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Denuncia la Red Década Contra la Impunidad amenazas contra su secretaria ejecutiva

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad que da acompañamiento a varios casos de violaciones a derechos humanos en Guerrero, denunció amenazas en contra de su secretaria ejecutiva, Magdalena López Paulino.
“Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”, le mandaron decir a través de un mensaje vía Messenger de Faccebook.
En un boletín de prensa, los integrantes de la red Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, expresaron ayer su “preocupación” por el mensaje “intimidatorio y amenazador” que le mandaron el 2 de febrero a López Paulino.
Informaron que ese día, aproximadamente a las 19:30 horas, la defensora de derechos humanos y secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, recibió vía Messenger el texto: “Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”.
Detallaron que el texto fue enviado a través del Facebook de John Titor, pero que están seguros que se trata de un perfil falso.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, actualmente da acompañamiento y litiga los casos de la masacre de El Charco, en este caso representa a Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y a la familia Zavala.
Asimismo lleva el caso del luchador social de Iguala asesinado en el 2013, Arturo Hernández Cardona, y el asunto de los policías comunitarios masacrados en Ometepec en mayo del 2015.
Aunado a ello, el organismo de derechos humanos, informó que el 27 de enero, recibió la notificación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) de la Sentencia del caso Jorge Tzompaxtle Tecpile en el que ese tribunal internacional ordena al Estado mexicano la eliminación de la figura del arraigo “en la Constitución y leyes, y la armonización de la prisión preventiva con la convencionalidad”.
La Red, exigió al gobierno federal un alto al hostigamiento e intimidación a la defensora de derechos humanos María Magdalena López Paulino.
Asimismo responsabilizó al Estado de la integridad física y psicológica de la defensora y demás integrantes de esa Red.
El organismo recuerda que López Paulino cuenta con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2014.

 

Que diga qué documentos tiene del asesinato de Hernández Cardona, instruye Inai a PGR

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) asumir su competencia y pronunciarse sobre los documentos en su poder relacionados con el asesinato de Arturo Hernández Cardona, defensor de Derechos Humanos en Guerrero.
Hernández Cardona fue líder del movimiento campesino Unidad Popular, que se declaró en franca oposición al presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, quien estuvo al frente del Ayuntamiento de enero 2012 a octubre 2014.
Una particular solicitó a la PGR todos los documentos en su poder relacionados con el asesinato de Arturo González (error de origen en la solicitud), radicado en el expediente HID/SC/01/0758/2013 y asignado por el Ministerio Público del estado de Guerrero.
Sin embargo la PGR se declaró “notoriamente incompetente” para conocer de la solicitud, con el argumento de que lo requerido no está ligado a las facultades que tiene la dependencia para investigar y perseguir delitos del ámbito federal.
La PGR indicó que la información solicitada podría estar relacionada con las atribuciones de la Fiscalía General de Guerrero, por lo que sugirió presentar la solicitud ante la misma.
Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el Inai en el que manifestó como agravio que la PGR no realizó una búsqueda exhaustiva, para determinar la posesión de la información solicitada.
La PGR reiteró su incompetencia en la fase de alegatos.
Al analizar el caso la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez advirtió que la PGR, a través de la Unidad de Transparencia, se limitó a manifestar su incompetencia para contar con los documentos requeridos, sin realizar una búsqueda exhaustiva de la información en diversas áreas facultadas para atraer expedientes, carpetas de investigación y averiguaciones previas instauradas en las fiscalías locales.
A juicio de la ponencia de Salas Suárez, la PGR “sí puede conocer de lo requerido”, ya que diversas áreas a su cargo cuentan con esa facultad de atracción de investigaciones por delitos del fuero común.
Por ello, a propuesta de la ponencia del comisionado Salas Suárez el pleno del Inai consideró fundado el agravio de la particular, revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a que asuma competencia para conocer de lo solicitado y emita la respuesta que en derecho corresponda, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia.
Salas Suárez refirió que de acuerdo con diversas notas periodísticas el asesinato de Arturo Hernández es atribuido al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien también se le relaciona con los ataques a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Indicó que según una entrevista concedida al periódico El País, Nicolás Mendoza Villa entonces colaborador de Arturo Hernández relató que el secuestro, tortura y muerte del activista fue perpetrado por agentes del Estado, mismos que son investigados por asociarse con el crimen organizado u otros agentes privados, tal como sucedió en otros sucesos como Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya o Nochixtlán.
“Sus características responden a los parámetros del derecho internacional para calificarlos como violaciones graves a derechos humanos, como lo explican fuentes expertas como los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboró en la investigación del caso Ayotzinapa, o la organización Open Society Foundations en su informe Atrocidades Innegables de 2016, apuntó.
En dicho informe señaló el comisionado del Inai, se ofrece evidencia para afirmar que: “la magnitud de los asesinatos, desapariciones y torturas durante varios años satisface el umbral legal para ser considerados como un fenómeno generalizado. Asimismo, la amplitud, los patrones y la intensidad de los delitos sugieren firmemente que también pueden ser considerados como fenómenos sistemáticos”.
Por ello Salas Suárez insistió en la importancia de constituir y fortalecer las instituciones en materia de combate a la corrupción, toda vez que “las autoridades que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y las que forman parte de los Sistemas Locales Anticorrupción, no podemos permitir que la corrupción y la impunidad debiliten la capacidad del Estado”.
“La información pública contiene la evidencia que servirá para investigar y esclarecer casos como el de Arturo Hernández Cardona. Es el insumo por excelencia para fincar las responsabilidades correspondientes e intentar dimensionar las reparaciones debidas a las víctimas y sus allegados, pero también para que cada historia se conserve en la memoria de los mexicanos y que nunca más se repitan”, concluyó.

