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Marchan en Zihuatanejo amigos y familiares de cuatro detenidos por el asesinato de los policías

 

Amigos, vecinos y familiares de cuatro de los 10 detenidos acusados del asesinato de los seis policías estatales en la sierra de Zihuatanejo marcharon en las principales calles del puerto, para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores su liberación inmediata, porque afirman que no cometieron los delitos de los que los acusan.
Consultada por teléfono la madre del detenido José Iván Gómez Pérez, Graciela Pérez Mendoza informó que a las 6 de la tarde unos 400 manifestantes se congregaron en la Plaza de la Libre Expresión y marcharon a las oficinas de la agencia del Ministerio Público en el centro de Zihuatanejo.
Los familiares y vecinos portaban lonas y pancartas en las que se leía: “Familiares y amigos exigimos al gobernador del estado de Guerrero la liberación inmediata de los 4 jóvenes inocentes, José Iván Gómez Pérez, Fidel Ángel Ramírez Victoriano, Miguel Ángel Baltazar Corraltitlán y José Ángel Ramírez Victoriano. ¡Que no sean utilizados como chivos expiatorios!”, “Injusticia por parte del gobierno”, “Hay que alzar la voz y no tener miedo”.
Gritaron “Justicia, Justicia, Justicia, Justicia”, “Justicia para José Iván Gómez Pérez”, Justicia para Fidel Ángel Ramírez Victoriano”, “Justicia para Miguel Ángel Baltazar Corraltitlán”, “Justicia para José Ángel Ramírez Victoriano”.
Graciela Pérez exigió al gobernador la liberación inmediata de los cuatro jóvenes que arbitrariamente fueron detenidos y acusados del asesinato de los seis policías estatales, que ocurrió el martes de la semana pasada en la comunidad Las Mesillas, en la sierra de la Zihuatanejo.
Insistió al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes que castigue a los agentes estatales involucrados en la detención arbitraria de los cuatro jóvenes, que robaron celulares, dinero en efectivo, alhajas, laptops, dos garrafones de agua y una perra y pidió que todo sea devuelto a los familiares.
Aseguró que el gobernador y el secretario de Seguridad se han mostrado desesperados porque pretenden mostrar a los jóvenes como los culpables del asesinato de los seis agentes estatales, “mejor que se pongan a trabajar y a detener a los verdaderos culpables”.
“Exigimos a los tres órdenes de gobierno la liberación inmediata de los cuatro jóvenes detenidos de manera irregular, porque les prefabricaron pruebas las mismas autoridades para acusarlos de un delito que no cometieron, no vamos a dar marcha atrás”, declaró.
Insistió al gobierno estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública que pongan un alto a los policías estatales que no ejercen su trabajo para brindar seguridad y detienen a personas inocentes, les siembran armas para culparlos de delitos que no cometen.
Agregó que continúan las investigaciones y el viernes tendrán una audiencia ante un juez, para determinar su situación legal y los familiares presentarán pruebas para comprobar su inocencia.
El viernes en conferencia de prensa en Acapulco el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes informó que fueron detenidos cuatro hombres a los que señaló de estar involucrados en los asesinatos de los seis policías estatales asesinados en la sierra de Zihuatanejo, y dijo que les decomisaron armas largas y droga.
La tarde del sábado familiares de los cuatro jóvenes protestaron en la agencia del Ministerio Público en Zihuatanejo para exigir su libertad, y ayer continuaron las protestas.

