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Aprueba el Congreso pedir a la ASE que revise a la CAPAMA ante posible corrupción

El Congreso local aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que evalúe el desempeño de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez (CAPAMA) y que haga una auditoría del ejercicio fiscal 2016 de la paramunicipal para que detecte y en su caso, denuncie ante la Fiscalía General del Estado, posibles actos de corrupción.
Sin embargo, las tres fracciones con cuyos votos se aprobó esa solicitud, PRI, PVEM y de MC, votaron contra la propuesta del perredista Ociel García Trujillo para que se auditara todo el periodo 2009-2016, y se informe de las acciones penales y el resarcimiento financiero que haya que realizar. El diputado del PAN Iván Pachuca, que acostumbra votar con el PRI, no asistió a la sesión.
El periodo propuesto por el diputado perredista abarca los gobiernos del priista Manuel Añorve Baños y de Luis Walton Aburto, de MC, pero fue votado a favor solamente por la bancada del PRD y diputados independientes.
La proposición de punto de acuerdo la leyó en tribuna el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado –a la que aún no le modifican el nombre– el priista Samuel Reséndiz Peñaloza, quien ha subido a tribuna en sesiones anteriores para cuestionar la gestión del alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.
Reséndiz dijo que el pasado 19 de julio, cuando el director de la paramunicipal compareció ante la Comisión de Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos, reconoció que hay corrupción en la CAPAMA, adeudos, deficiencias operativas y mala planeación presupuestal.
La comparecencia de Javier Chona Gutiérrez se realizó sin la presencia de reporteros a quienes se les impidió el acceso a la sala. En el vestíbulo de la sala de plenos se colocaron pantallas, pero el audio fue deficiente.
Según el diputado priista, Chona “argumentó que carecía de suficiente personal para atender y solucionar todas esas anomalías”.
Samuel Reséndiz dijo que junto con  los diputados de la comisión que firmaron la propuesta, Isabel Rodríguez Córdoba del PRI, Raúl Mauricio Legarreta Martínez del PVEM y Ricardo Mejía Berdeja de MC, encontraron irregularidades en la CAPAMA.
Se refirió al incremento presupuestal destinado a sueldos dea mandos medios y superiores, ajustes indebidos en cuentas de usuarios del servicio de agua potable, incorrecto incremento en el saldo de almacenes, autorización extemporánea del Programa Operativo Anual 2016 y el crecimiento de los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad.
“Por ello, este Congreso, ante la ausencia material y política del presidente municipal de Acapulco y la irresponsabilidad del director general de la CAPAMA, debe poner un alto a tanta indolencia, pésima conducción, falta de transparencia, corrupción e ineficiencia de la institución encargada de proveer del más importante de los insumos vitales, el agua”, dijo el priista en tribuna.

La CAPAMA fue la caja chica del PRI, recuerda el PRD

A nombre de la fracción perredista, el diputado Ociel García Trujillo, que también es del grupo Nueva Mayoría de Evodio Velázquez Aguirre, dijo que nuevamente se usa la tribuna del Congreso, “para el uso faccioso y electorero”.
Y les preguntó a los integrantes de la comisión que solicitó al auditoría: “¿Si ya tienen documentadas las irregularidades en contra de la administración de CAPAMA ¿por qué no presentan las denuncias y las pruebas correspondientes ante las instancias correspondientes?”
Y recordó que la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado establece las obligaciones de las entidades fiscalizables así como los plazos que deben cumplir, por lo que consideró innecesario mandatar una auditoría misma que ya debe estar en curso.
Y los acusó de crear “una cortina de humo” con el tema aun cuando saben que para el PRI la “CAPAMA fue utilizada como caja chica”.
La auditoría a los recursos públicos del 2016 se realiza dentro de los plazos, subrayó García Trujillo y dijo a la comisión que preside Samuel Reséndiz que lo que “deberían solicitar a la Auditoría General del Estado son los pliegos de observaciones de 2014 y 2015, donde se solicita la aclaración de diversas irregularidades dentro de dichos ejercicio spresupuestales de los últimos dos directores de finanzas de la CAPAMA, uno de ellos, hermano de un diputado presente”, en referencia al hermano de Eduardo Cueva Ruiz (PVEM), Marcos Ernesto Cueva.
Por su parte, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía dijo que la auditoría no es un asunto electoral, sino de finanzas, transparencia y rendición de cuentas.
Mejía, también del grupo de diputados que con frecuencia sube a tribuna a criticar al alcalde de Acapulco, dijo que es deplorable el servicio de suministro de agua y el tratamiento de las aguas residuales en Acapulco, “habiendo agua como nunca, hay fallas terribles en el suministro, fugas, hay descargas residuales”.
La coordinadora de la bancada perredista Erika Alcaraz Sosa recordó en tribuna la “accidentada” sesión en la que compareció el director general de la CAPAMA, en la que dijo que quedaron claros los fines partidistas y electoreros de los señalamientos en contra del gobierno de Acapulco.
Dijo que a pesar de las acusaciones contra el organismo por corrupción, ineficiencia y manejos discrecionales de los recursos públicos, “quienes acusaron no han presentado denuncia que sustente dichas incriminaciones”.
Por eso acusó al PRI, PVEM, MC y el PAN de un uso faccioso de la tribuna y que “no tienen ningún recato de aprobar con carácter de urgente lo que tenga que ver con Acapulco, y deliberadamente negar la aprobación de cualquier tema propuesto por el PRD no obstante la gravedad de los hechos que se trate”.