 

Nota de la Redacción:

 

En la edición de ayer, abajo de un encabezado en la primera plana: “Se cumplen cinco años del asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona”, dice que “Si se hubiera investigado no habría ocurrido lo de los 43, señala su hija”, pero quien hace esa declaración es su viuda, Sofía Mendoza, como se publica en la nota de la página 13. Por el error ofrecemos disculpas.

A 5 años del asesinato de Hernández Cardona el caso sigue parado, denuncia Sofía Mendoza

 

En el quinto aniversario luctuoso del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, la viuda y activista Sofía Mendoza Martínez denunció que el caso sigue parado, sigue igual y a cinco años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los activistas “la justicia del Estado ya no llegó”.
Durante un mensaje que dio ante la presencia de reporteros, la también ex regidora del PRD Sofía Mendoza, denunció las deficiencias en las medidas cautelares que le proporciona la policía estatal que en ocasiones sólo envían dos efectivos y en otras no la acompañan, como ayer que dio a conocer que le negaron el servicio para la actividad que tuvo, aunque al final, ya que había llegado sola a la caseta, llegaron dos patrullas con unos 10 efectivos.
Señaló que por la situación de inseguridad y de violencia que hay en Iguala, de un alto número de ejecuciones y en la que los delincuentes disparan a la gente ante aparentes asaltos, dijo que su vida y la de su hijo corren peligro, y responsabilizó de manera directa al secretario de Seguridad Pública en el estado, general Pedro Almazán y al mismo gobernador Héctor Astudillo Flores de los que les pase.
Ayer a las 9:30 de la mañana, acompañada por su hijo y otras seis personas, entre ellas el dirigente de la organización social Francisco Villa, Nicolás Guerrero González y miembros de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) que fundó Hernández Cardona, la regidora del PRD en el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, colocó una ofrenda de flores y algunas fotografías del dirigente asesinado en la cruz colocada en su memoria a unos metros de la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca, pues fue allí donde realizó su última protesta y fue donde se le vio con vida por última vez.
El 30 de mayo de 2013 después de realizar una marcha en calles de la ciudad, miembros de la UP tomaron la caseta de cobro durante unas dos horas para exigir, entre otras cosas, obra pública para colonias populares y fertilizante para campesinos a los gobiernos perredistas municipal de José Luis Abarca y estatal de Ángel Aguirre Rivero.
Después de la protesta, siete de los principales líderes fueron levantados y desaparecidos por un grupo armado que los interceptó en el camino cuando iban en la camioneta de Hernández Cardona y el 3 de junio fueron hallados ejecutados a balazos los cuerpos de Ángel Román Ramírez, Rafael Banderas Román y el de su dirigente Arturo Hernández, este último con huellas de haber sido torturado. A cinco años de los hechos no se sabe nada de los otros dirigentes que formaban parte de la UP.
En su mensaje, Mendoza Martínez denunció que el caso Hernández Cardona sigue parado en el juzgado de Matamoros, Tamaulipas, el cual dijo, requiere muchísimo dinero, “yo digo que a cinco años, yo creo que la justicia del estado ya no llegó”.
Denunció que el de Guerrero es un estado que reprime en lugar de dar justicia, que es intolerante y que en lugar de ver a los dirigentes sociales como aliados para el progreso del pueblo, los ve como enemigos y los combate con toda la fuerza del Estado.
Lamentó que es una situación que no termina, pues a diario se ven ejecuciones que no distinguen entre mujeres, jóvenes, hombres o ancianos.
Recordó a los compañeros que se han ido de una manera trágica como a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino y el diputado Armando Chavaría Barrera.
Exigió al gobierno que deje de hostigar y perseguir a las familias de los líderes sociales asesinados y a dirigentes como Nicolás Chávez Adame, así como a los periodistas en el estado.