 

 

Denuncian tortura y se declaran inocentes cuatro detenidos por el caso de los policías asesinados

Cuatro de los 10 detenidos acusados del asesinato de los seis policías estatales en la sierra de Zihuatanejo, en su declaración ante un juez, dijeron que no son los responsables y que no portaban armas de alto poder cuando fueron detenidos, y denunciaron que han sido torturados en la cárcel de Las Cruces en Acapulco.
Familiares de los cuatro jóvenes detenidos dieron una conferencia de prensa en la colonia Vicente Guerrero en Zihuatanejo, donde ocurrió la detención, la señora Graciela Pérez Mendoza madre del detenido José Iván Gómez Pérez dijo que el domingo se llevó a cabo el juicio oral en Acapulco.
Agregó que el juez dictó detención preventiva en contra de los cuatro inculpados, el viernes tendrán otra audiencia y los familiares de los cuatro jóvenes presentarán pruebas para que comprueben su inocencia.
Pérez Mendoza dijo que en la audiencia los cuatro detenidos, entre ellos su hijo, coincidieron en que no son los responsables del asesinato de los seis uniformados, no portaban armas de alto poder como dice la Policía Estatal, además que han sido torturados en el penal de Las Cruces de Acapulco, donde se encuentran recluidos.
Agregó que mientras estaba el juicio oral el juez dijo que los cuatro inculpados pertenecen a tres grupos de la delincuencia organizada, pero la abogada de oficio le pidió al juez que retirara el cargo porque en la declaración de ellos, “dice todo lo contrario porque son jóvenes trabajadores, no andan en malos pasos, y el juez retiró el cargo en contra de los cuatro jóvenes, eso ya es algo a favor a nosotros”.
Comentó que el viernes tendrán otro juicio oral para saber su situación legal y que en la audiencia presentarán pruebas, “los jóvenes son honestos y trabajadores, no pertenecen a ningún grupo criminal”.
Pérez Mendoza se quejó de la declaración del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, de que ellos pertenecen a la delincuencia, les decomisaron armas de alto poder y los involucran en el asesinato de los seis uniformados, “es falso lo que dice ese señor, además no dio ninguna explicación de cómo fue la detención”.
Reprochó a la Policía Estatal de utilizar la violencia para detener a personas inocentes, allanamiento de morada, sembrar armamento y no presentar una orden de cateo para estas actividades que violan los derechos humanos de los ciudadanos.
Dijo que a pesar de las denuncias de los familiares de los detenidos no han tenido acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario Pedro Almazán para atender esta situación.
“Los policías estatales deberían procurar el bienestar de la ciudadanía y ahora tenemos que escondernos de ellos, deben de darnos seguridad en las calle, gobernador Héctor Astudillo Flores queremos que cumpla lo que dijo en campaña ‘orden y paz’, estamos enojados e indignados”, declaró.
Exigió al gobernador Astudillo Flores que se investigue y cese a los policías estatales que detengan a personas inocentes, siembren armas e incurran en allanamiento de morada arbitrariamente.
Armando Baltazar Corrales hermano del detenido Miguel Ángel pidió al presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno que intervenga en la detención arbitraria en contra de los cuatro jóvenes, “es injusto cómo los han detenido, no es el único caso que pasó, los policías estatales hacen recorridos y detienen a jóvenes inocentes”.
Baltazar Corrales insistió al gobernador que atienda Zihuatanejo para que sepa lo que ocurre en el municipio, y “también pedimos a las autoridades competentes que investiguen ese caso y no haya chivos expiatorios”.
El viernes en conferencia de prensa en Acapulco el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes informó que fueron detenidos cuatro hombres a los que señaló de estar involucrados en los asesinatos de los seis policías estatales asesinados en la sierra de Zihuatanejo que ocurrió el martes, y dijo que les decomisaron armas largas y droga.
La tarde del sábado familiares de los cuatro jóvenes protestaron en la agencia del Ministerio Público en Zihuatanejo para exigir su libertad.

