vecino del fraccionamiento Nuevo Mirador, Ciriaco García Nava, quien se encuentra en mal estado de salud y requiere atención médica.
Según Chávez Adame “existe la posibilidad de que con la intervención de la gobernadora Salgado Pineda se liberen a los presos, por la instrucción que ya existe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.
Chávez Adame informó que también plantearon la intervención de Salgado Macedonio en el asunto de los mineros de Taxco que ya llevan 15 años en huelga, aunque en este caso como se trata de un asunto federal no hubo compromisos.
Otro de los acuerdos fue la construcción de “espacios históricos”, como en la alameda Francisco Granados Maldonado, donde inició el movimiento de 1960 que dio origen a la autonomía universitaria; En El Otatal, municipio de Atoyac, para recordar la lucha del Lucio Cabañas Barrientos; así como en el lugar donde fue asesinado el luchador social Ranferi Hernández Acevedo en Chilapa, y en el vado de Aguas Blancas, donde ocurrió la masacre el 28 de junio de 1995.
Dijo que acordaron instalar una mesa de diálogo para “revisar los territorios de memoria histórica y no sean violentados por ningún gobernante de los tres niveles” y, por el contrario, que se diseñen museos en memoria de los caídos.
Con respecto a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJAG) que piden cumplimiento al laudo laboral 662/2013 emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, informó que el acuerdo fue instalar una mesa el jueves con la participación de la Secretaria de Gobierno.
Con respecto a la demanda del grupo de desplazados por grupos delictivos de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán que se sumó al movimiento, acordaron buscar la donación de un predio a través de Invisur o del comisariado ejidal de Tecpan para su reubicación “y tengan seguridad social y económica”.
Otro de los acuerdos fue la instalación de una mesa de diálogo con los egresados de las distintas escuelas normales con la secretaria de Finanzas de la Secretaría de Educación para revisar el otorgamiento de sus nombramientos y tengan derecho al acceso de sus bases.
Además, por separado, se revisará la petición de las autoridades comunitarias de la sierra del municipio de Chilpancingo y de la Costa Grande que piden proyectos productivos, la construcción de tramos carreteros y revisar la falta de maestros y de centros de salud, así como medicamentos.
Chávez Adame, informó que acordaron, además que la señora Gloria Orioso, quien tenía la administración de la cafetería del hospital Raymundo Abarca Alarcón de Tierras Prietas, y que fue desalojada el año pasado, regresara a su local en abril por un tiempo de dos años, “para recuperar” sus pérdidas.
Los dirigentes de la APPG, Nicolás Chávez Adame, y de la OCSS, Norma Msesino, durante el mitin que encabezaron ayer afuera de Ciudad Judicial en la capital del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.
Arriba, el dirigente y fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino recibe la presea Sentimientos del Pueblo de manos del integrante de la CNTE Gonzalo Martínez; le aplauden su hija Norma Mesino y su esposa Alicia Mesino.Abajo, recibe el mismo galardón el activista de la izquierda histórica de Guerrero y ex dirigente estatal del PRD, Guillermo Sánchez Nava, quien fue salvajemente agredido en el 2011 por brigadistas del PRI Fotos: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, entregaron la presea Sentimientos del Pueblo a cuatro dirigentes sociales, dos de ellos post mortem y dos en vida.
La de ayer fue la décima quinta entrega de este reconocimiento que se hace de manera paralela a la presea Sentimientos de la Nación que otorga el Congreso del Estado a figuras políticas y de la sociedad civil el 13 de septiembre de cada año.
La medalla de plata elaborada por los mineros de Taxco en huelga desde hace 15 años que se entrega a luchadores sociales, defensores de derechos humanos y a personalidades de la sociedad civil, se entregó ayer en un evento en el que hubo reproches al gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En el mismo encuentro, el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, anunció su renuncia a la asesoría a la Secretaría General de Gobierno que le entregó recientemente el actual gobierno estatal.
Asimismo, hubo exigencias de libertad a los presos políticos, presentación de los desaparecidos, justicia en el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y alto a la violencia y a los feminicidios.
