Etiqueta: ASE

Busca la ASE revertir la prescripción de 537 procesos de cuentas municipales

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, informó que presentó denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción para revertir la decisión de este órgano que en la administración anterior dejó prescribir 537 procesos de fiscalización del mismo número de cuentas públicas de municipios.
Ayer el auditor acudió al Congreso a entregar un informe del estado que guarda la solventación que realizan los entes fiscalizables que tienen observaciones (pliegos de responsabilidades) en sus cuentas públicas de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 de diferentes entes como ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados (OPDs), de los cuales no dio detalles.
En declaraciones a su salida de una reunión protocolaria en la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu, Peralta Hidalgo dijo que “antes se negaba información al Congreso del estado” y que particularmente estos informes de los procesos de solventación no se entregaban.
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) afirmó que se están atendiendo todos los procesos de fiscalización para que estos no prescriban “estamos moviendo los expedientes y enviando notificaciones a los presidentes municipales, secretarios, o directores generales”.
A pregunta hecha dijo que en la ASE encontraron que la administración pasada dejó que prescribieran 537 cuentas públicas, por lo que en enero pasado la ASE presentó las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción.
Explicó que la ASE dio parte a ambas instituciones para que estas determinen si estas prescripciones proceden o no, es decir si fue correcto que estos procesos de fiscalización quedarán sin concluir porque los plazos establecidos en la ley se agotaron.
“La ley dice que es inactividad procesal, entonces se supone que hubo inactividad procesal en 537 expedientes en igual número de municipios” que son desde el 2011 hasta el 2017.
Marco César Paris Peralta explicó que la ley le impide a la ASE revocar los propios procedimientos que realizó el órgano fiscalizador por lo que tendría que ser otra instancia la que dé marcha atrás a las prescripciones determinadas por la pasada administración.
Entre estas 537 están las prescripciones de las cuentas públicas 2016 y 2017 de municipios como Acapulco y Chilpancingo.

 

Hay procedimientos contra ex funcionarios de la ASE por autoliquidaciones elevadas

El tirular de la Auditoría Superior del Estado, Marcos Cesar París Peralta Hidalgo en la entrevista con El Sur en su oficina Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, informó que hay procedimientos legales por autoliquidaciones elevadas que se realizaron ex funcionarios que estaban al frente de este órgano fiscalizador en el periodo de más de un año en el que no hubo titular designado por el pleno del Congreso local.
En entrevista en la ASE, a pregunta hecha sobre la versión de autoliquidaciones elevadas que realizaron los ex funcionarios que estuvieron a cargo del órgano fiscalizador, el auditor informó que sí hay procesos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
“Sí existen procedimientos” ante las instancias mencionadas, dijo el auditor. Sin embargo, precisó que “la ley me obliga a guardar la discrecionalidad por el debido proceso en cuanto a montos, pero a la pregunta expresa, sí existen procedimientos de carácter legal en torno a ello”.
El auditor omitió mencionar por su nombre a los ex funcionarios en contra de quienes se iniciaron estos procedimientos, pero son precisamente de quien estuvo al frente de la ASE, Natividad Pérez Guinto, así como los cuatro auditores especiales.
Al auditor se le preguntó sobre lo que en su momento advirtieron diputados en torno a que los entes fiscalizables podrían tratar de eludir sus responsabilidades de rendición de cuentas a partir del periodo de más de un año en el que este órgano fiscalizador estuvo sin titular designado por el pleno del Congreso local, y si existen este tipo de procedimientos de los entes.
Al respecto, Marco César Paris Peralta se limitó a responder que estos procedimientos se presentan ante el Tribunal de Justicia Administrativa “no tengo el dato de esa parte, sé que hay entes que estaban buscando una circunstancia de ese tipo, pero no tengo la certeza dado que la responsabilidad está en el tribunal, ahí es donde pueden acudir para poner su inconformidad con la fiscalización que hubo en el periodo anterior”.