 

Paran labores 40 maestros de Copanatoyac ante la inseguridad; asesinan a uno de sus compañeros

Más de 40 profesores de la zona escolar 60, de la localidad na savi Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, suspendieron labores ante la inseguridad y el asesinato de uno de sus compañeros.
Los profesores pertenecen a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), y exigen una mesa de trabajo con autoridades municipales y estatales para abordar el problema de la seguridad, y adelantaron que no volverán a clases hasta que haya respuestas que cuiden su integridad.
El secretario general de la zona 60, Eliseo Espíndola, informó que tuvieron el pasado domingo una reunión en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), donde hablaron de la inseguridad en esta zona de Copanatoyac, en la que acordaron pedir una mesa de diálogo con el área jurídica de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Gobernación del estado, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para hablar del asunto.
Dijo que ahí acordaron que no irían a laborar hasta que haya condiciones, porque son más de 40 los maestros en riesgo que atienden las comunidades de Santa Cruz, Ocotepec, Ocotillo, Ocuapa y Tlacotepec.
Mencionó que desde hace tiempo padecen asaltos, robos y se han enterado de personas que han sido llevadas para robarles o matarlas, “pero nadie decía nada, sólo lo vivíamos y escuchábamos, pero ya no podemos, porque ahora mataron a un compañero”, se dolió.
El secretario general se refirió al profesor Isidro Refugio, quien fuera asesinado el pasado 18 de abril, sobre la curva del puente vehicular, cuando manejaba su carro e iba con su hija de siete años a dar clases a la comunidad de Santa Cruz, pero fue baleado por sujetos desconocidos.
Agregó que le manifestaron al jefe de sector 5, Telesforo Villegas Comonfort, su decisión de no acudir a dar clases desde este 23 de abril, hasta que las autoridades les den alternativas.
Reconoció que entre profesores sólo escuchaban sobre lo que les pasaba, pero nadie intentó hacer algo para prevenir las cosas, hasta ahora que mataron a uno de sus compañeros y que ya hace unos meses por este lugar también mataron a otro de nombre Jerónimo Solano.
Dijo que espera una respuesta de las autoridades educativas, municipales y estatales sobre la seguridad, porque aún faltan muchas cosas por hacer en abril y mayo.
Mencionó que algunos acudieron a Santa Cruz, que se enteraron de que se van a sumar y dejarán de asistir profesores de las telesecundarias, Colegios de Bachilleres y de las clínicas rurales, para no ser víctimas de la delincuencia, que ya no le basta con robar sino que asesina.
La zona escolar se integra de más de 95 maestros, y los que dan clases en estas comunidades son más de 40.
Cercano al lugar donde fue asesinado el profesor el 18 de abril, en la curva del puente, metros arriba en la Barranca Honda, el 13 de noviembre de 2017 fueron encontrados seis cadáveres, seis cabezas y dos osamentas, y varios restos óseos, los cuales aún no han sido identificados en su totalidad. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Desde 1960 el gobierno usa el asesinato y la desaparición forzada, dicen familiares de víctimas

