La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Morelos, Martha Elena Mejía durante la conferencia magistral Violencia política en razón de género: retos y perspectivas, en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Durante la conferencia Violencia Política en razón de Género: Retos y perspectivas, la presidenta del Tribunal Electoral de Morelos, Martha Elena Mejía, afirmó que con la paridad “numérica” incrementaron los casos de violencia política en razón de género, porque entre otras razones se siguen dejando los espacios importantes de toma de decisiones a los hombres.
La conferencia fue organizada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE) en el contexto del Día Internacional de la Mujer y la ponente fue Martha Elena Mejía, quien afirmó que las mujeres tendrán que seguir luchando para lograr la paridad en las instituciones y poderes, porque hasta la fecha no se ha logrado tenerlo en su totalidad, porque se ha conseguido sólo de manera numérica.
La ponente señaló que pareciera una generalidad en el país que las comisiones en el caso de los Congresos locales y secretarías de Estado en los gobiernos de las entidades son encabezadas por hombres, “y eso se repite a nivel micro, si se analiza la estructura de cualquier dependencia, o juzgados federales” los espacios “importantes se les dan a los hombres”.
Apuntó “hay un binomio paridad-violencia política, porque a mayor paridad y cumplimiento de la paridad va a haber más violencia, porque las mujeres están ocupando espacios que antes estaban destinados a los hombres y eso genera más resistencia y más violencia”.
Comentó que antes se limitaba a las mujeres para que no llegaran a los cargos, pero ahora que por ley pueden ocuparlos, se busca limitarlas en sus funciones.
Indicó que los tribunales electorales tienen que juzgar con perspectiva de género, ante los nuevos criterios que se ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) “la Sala Superior en sus criterios señala que se tiene que creer lo que dice la mujer en su denuncia, sobre todo si es violencia política en razón de género, lo primero que se tiene que atender es el contexto y ver el asunto con perspectiva de género, y con ello valorar si realmente se está cometiendo o no violencia política”.
La magistrada presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol, dijo en su mensaje de bienvenida señaló que el relego de las mujeres, ha provocado la falta de presencia en puestos en los que se toman las decisiones, y que eso genera precisamente políticas públicas que mantienen la costumbre de no tomar en cuenta los intereses de las mujeres.
“La violencia política en razón de género, se suma a este cúmulo de violencias que se presentan como una resistencia al cambio del paradigma, en el que las mujeres han dejado de participar únicamente en la vida privada, para intervenir activamente en el espacio público. La doctrina nos lleva a reflexionar que, es la condición de ser mujer, una de las principales causales de la violencia en razón de género”, dijo Rodríguez Xinol.
En la conferencia estuvieron las magistradas Hilda Rosa Delgado Brito, Alma Delia Eugenio Alcaraz, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Luz Fabiola Matildes Gama, así como las consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Vicenta Molina Revuelta, Dulce Merary Villalobos Tlatempa y el consejero Edmar León García.
También la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y el fiscal Electoral del Estado, Miguel Alejandro Guizado Jaimes.
Irinea Buendía Cortez madre de Mariana Lima víctima de feminicidio, en la conferencia en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia; la flanquean las magistradas Indalecia Pacheco y Norma Leticia Méndez y la acompañan las feministas Lourdes Juárez, Marina Reyna y Rosa María Gómez Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norma Leticia Méndez Abarca, quien asistió ayer en representación del magistrado presidente Raymundo Casarrubias Vásquez a la conferencia Sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se realizó en el auditorio del TSJ, anunció que esta sentencia será distribuida en todos los distritos judiciales para que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género.
La conferencia que disertó Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, asesinada en junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, por su esposo, el policía ministerial Julio César Hernández, se realizó en el auditorio del TSJ.
Asistieron las magistradas Norma Leticia Méndez, representante del magistrado Casarrubias Vázquez, e Indalecia Pacheco León, integrante de la Comisión de Gé-nero, así como la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de la Red Estatal de Mujeres Guerreren-ses por una Vida Libre de Violencia, Rosa María Gómez Saavedra, y la coordinadora de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez Díaz.