No hay privilegio para nadie

A Peralta Hidalgo se le preguntó también sobre el señalamiento que en agosto pasado realizó el diputado local Jacinto González en torno a que en la revisión de la Cuenta Pública 2021, de 12 municipios gobernados por el PRI y PRD detectó que se utilizaron criterios más flexibles para la fiscalización a pesar de que “no comprobaron una muy buena cantidad de recursos”, pero apuntó que no revisaron ese tema porque por el exceso de trabajo que encontraron por el rezago se concentraron en concluir las revisiones que estaban pendientes.
Sin embargo, aseguró que en la actual administración de la ASE “de ninguna manera aplicamos de manera distinta la ley, hacemos uso de la ley parejo para todos, aquí no actuamos por consigna ni actuamos por consigna ni actuamos con privilegios para nadie”, y aseguró que en la ASE, “vamos a sancionar a quien tengamos que sancionar sin privilegio alguno”.
Respecto al planteamiento del presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, el diputado Jacinto González Varona, de perfeccionar la ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado la cual calificó como “muy laxa”, el auditor reconoció que es necesaria y que incluso ya han tenido pláticas encaminadas a “tener una ley más acorde y más firme”.
Ejemplificó, que existen casos en los que los gobiernos municipales no entregan completa la cuenta pública del ejercicio fiscal -del año de cambio de administración- y que la ley no contempla sanciones para los alcaldes entrantes por no entregar esta información “hay varios problemas que tenemos de ese tipo, que no entregan la cuenta pública de su antecesor” y que muchos de estos casos son por diferencias políticas.
A la ASE se le etiquetaron para el actual ejercicio fiscal 159 millones 468 mil pesos, que son casi 12 millones más de los recibidos en 2022, se le preguntó para que se utilizará y qué de extraordinario realizará el órgano fiscalizador en 2023 que justifiquen este incremento.
El titular de la auditoría señaló que son principalmente para capacitación, porque lo que se pretende es “acercar los servicios de la ASE a los municipios” para que los servidores públicos tengan mejores conocimientos del ejercicio del gasto público; también dijo que se pretende invertir en tecnologías.
También informó que realizarán auditorías de desempeño para revisar si se están cumpliendo con las metas con el uso del recurso público.
Marco César Paris Peralta destacó también, que a partir de que fue designado en el cargo “nos hemos abocado a transparentar todo lo que aquí hacemos”, y que a partir de eso el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública “nos ha calificado con 98 por ciento de transparencia en la última evaluación que hemos tenido”.

Inhabilita la ASE a 77 servidores públicos; aplica además fincamiento de responsabilidad resarcitoria