Familiares de desaparecidos de la década de 1970 denunciaron en un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que el gobierno desde los años 1960 utiliza el asesinato y la desaparición forzada cuando hay problemas en el estado, y reclamaron la falta de resultados en las búsquedas de sus parientes.
Durante el foro Pasos por la memoria y la verdad y la justicia, el señor Gregorio Fernández Brito (quien debería ser Hernández pero hubo un error en su acta de nacimiento cuando fue registrado), hermano de Victoria Hernández Brito una joven estudiante desaparecida el 11 de noviembre de 1976 en Iguala, expresó “desde los 60 a la fecha han querido resolver los problemas del pueblo matando al pueblo”.
Mencionó al gobernador Raúl Caballero Aburto con la matanza contra los estudiantes en Chilpancingo en 1968, al ex gobernador Raymundo Abarca Alarcón y la represión y matanza contra los manifestantes e integrantes la Asociación Cívica Guerrerense en 1962 en Iguala, a Rubén Figueroa con la matanza de Aguas Blancas, y a Ángel Aguirre con la matanza de El Charco.
Dijo que la desaparición de su hermana debe de estar presente en las nuevas generaciones porque su lucha fue para defender el acceso a la educación. En aquel año el gobernador Rubén Figueroa se opuso al funcionamiento de la Escuela de Agricultura en Iguala, y el Ejército y los policías del estado la tomaron por asalto en 1975.
Esto originó una resistencia entre alumnos y campesinos que llevó al descontento del gobernador priista, que lanzó una persecución contra los estudiantes, por el movimiento hubo encarcelados y personas desaparecidas, algunos estudiantes y campesinos secuestraron a empresarios y a cambio de la libertad de estos exigían la libertad de sus compañeros.
El 11 de noviembre de 1976 su hermana Victoria fue secuestrada de su casa, hombres que afirmaron ser compañeros de la joven llegaron y pidieron que saliera, esa fue la última vez que don Gregorio vio a su hermana. Pese a su lucha dice que no ha encontrado eco a su exigencia en el gobierno.
Por eso denunció que “el Estado protege a los secuestradores, lo sabemos, no hay seguridad en las calles pero están protegidos. Quisiera no seguir denunciándolo, sí da miedo pero más miedo si nos dejamos”, expresó ante unos diez alumnos y profesores en el auditorio de la facultad.
Dio a conocer que dos campesinos desaparecieron junto a su hermana, Crispín Bahena, originario de la comunidad de El Tomatal, y Eupidio Campo.
En el mismo panel la señora Celia Piedra, esposa del profesor Jacob Nájera Hernández egresado de la Normal de Ayotzinapa, compartió la desaparición del 2 de septiembre de 1974 en San Jerónimo, cuando policías llegaron a buscarlo y detenerlo.
Denunció que pese a la aguerrida lucha y exigencia a los presidentes que han pasado, ninguno le hace caso, incluso tratan de convencerla de desistir de su lucha, la buscan para decirle que tiene un recurso destinado con el que podría cambiar la forma en la que vive, pero se opone porque su esposo no se vende y lo seguirá buscando.
La fundadora de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que se separó de ella cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se incorporó, dijo que su esposo fue desaparecido por el Estado que lo relacionó con la guerrilla en los años 70. Después fundó el Colectivo Huella de la Memoria, que documentó más de 500 desapariciones de aquellos años en el país.
Contó que muchas familias ante la falta de respuesta de las autoridades han desistido de seguir en los movimientos. Una de las anécdotas que rememoró fue cuando por debajo de la puerta de Palacio Nacional metieron las fotografías de los desaparecidos, luego de que el ex presidente Vicente Fox se negó a atender a las familias.
En declaraciones coincidió con Gregorio que el gobierno mata al pueblo para resolver los problemas.
De su esposo dijo que fue buscado en la Normal y en su casa por los agentes del Estado, y pide a las autoridades que le digan donde está.
Una de las asistentes al foro dijo que la Universidad debe de alzar la voz por sus más de 30 desaparecidos documentados en 1970.

 

 

Piden peritos independientes para la necropsia y exhumación del cuerpo de Ranferi Hernández