Cierran padres la Secundaria Técnica 221 para que la SEG audite al director y pague un predio

Padres de familia de la escuela Secundaria Técnica 221, de la colonia Huertas de Santa Elena, cerca del penal de Las Cruces, cerraron el plantel para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que compre el predio que pertenece a la escuela, pero que fue invadido hace mas de 30 años.
Desde las 8 de la mañana, los padres tomaron la escuela, a la que asisten unos 400 alumnos, también para exigir una auditoría al director, Eladio Bazán Gómez, porque dice que se gastó más de 800 mil pesos en una remodelación de aulas, pero a ellos no los ha llamado para desglosarle los gastos, que son del programa Escuelas de Excelencia.
Los padres manifestaron que desde hace más de 10 años están luchando para recuperar el predio que fue invadido hace 30 años; explicaron que los invasores les han dicho que lo desocuparían si les dan una “indemnización” de un millón y medio de pesos.
El secretario del comité de participación social de la escuela, Álvaro Bernal Olea, indicó que desde hace mucho quieren la liberación del predio, que han pedido ayuda de las autoridades, y no ven nada claro.
Indicó que tomaron la escuela porque los padres están muy molestos de ver que sus hijos no tienen condiciones de calidad para estudiar; “queremos que haya una negociación entre el gobierno e invasores para que haya una escuela digna para nuestros hijos”.
La madre defamilia Lilia Ortega Aguilar abundó que cuando llueve los salones gotean y los alumnos se tienen que retirar.
Señaló que no hay condiciones para que sus hijos estudien, pues incluso tienen que desayunar donde están los contenedores de basura. A la escuela llegó el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez de la SEG, Alfredo Miranda Vergara, quien señaló que la dependencia no cuenta con presupuesto para adquirir predios, pero que se está buscando la solución del problema.
Indicó que el secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero ha estado al pendiente de la escuela y autorizó presupuesto para remodelar algunas aulas, pero la regularización del predio es complejo. El delegado se comprometió con los padres de familia a que la próxima semana tendrán una audiencia con el secretario González de la Vega Otero.

Denuncia una regidora de Chilpancingo que ha encontrado desvíos en Salud municipal

La regidora perredista de la Comisión de Salud, Yessenia García Salmerón informó que pedirá una auditoría a la Secretaría de Salud y a la clínica de displasia municipal de Chilpancingo porque ha encontrado desvío de recursos y de material, además se ha dejado de atender a pacientes para detectar el cáncer de mama y cervicouterino.
García Salmerón explicó que se debe hacer la auditoria porque desde noviembre del 2016 hasta marzo del 2017 se ha reflejado un déficit de atención, “no solamente en material sino también de diagnosticar a tiempo el cáncer de mama y cervicouterino”.
Consultada en el Ayuntamiento capitalino, la regidora dijo que desde noviembre de 2016 sólo se han surtido 100 espejos vaginales cuando se atienden a 22 personas al día.
“No hay buena atención por parte de Salud municipal, por lo que se deberá de investigar y también del déficit de material, con 10 mil pesos mensuales se surte bien la clínica de displasia, pero no se está haciendo la entrega de este dinero”, indicó la regidora perredista.
García Salmerón dijo que se reporta la entrega de las fichas a los pacientes, aunque no especificó cuánto pagan por la ficha, pero no ingresa el dinero y hay fuga de material.