En su discurso, Sofía Mendoza se solidarizó con el corresponsal del periódico El Sur en Chilpa, Luis Daniel Nava quien fue privado de la libertad y golpeado la mañana de ayer, “eso el estado lo promueve, aunque diga que no, porque ellos son los que promueven la violencia y la impunidad”.
Insistió que los hechos en contra de la UP, fueron la “antesala” de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridos en 26 y 27 de septiembre de 2014, “esos hechos se pudieron haber evitado si el Estado hubiera actuado en contra de los que ordenaron y obedecieron la desaparición y ejecución de Arturo Hernández y sus compañeros”.
Repudió además de la represión y la condena que el gobierno federal a través del candidato a la presidencia José Antonio Meade ha hecho en contra de Nestora Salgado candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, quien dijo, pertenece a los pueblos originarios que están dentro del convenio 169 de la OIT de respeto a su autodeterminación, por lo que “no deben violentar sus aspiraciones”.

 

Ratifica la Segob su negativa a dar protección al testigo del asesinato de Hernández Cardona

Ayer la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), ratificó la negativa de devolver las medidas de protección al testigo del homicidio del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado confirmó que en esta circunstancia el sobreviviente y testigo del asesinato de Hernández Cardona y de los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, Nicolás Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien afirma que vio disparar contra el dirigente social.
Aunque los hechos ocurrieron en mayo de 2013, el exalcalde fue detenido después del ataque a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, cuando ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La Red denunció que en febrero de este año cuando el Mecanismo retiró las medidas cautelares al activista de Iguala, que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador Héctor Astudillo Flores y el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán públicamente ofrecieron intervenir para que Mendoza Villa mantuviera la protección estatal, pero no hicieron nada.
Informa que este lunes 30 de octubre se llevó se llevó a cabo la presentación de su caso ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el mismo Nicolás Mendoza Villa no recibieron la formal convocatoria para su audiencia.
Fue llamada la defensora de derechos humanos Éricka Zamora Pardo para conocer la fecha de presentación ante la Junta de Gobierno de otro caso, de Beatriz Hernández, a quién se le hace una “reevaluación de riesgo”.
En esta sesión Zamora Pardo denunció que Mendoza Villa sigue vulnerable ante una posible agresión, y hace siete meses no cuenta con la protección del estado a pesar de que es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Aseguró que el viernes 6 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde personas en una camioneta color azul rey, marca Ford, placas K92AMU de Guerrero vigilaron su casa, el lunes 9 de octubre su vivienda fue observada por extraños desde una camioneta placas HCK9457 de Guerrero y el viernes 27 de octubre desde una camioneta negra con placas HCK9457 de Guerrero.
Lamenta que pese a lo manifestado, el equipo de evaluación ratificó la negativa a devolver las medidas de protección al testigo de cargo en contra de José Luis Abarca, por lo tanto, confirmaron que Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros, “y la impunidad avanza, responsabilizamos al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de Nicolás Mendoza Villa y de la familia del activista Arturo Hernández Cardona”.
Explica que la Junta de Gobierno del Mecanismo consideró que el nivel de riesgo de Mendoza Villa se redujo porque está fuera de Guerrero, pero considera su situación como desplazado de manera forzada.
Mendoza Villa fue uno de los ocho activistas que sufrieron desaparición forzada por autoridades de Iguala, y tres de ellos fueron encontrado muertos.

Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen

Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.

Con su amenaza tras el bloqueo en Iguala, el gobernador evidencia su intolerancia, dice la UCEZ

La activista Soledad Hernández Mena, hija del asesinado líder de la organización campesina Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona declaró ayer en esta ciudad que preocupa a los grupos organizados que el gobernador Héctor Astudillo Flores diga que no se va a dejar chantajear por quienes le piden beneficios sociales, y afirmó que evidencia la intolerancia de su gobierno al que señaló del uso excesivo de la fuerza pública.
En declaraciones la tarde de ayer en las oficinas de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona (UCEZ-AHC), Soledad Hernández dijo que la amenaza del mandatario habla de que viene con un “instinto salvaje” que caracteriza a los gobiernos priistas.
Consideró que el uso excesivo de la fuerza en el desalojo contra campesinos y amas de casa de la organización El Ángel de la Paz, ocurrido el miércoles en la carretera federal, donde había mujeres, niños y adultos mayores, evidencia que las autoridades, “están dispuestas a matar frente a todos”.
Dijo que las organizaciones no protestan para chantajear, sino en exigencia de que se cubran las necesidades de la gente y las carencias que hay en el campo y colonias y comunidades populares, y es debido al rezago que han generado los tres órdenes de gobierno.
“Yo creo que la ideología del gobernador está equivocada y es errónea, lo que se defiende es en contra de las agresiones a las personas, porque conocemos la capacidad de agresión de los gobiernos priistas, parece que vienen con una mentalidad demasiado cerrada, absurda, negativa y violenta”, agregó.
Soledad Hernández llamó al gobernador Astudillo a la cordura y a que reflexione respecto de la forma de actuar de su gobierno en contra de los movimientos sociales.
Asimismo denunció la insensibilidad e incumplimiento de algunos Ayuntamientos de la zona Norte que no han atendido las demandas y necesidades de las organizaciones sociales, y como ejemplo puso al gobierno priista de Taxco.

Denuncian defensores de derechos humanos ante el relator de la ONU riesgos en su labor e impunidad

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.

Las agresiones del gobierno y del crimen

Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.

El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal

La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .

Se compromete Campa a cumplir con la protección para la hija de Hernández Cardona

