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Demanda Artículo 19 a la FGE esclarecer y reparar robos a tres periodistas de la capital

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La organización Artículo 19, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) “investigaciones diligentes y expeditas” y no sólo identificar a los responsables de los robos cometidos contra tres periodistas de Chilpancingo, cuyo modus operandi fue el mismo, “sino conocer el móvil detrás de los hechos y reparar el daño a las víctimas”.
Los robos de su equipo a los reporteros se cometieron de noviembre del año pasado a abril, y las víctimas son: Arturo de Dios Palma Ocampo, Juan Manuel Abrajan Aponte y Eduardo Yener de los Santos Matías.
“Artículo 19 condena el allanamiento al domicilio y robo de material de trabajo en contra de tres periodistas; casos que han ocurrido a lo largo de cinco meses en Chilpancingo”, escribió la agrupación.
Del caso más reciente ocurrido el 18 de abril, Artículo 19 recordó que “sujetos desconocidos ingresaron al domicilio de los Santos Matías, reportero de Quadratin Guerrero.
Agregó que el 15 de enero pasado, “también sujetos desconocidos allanaron y robaron (en) el apartamento de Juan Manuel Abrajan Ponte, reportero del medio digital El Agro.
Añadió que el 2 de noviembre del año pasado, “el periodista independiente Arturo de Dios Palma Ocampo, fue víctima de los mismos delitos”.
Destaca que en el caso de Yener de los Santos y Abrajan Aponte iniciaron la denuncia ante la FGE.
En tanto que en el caso de Yener de los Santos el Mecanismo de Protección Federal remitió el caso al Mecanismo de Protección del estado, el cual otorgó medidas de protección a su domicilio.
Respecto al robo contra Abrajan Aponte, informó que le robaron en su apartamento un teléfono celular mientras lo dejó “para traspasar vídeos a la nube” y salió con su familia a cenar.
Pero mientras estaba fuera, una vecina le alertó que un sujeto desconocido estaba saliendo de su domicilio. “El periodista corrió de regreso para encontrar que su teléfono de trabajo había sido robado, junto con una cantidad sustancial de dinero en efectivo, aunque también identificó que otros objetos de valor a la vista no fueron sustraídos”.
La agrupación destaca que el periodista denunció que la FGE aún no ha reportado avances de su investigación, pero que recibió medidas temporales de protección en su domicilio por dos meses.
Respecto a de Dios Palma Ocampo, explicó que el 2 de noviembre salió de Chilpancingo pero una vecina le alertó que debía regresar con urgencia dado que la puerta para ingresar a su apartamento estaba entreabierta y le faltaba la chapa.
“Al arribar, el periodista identificó que le habían robado un dispositivo de memoria USB con información periodística, una cámara fotográfica, así como unos tenis viejos”.
Agregó que, según el relato del periodista, su principal cobertura es la de seguridad y nota roja, y que en las fechas del robo, de Dios cubría actividades de grupos de delincuencia organizada y sus presuntas extorsiones a negocios turísticos y otros comercios en varias ciudades de la entidad.
Artículo 19 alertó que estos hechos “toman lugar en la cuarta entidad con más agresiones documentadas desde el año 2009.
“Tan sólo el año pasado se documentaron 37 agresiones contra la prensa, resaltando la urgente necesidad de condenar los hechos y que las autoridades investiguen los sucesos”.
Refiere que preocupa que en los tres casos, los agresores “aparentemente sabían que los periodistas no se encontraban en su domicilio para poder efectuar los robos. Si bien en un caso se removió la chapa completamente, en otras dos instancias parece que se abrieron las chapas sin dañarlas”.
Señala que independientemente del tipo de cobertura o del modus operandi, corresponde a las autoridades investigar los hechos acorde al Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión, analizando el posible vínculo a sus coberturas periodísticas.
“El hecho de que tres casos de allanamientos y robos contra periodistas hayan ocurrido en el mismo municipio en el transcurso de estos meses, es evidencia de que existen pocas garantías para el ejercicio periodístico en la entidad”.
La agrupación defensora de derechos humanos exigió a la FGE “investigaciones diligentes y expeditas, las cuales busquen no sólo identificar a los responsables, sino también conocer el móvil detrás de los hechos y reparar el daño a las víctimas”.
Llamó a los gobiernos del municipio de Chilpancingo y del estado de Guerrero a condenar los hechos y a generar políticas públicas de protección y prevención, en tanto que a los Mecanismos Federal y Estatal de Protección a coordinarse para otorgar medidas de protección a los periodistas agredidos.
Derivado de estos tres hechos, la Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de Chilpancingo, la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) y reporteros independiente, expresaron en un documento su solidaridad con los tres reportaros que fueron víctimas de robos en los últimos meses.
Plantearon su “alta preocupación porque notamos que existe un modus operandi de los ladrones que entran a las viviendas y sólo se llevan herramientas de trabajo en los que se contiene información de trabajos periodísticos”.
“Demandamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a las autoridades de procuración de justicia, y a las organizaciones de protección a periodistas, su intervención para que estos casos no queden impunes, y no se permita que los periodistas sigan siendo focos de agravios”, exigieron las agrupaciones.