En proceso, una auditoría para descubrir anomalías en el Acabús, dice Simón Zamora

 

El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús, Simón Zamora García, informó que está en proceso una auditoría interna para encontrar las anomalías en este transporte.
Insistió en que el déficit de 30 millones de pesos no es por exceso de trabajadores administrativos ni por el robo del combustible, e insistió en que el problema financiero se debe a la gratuidad de los tres meses, lo que tiene que ser subsidiado por el gobierno del estado.
En una llamada a la Redacción de El Sur, el trasportista aseguró que ya hay una demanda penal por el robo de combustible contra el secretario del Consejo de Administración del Acabús, Jonás Vélez Peláez.
Indicó que está en proceso la auditoría para encontrar desvíos de dinero por parte del tesorero Ricardo López Ocampo, y en caso de encontrarse también se iniciará una demanda en su contra.
Respondió que los socios son enviados por la directora del OPD, Silva Zapata López, y “su futuro es incierto, ya que atenta con las fuentes de empleo de los trabajadores”.
Explicó que la chequera no está a su arbitrio y como toda empresa anónima tiene sus gastos de oficina, pero que no tiene fondos porque la directora del Acabús no ha depositado dinero.
Simón Zamora detalló que el pasado 10 de agosto, el tesorero del Consejo de Administración del Acabús, Ricardo López Ocampo, dejó de trabajar porque ingresó Crescencio Díaz Soria, el 6 de agosto; “dejó su responsabilidad sin hacer una entrega a la asamblea general”.
Añadió que la renuncia en el OPD del Acabús de Ricardo López no tiene valor, “él incurrió en una falta que se puede convertir en penal, en caso de arrojar un faltante la auditoría interna se va a proceder a una demanda”.
Agregó que ya se integró una demanda contra el tesorero Jonás Vélez Peláez por robo de combustible, porque, dijo, él tiene las llaves de los tanques de la gasolina de los camiones, e incluso él recibió parte de la flota y luego “se convirtió en un aviador”.
Zamora García reconoció que algunos choferes capacitados de las rutas alimentadoras robaron combustible en garrafas pero fueron despedidos, “eso se controló, fue cosa mínima”.
Mencionó que en el caso del comisario Nelson Ríos, éste dejó de trabajar en el Acabús y se dedicó a atender su negocio de lavanderías; “yo fui al OPD para que le quitaran su salario, al igual que a Judith Radilla, ambos querían ser aviadores, por eso su molestia”.
Indicó que antes pidió al OPD del Acabús una revisión de las áreas para descartar a aviadores, “pero no lo hizo porque no existe eso”, y recalcó que el Consejo de Administración trabaja bajo los parámetros del título de concesión.
Explicó que están destinados 90 administrativos, pero tiene 80, mientras que los choferes deben ser 339 pero hay 325, 14 menos, y que los gastos en nómina tienen que ser de 4 millones 4 mil pesos pero son de 4 millones, “estamos trabajando de una forma transparente”.
El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora A cabús reconoció que tiene a familiares en la nómina, pero justificó que ellos eran socios de las extintas Maxirutas, e incluso los primeros 60 trabajadores son los dueños de los camiones, entre ellos el hermano de Judith Radilla, “somos puros transportistas, nosotros no queremos que vengan personas de fuera a hacer nuestro trabajo”.
Indicó que ya reinstaló a los 54 choferes despedidos por la directora Silvia Zapata, porque se basó en el parámetro de título de concesión, “en un acto de apoyo a los choferes, no fue ni un show ni nada”.
Insistió en la destitución de Zapata López porque “atenta contra la fuente de trabajo de los empleados”. Dijo que siguen en la idea de plantarse hoy en la Casa Guerrero.
El pasado viernes, los socios mayoritarios del Acabús denunciaron que Zamora García montó un “teatro” con los supuestos choferes despedidos, porque la directora del OPD, Silva Zapata López, le redujo los gastos.