La magistrada Méndez Abarca explicó que la Sentencia Mariana Lima Buendía, como un parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, marca los pasos que los juzgadores deben de seguir en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.
Dijo que estos casos deben ser atendidos con debida diligencia para prevenir la más grave que es la violencia feminicida y que los parámetros de dicha sentencia estén acordes al marco normativo internacional.
“El reconocimiento de los derechos de las mujeres mandata la obligación del Estado para prevenir, atender y sancionar todas las violencias cometidas en razón de género, priorizando la protección de su libertad, seguridad y vida a través de políticas públicas que nos permitan fortalecer las instituciones para el acceso a la justicia”, dijo.
En función de ello, anunció que la Comisión de Igualdad de Género del TSJ, llevará esta sentencia a todos los distritos judiciales para que sea conocida.
“Esta sentencia sirve como un parámetro y un parteaguas en las investigaciones y averiguaciones previas a efecto de que las carpetas de investigación queden bien integradas”, dijo.
La sentencia Mariana Lima
La Sentencia Mariana Lima Buendía fue emitida el 25 de marzo del 2015 y constituye el primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con feminicidio.
Irinea Buendía, madre de la víctima, cuyo nombre se impuso a la sentencia, realiza un recorrido por el país dando a conocer el contenido de la sentencia, y con Guerrero ha visitado siete estados.
Por la mañana, se reunió en privado con magistrados, jueces, proyectistas y personal administrativo del TSJ a quienes dio a conocer el contenido de la sentencia.
Después, en la conferencia explicó que el documento cuenta con todos los pasos que deben seguir los investigadores y jueces en los casos de violencia hacia las mujeres.
Argumentó que cuando no hay perspectiva de género se desconocen las razones y motivos que hay para acreditar un feminicidio.
“Qué bueno que ganamos la sentencia Mariana Lima Buendía porque con ello ganamos que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género y debida diligencia, no solo en el caso de Mariana Lima Buendía sino de todas las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Antes, había reseñado la historia de su hija asesinada por su esposo, la negligencia y las trabas por la negligencia de las autoridades judiciales que tuvo que pasar durante cinco años, antes de la sentencia.
“Por eso esta sentencia es histórica y viene a sentar precedentes no solamente en el Estado de México sino en toda la República”, dijo.
Añadió que, ahora, cada estado tiene la obligación de integrar a su Código de Procedimientos Penales lo que se tiene que hacer y que ganamos en la sentencia de la SCJN”.
Por ejemplo, agregó que con ella se ganó que se sancionará a los servidores públicos que intervienen en una carpeta de investigación, y son omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia.
“Ganamos, también, la reparación del daño” y que todas las autoridades de los tres niveles y principalmente los que están en las áreas de equidad de género deben conocer qué es la perspectiva de género”.
A su vez la magistrada Indalecia Pacheco, aseguró que el Poder Judicial “está haciendo todo su esfuerzo para que se juzgue con perspectiva de género utilizando no solo esa sentencia, sino la que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde se establecen los estándares tanto para investigar como para juzgar.
“Esa sentencia es importante porque de manera técnica da el lineamiento federal para que las agencias del Ministerio Público entiendan que están obligadas a hacer una investigación bajo la perspectiva de género porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se deja mucho que desear porque se siguen arrastrando vicios enormemente malos”, reconoció la magistrada.
Aumenta la violencia digita
Activistas del Frente Amplio Feminista de Guerrero denunciaron que hay omisión en atender el problema de violencia digital en las escuelas de nivel medio superior y superior. El coordinador de comunicación de la organización, Enrique Solano López, indicó que el año pasado registraron 120 casos y en lo que va de este 2023 van 37.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, Solano López indicó que la violencia digital consiste en el uso de los teléfonos celulares como medios para agredir a mujeres. Precisó que se puede manifestar con el envío de mensajes con palabras ofensivas o invitaciones a tener relaciones sexuales o imágenes de penes hacia la víctima.