Recibieron la presea popular post mortem el dirigente social, ex diputado local y ex dirigente estatal del PRD, Octaviano Santiago Dionisio. También la recibió post mortem el ex dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava Rodríguez.
Además, recibieron el reconocimiento la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a través de su dirigente fundador Hilario Mesino Acosta, y el integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y ex diputado federal y local perredista, Guillermo Sánchez Nava, quien en el 2011 fue atacado por una brigada de priistas, y a raíz de ello sigue postrado en una silla de ruedas.
Antes de la ceremonia, los dirigentes de las organizaciones sociales entregaron en el teatro hundido de la Alameda Granados Maldonado el nombramiento de “guardián cultural” al promotor de la cultura en Guerrero, Josafat Nava Mosso.
Después, los integrantes de las organizaciones sociales acompañados por danzas tradicionales, marcharon de la Alameda Granados Maldonado a las instalaciones de la dirección del Colegio de Bachilleres, donde se llevó a cabo la entrega de los reconocimientos.
El dirigente de la APPG Nicolás Chávez Adame, entregó la medalla a Guillermo Sánchez Nava, quien fue llevado en una silla de ruedas por sus familiares.
De acuerdo a su semblanza leída en la ceremonia, Sánchez Nava es un referente de la lucha de la izquierda mexicana y ha sido parte fundamental en la construcción del movimiento democrático en el estado.
“Es un hombre congruente, de ideales fuertes, con gran espíritu de lealtad y perseverancia, cualidades que lo llevaron a ser diputado local en 1988, después dirigente estatal del PRD”.
En el 2011, en su última encomienda como representante del PRD ante el entonces Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG) para el proceso electoral a la gubernatura, sufrió una agresión por parte de un grupo de brigadistas del PRI, “contra el cual él lucho toda su vida, agresión que lo dejó en condición de postración en la que se encuentra ahora”, se mencionó en su semblanza.
Al entregar la presea a Sánchez Nava, Chávez Adame dijo que luchas como la que libró Sánchez Nava lo inspiran a seguir en la lucha social y que prefiere renunciar al cargo que le ofreció el gobierno de las 4T, en referencia a la asesoría en la Secretaría General de Gobierno.
Consultado al final de la ceremonia popular, el dirigente de la APPG confirmó que ya se retiró de la asesoría y que presentará su renuncia formal el día del informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, cuando rendirá un contrainforme.
Renunció como asesor del gobiern, informa Nicolás Chávez
En su intervención al entregar la medalla a Sánchez Nava, reveló que del gobierno le pidieron que esta vez se entregara una sola presea, en referencia que se sumara a la que entregó el Congreso local al actor Dagoberto Gama, “pero renunciamos a la hipocresía, a la vanidad, a los trajes”, dijo.
La entrega del reconocimiento a Sam, como le llaman sus correligionarios, fue al grito de “justicia, justicia, justicia…” y una explosión de serpentinas cayó sobre el presídium desde el segundo piso del histórico edificio que alberga las oficinas de la Dirección del Colegio de Bachilleres.
A nombre de la familia de Guillermo, su hijo Bernardo Javier Sánchez, reclamó justicia, presentación de los desaparecidos, libertad a los presos políticos, peticiones que, dijo, siempre enarboló su padre y a nombre de su familia expresó su solidaridad y a las demandas de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos.
Además exigió justicia por el asesinato del diputado local del PRD Armando Chavarría Barrera y del dirigente social Ranferi Hernández Acevedo y de todos los crímenes de luchadores sociales.
La justicia, “obligación irrefutable” de AMLO y Evelyn
Otro de los que recibieron el reconocimiento fue Hilario Mesino Acosta, a nombre de la OCSS de la que es fundador.
Mesino Acosta, fue fundador además de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande en 1989.
También es miembro activo de la Asociación de Familiares, Detenidos y Desaparecidos de México (Afadem).
En un documento que leyó, habló de la necesidad de justicia a las víctimas y familiares de crímenes de lesa humanidad en Guerrero.
Dijo que esta “es una obligación irrefutable del actual gobierno encabezado por Evelyn Salgado en Guerrero y de Andrés Manuel López Obrador en el país.