 

 

Entregó ya al Congreso la auditoría a Felícitas Muñiz, informa Damián Peralta

 
El auditor General del Estado, Alfonso Damián Peralta, informó que entregó completa la auditoría que el Congreso local le requirió del municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), pero aclaró que no fue una fiscalización especial sino ordinaria, con la que el Poder Legislativo puede trabajar en el juicio de revocación de mandato contra la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez.
El auditor visitó el municipio el pasado 14 de julio y dijo que la información de su visita fue incluida en el informe de resultados que la AGE entregó al Congreso el 29 de septiembre.
El auditor comentó que el órgano fiscalizador está en un proceso de señalar observaciones del ejercicio fiscal 2015 a los entes  por presuntas irregularidades cometidas durante sus gobiernos el año pasado.
Explicó que después de las notificaciones, la AGE espera la documentación de los ex funcionarios para comprobar las observaciones.
Se le preguntó también por lo dicho el sábado por el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, sobre el requerimiento de pago que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo al gobierno del estado por casi 4 mil millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que durante 2013, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, las secretarías de Salud y Educación no pagaron.
Lo anterior lo confirmó ayer el contralor del gobierno estatal, Mario Ramos del Carmen, quien informó de 40 procedimientos por irregularidades encontradas en las pasadas administraciones, principalmente en Salud y Educación, y en ese sentido el auditor explicó que la AGE se rige por procedimientos anuales, por lo que ahora trabaja en la fiscalización de 2015.
Sin embargo dijo que sí hay observaciones a pasadas administraciones, pero habló principalmente del 2015, de las que dijo que están entregando las notificaciones a los ex servidores públicos para que presenten la documentación comprobatoria, o de lo contrario se emitirán pliegos de observaciones y procedimientos resarcitorios.
El auditor comentó también que del ejercicio fiscal que revisa la Auditoría General del Estado (AGE) no ha presentado denuncias penales porque la cuenta publica fue entregada puntualmente después de las sanciones ejecutadas contra los funcionarios que han faltado a los tiempos que señala la ley.
Afirmó que de los casos de procesos de fiscalización que han llegado a denuncias penales contra ex servidores públicos, todos han presentado la información que les ha sido requerida.

Seguirán las reducciones por las dificultades financieras del municipio, responde Cicerón

 

El director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Cicerón Nájera Romero, informó que debido a las dificultades financieras del municipio la reducción del salario se aplicará dos o tres quincenas más a trabajadores que ganan más de 3 mil pesos quincenales y que entraron en este gobierno, pero que se respetará a los de más antigüedad y a los sindicalizados.
En declaraciones a reporteros después de la reunión que sostuvo con trabajadores de la sección 56 del SUSPEG, que protestaron en el Palacio Municipal, Nájera Romero declaró que la dirección a su cargo diseñó un tabulador de salarios para que se puedan “homogenizar”, y que se espera que en 15 días tenerlo listo porque falta afinar los montos.
Detalló que el municipio tiene 7 mil 500 trabajadores, de los cuales 2 mil 804 son sindicalizados, aunque el secretario de Finanzas, Merced Baldovino Diego, ha dicho que son ocho mil.
Negó que este gobierno haya aumentado el número de empleados, “se ha incrementado a través de los trienios, en esta administración no hay un incremento sustantivo de trabajadores, es lo que se trae”.
“Es temporal, es una medida temporal para afrontar la crisis y el tiempo puede ser dos o tres quincenas y se aplica a trabajadores que ganan más de 3 mil pesos y que entraron del primero de octubre en adelante, no es para todos, se ha respetado a los de mayor antigüedad y a sindicalizados”, reiteró.
Nájera Romero abundó que el municipio tiene “dificultades financieras” y derivado de eso “tenemos que reordenar los Recursos Humanos y optimizarlos para que haya un ahorro y dar cumplimiento a las observaciones que ha hecho la Contraloría a Recursos Humanos”, y que no podía informar cuánto se reducirá porque “se hace la auditoría”.
Explicó que a los empleados de lista de raya se les aplicó también la reducción salarial pero por instrucción del alcalde y del secretario de Finanzas, que se trabajó en un tabulador de salarios para “homogenizar los salarios y que no haya que unos ganen más y otros menos”, y que se espera que en 15 días esté listo. “Solo falta afinar el detalle de los montos y el tabulador generará certidumbre, transparencia”.
El director de Recursos Humanos informó que el pago del retroactivo será en tres parcialidades, según se acordó con los secretarios sindicales del SUSPEG, con quienes se firmó el pliego y en “solidaridad” aceptaron que se pague en la segunda quincena de mayo y la otra en junio.
Por su parte, el alcalde Evodio Velázquez en entrevista después de la conferencia que dio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que no entrará en presiones ni chantajes.
Insistió que no es un descuento sino recategorización y mientras no esté listo “los salarios de lista de raya y los excesivos, que heredamos muchos de ellos, pues hoy lo que tenemos es que hacer es seguir con la auditoría”.
Indicó que la auditoría sigue su curso y tiene que dar resultados en materia de ahorro de los recursos municipales para mejorar los salarios de los trabajadores principalmente de la lista de raya, que ganan mil 200, mil 400, o mil 800 pesos a la quincena.

