El Frente de Defensa Popular (FDP) solicitó en la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento para que el gobierno de México otorgue medidas cautelares a ocho activistas nahuas incriminados en delitos graves, de los municipios de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango).
La dirigente Clemencia Guevara Tejedor dijo que este jueves los integrantes de esa organización presentaron el escrito en la sede de la Ciudad de México porque en Guerrero no han encontrado eco a su petición, y temen que los activistas sean asesinatos en el clima de violencia que existe en la zona de la Montaña baja, o terminen en prisión como la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González.
Consultada en el mitin de la Jornada Nacional de Lucha que convocaron dos organizaciones y sindicatos en la Ciudad de México, la líder social aseguró que los militantes del FDP no son delincuentes, sin embargo cuatro integrantes de la comunidad de Rincón de Chautla fueron detenidos y ocho de San Jerónimo Palantla tienen órdenes de aprehensión por homicidio.
Se trata de cuatro de los cinco detenidos por la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como sospechosos del ataque armado a una Urvan en Chilapa, donde fueron asesinados un comisario, un consejero de la Casa de Justicia y tres mujeres.
Clemencia Tejedor indicó que buscaron atención en el gobierno del estado y se entrevistaron con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero las autoridades no prestaron atención a su preocupación.
Este jueves a las 8 de la mañana se manifestaron frente a la oficina de la ONU en la colonia Polanco, entregaron un oficio y esperan una respuesta.
Dijo que ella también tiene una orden de aprehensión por despojo de un terreno en un lugar conocido como Campo de Aviación en el municipio de Chilapa, que ocuparon comerciantes y artesanos hace 12 años y es propiedad del gobierno del estado. Los comerciantes fueron desalojados y la propiedad ahora está en manos de un grupo de narcotraficantes, aseguró.
Por otra parte dijo que la Ley 701 da facultades a los pueblos originarios para organizarse pero cuando luchan por sus derechos las autoridades los llaman delincuentes.
Pidió que se revise la situación de todos los involucrados y se dicten medidas de protección a los representantes del FDP en Guerrero.
El Frente de Defensa Popular participó en el
plantón del Zócalo de Chilpancingo por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y en la Ciudad de México pidió a la ONU que se pronuncie por la seguridad de los activistas que están haciendo labor social en Guerrero.
Dijo que el FDP es parte del Frente Popular Francisco Villa siglo XXI, que se manifestó contra las reformas laborales y educativas, la caída del poder adquisitivo, en apoyo a los presos políticos y por la presentación con vida de los normalista de Ayotzinapa.
Del hostigamiento al FDP recordó que hace dos años la Policía Federal entró a su casa en Chilapa y el año pasado les quitaron una camioneta.