A seis meses del múltiple homicidio de Ranferi Hernández Acevedo y tres de sus familiares, la Organización Campesina Vicente Guerrero solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la exhumación y necropsia de los cuerpos la realicen peritos independientes, así como que se haga en otras instalaciones, para tener un análisis serio, científico y poder esclarecer los hechos.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos”, consignó en un comunicado la organización que Ranferi Hernández constituyó en 2015.
En el texto se recuerda que este 14 de abril se cumplieron seis meses del asesinato del fundador de la organización, Ranferi Hernández Acevedo; su esposa, Lucía Hernández Dircio; su suegra, de 94 años, Juana Dircio Barrios, y su ahijado, el joven Antonio Pineda Patricio, cuando el 14 de octubre se trasladaban a Chilapa por la carretera que conecta a Ahuacuotzingo.
“A seis meses de estos hechos, la situación de violencia, tanto en la región de Chilapa, como en el estado de Guerrero y en todo el país, lejos de detenerse, se ha incrementado. Esto nos muestra el interés consciente del Estado mexicano por mantener esta situación”.
“Se trata de una guerra contra el pueblo mexicano en su conjunto, que lo denominado, a través de los medios de comunicación de paga, como ‘pugnas entre grupos del crimen organizado’, tiene como objetivo el sometimiento de la población a través del miedo. Se trata de una estrategia contrainsurgente que busca la aniquilación de la protesta social”.
De este modo se busca asegurar la implementación de las contra reformas neoliberales aprobadas en este sexenio, señala. Reformas que pretenden entregar por completo los recursos de la nación al capital extranjero y privatizar los servicios públicos, como el agua y la educación.
“El asesinato de nuestros compañeros se inscribe dentro de esta política de terror, al igual que el caso de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, en el que asesinaron a tres estudiantes, desaparecieron a 43 y varios resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra en coma desde que sucedieron los hechos”.
“Se inscribe ahí el caso de los dirigentes campesinos asesinados en el presente sexenio: Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares y Raymundo Velázquez. Todos asesinatos selectivos que en su momento fueron denunciados por nuestro dirigente”.
En todo el país, menciona, los casos de los periodistas asesinados Miroslava Breach, Javier Valdez y Rubén Espinosa; así como la masacre de Nochixtlan, Oaxaca.
Esta guerra ha sido aplicada contra los sectores que luchan contra el sistema opresor, como campesinos, estudiantes, periodistas, maestros, mujeres, defensores de derechos humanos y ecologistas, indica.
Respecto a la investigación del caso Ranferi Hernández, agrega el comunicado, “respaldamos (la postura de) la familia del compañero y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que han planteado que la exhumación y necropsia de los cuerpos tiene que realizarse con la participación de peritos independientes, para tener un análisis serio y científico que lleve a la verdad de estos hechos, así como a la detención de los autores materiales e intelectuales de esta vil masacre”.
“No confiamos en la fiscalía de Guerrero, ha demostrado estar más del lado de los victimarios que de las víctimas, en muchos casos. Como ejemplo están los sacerdotes asesinados en Taxco que fueron, sin ninguna investigación previa, acusados de pertenecer al crimen organizado o el caso de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, a quienes se les fabricaron pruebas para encarcelarlos, cuando ellos fueron los atacados”.
Consultados por separado, familiares de Ranferi Hernández confirmaron que están haciendo las gestiones y solicitarán a la FGE que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el que realice la exuhumación y la necropsia.
“Queremos saber si fueron torturados y la forma en que murieron. Estaban atados de pies y manos y la Fiscalía del estado lo único que quiere es determinar si los cuerpos tienen orificios de bala, la causa de su muerte y pruebas, dicen ellos, para proceder”.
Revelaron que en noviembre, diciembre y enero pasados, la FGE urgió a la familia a realizar la exhumación de los cuerpos, pues se iban a borrar las huellas del delito.
La familia justificó que ellos y los peritos argentinos tienen conocimiento que la FGE no cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar los estudios, además de que el Servicio Medico Forense está saturado.
El comunicado concluye con el poema Ante la ilícita noche en memoria a Hernández Acevedo, compuesto por el maestro Leonel Manzano Sosa, preso político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Quiero cantar con mis coplas y el pesar del corazón, la historia de un hombre digno en un monto de emoción / Rama seca, hoja de palma ¿por qué visten nuestros cantos con la tristeza del odio y ráfagas del corsario? / Por los caminos del sur anduvo un hombre incesante, de pueblo en pueblo sembrando la semilla delirante / Que derribaba alambrados que censuraba el simulo, una ovación hoy te brindo sin elogio y con orgullo”, versan algunas estrofas del extenso escrito.