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Auditoría Superior del Estado (ASE), tiene inhabilitados a un acumulado de 77 funcionarios municipales, entre presidentes y servidores públicos de distintos ayuntamientos, como parte del “procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”.
Además, un total de 554 servidores públicos, tanto del gobierno del estado, como de organismos públicos descentralizados y de ayuntamientos, están en la lista de los procedimientos “para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”, por irregularidades administrativas.
Ambas listas de los funcionarios sancionados están publicadas en la página de la ASE.
En el caso de los alcaldes y funcionarios municipales sancionados con la inhabilitación, se señala que los datos están actualizados al 18 de enero de este año, pero la mayoría son del trienio 2009-2012.
En la lista hay 22 ex presidentes municipales, 20 síndicos, 21 tesoreros, 12 directores de obras, un ex director general y un ex director de finanzas y administración.
Entre los ex alcaldes está el priista de Iguala Raúl Tovar Tavera, quien fungió en el periodo 2009-2012 y fue inhabilitado para ocupar cargos del 24 de enero del 2019 al 24 de enero del 2023.
También está sancionado y no podrá ocupar cargos el ex alcalde de Xochistlahuaca, Ignacio García Nicolás, quien fue alcalde en la administración 2009-2012, y su inhabilitación es por el periodo del 16 de agosto del 2019 al 16 de agosto del 2029.
En este caso también fueron inhabilitados por el mismo tiempo la ex síndica Hermelinda Merino Gómez; el ex tesorero Rómulo González Marín, y el ex director de Obras Atenógenes Genaro López.
Otro de los ex alcaldes inhabilitados es el también priista de Petatlán, José Albino Lacunza Santos, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012 y fue sancionado para no ocupar cargos públicos del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024. De su administración también fue inhabilitado por el mismo periodo quien fungió como su tesorero, Federico Galeana Noriega.
El ex alcalde priista Jesús Arriaga Flores de Zapotitlán Tablas, quien presidió el periodo 2009-2012, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024.
Zeferino Lorenzo de Jesús, quien fue alcalde del 2009 al 2012 en el municipio de Xalpatláhuac fue inhabilitado a partir del 18 de febrero 2021 al 18 de agosto del 2024.
Ignacio Paulino García Flores, ex alcalde de Pilcaya, igualmente en el trienio del 2009 al 2012, fue sancionado con el procedimiento de inhabilitación por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
Osvaldo Sócrates Salmerón Guerrero, ex presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, quien fungió en ese mismo periodo, fue inhabilitado del 9 de junio del 2021 al 9 de diciembre del 2024. Además, se aplicó el mismo procedimiento a su tesorero Gabriel Salvador Jiménez.
Asimismo, fue sancionado el ex alcalde de Teloloapan durante el trienio del 2009 al 2012, Marino Miranda Salgado. En su caso la sanción se aplicó por el tiempo del 8 de mayo del 2021 al 8 de noviembre del 2026.
El ex presidente municipal de San Marcos, Arturo Heredia Agatón, quien encabezó la administración municipal del 2009 al 2012, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
El ex alcalde perredista de Mártir de Cuilapan (Apango), José Guadalupe Rivera Ocampo, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
Julio César Salmerón Salazar, ex presidente municipal de Alcozauca de Guerrero fue sancionado por el periodo del 9 de marzo del 2021 al 9 de septiembre del 2024.
Asimismo, el ex alcalde de Atlamajalcingo del Monte en el trienio 2009-2012, Jorge Luís Espinobarros Galindo, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2026.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Hermelindo Gutiérrez Torreblanca del municipio de Cuautepec en el periodo del 2009-2012. La sanción en su contra se aplicó del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
A su vez, Jorge Luis Solchaga Martínez, ex alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca fue inhabilitado por el periodo del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
Asimismo, el ex alcalde panista de Tlalchapa, Lorenzo Galindo Mojica, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012, fue inhabilitado por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
En este caso, de acuerdo a una nota periodística publicada en El Sur el 21 de noviembre del 2013, el ex edil fue encarcelado acusado por el delito de fraude derivado de una denuncia presentada por una proveedora de materiales para construcción a la que le solicitó un crédito por aproximadamente dos millones de pesos antes de que terminara su administración, y no pagó. Actualmente se desconoce su situación jurídica derivado de ese proceso.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Eustorgio Sánchez Beltrán del municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco) en el trienio del 2009-2012, fue inhabilitado del 18 de febrero del 2021 al 18 de febrero del 2024.
A su vez, Félix López González, ex alcalde de Iliatenco en ese mismo trienio, fue sancionado del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
En tanto que Gerardo Uribe Casimiro, ex edil de Buenavista de Cuéllar fue sancionado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
Además, el ex alcalde de Coahuayutla (2012-2015)
Gilberto Dorantes Basurto, fue inhabilitado del
18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2028.
En tanto que el ex alcalde de Leonardo Bravo (Chichihualco), Cándido Morales López, quien terminó el periodo 2015-2018, fue sancionado del 22 de enero del 2019 al 22 de enero del 2024.
La ASE no especifica en la información que hizo pública, las irregularidades y los montos por los que fueron sancionados los ex presidentes municipales.
Con respecto a la lista de las resoluciones emitidas en los “procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria” contra 554 funcionarios del gobierno estatal, organismos públicos descentralizados y ayuntamientos con fecha de actualización al 31 de diciembre del año pasado, no se dan a conocer los nombres ni los cargos.
Sólo se establece que esta cifra es un acumulado del 2014 al 31 de diciembre del 2022, pero los datos están actualizados sólo al 2020.
Se establece que en el 2020, se aplicaron 130 sanciones a funcionarios; en el 2019 fueron 42; en el 2018, 79; en el 2017, 72; en el 2016, 149; en el 2015, 58, y en el 2014, 24, pero se omiten detalles de las sanciones, nombres, cargos y de las áreas en las que laboraban.
Para efectos de precisar y ampliar la información, se solicitó una entrevista con el titular de la ASE, Marco César Paris Peralta, pero no fue posible. Se argumentó falta de tiempo del funcionario debido a que prepara su informe que rendirá próximamente al Congreso local.