La situación financiera y la deuda obligan a la austeridad, dice Evodio

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre dijo que las medidas del recorte al gasto público y la recategorización que su gobierno aplica puede no gustar a muchos, pero que las condiciones de las finanzas y la deuda del municipio lo obligan a tomar acciones de austeridad, que incluye a los funcionarios y a él mismo pues a sus salarios se les descontó un 50 por ciento.
Insistió en los descuentos del 20 por ciento al salario de los trabajadores es parte de una recategorización, “a algunos se les descontó un 20 y a otros un 15 por ciento, fue de acuerdo con la recategorización”. pero eso permitirá ahorros al Ayun-tamiento.
Explicó que los8 mil trabajadores que tiene el municipio, según la Secretaría de Finanzas, son un “montón” pero es algo que heredó de otras administraciones, sin precisar cuáles, “es algo que heredó el Ayuntamiento”.
Luego de acompañar al gobernador Héctor Astudillo y al secretario de Salud federal, José Narro Robles, a la reinstalación del comité de municipios saludables, al preguntarle a Evodio Velázquez de los 300 aviadores que podría haber en su administración, según lo declarado por el secretario de Finanzas, Merced Baldovino, respondió que esperará los resultados de la auditoría que hace la Contraloría municipal.
Dijo que el recorte incluyó un descuento de 50 por ciento a su salario y también a funcionarios de primer nivel, a quienes les advirtió que nadie tiene seguro su trabajo si no laboran para fortalecer al municipio en todas sus instancias.
Insistió en que no hubo descuentos del 20 por ciento al salario de los trabajadores, sino que se trata de una recategorización y eso les permitirá ahorrar, “a algunos se les descontó un 20 y a otros un 15 por ciento, fue de acuerdo con la recategorización”.
Reiteró que “lo que se hace es una recategorización, que quede claro, lo que permitirá que quienes tienen salarios dispares, porque un director gana más que otro o un secretario más que otro, y los trabajadores de lista de raya, los que barren, los que están haciendo el trabajo operativo es injusto lo que ganan”.
El alcalde explicó que con la recategorización que hará este gobierno “podrá subir el salario de todos aquellos que hacen la operatividad todos los días en Acapulco”.
Advirtió que los que serán despedidos son aquellos que cobran sin tener ninguna función, “los que no estén haciendo su trabajo bien”.
“Ocho mil trabajadores son un montón, pero es un tema que así heredamos, que viene de tiempo atrás, entonces hoy estamos asumiendo responsablemente acciones y mecanismos que no pueden gustar, pero lo tenemos que hacer y este gobierno tampoco aceptará chantajes de ningún tipo y vamos a seguir trabajado siempre cuidando el tema de la legalidad”, aseguró.
Evodio Velázquez agregó que el secretario de Finanzas tiene la información: “soy respetuoso, ahí que vean con ellos los datos que deban de ver”, sin querer precisar a cuántos trabajadores se dará de baja.
Recordó que firmó el pliego de peticiones con los secretarios seccionales del SUSPEG, “que de forma responsable aceptaron apoyar al gobierno en cuanto a las finanzas, ante la situación de la deuda, y la situación que tiene hoy Acapulco”.
“Los que no trabajan, que no devengan su salario no deben de estar cobrando, la recomendación que ha hecho la instancia fiscalizadora es que determinemos. Tiene sus costos, por supuesto, los que cobran sin trabajar están a todo dar y muy cómodos y lo que hay que hacer es detectarlos como es responsabilidad de todo gobierno y plantear su despido”, dijo.
Agregó que el municipio tiene que cuidar todos los aspectos legales y revisar bien, y recordó que se hace una auditoría por parte de la Contraloría General del municipio y que va a esperar el resultado y con base en eso dará una respuesta.