 

Advierte Artículo 19 de “graves implicaciones” en derecho internacional ante el espionaje al GIEI

 

La organización internacional defensora de los derechos de los periodistas, Artículo 19 afirmó que la confirmación de Citizen Lab de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue espiado mediante el spyware Pegasus podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional.
Además el organismo en un comunicado dice que se refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria sobre el espionaje, como lo han señalado los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
“La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica” señala Artículo 19 en su comunicado.
El caso del GIEI confirmado por Citizen Lab, abunda, es “especialmente grave” dado que fue el Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la CIDH.
Consideró que el espionaje contra el GIEI podría tener “graves implicaciones” en términos de derecho internacional.
La gravedad de la revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que han lanzado: Primero generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por todas las dependencias que pudieron haber adquirido el spyware de la empresa NSO o similares, vendedoras de servicios de espionaje.
“Las personas denunciantes hemos manifestado nuestra absoluta disposición para colaborar con la investigación, sin embargo sin estos mínimos las condiciones para que el espionaje se investigue con seriedad no estarían garantizadas”, subraya Artículo 19.
Este lunes el diario The New York Times hizo público un informe de Citizen Lab en el que se confirma que el GIEI fue objeto del uso del spyware Pegasus.
El análisis confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo, que escondía el programa espía Pegasus.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.

 

Rechaza Amnistía Internacional el peritaje al basurero de Cocula; no prueba nada, asegura

La organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) rechazó el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el fuego en Cocula, y aseguró que “no prueba absolutamente nada” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con los resultados que dio a conocer sobre el peritaje forense sobre fuego el gobierno federal “sólo juega con el sufrimiento de las familias, negándoles su derecho a la verdad y la justicia”, y lo peor es que “se ha atrevido a llamar estos hallazgos ‘conclusivos’”, puntualizó en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
“Lo único que este peritaje de fuego prueba es que en algún punto en la historia, hubo un fuego o una serie de fuegos en el basurero de Cocula. Durante meses se ha sostenido que en ese lugar habrían sucedido eventos de fuego durante casi una década. Maquillar esos resultados para presentarlos como algo innovador es un enfoque totalmente burdo”, subrayó.
“El mundo tiene derecho a saber la verdad sobre este caso”, demanda.
Las declaraciones de Guevara-Rosas se dan luego de que el viernes 1 la PGR anunció los hallazgos de peritos nombrados para presentar un nuevo peritaje sobre el destino de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzadamente en el estado de Guerrero en septiembre de 2014.
Ese peritaje de fuego fue realizado por las autoridades después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó resultados que sólidamente refutaron la teoría gubernamental, de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
El GIEI censuró la divulgación de hallazgos preliminares y consideró roto el acuerdo para colaborar con el gobierno en este aspecto de la investigación forense, concluye AI.