 

Denuncian familiares parcialidad en el juicio del presunto asesino de la doctora Adela Rivas

El juez que lleva el caso del asesinato de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Adela Rivas Obé, Vicente Guerrero Campos desechó dos pruebas en contra del imputado EA, que demuestran su culpabilidad.
Ayer se llevó a cabo la audiencia de control judicial, en la que estuvieron presentes familiares de la doctora Rivas Obé y del imputado, así como los representantes legales de ambas partes; de acuerdo con el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, el juez mantiene su actitud parcial en beneficio del acusado que tramitó un amparo con el que consiguió alargar el proceso en su contra hasta marzo próximo.
La audiencia, que se llevó a cabo en el juzgado de Zihuatanejo, comenzó tarde porque el imputado no fue llevado al lugar a la hora debida, 10 de la mañana, a pesar de que la cárcel está cerca de las instalaciones; y concluyó alrededor de las 6 de la tarde.
Vía telefónica, Rojas Rivas dijo que “es muy evidente que el juez colabora con la defensa del imputado”, pues durante la audiencia el abogado del acusado lo interrumpía sin hacerse acreedor a la sanción correspondiente; en cambio, la asesora jurídica de la familia de Rivas Obé, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sí fue reprimida.
Informó que las pruebas que sus representantes legales presentaron para demostrar la culpabilidad de EA, “el juez las echó para atrás con argumentos falaces de parte del abogado (del acusado), porque en ningún momento fundamentó lo que decía”. Aunque no precisó qué tipo de pruebas fueron las que se desecharon debido a la secrecía del caso, manifestó que, “si el juez hubiera sido recto e imparcial, las pruebas hubieran sido admitidas”.
Reiteró que se está buscando un juicio a modo para que EA salga en libertad. Añadió que está por resolverse un amparo que presentó la defensa del acusado, por ello la próxima audiencia podría llevarse a cabo los últimos días de febrero, o bien, los primeros de marzo.
Expresó que las audiencias suponen un agotamiento para familiares de la doctora Rivas Obé, que deben viajar desde Acapulco hasta Zihuatanejo, y aunque son resguardados por policías estatales en el trayecto, “nos estamos desgastando física y económicamente”, contrario a la familia del acusado EA, que vive en Zihuatanejo.
Consideró que “es muy grave” que en Guerrero, donde han ocurrido un número importante de feminicidios, lo suficiente como para llamar la atención del gobierno federal y que se emita alerta de género en cinco municipios, no se condene a un feminicida, “el juez está violando los derechos de nosotros como víctimas (al ser parcial), de la Constitución, y está violando su envergadura de impartidor de justicia”.
Señaló que el caso de Rivas Obé trascendió en los medios de comunicación, es importante en el estado, y debe resolverse al igual que todos los asesinatos en el estado. También dijo que la familia de la doctora no dejará de exigir justicia, y espera que pronto se cambie al juez del caso para evitar que continúe la línea parcial, pues a pesar de que EA lleva más de un año en prisión, aún no cumple la condena que le corresponde por el homicidio.
Por último, Bolívar Darío Rojas Rivas agradeció el apoyo que la familia ha recibido de distintos grupos y organizaciones sociales que se han unido a su reclamo de justicia.

Cometen dos feminicidios y un homicidio en diferentes hechos en la Montaña; hay también un herido