El Frente informó que como parte de sus actividades realiza un monitoreo sobre el uso de la tecnología y su impacto en la violencia de género, lo que les arrojó que hay un aumento en el problema.
Añadió que las redes sociales son útiles en diferentes sentidos, pero también son la causa de nuevos problemas como robo de identidad y hasta secuestro, siendo las víctimas mujeres adolescentes. “La preocupación es que se recrudezcan este tipo de situaciones ante la omisión de una estrategia adecuada oficial”.
De Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina pidió que la Secretaría de la Mujer dé acompañamiento a las víctimas de violencia y que no las deje solas, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que revise el protocolo violeta.
El Frente llamó al secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, y a la secretaria de la Mujer Violeta Pino Girón, a que sus campañas no se queden solo en anuncios, lonas o fotografías.
También llamó a la Fiscalía General del Estado, al TSJ y a la Secretaría de Seguridad Pública a que atiendan este problema y den cuenta de las carpetas de investigación que tienen y que avances llevan. (Daniel Velázquez).
Alicia Román, Ericka Romero, Angie Palafox, Renata Gonzáles, Gabriela Córdoba y Selene Arrieta en la conferencia de prensa para anunciar actividades del 8 de marzo Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Activistas feministas denunciaron que en lo que va del año en observan un aumento de desapariciones de mujeres, que los servicios estatales de salud siguen obstaculizando el aborto legal, y que trece mujeres están en prisión por interrupción del embarazo acusadas de homicidio en razón de parentesco, la forma de criminalizar del derecho a decidir.
Lo anterior, en conferencia de prensa donde informaron que están en un proceso de investigación y mapeo de las violencias que van presentar en un pronunciamiento el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Convocaron a otras mujeres a marchar en esa fecha, a las 3 de la tarde, desde la alameda Grandos Maldonado para la atención prioritaria de la agenda feminista.
De la Colectiva Femversas y Existencia Lesbica, Gabriela Córdova, denunció la omisión de autoridades impartidoras de justicia, con el ejemplo de intento de feminicidio de Alejandra Mateos, después de que su agresor que huyó a Estados Unidos para evadir la justicia en México, ahora demanda la deportación porque conoce la impunidad que existe en el país.
De la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y del Observatorio de Violencias contra las mujeres Guerrero, Renata Gonzalez Moreno habló de Karla Peñaloza Martínez, joven afromexicana de 20 años, estudiante universitaria, desaparecida el 30 de enero, pese a las protestas de activistas para que el gobierno estatal y la Fiscalía del estado realicen todas las acciones necesarias para encontrarla.
Advirtió que están aumentando “de manera alarmante” los registros de mujeres desaparecidas, y realizan un mapeo con estos datos para que sean parte de su pronunciamiento del 8 de marzo.
De Mujeres Guerrerenses Eucaria Apreza, Erika Romero y Alicia Ayala exigieron acceso a la justicia con perspectiva de género, recordando el feminicidio de Ilse, en un hotel de la capital del estado, la semana pasada; y el de Julia, trabajadora del hospital general, asesinada el año pasado. En el segundo caso el acusado se encuentra vinculado a proceso.
De la Red Redefine, Angie Palafox, explicó que la manifestación llevarán documentados casos de diferentes tipos de violencias: vicaria, política, obstétrica, institucional, de matrimonios forzados, feminicida, desaparición de mujeres, acoso y hostigamiento en espacios laborales y educativos. Además van a exigir un alto a la persecución de activistas y de derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
Indicó que tienen datos de trece carpetas de investigación tipificadas por homicidio en razón de parentesco, “la manera de criminalizar a las mujeres por abortar, pues tiene una penalidad más elevada”.