 

Chilpancingo, reprobada en combate a la corrupción y transparencia gubernamental

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En la conferencia El Sistema Estatal Anticorrupción a un Lustro de su Creación, el titular del Órgano de Control de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Javier Curtidor Méndez, dio a conocer datos del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), que indican que Chilpancingo se encuentra entre los cuatro municipios reprobados en combate a la corrupción.
El municipio sede de los tres poderes del estado, también está entre los cuatro peores evaluados a nivel nacional en cuanto a transparencia gubernamental.
Curtidor Méndez participó con su ponencia en las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el mediodía de ayer, como parte de la Semana Jurídica que organizó la Secretaría General de Gobierno, y en esta caso a instancias del titular de la CEBP, Arturo Solís Felipe, quien fungió como moderador.
El ponente también deploró que en el combate a la corrupción no haya el interés de la sociedad civil.
La conferencia se disertó en una reducida sala de la CEBP, y asistieron mayoritariamente empleados de la ASE, de la misma CEBP y universitarios.
Entre algunos de los funcionarios que asistieron estuvieron el secretario técnico de la ASE Carlos Alberto Villalpando Milián; el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Miguel Flores Morales, y el subdirector de Derechos Humanos y Enlace del Congreso del estado con la Secretaría de Salud, Jesús Marcial Liborio.
El ponente dio a conocer que según estudios del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), hecho a las capitales del país, sólo cinco de ellas cuentan con indicadores para combatir la corrupción: Mérida, Chihuahua, Jalapa, Guadalajara y Campeche.
Mientras que las capitales que reprobaron son La Paz, Chilpancingo, Toluca y Pachuca.
Con respecto a los indicadores de transparencia gubernamental y participación ciudadana, informó que las cinco capitales mejor calificadas fueron Guadalajara, Chihuahua, Aguascalientes, Mérida y Oaxaca.
En tanto que las peores evaluadas fueron Tlaxcala, Chilpancingo, La Paz y Tepic.
En su intervención, el funcionario de la ASE, también señaló que se han encontrado con una serie de deficiencias en la designación y en los métodos para la designación y los perfiles de quienes integran los órganos de control interno de los ayuntamientos.
Recordó que en el 2018 se reformó la Ley del Municipio Libre en la que se establece la creación de los órganos internos de control municipal y los obliga a tener un enlace a través del Sistema Estatal de Fiscalización con la ASE.
Explicó que estos órganos que se nombraron en el 2019 son parte importante en el combate a la corrupción.
Opinó que en el combate a la corrupción debe inmiscuirse el gobierno pero también la sociedad civil, y deploró que de parte de la ésta se tenga “un poquito de problemas en cuanto a su participación”, aunque esa no es una opinión como representante de una institución, sino como ex integrante de la Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Recordó que en el concurso para integrar la Comisión de Selección, en el 2018, sólo participaron siete aspirantes a ocupar los cinco espacios, “es decir solo dos personas de las siete quedaron fuera, cuando en el combate a la corrupción deberíamos estar todos inmiscuidos y preocupados, pero es desalentador que de todo el estado de Guerrero sólo siete se hayan interesado en participar”.
Agregó que también cuando se nombraron a los cinco integrantes de la Comité de Participación Ciudadana sólo participaron nueve aspirantes en el concurso, a pesar de que a diferencia de los miembros de la Comisión de Selección, estos sí reciben emolumentos.
Aunado a la poca participación de los interesados, recordó que uno de los aspirantes quedó fuera del certamen porque tenían 17 averiguaciones previas, entre ellas una por el delito de homicidio, “y así cómo le íbamos a dar paso para que participara”.
Añadió que en el siguiente certamen en el que se iba a elegir a un integrante de la Comité de Participación Ciudadana participaron siete aspirantes para ocupar el cargo.
“Si nosotros no nos inmiscuimos en el combate a la corrupción y no nos preocupamos para ver quiénes son las personas que se seleccionan para cargos públicos, y dejamos que las propia autoridades elijan, abrimos una ventana para que siga permeando la corrupción”.
En el combate a la corrupción también endosó la falta de responsabilidad y voluntad política de las autoridades.
Y urgió al gobierno estatal a designar de manera inmediata a los integrantes de la nueva Comisión de Selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, porque el Sistema Estatal Anticorrupción “tiene fecha de caducidad y terminando el 2024 ya no tendremos comisionados, y si no hay comisionados ya nadie presidirá el Sistema Estatal Anticorrupción y si nadie los preside se acabó”.