A las 2 de la madrugada del pasado domingo, fue asesinada a machetazos la señora Ricarda Rosendo Flores de 40 años, frente a sus hijos, en la cabecera municipal de Alpoyeca.
Según la información, el feminicidio ocurrió cuando el esposo llegó alcoholizado a su casa, empezó a insultar a la mujer y luego tomó un machete con el que le asestó varias heridas; los vecinos salieron al escuchar los gritos y vieron a la mujer en el piso, a quien auxiliaron y trasladaron al Hospital General en Tlapa, donde murió.
Por otro lado, en una emboscada la madrugada del pasado viernes 22 en el municipio de Cochoapa el Grande, fue asesinado a balazos el transportista Natalio Pérez Flores de 38 años.
Según el informe, policías municipales de Cochoapa el Grande arribaron al lugar donde se encontraron varios casquillos percutidos, y donde testigos dijeron que, alrededor de las 6 de la mañana, cuando pasaba por ahí el transportista de la ruta a San Miguel Amoltepec, hombres armados lo esperaban en el lugar, y al verlos intentó huir a pie, pero sus victimarios le dispararon por la espalda.
Por otro lado, el 21 de diciembre, en la cabecera municipal de Alcozauca, fueron agredidos a balazos por su ex marido, Beatriz Maldonado Gálvez de 26 años y su pareja, Miguel Martínez Ruiz de 28 años de edad.
Según los datos, el pasado domingo alrededor de las 6 de la tarde se recibió el reporte de que en la calle Miguel Espinobarros, en el callejón Benito Juárez había personas heridas, por lo que los policías municipales acudieron al lugar y encontraron muerta a Beatriz Maldonado.
Momentos antes se escucharon detonaciones de arma de fuego, y de la casa de la pareja salieron hombres armados, entre ellos fue identificado el ex marido.

Se deslinda la Tecampanera del asesinato del comerciante de Tlapehuala y exige investigación exhaustiva

Integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera se deslindaron del asesinato del comerciante de Tlapehuala, Armando García González, y demandan a los tres órdenes de gobierno que hagan una investigación exhaustiva para dar con los verdaderos culpables de este crimen.
En un comunicado difundido por integrantes de la guardia comunitaria de Teloloapan, se deslindan “categóricamente” de la detención del comerciante y los cinco montadores que lo acompañaban el 16 de noviembre, cuando desaparecieron en la carretera Teloloapan-Arcelia, y que la tarde del domingo fue hallado asesinado Armando García a orilla de la carretera cerca de la comunidad de Alpixafia, municipio de Teloloapan.
“Rechazamos categóricamente las acusaciones lanzadas por quienes se dicen familiares del comerciante Armando García González, de Tlapehuala, en el sentido de haberlo retenido, con las que se busca criminalizar y deslegitimar al movimiento, y manifiesta su total rechazo y su total extrañeza ante ellas. Rechazo, por infundadas e irresponsables. Extrañeza, por sospechosas”.
Advierte que no cederá a provocaciones ni actuará con irresponsabilidad ante tales señalamientos, como hasta ahora lo ha hecho. “Aún al contrario, manifestamos pese a todo, nuestra solidaridad con la familia del comerciante Armando García González y con las familias de los 5 jinetes que, de acuerdo con los medios de comunicación, desaparecieron sobre la carretera federal Teloloapan-Arcelia el 16 de noviembre”.
En el comunicado, los policías comunitarios señalan una lista de presuntos miembros de la delincuencia organizada de La Familia Michoacana, a quienes responsabilizan de la ola de violencia, secuestros y asesinatos en esa zona: Esteban Trujillo Urieta El Flaco o Huesos, Josué López Hernández El Colima, Armando Jaimes Lagunas El Martillo, Miguel Ángel Terán Jaimes El Soldadín y Wilbert Eliseo Rodríguez Núñez El 80.  (Alejandro Guerrero / Iguala).

No murieron en un enfrentamiento los dos hermanos en Atzcala; iban directo contra ellos, dicen testigos