González Moreno agregó que las mujeres siguen enfrentando obstáculos en el acceso al aborto legal en el sector público estatal, porque sigue pendiente la reforma en materia de salud, que persona médico aún usa de pretexto para no dar el servidio. Indicó que tienen casos documentados en el hospital general de Chilpancingo, Raymundo Abarca Alarcón, el general Donato G Alarcón de Ciudad Renacimiento y el CAAPS de la Progreso en Acapulco.
Aclaró que hay un cambio del sistema estatal al IMSS Bienestar que podría cambiar el esquema de la legislación de salud que sigue pendiente, sin embargo, la sola reforma de despenalización del aborto no es efectiva.
“Siempre vamos a tratar de incidir en que se haga realidad para las mujeres, sabemos que van a hospitales y no las atienden, sufren violencia institucional y violencia obstétrica, entonces por eso sí es la exigencia, seguimos pendientes en estas cuestiones”.
De la crisis financiera en la Fiscalía estatal, Palafox aclaró que el gobierno del estado tendría que asegurar los recursos para garantizar el acceso a la justicia, pero no es el único obstáculo para que las mujeres accedan a la verdad, a la reparación del daño, “uno es la revictimización en las instancias, no se trata de dinero, las autoridades que son primeros respondientes generan violencia institucional para que no las afectadas desista la presentación de carpetas de investigación”.
También llamaron a las víctimas de las distintas violencias de género a acercarse al movimiento para recibir acompañamiento.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Iván Salgado Ramírez, indicó que afectará al sector empresarial el aumento al pasaje y a las casetas, por lo que dijo que pedirá que se regule.
Consultado al finalizar la firma de un convenio del organismo con la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Servicio Social, sobre el aumento de las casetas en Guerrero, dijo: “Es una afectación en general, siempre y cuando haya un incremento, y pues también afecta a la proveeduría”.
En cuanto al aumento que se anunció en el pasaje local de la capital, opinó que el sector social sí se vería afectado, “como lo he manifestado, el sector empresarial, para acercase a nuestros negocios, sí hay una afectación”.
Dijo que aún no tiene estimado de cuánto se vería afectado el sector empresarial en cuanto al aumento del pasaje, pero Salgado Ramírez indicó que vería la forma para que el gobierno baje la tarifa. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Representantes de familiares de desaparecidos celebraron el aumento del presupuesto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), aunque advirtieron que aún es insuficiente.
La presidenta del colectivo de Familiares de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, opinó que con los recursos debe priorizarse la alimentación, la atención a la salud y un área de salud mental para los familiares de las víctimas.
Por su parte, el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo, David Molina Rodrúguez, dijo que deben destinarse más recursos para la búsqueda de los desaparecidos y para la reparación integral del daño.
De acuerdo con el desglose por unidad operativa del presupuesto de egresos publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado, consultado por El Sur, la CEAV tuvo un incremento este año de 20.7 millones de pesos en 2023, que representa 161.8 por ciento de lo programado el año pasado.
Es decir, pasó de 12.8 millones en 2022, a 33.5 millones este año, y de acuerdo a la estadística, 13 millones 577 mil pesos son para la operación estatal, y 20 millones de pesos para el fideicomiso del Programa de Atención a Víctimas.
Familiares de desaparecidos no reciben ayuda: Adriana Bahena
Adriana Bahena Cruz celebró por teléfono el incremento, “pero no podemos decir que estamos alegres porque realmente todos los recursos son insuficientes porque la violencia en Guerrero sigue pegando y el número de víctimas sigue creciendo, pero claro que (el aumento) es bueno”.
Opinó que los recursos que vayan a ese fondo “son bastante buenos” y dijo que deben utilizarse sobre todo para la alimentación de las familias de los desaparecidos en la región de la Montaña porque no reciben medidas de ayuda.
“Estas mujeres claman por alimentación, por tener maíz y frijol para darle de comer a sus hijos. Ya ni te piden atención médica, ellas solo te piden para darle de comer a sus hijos”.
Opinó que si los recursos que se aumentaron al presupuesto van a permitir que esas medidas de ayuda lleguen a las familias de la Montaña, “va a ser bastante bueno”.