“El argumento de que los hechos no sucedieron en la actual administración no tiene ningún sustento cuando está en manos de los órganos gubernamentales revertir la impunidad que ha caracterizado al neoliberalismo en nuestro país”.
Agregó que son las instituciones actuales las que tienen esa obligación de investigar y sancionar a quienes, valiéndose de sus atribuciones como servidores públicos, agravian de manera artera a la sociedad.
Advirtió que de no garantizar el acceso a la justicia, “estaremos agregando nuevos cómplices a la impunidad que han generado los hechos de lesa humanidad”.
Reiteró la exigencia de verdad, juicio y castigo, a todos los involucrados en los hechos de lesa humanidad.
“Insistiremos en una Ley de Amnistía que nada tiene que ver con prerrogativas lastimeras, y sí con alternativas de solución tangibles y reales”.
En el caso de los “cobardes asesinatos” de nuestros compañeros Miguel Ángel Mesino, Rocío Mesino Mesino, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez Flores y Luis Olivares Enríquez, exigimos verdad y justicia, que se agilicen y agoten todas las líneas de investigación”; asimismo, pidió que se presenten y castiguen a los culpables materiales e intelectuales.
También demandó la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del estado, particularmente de los integrantes de la OCSS Antonio Barragán Carrasco, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
El veterano luchador social fue acompañado por su esposa Alicia Mesino Castro y su hija Norma Mesino,y la presea la recibió del integrante de la Dirección Política de las CNTE, Gonzalo Martínez Villagrán.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que el juez le fijó hacer trabajo comunitario en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como sanción por la toma de las oficinas de Prospera en Chilpancingo.
Indicó que el juez solicitó tres documentos para terminar el proceso, entre otros una constancia de trabajo, que no tiene porque fue suspendido por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, y presentó una constancia del ISSSTE, dijo.
Le pidió una constancia de radicación, que certifica dónde vive, que ya entregó; y una constancia del servicio social, que será de alfabetización en la UPN de Chilpancingo. Informó que el juez determinó que el servicio de alfabetización durará seis meses y será de 12 horas por mes.
Explicó que fue acusado de obstrucción del trabajo público, delito que se castiga hasta con 4 años de cárcel, por la toma de de oficinas de Prospera que, aunque él argumentó que fue por una protesta, el abogado defensor le sugirió que aceptara que era culpable, en parte para evitar que se alargara más el proceso y tuviera más desgaste emocional; finalmente el juez determinó como sanción el trabajo comunitario.
El dirigente de la APPG informó que la semana pasada recibió un requerimiento de la PGR, para acudir hoy a la Unidad de Asuntos Internos para ratificar la denuncia por violación a los derechos humanos contra los policías federales que lo detuvieron el 14 de mayo cuando se dirigía de Chilpancingo a Acapulco, donde fue esposado y fotografiado, pero dijo que no acudirá, porque “lo que quería es dejar un precedente”.
En conferencia de prensa antes de la audiencia en el juzgado, Chávez denunció que el Estado mexicano sigue criminalizando la lucha social, y reclamó que en Morena ya hay “soberbia” antes de llegar al poder.
Criticó que los luchadores sociales han sido más perseguidos que los integrantes de la delincuencia organizada.
Informó que hay una propuesta para que la presea popular Sentimientos del Pueblo sea entregada al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que intentarán dársela directamente al tabasqueño.
Chávez Adame aseguró que “en Morena también asumen posturas de soberbia, muy marcadas, que antes de tener el poder no se puede tener una postura, debe haber humildad, sobre todo un esquema diferente; la lucha social va a mantener la protesta”.
Contó que buscó los filtros mediante el delegado de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, pero éste los mandó a las oficinas del partido en Chilpancingo, mientras que de la presidente municipal electa de Acapulco, Adela Román, dijo que, “queríamos que fuera la bisagra, pero no se hizo efectiva”. Informó que otras dos propuestas para entregar la presea son el sacerdote Alejandro Solalinde y los hermanos Tavira, de Tierra Caliente.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en Acapulco, contra la Policía Federal, que lo detuvo el 14 de mayo en Chilpancingo.