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a cumplir “puntualmente” las medidas de protección a familiares y testigo del luchador social de Guerrero (asesinado en 2013), Arturo Hernández Cardona, que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ofreció que habrá justicia en este caso, dio a conocer la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado informó del encuentro en la mesa de trabajo de la CIDH en las sesiones públicas que se hicieron en Panamá, con representantes del Estado mexicano, la hija del luchador social, Soledad Hernández Mena e integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad. .
La Red informó que el tema fue “el incumplimiento de estas medidas a Hernández Mena, y al testigo, Nicolás Mendoza Villa. Recordaron que las medidas de protección ordenadas por la CIDH para Mendoza Villa le fueron retiradas por las autoridades bajo el argumento de que tanto Mendoza Villa como la hija de Hernández Cardona, tienen como su representante a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”.
Por lo tanto, los funcionarios señalaron que la comunicación de Segob es directa con CEAV, y la institución fue notificada de todo y estuvo en conformidad con el retiro de guardias, del botón de pánico y despensa mensual de alimentos, pues el testigo, debido a la persecución que sufre, no puede trabajar.
Sin embargo, el abogado de la Red, Rodríguez Cabrera señaló que en septiembre de este mes se entregó a la CIDH una minuta del testigo Nicolás Mendoza Villa donde ratificó que sus únicos representantes a nivel nacional es la Red y a nivel internacional son el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Red. Desautorizaron cualquier representación del CEAV e insistieron en la reasignación de las medidas.
En el caso de la hija de Arturo Hernández, ella misma explicó que no solicitó cambio de representación, y que la Red Solidaria fue, es y será su representante de este caso.
Señalaron que el relator para México, Enrique Gil Botero, opinó que las víctimas no pueden quedar en estado de desprotección y le corresponde al Estado mexicano garantizar la protección a las víctimas.
La Red informó que luego se reunió por separado con Roberto Campa Cifrián quién se comprometió a que se llevaran puntualmente las medidas de protección y habrá justicia para este caso.

Proponen familiares de desaparecidos en Iguala crear un grupo de reacción antisecuestro

Familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado pidieron ayer en esta ciudad durante el foro convocado por la asociación civil Guerrero es Primero, la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparecidos, en coordinación con autoridades de los tres niveles, universidades y asociaciones, para emitir alertas al momento de la desaparición o secuestro de personas.
Asimismo, en el encuentro en el auditorio de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRN) al que asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de diferentes municipios del estado, en su mayoría del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, la creación de una base de datos nacional “confiable” en el que se lleve un registro de muestras de ADN de los familiares y de los cuerpos que son recuperados en fosas clandestinas, a los que piden también que “se les ponga nombre y apellido”.
Asimismo, se planteó la creación de un instituto forense a través del cual se dé certeza a las familias, de que los cuerpos que les son entregados realmente son los de sus familiares desaparecidos, además de que a través de éste se dé agilidad a la identificación de los cuerpos recuperados en fosas clandestinas.
De acuerdo con información de dos de los coordinadores del encuentro, del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena y Jaime Betancurt, éste es el primero de cuatro foros que son convocados por la asociación civil Guerreros Primero, integrada por el Centro Lindavista, la Universidad Loyola del Pacífico, la Arquidiócesis de Acapulco, la Iglesias por la Paz y otras 50 organizaciones sociales, productivas y populares en las diferentes regiones de Guerrero.
Jaime Betancur, que se unió al comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala y a la búsqueda de fosas clandestinas para localizar a sus dos hijastros, indicó que los foros van encaminados a que sus propuestas sean incluidas en al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y se prevé que el próximo foro de seguimiento sea también en esta ciudad, entre el 11 y el 15 de febrero, y que el tercero sea en Ayutla.
El foro, en el que se esperaba la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, y del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, contó con la presencia del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; de visitadores de la CNDH; de los regidores perredistas del Ayuntamiento de Iguala Martha Todd Mena, Ednali López y Mauricio González Razo.
También asistieron, la activista y ex regidora del PRD en Iguala, Sofía Mendoza, pareja del asesinado líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona; integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’paah (OPIM); y de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, representada por su secretaria, María Magdalena López.
Asimismo, asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de los municipios de Iguala, Teloloapan, Chilapa, Acapulco, Cocula, Altamirano, Chilpancingo, Ayutla y Cuernavaca.