Explicó que ellas no tienen esposos o hijos porque se los fueron quitando.
Añadió que también debe destinarse recursos para la salud de los familiares de las víctimas, porque todos sus sentimientos acumulados por la desgracia de haber perdido a su familiar, están repercutiendo en su salud física.
“Estamos hablando que hay un incremento masivo en las mujeres en cuanto a cáncer u otras enfermedades. Esas enfermedades que parecían no iban a llegar están llegando”.
Reprochó que en su momento la salud mental de los familiares de los desaparecidos no fue atendida y ahora están repercutiendo en la salud física; “se están detonando de manera masiva, y al rato los hospitales no van a ser suficientes”.
Opinó que Guerrero debe tener un plan de trabajo muy específico en cuanto a salud mental para aquellos que no han sido atendidos y es necesario atenderlos, sobre todo para evitar situaciones de enfermedades físicas.
Informó que en su colectivo varias compañeras “tristemente están caminando en los últimos días y las estamos apoyando porque ya tienen cáncer, y es cáncer terminal”.
Reconoció que han tenido mucho acercamiento con la CEEAV, y que siempre han sido claros y han insistido que debe contar con un área de salud mental para las víctimas, algo “de verdad importante”.
Sin embargo, insistió que por ahora lo prioritario es acercar la comida a las madres o esposas de los desaparecidos de la Montaña, “yo creo que eso es crucial, y el área de salud mental debe de atenderse desde la Secretaría de Salud”.
Hay inacción de fiscalías para la búsqueda de desaparecidos
David Molina Rodríguez, también festejó el incremento presupuestal para la CEEAV pero dijo que se deberían priorizar los apoyos para las búsquedas de los desaparecidos.
“Básicamente el objetivo de un colectivo son las búsqueda de sus familiares”, dijo y reprochó que ese trabajo no lo hace ni la Fiscalía General del Estado.
“Hay una inacción de las fiscalías de los estados para hacer las búsquedas de campo, y nosotros hemos encontrado alrededor de 200 perfiles diferentes de cuerpos”.
Sin embargo denunció que la Fiscalía no ha dado estos resultados y que realiza las búsquedas a menos de que sea motivada por una orden federal, “es cuando se dedican a eso”, declaró.
Reprochó que las fiscalías federal y estatal ni si quiera han dado resultados en cuanto a la identificación de los cuerpos que han encontrado, y que de los 200, apenas han resuelto, si acaso, unos ocho.
Por eso insistió que debe instalarse en Guerrero un Centro de Identificación Humana, como ya está ocurriendo en otros estados del país, y que éste dependa de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y ésta directamente de la gobernadora, no como ahora que esa Comisión depende de la Secretaría de Gobierno, los Semefos, donde se depositan los cuerpos no identificados, de la secretaría de Salud, y servicios periciales de la FGE, con lo que todo está disperso.
Añadió que los recursos deben utilizarse también para las reparaciones integrales de daños a las familias de los desaparecidos.
“Hay familias que tienen muchos hijos y su familiar ya fue localizado pero sigue su proceso de reparación del daño”.
Coincidió que a pesar del incremento, todavía son muy pocos los recursos para la CEAV, “tomando en cuenta el número de desaparecidos que hay; no disminuyen las cifras, por eso sigue siendo insuficiente el presupuesto”.
Durante la última semana se reportó un incremento en los robos vía WhatsApp a diferentes sectores de la población en Ciudad Altamirano, de quienes piden a su nombre depósitos bancarios.
Maestros, comerciantes, y empleados municipales informaron que fueron objeto de hackeo de sus cuentas, por personas que solicitan préstamos bancarios a sus diferentes contactos.
Les envían mensajes señalando que les urge un préstamo o un depósito que van desde los mil hasta los 20 mil, según se han presentado los reportes.