Se duplicaron las agresiones contra periodistas en el estado del 2014 al 2015, reporta informe

 

En su informe correspondiente al 2015 presentado ayer, la organización independiente Artículo 19, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y a vigilar que se respeten los derechos de los periodistas, calificó a Guerrero como un “caso preocupante” por el aumento en las agresiones contra periodistas, pues pasó de 28 casos en 2014 a 56 en el 2015.
Con esta cifra el organismo ubicó a ésta entidad en el tercer lugar después de la Ciudad de México y el estado de Veracruz. En ambos lugares el organismo registró 67 casos de agresiones a periodistas en el 2015.
Mientras tanto, en el panorama nacional, en su informe MIEDO (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), Artículo 19 revela que las agresiones contra los trabajadores de la prensa aumentaron en 21.8 por ciento con relación al 2014.
Establece, asimismo, que se comete una agresión a los periodistas cada 22 horas.
Destaca que un caso preocupante es el de Guerrero, donde hubo un aumento considerable en las agresiones a trabajadores de los medios de comunicación, ya que pasó de 28 casos en 2014 a 56 en 2015, lo que ubicó a la entidad en el tercer lugar de las entidades del país con mayor número de casos de violencia hacia los periodistas.
“La violencia contra la prensa en esta región se duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante un Estado débil”, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica.
Argumenta, también, que el año pasado las agresiones en contra de los periodistas y medios de comunicación aumentaron en estados como Guerrero por las elecciones que hubo en junio de 2015, y debido a las protestas sociales, “durante las cuales se dio un elevado porcentaje de agresiones físicas o materiales y privaciones ilegales de la libertad por parte de autoridades”.
Aunque en este caso no se menciona que las movilizaciones sociales ocurrieron a raíz de los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por policías municipales de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 6 personas fueron asesinadas, tres de ellos normalistas y 43 más de éstos que fueron detenidos-desaparecidos.
Antes de Guerrero ocupan el primero y segundo lugar en agresiones a periodistas la Ciudad de México y el estado de Veracruz, con 67 agresiones cada uno.
El organismo destaca que en estas tres entidades (Ciudad de México, Veracruz y Guerrero) “el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo”, igual que en el estado de Puebla que ocupa el cuarto lugar con 38 casos de agresiones y Oaxaca con 35.
Las estadísticas de Artículo 19 descubren que sólo en estas cinco entidades del país se concentra el 66 por ciento de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación.
En total documentó 397 agresiones en el país el año pasado; las más graves son siete asesinatos, los de Moisés Sánchez, Abel Martínez Raymundo, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez y Rubén Espinosa. Asimismo, 109 ataques físicos y materiales y 84 amenazas de muerte.
El informe agrega que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos “con saña”, y que en la mayoría de ellos se evidencia una clara “falta de voluntad política de las autoridades para prevenir y, posteriormente, investigar y castigar a los culpables”.
Las 397 agresiones implican un alza de 21.8 por ciento en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326.
Asimismo, se destaca en el informe que en el 2015 se registró la cifra récord de 84 casos de agresiones a mujeres periodistas, de los cuales 9 son por violencia de género en redes sociales, lo que según el organismo representa un aumento de 33 por ciento en comparación con 2014, cuando se documentaron 63 casos; 42 por ciento más que en 2013; y 162 por ciento más que en 2012.
El informe subraya que “las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas ellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual o colectivamente) para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obliguen a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional”.
Otro dato que dio a conocer el organismo es que los funcionarios públicos son quienes más atacan a los periodistas, pues de los 397 casos en 165 de ellos intervino un funcionario público. Mientras que en 78 más los agresores fueron particulares, 35 integrantes del crimen organizado, y 34 de “fuerzas partidistas”.
Además destaca que de las 165 agresiones por funcionarios públicos en 97 de ellos los agresores fueron funcionarios estatales y 38 municipales y sólo en 30 casos fueron funcionarios federales.
Otro dato que se puso en evidencia es que los ataques a las instalaciones de medios de comunicación van en aumento, pues de 60 que se registraron en el 2014 aumentaron a 69 en el 2015.
Destaca que la mayoría de los ataques ocurrieron en contra de medios digitales (32 de un total de 60).
Y mientras las agresiones a los periodistas y los ataques en contra de los medios de comunicación aumentan cada año, Artículo 19 vislumbra una “ausencia de voluntad” por parte del Estado para investigar y deslindar responsabilidades en contra de los agresores.
“Son tres las instancias que analiza el informe, señalando con números, estadísticas y ejemplos de casos concretos cómo las respuestas han sido ineficientes: la inacción y omisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus obligaciones en los casos; la falta de respuestas y ausencia de medidas y recomendaciones claras y concisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocido como Mecanismo, que ha propuesto medidas contraproducentes, por ejemplo, el botón de pánico no deja duda. Esta medida, como lo demuestran tanto los números como los cinco testimonios presentados en el informe, más que proteger ha sido una forma de control del Estado o de intensificación del asedio contra los periodistas que lo han recibido”, denuncia Artículo 19.