Más de 450 desaparecidos

Una de las representantes del comité de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena, que tiene desaparecido a su esposo desde hace cinco años, dijo que son más de 450 familias que tienen desaparecidos y que están registrados ante el comité de Iguala, y señaló que estos foros son también, “para sensibilizar a la población de lo que está pasando en Guerrero, y de los cientos de personas que están desaparecidas en Guerrero”.
Describió que tener a un familiar desaparecido, “es morir lentamente, a nosotros se nos mata a pausas, es una desesperación total”.
Pidió a la población “aprender a vivir y acercarse a Los Otros Desaparecidos, que puedan entender que no somos una bomba latente y que pueden prevenir lo que a mí me pasó, y que te puede pasar a ti mismo”, a quien dijo, la gente les huye por el temor de que algo les vaya a pasar.
Señaló que la mayoría del comité de Los Otros Desaparecidos son madres o esposas en edad avanzada, o que se quedaron con niños a los que ahora crían y sostienen solas.
Recordó que a más de un año de su surgimiento, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala ha logrado el hallazgo de 123 cuerpo que han sido exhumados de fosas clandestinas, y que ahora la petición a la Procuraduría General de la República (PGR) es que a esos cuerpos se les ponga nombre y apellido, para que los regresen a sus familiares.
Propuso la creación de un instituto forense con sede en Iguala que ayude a la identificación de cuerpos recuperados de entierros clandestinos y que dé a las familias la certeza de que los restos que les son entregados, afectivamente son de sus familiares, “porque nos ha tocado vivir en carne propia de cuerpos que se han entregado a sus familias y al año regresa con vida la muchacha de la que supuestamente habían entregado los restos”.
Criticó que los peritajes no se practican como deberían ser, y que las autoridades pretenden entregar los restos a las familias sólo para dar por concluidos sus casos.

Grupo de Reacción Inmediata

Durante el foro, se realizaron siete mesas de trabajo: Protocolos de reacción inmediata; área de búsqueda en la Fiscalía y apoyo a búsqueda ciudadana; medidas de prevención; las autoridades que los ciudadanos requieren en temas de seguridad pública; instituto forense; apoyo a necesidades de las familias y condiciones de vida digna.
Se plateó la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparición, mediante el cual pretenden tener coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, asociaciones civiles y organizaciones para difundir a través de redes sociales y emitir alertas cuando se registre alguna desaparición en cualquier parte del estado.
En la reunión, los familiares de desaparecidos denunciaron la falta de apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Asimismo, pidieron a la CNDH, CEAV y Guerreros Primero, que intervengan a nivel nacional para hacer el estudio diagnóstico integral de las familias para que se les dé atención a sus necesidades económicas, sociales, culturales y de salud.

Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos

El representante de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, J. Guadalupe Téllez Castrejón, quien busca a su hijo José Alberto Téllez Mora, que tenía 14 años cuando fue secuestrado el 20 de septiembre de 2011 en Acapulco, planteó la creación de una base de datos a nivel nacional confiable, en la que se integren las muestras de ADN de todas las familias y que esta información pueda ser cruzada con los cuerpos que están siendo recuperados de fosas clandestinas en diferentes partes del país.
Narró que, tres meses después del secuestro de su hijo pagaron el rescate que les pidieron, los delincuentes les dijeron que en tres días lo dejaban en libertad, lo cual no cumplieron.
Dijo que presentaron las denuncias del secuestro de su hijo ante la Fiscalía Antisecuestros del estado y la PGR, pero hasta ayer no tenía ninguna información de la investigación, “las autoridades no hacen nada por buscar a nuestros desaparecidos, por lo que es necesario contar con una base de datos a nivel nacional”, detalló.
Informó que su hijo fue plagiado por la mañana cuando se dirigía a la escuela, y recordó que por este hecho hay seis personas, detenidas en mayo de 2012, que no quieren informar del paradero de su hijo.
Respondió, a pregunta hecha, que en esta asociación, la cual tiene poco tiempo de haber sido integrada por 20 familias de desaparecidos, se reúne los sábados en la arquidiócesis de Acapulco, “en Acapulco no son 20 los desaparecidos, podría decir que son cientos, y esperamos que en corto tiempo seamos más en la asociación civil”.