Plantea a Narro equipar centros de salud

Del anuncio que hizo el presidente del bloque 1 de transportistas de la Costera, Jesús Catalán, de que preparan amparos para impedir que el Acabús circule por esa vía, el alcalde respondió que se reunirá con el gobernador para revisar ese tema. “Listos para el Acabús, es una inversión importante que no debe de perderse”.
Precisó que también se deben escuchar todas las inconformidades que puedan existir, que su gobierno lo hará y platicará con el gobernador para abrir mesas de diálogo para aquellos que puedan estar inconformes.
En temas de salud, Evodio Velázquez dijo que habló con el secretario Narro Robles de “algunos detalles del Seguro Popular”, y le planteó la necesidad del municipio de equipar las unidades médicas en Xaltianguis y Hogar Moderno.
Afirmó que la salud es fundamental para su gobierno y por ello lo que plantea a la federación “es una política integral, porque el problema de Acapulco se llama la condición de violencia que se ha generado desde hace años a la fecha, entonces necesitamos reconstruir el tejido social y la inversión no debe ser con la parte de los cuerpos policiacos, sino fortalecer el tejido social y la salud es una de ellas”.
Velázquez Aguirre aseguró que en la medida que el gobierno federal incorpore un programa fuerte a las colonias, comunidades y barrios donde hayan “acentuadamente los problemas de violencia e inseguridad, la salud es fundamental, tenemos salud, hay bienestar y podemos generar una mejor sociedad”.

Esperan defraudados que el Congreso financie la auditoría a Rerum Novarum

 

El integrante de la comisión liquidadora de los defraudados de la cooperativa de ahorro Rerum Novarum, Oscar Guatemala Palma, dijo que la petición de hacer una auditoría a la caja de ahorro, ubicada en la colonia Icacos, se presentó por escrito a las comisiones de Gobierno y Justicia del Congreso.
Explicó que los diputados les respondieron que la propuesta la presentarán en el pleno del Congreso para que se aprueben los recursos.
En declaraciones por teléfono, Guatemala Palma explicó que el costo de la auditoría que hará el despacho contable es de 200 mil pesos y que lo que se adeuda a los defraudados son 41 millones de pesos.
Detalló que el miércoles pasado, los diputados locales recibieron la petición de la comisión liquidadora de la caja de ahorro en Acapulco.
Explicó que los defraudados fueron atendidos por los presidentes de las comisiones de Gobierno y Justicia del Congreso, Flor Añorve Ocampo y Héctor Vicario Castrejón, respectivamente.
Indicó que después de aprobarla los diputados locales emitirán un exhorto al gobernador Héctor Astudillo a efecto de que aporte la cantidad para contratar el despacho contable, que podría ascender a 200 mil pesos.
Guatemala Palma añadió que luego de la auditoría seguirá la firma del convenio entre el gobierno del estado y el Fidecomiso de Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) para que se les regresen sus ahorros a los 862 socios, lo que asciende a 41 millones de pesos.
El pasado 10 de enero, defraudados de la cooperativa de ahorro y préstamos Rerum Novarum enviaron un oficio al despacho contable que hará la auditoría, aunque falta la autorización del gobierno del estado, y también acudirán al Congreso a pedir apoyo.
El 4 de abril de 2014, unos 50 vecinos de distintas colonias protestaron afuera de la cooperativa Rerum Novarum para exigir sus ahorros de más de 20 años, porque la empresa se declaró en “quiebra”.