 

No puede el auditor tener autonomía absoluta, opina Adela Román tras aprobación de reformas

Luego de que el Congreso local aprobó las reformas en materia de fiscalización para dar mayor autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE), y que resta facultades al Poder Legislativo, la alcaldesa electa, Adela Román Ocampo opinó que aunque ésta debe tener autonomía, no puede ser absoluta, pues “obviamente que el auditor tiene que estar supervisado”.
En declaraciones al salir del foro regional de la evaluación multipartidaria sobre la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2018, que se llevó a cabo en un salón del hotel Copacabana, a la ex magistrada Román Ocampo se le preguntó su opinión sobre la aprobación de las reformas que dan mayor autonomía a la ASE, y respondió que no ha leído a fondo la reforma y que se verá cómo actúa la próxima legislatura, donde será mayoría la fracción de Morena, pues “tiene gran responsabilidad el Congreso entrante de analizar cuidadosamente esta reforma que se acaba de aprobar para hacer las reformas que considere pertinentes, siempre ponderando el bien de la colectividad”.
Dijo que el auditor tiene que estar supervisado y no “puede actuar de manera arbitraria, sí tiene que tener autonomía en cuando a hacer revisiones de las cuentas públicas, pero la autonomía no es absoluta”. Indicó que la actuación del auditor tiene que ser apegada a la ley, tiene que seguir todos los procedimientos para revisar las cuentas públicas de los ayuntamientos, tienen que actuar con honestidad, con profesionalismo, y no tiene que haber funcionarios de excepción en cuando respeto a la ley. Dijo que si se vive en un estado de derecho no se puede hacer lo que venga en gana, porque hay leyes.
Con la nueva reforma, el auditor se podrá reelegir otros siete años, podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo, también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y, en consecuencia, el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Sobre la reforma al artículo 14 de la Constitución local, que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, la alcaldesa Adela Román Ocampo dijo que es una ley que no debe desaparecer sino fortalecerse, porque “surge como una necesidad de los usos y costumbres”.
Indicó que en Guerrero hay varias etnias y la Ley 701 es “importantísima, que debe fortalecerse en todo aquello que beneficie los usos y costumbres y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Sobre los sueldos de funcionarios del Ayuntamiento de Acapulco, que no es nada transparente, y de si a ella ya le mostraron la nómina para ir ajustando los salarios de los que llegaran en su administración, Román Ocampo dijo que todavía no, pero que van a ver los sueldos como están para buscar el equilibrio.
Sobre los 80 mil 865 que gana el secretario de Seguridad Pública al mes, más que el alcalde que es un salario de 53 mil 812, la alcaldesa electa dijo que sabe que el responsable de la seguridad tiene un seguro de vida especial y un sobresueldo especial, y habrá que revisar el asunto, porque la seguridad es importante.
Indicó que entiende que haya una prestación extra dado que Acapulco es de alta vulnerabilidad y peligrosidad. Añadió que se va a buscar que quienes están en este ámbito “ganen bien, no más que el presidente municipal, pero si tengan sueldos justos porque son lugares donde se corres riesgos y el riesgo más importante de perder la vida”.

 

Aprueba el Congreso pedir a la ASE que revise a la CAPAMA ante posible corrupción