Chávez Adame fue atendido por el coordinador de las oficinas de la CNDH Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, y turnado con el abogado en turno para interponer la queja contra la Policía Federal ministerial por violación a los derechos humanos.
El dirigente de la APPG dijo que la queja quedará como precedente para cualquier otra detención y que no se violen los derechos humanos de los luchadores sociales.
Indicó que la queja formal ante la CNDH fue presentada ante la burla y maltrato de la Policía Federal ministerial que violó derechos humanos durante el trasladado de Chilpancingo a Acapulco, al juez de Control.
Chávez Adame dijo que ayer entregaría los documentos que solicitó el juez de Control, constancia de trabajo, social y de radicación.
Contó que, en su caso, el lunes pasado los agentes de la PGR lo detuvieron sin una orden de aprehensión ni presentación y sin vestir el uniforme.
El 14 de mayo, Chávez Adame fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) y trasladado a un juzgado federal en Acapulco, porque participó en la toma de las instalaciones de Prospera en enero del año pasado, contra el despido injustificado de trabajadores de esa dependencia.
La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, informó que son ocho las órdenes de aprehensión que hay en contra de integrantes que participaron en la toma de las instalaciones de Prospera el año pasado, y no están amparados, luego de la detención del dirigente Nicolás Chávez Adame el lunes, que fue puesto en libertad ese mismo día.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, damnificados de El Mirador, trabajadoras despedidas de Prospera, jubilados y pensionados, y miembros del Sindicato de Telefonistas, acompañaron al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, para darle su respaldo.
Chávez Adame repudió, junto con sus compañeros, su detención en el barrio de Santa Cruz, cuando le llevó comida a su mamá, que está enferma.
Dijo que fue detenido por hombres vestidos de civil que dijeron que tenía una orden de aprehensión, pero nunca se la mostraron, por lo que pensó que se trataba de un levantón.
Contó que le indicaron que lo llevarían a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), y que se subió al carro en el que venían porque los vio armados, luego lo trasladaron a Acapulco a un juzgado federal.
“Se hizo un juicio oral con las leyes que rige a estos procesos penitenciarios, ya los compañeros de Tlachinollan llegaron un poco más tarde; sin embargo, el abogado de oficio fue el que llevó la defensa y logró que yo quedara bajo caución. Yo voy a firmar a partir del 1 de junio en un juzgado aquí, en Chilpancingo, federal, también se me sanciona hacer un trabajo a servicio de la comunidad en una dependencia donde se me puedan requerir mis servicios”, relató.
Dijo que quería dejarle claro a los tres niveles de gobierno que no deben tratar a los luchadores sociales como si fueran delincuentes, porque no lo son, no han robado ni asesinado a nadie.
Contó que los agentes de la PGR le comentaron que ya tenían días siguiéndolo, que lo iban a detener el domingo, cuando fue a cenar con su familia al Festival del Pozole y el Mezcal, pero que, como iba con sus familiares, lo evitaron, aunque recordó que el 23 de marzo de 2017, cuando fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) acusado de motín, sí estaba con su familia.
En la rueda de prensa, el dirigente responsabilizó a los gobiernos de lo que le pudiera pasar a su familia y a sus compañeros de lucha, y reprochó que es más fácil que capturen a un dirigente social que a un integrante de la delincuencia organizada.
Abundó que Guerrero se sigue tiñendo de sangre, el país igual, y a quienes se les hace más fácil aprehender es a los que protestan, y a los periodistas.
Dijo que con estos hechos, “el Estado queda más evidenciado, porque hay una deuda de justicia en Guerrero, que es la aparición con vida de los 43 normalista”.
Recordó que desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo le arrebataron su plaza de docente.
Informó que el día de su detención pudo comunicarse con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, con quien acordó una mesa de trabajo para buscar dar una solución definitiva a su problema laboral.
Además, afirmo que las organizaciones respetan la vía electoral y a los que creen que es una vía de cambio, pero creen que la lucha social se mantiene firme y no puede ni debe tener un candidato en esa trinchera.