Emite Artículo 19 alerta por la amenaza contra Ezequiel Flores

 

Artículo 19, organización internacional no gubernamental que defiende la libertad de expresión y los derechos de periodistas, emitió una alerta por la amenaza de muerte de la que fue víctima el corresponsal de la revista Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, de parte del ex diputado y ex alcalde de Acapetlahuaya, el perredista Roger Arellano Sotelo.
En su portal de internet, la organización fijó una postura respecto a la amenaza que sufrió el periodista el miércoles afuera del Congreso local, donde participaba, junto a otros comunicadores, en una protesta para condenar el asesinato de la reportera de Veracruz, Anabel Flores.
La organización exigió a los tres niveles de gobierno brindar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de Flores Contreras.
También solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que realice las diligencias necesarias para dar con los responsables de todas las agresiones que ha sufrido el periodista, en particular que impulse la denuncia que presentó por este hecho, de lo contrario advirtió que los ataques continuarán.
“Ezequiel Flores ha sido objeto de varias amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios estatales en diversas ocasiones. El 22 de agosto de 2015, el entonces gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, realizó declaraciones denostando la labor del periodista y amenazó con demandarlo, e hizo referencias al hermano fallecido del periodista”, se lee en la alerta publicada el miércoles.
La organización informó que en 2015 documentó 56 agresiones contra la prensa en Guerrero, lo que la convierte en la tercera entidad más violenta ese año.
“En un contexto adverso para ejercer la libertad de expresión, estas declaraciones colocan a quien ejerce este derecho en una mayor vulnerabilidad frente al Estado”, advierte la organización.
Tras la amenaza, Ezequiel Flores interpuso el miércoles una denuncia ante la delegación de la PGR, que quedó asentada en la averiguación previa AP/PGR/GRO/CHI-VI/0212PP/2016.
En su alerta, Artículo 19 recuerda que en 2014 y 2015 el corresponsal de Proceso publicó información referente a posibles vínculos entre Arellano Sotelo con el crimen organizado.
En el portal de la organización se informó que Flores Contreras es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección, coordinado por la Secretaría de Gobernación (Segob), “sin embargo esto no ha evitado que sea víctima de más agresiones”.
Recordó que en octubre del año pasado el periodista recibió dos llamadas de amenaza a su teléfono celular, después de publicar, en su cuenta de Twitter, sobre un grupo armado que irrumpió en un centro comercial de Chilpancingo, lo que lo obligó a salir momentáneamente de la entidad.