Habitantes de Aztcala, municipio de Cocula, que la noche del 18 de noviembre presenciaron el asesinato de los hermanos Javier y Marcelino Sahuatitla Peña, negaron que hayan muerto en un enfrentamiento, como aseguran la minera Torex Gold, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia. Los testigos aseguran que los agresores iban directamente en contra de los dos hermanos.
Consultados en el lugar donde la noche del sábado pasado cayeron muertos los hermanos Sahuatitla Peña, contaron que la noche del 18 de noviembre, quienes mataron a Javier y Marcelino llegaron al plantón ubicado en Atzcala, acompañados de agentes de la Gendarmería.
Algunos testigos los vieron llegar encapuchados, y cuando supieron dónde estaban sus víctimas se fueron sobre ellos directamente, los bajaron de su camioneta y los llevaron hasta la carretera, en donde les dispararon. A un habitante de Aztcala sólo lo golpearon.
“Es mentira que haya sido un enfrentamiento, nosotros no teníamos armas, somos un movimiento laboral pacífico, vinieron a agredirnos”, declaró una mujer que estuvo esa noche en el plantón, quien se quejó de que la versión oficial que han publicado los medios de comunicación está afectando a ese pueblo, porque dice que esa noche estaban armados y que se enfrentaron con los que llegaron.
“Nos califican como gente mala, pero aquí no tenemos armas, fueron ellos los agresores, pero aquí nadie nos ha venido a preguntar cómo ocurrieron las cosas”, dijo junto a dos veladoras y dos maceteros con flores, justo en el lugar donde cayeron muertos Javier y Marcelino, en medio de la carretera que cruza el pueblo, pasa por la minera Media Luma y llega a Nuevo Balsas.
La mujer contó que por esa dirección llegaron y por ahí se regresaron los agresores.
En este lugar, los plantonistas fueron visitados ayer por una comisión de integrantes del movimiento Pro AMLO. Después, ante ellos, contaron su versión a los reporteros.
La mayoría tuvo temor de hablar abiertamente ante los riesgos de represalias, por lo que pidió resguardar su identidad.
Una de las plantonistas contó que esa noche, entre 9 y 9:30, ella ya casi se retiraba a su casa y andaba con una taza de café en la mano cuando vio llegar a los agresores. “Yo vi que venían con la Gendarmería, cuando menos vi una patrulla. Después todo pasó tan rápido, no nos pudimos defender, aquí nadie tenía armas, estamos así, sin nada, porque se supone que es un paro laboral nada más, no es cosa de pleitos”, insistió.
Explicó que los hermanos asesinados apoyaban al plantón dándoles gasolina y que esa noche estaban al lado de su camioneta a orillas de la carretera, y que cuando vieron que llegaron los hombres armados se subieron y trataron de esconderse, pero fueron por ellos, “y uno (de los agresores) dijo, ‘aquí están, en la camioneta’”.
Agregó que, después los bajaron y los llevaron a la carretera en donde los mataron frente a unos 60 plantonistas.
Explicó que los agresores llegaron en tres o cuatro camionetas, una de ellas era una patrulla de la Gendarmería, y que todos iban cubiertos del rostro, “a mi hijo le arrebataron su celular, estaba viendo una película, después se lo regresaron”.
La mujer declaró que cuando llegaron hicieron disparos al aire y mostró una lona con varios agujeros de bala. Añadió que entonces todos los del plantón empezaron a correr en distintas direcciones mientras los agresores les gritaban, “¡no corran, hijos de la chingada!”.
Insistió en que es mentira que haya sido un enfrentamiento, “ellos (los asesinados) no hicieron nada, yo estuve aquí. Aquí estuvieron los de la Gendarmería, ellos vieron, y, al contrario, escoltaron a los agresores y los dejaron ir”, acusó.
Reprochó que “no es justo que vengan a hacer eso, que vengan a asustar a los niños, había muchos aquí, ahora sí que no se vale”.
Otros plantonistas contaron que Javier y Marcelino trabajaban para la empresa Dimi Construcciones, que además de haber sido subcontratada por la minera para el abastecimiento de gasolina y diésel, también hace obras dentro de la mina.
Incluso, aseguraron que las dos víctimas eran nietos de quien fundó la empresa Dimi Construcciones, y que vivían en Tonalapa del Sur, municipio de Tepecoacuilco.
Explicaron que Dimi Construcciones tiene varias pipas y camiones de volteo, con los que surte gasolina y realiza trabajos de obras a la minera Media Luna.