“Hacemos el llamado al gobernador del estado… a que nos ayude a resolver en una mesa de trabajo conflictos y se abstengan, los tres niveles de gobierno, en este caso la federación, a empecinarse a tomar presos a los compañeros de Prospera que fueron despedidos de manera injustificada”.
Indicó que el delito del que los acusan es de obstrucción de una obra y detener el servicio público. Sin embargo, reclamó que el programa Prospera se ha ocupado durante mucho tiempo para desviar recursos a las campañas.
Recordó que por la toma de las instalaciones de la dependencia federal solicitaron un amparo colectivo, pero no fue avalado porque en ese momento no había delito que perseguir.
La primera detenida de la PGR por este hecho fue a la trabajadora despedida, Roselia Francisco Tranquilino, el 15 de noviembre, que fue liberada esa misma noche, sin saber que Chávez Adame ya tenía la orden de aprehensión.
Advirtió que se tiene que agotar el proceso porque continúan en riesgo de ser detenidos sus compañeros, “somos ocho compañero, son puros trabajadores de Prospera, y obviamente su servidor”, manifestó.
En su intervención Francisco Tranquilino dijo que su condena también fue hacer trabajo a favor de la comunidad por seis meses y que está por terminar.
Reveló que en su última audiencia le condicionaron que se alejara de sus compañeros de la Dirección Colectiva, de lo contrario le quitarían esa condena porque además no está firmando en ningún juzgado, además de que su abogado fue amenazado de que si no deja el caso lo van a despedir de donde labora.
Reclamó que no es justo lo que están enfrentado, porque además fueron despedidos 27 compañeros sin ser indemnizados.
Finalmente, dijo que con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan definirán qué proceso jurídico van a seguir.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) este lunes, y trasladado a un juzgado federal en Acapulco, por haber participado en la toma de las instalaciones de Prospera en enero del año pasado, ante el despido injustificado de trabajadores de esa dependencia.
Fue detenido a las 10:30 de la mañana y liberado a las 7:40 de la noche en el juzgado de Acapulco.
A las instalaciones de la PGR llegaron familiares y un compañero del también dirigente de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, para saber la situación jurídica de Chávez Adame.
En consulta telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra contó que, luego de que le informaron de la detención del dirigente se comunicó a la delegación de la PGR, donde le dijeron que la orden de aprehensión fue por obstrucción de realización de obras, y que un compañero abogado estaría en la audiencia de Chávez Adame.
Consultado fuera del edificio de la dependencia federal, el integrante de la APPG, Raúl Nájera Nájera contó que alrededor de las 10:30 de la mañana fue detenido el dirigente en el barrio de la Santa Cruz, después de visitar a su madre.
Expuso que el motivo por el que lo detuvieron fue la toma de las instalaciones de Prospera en apoyo a despidos injustificados de trabajadores, el 24 de enero del año pasado.
Recordó que el dirigente tenía un amparo, junto con otros trabajadores a los que también se les abrió carpeta de investigación, para evitar ser detenido.
Recordó que el 15 de noviembre pasado fue la primera detención que hizo la PGR por este hecho, de la trabajadora despedida Roselia Francisco Tranquilino, que fue liberada esa misma noche.
Dijo que le informaron que Nicolás Chávez sería trasladado a un juzgado federal en Acapulco, a donde se trasladaría junto con su familia.
Nájera Nájera pidió a la prensa estar pendiente de la detención, porque no fue un delito grave el que cometió Chávez Adame, pues defendió los derechos laborales de los despedidos. Dijo que desconocía las condiciones en las que fue detenido.
El 24 de enero, integrantes de la Dirección Colectiva desalojaron a los trabajadores de las oficinas de Prospera, contra el despido injustificado de sus compañeros; tomaron las instalaciones durante 15 días y finalmente fueron desalojados por policías antimotines.
El 23 de marzo siguiente, después de la toma de las instalaciones, el dirigente fue detenido por primera vez, pero no por la toma de Prospera, sino por una orden de aprehensión del 2014, acusado de motín, con el pretexto de que no había pago 3 mil pesos para hacer efectivo el amparo. Luego dio a conocer que le informaron que había siete órdenes de aprehensión contra él y sus compañeros, pero ahora por la toma de Prospera.
Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.
