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La investigación a Tomás Zerón sigue en la PGR, dice la ex procuradora Arely Gómez

 

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González informó que las investigaciones sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal están en manos del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR).
Luego de la inauguración del Primer Encuentro Internacional Anticorrupción en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la funcionaria federal aseguró que ese órgano tiene autonomía para emitir su posicionamiento, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) respetará la determinación que se tome.
El pasado 9 de febrero el subprocurador de Control Regional de la PGR, Alfredo Higuera Bernal dijo que en el caso de Zerón, señalado de irregularidades y sembrar pruebas en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, sería la SFP quien determinaría las responsabilidades respectivas, con base en una investigación.
Sin embargo la responsable de esa dependencia dijo que el caso se investiga dentro de la PGR.
De la investigación sobre los presuntos hechos de corrupción relativos a la empresa brasileña Odebrecht, Gómez recordó que desde diciembre de 2016 cuando se conoció que se realiza una investigación internacional sobre presuntos actos de corrupción de esa empresa, en México se revisa el tema.
La SFP inició desde entonces la búsqueda y localización de contratos que Odebrecht ha realizado, tanto de manera directa como a través de subsidiarias, con lo cual se está haciendo una auditoría transversal, dijo la exprocuradora.
De igual manera reconoció que de momento no tiene un número específico sobre los contratos que forman parte de esta revisión, porque no se limitan sólo a los que tiene celebrados la empresa brasileña, sino también sus subsidiarias.

Intenta el Estado retrasar el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, denuncian padres de los 43

A dos meses de estar exigiendo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega denunció que el gobierno federal está retrasando la conformación del mecanismo internacional de seguimiento en la investigación de los crímenes de Iguala.
Ortega recordó que sucedió lo mismo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, que comenzó su mandato cinco meses después de que se acordó su integración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de las medidas cautelares ante la desaparición forzada de los estudiantes, y a seis meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En consulta telefónica, Melitón Ortega informó que los padres esperan que la reunión con Osorio se concrete el próximo miércoles o el jueves, y que en la reunión mensual con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, el 12 de junio, les deben informar los avances de la investigación del caso.
En tanto, insisten en la conformación del mecanismo que sustituirá al GIEI, que fue separado de la investigación hace dos meses, y en la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.
Subrayó que el funcionario obstruyó la labor del GIEI y quiso desviar la investigación hacia el basurero de Cocula, sembrando evidencias en distintos escenarios.
En cuanto al mecanismo, recordó que las características ya fueron definidas, y en las mesas de trabajo el Estado mexicano ha planteado a la CIDH que su duración sea de seis meses y hasta un año, tiempo suficiente para esclarecer los crímenes.
Sin embargo, indicó que el GIEI permaneció en la investigación un año, durante dos mandatos, y estuvo en la ruta para encontrar la verdad, pero su labor fue obstruida por funcionarios de la misma Procuraduría.
En ese sentido, los padres de familia consideran que el gobierno federal querrá gastar el tiempo del nuevo mecanismo, que se agoten los plazos, para decir al mundo que aceptó el escrutinio internacional. Desconfían de buena voluntad que expresa el gobierno federal.
Asimismo, Melitón Ortega habló de la violencia institucional contra el movimiento magisterial, particularmente en Oaxaca, donde fueron asesinadas nueve personas durante un desalojo a balazos, y la violencia común, que todos los días está sumando homicidios cruentos (decapitados, desmembrados).
Por otra parte, indicó que los padres han recibido amenazados para dejar la lucha; la semana pasada fueron atacados de manera directa por desconocidos que lanzaron piedras al autobús en que se trasladaban a la ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, a pesar de que las medidas cautelares de la CIDH se extienden a los familiares y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Denunció que la respuesta del gobierno a toda expresión de protesta, “es el garrote, el hostigamiento y el asesinato. De esa manera quiere acallar las voces… no puede seguir así esas agresiones de las fuerzas policiacas hacia el sector magisterial, cuando organismos internacionales y movimientos nacionales, religiosos han hecho pronunciamientos en favor de los maestros”.
De la violencia diaria, los crímenes sin control, opinó que son parte de una descomposición social, de la que son responsables las mismas autoridades “coludidas con la delincuencia”.
Estos temas se abordan en las reuniones de trabajo entre los padres de familia, para definir cómo seguir presionando a las autoridades para que les entreguen a sus hijos.
“Para nosotros, eso significa que las policías de los tres niveles no funcionan para garantizar la seguridad en Guerrero y en todo el país, su política de seguridad pública tiene que ser modificada”, opinó.
No obstante, añadió que el interés de los gobiernos en turno está por la clase empresarial, mientras al pueblo permanece en el abandono total.

Exigen 31 organizaciones a la PGR que informe sobre los 19 cuerpos hallados en Chichihualco

Familiares de víctimas de desaparición forzada de 31 organizaciones del país piden a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre el hallazgo de 19 cuerpos en la comunidad de El Naranjo, Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, y que se les tomen muestras de ADN a los cuerpos recuperados y a familiares de víctimas de desaparición forzada en esa zona.
Ante la polémica generada por los hallazgos de 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y varios restos humanos en La Curva de la Virgen, en El Naranjo, en la sierra de Chichihualco, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y 29 organizaciones nacionales de familiares de víctimas de desaparición forzada como la Red de Enlaces Nacionales, la Asamblea Popular de Familias Migrantes, Familiares en Búsqueda María Herrera AC, e Idheas, emitieron ayer un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que, en una reunión con funcionarios de la PGR que realizaron la diligencia en El Naranjo, Chichihualco, se les informó de la recuperación de unos 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, denunciaron, ante el descuido, y la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de la dependencia.
Denunciaron que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR sólo dio evasivas y no cumplió con su compromiso de tomarles muestras de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada para cotejarlas con las de los restos encontrados, como demandan que se haga.
Criticaron que se convoque de forma individual y “discreta” a familiares de víctimas de desaparecidos para informarles del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, excluyendo a las organizaciones a las que pertenecen, como ocurrió el 9 de diciembre. Reiteraron que fue un familiar de un desaparecido quien ubicó la zona del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, a la que describen como el “mismo infierno”: “ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos, y no las autoridades”.
Denunciaron que, al día siguiente del hallazgo, la PGR dejó el lugar sin resguardo, y el martes 8 de diciembre varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por presuntos delincuentes, lo que temen que complique la toma de muestras de ADN.
Como se informó en estas páginas y como lo confirmó el martes la PGR, fuero nueve los cuerpos completos y ocho semicalcinados, así y restos óseos diversos.
“Nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR”, señalan.
En el comunicado emitido antes de las 11 de la mañana de ayer, previo a que el gobernador Héctor Astudillo confirmara el hallazgo de los 19 cuerpos, manifestaron su preocupación de que el gobernador Astudillo “afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de esos cuerpos, pues nos hace pensar que algo encubre, (que) no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño, pues podría significar que él mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por esta dependencia”.
Señalan que el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y Los Otros Desaparecidos de Iguala, “reiteramos nuestra postura de que el Estado mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que, por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida”.
Manifiestan su desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el estado de Guerrero y en la misma PGR, “sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral del daño”.
Las organizaciones que aglutinan a familiares de víctimas de desaparición forzada exigen una urgente mesa de trabajo con la titular de la PGR, Arely Gómez González, para que “sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información”.
Solicitaron al Congreso del estado, al gobernador Héctor Astudillo y a los gobiernos municipales su intervención inmediata de acuerdo con sus facultades constitucionales, y señalan, “deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad, pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses”.