El Congreso local aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que evalúe el desempeño de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez (CAPAMA) y que haga una auditoría del ejercicio fiscal 2016 de la paramunicipal para que detecte y en su caso, denuncie ante la Fiscalía General del Estado, posibles actos de corrupción.
Sin embargo, las tres fracciones con cuyos votos se aprobó esa solicitud, PRI, PVEM y de MC, votaron contra la propuesta del perredista Ociel García Trujillo para que se auditara todo el periodo 2009-2016, y se informe de las acciones penales y el resarcimiento financiero que haya que realizar. El diputado del PAN Iván Pachuca, que acostumbra votar con el PRI, no asistió a la sesión.
El periodo propuesto por el diputado perredista abarca los gobiernos del priista Manuel Añorve Baños y de Luis Walton Aburto, de MC, pero fue votado a favor solamente por la bancada del PRD y diputados independientes.
La proposición de punto de acuerdo la leyó en tribuna el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado –a la que aún no le modifican el nombre– el priista Samuel Reséndiz Peñaloza, quien ha subido a tribuna en sesiones anteriores para cuestionar la gestión del alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.
Reséndiz dijo que el pasado 19 de julio, cuando el director de la paramunicipal compareció ante la Comisión de Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos, reconoció que hay corrupción en la CAPAMA, adeudos, deficiencias operativas y mala planeación presupuestal.
La comparecencia de Javier Chona Gutiérrez se realizó sin la presencia de reporteros a quienes se les impidió el acceso a la sala. En el vestíbulo de la sala de plenos se colocaron pantallas, pero el audio fue deficiente.
Según el diputado priista, Chona “argumentó que carecía de suficiente personal para atender y solucionar todas esas anomalías”.
Samuel Reséndiz dijo que junto con  los diputados de la comisión que firmaron la propuesta, Isabel Rodríguez Córdoba del PRI, Raúl Mauricio Legarreta Martínez del PVEM y Ricardo Mejía Berdeja de MC, encontraron irregularidades en la CAPAMA.
Se refirió al incremento presupuestal destinado a sueldos dea mandos medios y superiores, ajustes indebidos en cuentas de usuarios del servicio de agua potable, incorrecto incremento en el saldo de almacenes, autorización extemporánea del Programa Operativo Anual 2016 y el crecimiento de los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad.
“Por ello, este Congreso, ante la ausencia material y política del presidente municipal de Acapulco y la irresponsabilidad del director general de la CAPAMA, debe poner un alto a tanta indolencia, pésima conducción, falta de transparencia, corrupción e ineficiencia de la institución encargada de proveer del más importante de los insumos vitales, el agua”, dijo el priista en tribuna.

La CAPAMA fue la caja chica del PRI, recuerda el PRD

A nombre de la fracción perredista, el diputado Ociel García Trujillo, que también es del grupo Nueva Mayoría de Evodio Velázquez Aguirre, dijo que nuevamente se usa la tribuna del Congreso, “para el uso faccioso y electorero”.
Y les preguntó a los integrantes de la comisión que solicitó al auditoría: “¿Si ya tienen documentadas las irregularidades en contra de la administración de CAPAMA ¿por qué no presentan las denuncias y las pruebas correspondientes ante las instancias correspondientes?”
Y recordó que la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado establece las obligaciones de las entidades fiscalizables así como los plazos que deben cumplir, por lo que consideró innecesario mandatar una auditoría misma que ya debe estar en curso.
Y los acusó de crear “una cortina de humo” con el tema aun cuando saben que para el PRI la “CAPAMA fue utilizada como caja chica”.
La auditoría a los recursos públicos del 2016 se realiza dentro de los plazos, subrayó García Trujillo y dijo a la comisión que preside Samuel Reséndiz que lo que “deberían solicitar a la Auditoría General del Estado son los pliegos de observaciones de 2014 y 2015, donde se solicita la aclaración de diversas irregularidades dentro de dichos ejercicio spresupuestales de los últimos dos directores de finanzas de la CAPAMA, uno de ellos, hermano de un diputado presente”, en referencia al hermano de Eduardo Cueva Ruiz (PVEM), Marcos Ernesto Cueva.
Por su parte, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía dijo que la auditoría no es un asunto electoral, sino de finanzas, transparencia y rendición de cuentas.
Mejía, también del grupo de diputados que con frecuencia sube a tribuna a criticar al alcalde de Acapulco, dijo que es deplorable el servicio de suministro de agua y el tratamiento de las aguas residuales en Acapulco, “habiendo agua como nunca, hay fallas terribles en el suministro, fugas, hay descargas residuales”.
La coordinadora de la bancada perredista Erika Alcaraz Sosa recordó en tribuna la “accidentada” sesión en la que compareció el director general de la CAPAMA, en la que dijo que quedaron claros los fines partidistas y electoreros de los señalamientos en contra del gobierno de Acapulco.
Dijo que a pesar de las acusaciones contra el organismo por corrupción, ineficiencia y manejos discrecionales de los recursos públicos, “quienes acusaron no han presentado denuncia que sustente dichas incriminaciones”.
Por eso acusó al PRI, PVEM, MC y el PAN de un uso faccioso de la tribuna y que “no tienen ningún recato de aprobar con carácter de urgente lo que tenga que ver con Acapulco, y deliberadamente negar la aprobación de cualquier tema propuesto por el PRD no obstante la gravedad de los hechos que se trate”.