La auditoría al PPS se entregó a la Contraloría, dice González de la Vega



Zacarías Cervantes Chilpancingo

El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, informó ayer que los resultados de la auditoría que se aplicó al Plan de Previsión Social (PPS) ya fueron entregados a la Contraloría y que será ésta la que tome las medidas en contra de los responsables de las presuntas irregularidades.
Entrevistado ayer después del acto en el salón Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno en donde recibió el pliego petitorio de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el funcionario no aportó mayores detalles y señaló: “el proceso ya va avanzado”.
Cuando se le insistió si se encontraron anomalías financieras, González de la Vega admitió que hay adquisiciones no comprobadas, escrituras escaneadas, y adquisiciones que no fueron ingresadas a los bienes del fideicomiso. Sin embargo insistió que el responsable para hablar de cantidades y de los responsables será el contralor, Martín Rayo Sánchez, a quien en marzo se entregaron los resultados de esa auditoría.
Propondrán que el promedio para entrar a Ayotzinapa sea 7.5

Sobre las pláticas con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, afirmó que volverán a reunirse el próximo viernes cuando les llevarán la propuesta para que el promedio mínimo de los aspirantes sea de 7.5, pero solamente para quienes comprueben que vienen de comunidades rurales, sin embargo, dijo que esa es una propuesta que apenas están considerando y que no hay nada definido aún.
Agregó: “Vamos a tener una nueva reunión el próximo viernes, yo creo que con todo y lo ríspido de las pláticas con los jóvenes de Ayotzinapa, hemos sido muy respetuosos con ellos. Entendemos su punto de vista, y vamos a continuar platicando con ellos. Les vamos a dar razones por las cuales consideramos que debe haber un incremento en el promedio y yo confío en que ellos llevarán propuestas en el sentido de qué reformas académicas quieren plantear para que la normal también sea beneficiada, pero no se han cerrado todavía las pláticas”.
Las negociaciones con el magisterio serán sólo con el SNTE, advierte
Con respecto a las negociaciones que empezarán hoy para resolver las demandas del magisterio, el funcionario estatal advirtió que éstas serán solo con la dirigencia de la sección 14 del SNTE y dijo que esperan que las otras expresiones respondan al llamado del secretario general, José Natividad Calixto Díaz.
Dijo que la sección 14 del SNTE ha presentado un pliego de demandas de manera integral, “incluyen temas de jubilados y homologados, y el tratamiento que le vamos a dar es el mismo del año pasado, con toda responsabilidad vamos a dar una respuesta y por supuesto con la idea de mejorar lo que está pendiente”.
–¿Se va a negociar también con las otras expresiones?
–Nosotros vamos a negociar de manera institucional, respetamos la autonomía sindical y el llamado del maestro Calixto (José Natividad Calixto) en el sentido de que las otras expresiones se sumen y presenten un solo pliego petitorio, estaríamos en espera a ver qué responde Félix Moreno y los otros grupos.
Explicó que las demandas de los profesores se atienden de manera “natural”, no como un pliego total, sino que son demandas permanentes que por norma deben atender únicamente las demandas del SNTE.
Insistió: “Yo quisiera que tomaran la invitación del maestro Calixto de que se unieran los maestros (de las otras expresiones) para presentar un pliego petitorio. El propio sindicato dice que es una propuesta responsable y así habremos de entenderlos”.
En cuanto a las posibles protestas de parte de las demás corrientes sindicales que no se incluyan en las negociaciones, el secretario dijo: “Vamos a pedirles que no haya movilizaciones pero sobre todo que no hagan acciones que afecte en las aulas”, porque de lo contrario, advirtió que la SEG aplicará las sanciones administrativas correspondientes.

Se hará una auditoría al alcalde de Cuautepec

El diputado responsable de la comisión que sigue los procesos de juicio político a diversos funcionarios, Constantino García Ciensros, informó que los integrantes de la misma se reunieron con el alcalde de Cuautepec, Hilario Ciriaco Tenorio y un grupo de ciudadanos que lo acusan de desviar recursos junto con el síndico y dos regidores.

En esa reunión se acordó que personal de la Auditoría General del Estado (AGE), realice una auditoría integral a la administración de Hilario Ciriaco.

“En caso de que se comprueben irregularidades el edil priísta deberá asumir                             su responsabilidad, y en caso contrario los plantonistas tendrán que retirarse de las instalaciones del ayuntamiento, que se encuentra tomado desde el año pasado”, indicó, informó García Cisneros.

Por otro lado, dijo que la Comisión Instructora –en funciones de examen previo– no tiene nada aún respecto de la denuncia de juicio político que interpuso el año pasado el líder de El Barzón, Javier Taja Mestre en contra de “todos” los integrantes del cabildo del ayuntamiento de Acapulco, a quienes se acusa de incumplir con el descuento del 6 por ciento al impuesto predial prometido a usuarios cumplidos. (Ezequiel Flores / Chilpancingo).