Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A un año de la alteración a un artículo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, aprobada por el pleno del Congreso local, aún no se sabe quiénes son los responsables, y el dictamen que presentó la Comisión Especial creada para investigar lo ocurrido se mantiene congelado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a pesar de que de manera reiterada diputados de todas las fracciones han afirmado que no quedará impune la falta.
La noche del 12 de abril el pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la nueva Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la cual fue publicada el 14 de abril en una edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, pero se le realizó una alteración al segundo artículo transitorio.
De esta modificación, el gobierno estatal se deslindó tras hacerse público el hecho. Incluso mostraron el documento de recibido por parte del Poder Legislativo, el cual fue publicado íntegro. Mientras que en el Congreso se generó un fuerte debate y señalamientos que sugerían que el entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, fue el responsable de esa modificación. Diputados de todas las fracciones, en tribuna, demandaron que se esclareciera el tema.
La salida que le dieron en ese momento fue la creación de una Comisión Especial para investigar lo ocurrido. Sin embargo, además de los 45 días que el pleno le dio para realizar la investigación y presentar un dictamen, ese colegiado presidido por la perredista Elzy Camacho Peñaloza solicitó 15 días más.
Tras este tiempo, el dictamen no se entregó, incluso el dictamen estuvo presuntamente “retenido” por más de dos meses por una asesora de Alfredo Sánchez Esquivel, y finalmente el primero de septiembre pasado este documento fue entregado a la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez.
El dictamen no se enlistó en ningún orden del día de las sesiones del pleno en estos últimos cuatro meses de 2022, y fue hasta el 12 de enero cuando hubo apenas un intento de sesión “secreta” para discutir y votarlo, pero no se concretó supuestamente por “falta de quórum”.
Pero esta falta de quórum se dio por la oposición de un grupo de diputados, principalmente del PRI y PRD, pero también de Morena, quienes estaban en contra de votar el dictamen en el que no se señalaba a los responsables de la alteración y mucho menos había sanciones.
A un año de esta alteración, el Congreso de Guerrero sigue sin aclarar quién realizó y ordenó que se modificara un artículo transitorio a una ley que había aprobado el pleno del Poder Legislativo.