De estos casos no hay denuncia formal en el Ministerio Público pero se ha detectado un reporte en donde solicitaron apoyo de la Policía Cibernética, donde les informaron que la forma en la que están robando las cuentas de Whatsapp es solicitando las claves de acceso a través de llamadas telefónicas para lo cual bloquean haciendo llamadas al número de su víctima, al mismo tiempo para que el código quede en el buzón de voz y después los delincuentes puedan recuperar ese código ingresando al buzón de voz que por lo general cuentan con una clave genérica fácil de identificar, lo cual facilita a los delincuentes acceder y tomar el código que les han enviado.
En todos los casos están pidiendo depósitos bancarios a la cuenta 1542338500 de Bancomer a nombre de María Dolores Macario Álvarez.
El robo ha sido común como método de fraudes en donde solicitan préstamos o depósitos, las personas creen que están ayudando al dueño de la cuenta pero se trata de un fraude.
El mesero del Comedor Chilpancingo con más de 40 años de tradición, Eliseo Morales Santos, en entrevista para el periódico El Sur Foto: Jessica Torres Barrera
Luis Blancas
Chilpancingo
El mesero del tradicional Comedor Chilpancingo, Eliseo Morales Santos, celebró que habrá mucha venta de paquetes de cena de Año Nuevo, que en comparación el anterior hubo poco trabajo debido a la pandemia del Covid-19 en la capital.
El comedor ubicado en la calle 5 de Mayo, al lado del edificio Juan N. Álvarez, en el centro de la capital, lleva 40 años dando servicio a la población y la especialidad de comida es la barbacoa de pollo.
A la entrada del local, se encuentran cazuelas de comida donde venden a los clientes que compran para llevar; adentro se encuentran ocho mesas.
Morales Santos, quien tiene diez años trabajando como mesero en el negocio, lleva puesto un mandil negro, en las manos una libreta y un lapiz, recordó que el año pasado por la pandemia del Covid-19, hubo bajas ventas de paquetes de cena de Navidad y Año Nuevo.
Dijo que en las dos fechas tuvieron pedidos de 20 paquetes de comida, lo cual afectó los ingresos económicos del comedor y sus salarios.
Señaló que en este año al bajar los contagios del coronavirus y la reactivación de las actividades sociales, se restablecieron las ventas para estas fiestas e indicó que en las festividades de Año Nuevo les encargaron 60 paquetes de comida.
Comentó que en las festividades de Navidad vendieron 90 paquetes de comida, “gracias a dios esto lo celebramos porque si tuvimos mucho trabajo y ventas, esto nos ayuda porque ahora sí podemos llevar el sustento a nuestras familias”.
Morales Santos comentó que los platillos que venden en estas fechas son pollo relleno, lomo relleno, barbacoa de pollo y costilla de puerco, que tiene un costo de 600 pesos a 800 pesos.
“En esta temporada de fiestas decembrinas sí tenemos trabajo, aumentaron nuestras ventas de comida, antes teníamos poco, por lo mismo de la contingencia sanitaria y había restricciones de actividades, pero poco a poco se está normalizando las actividades y las fiesta, por eso tenemos mucho trabajo y vamos poder llevar la pan y la sal a nuestras casas”.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes, opinó que el aumento salarial tiene que ser de acuerdo a la inflación en el país y recordó que hubo una reunión de diputados federales y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios donde plantearon la posibilidad del incremento y cuando se aprobó el presupuesto no se consideró uno significativo al salario.
En declaraciones en Acapulco, el dirigente sindical dijo que la Confederación hizo una iniciativa, cumpliendo con lo que marca la ley, para que el aumento esté al nivel de la inflación y que en enero se reunirán los sindicatos para solicitar “un incremento emergente porque el año pasado nos dieron 3.5 de aumento, porque según la inflación no iba a ser pasar de ese porcentaje, pero hoy tenemos que la inflación ya va al 8.5 por ciento o más, lo que quiere decir que nos deben un 5 por ciento”.
Señaló que si el aumento que se pretende dar a los trabajadores es similar a lo del año pasado se va a estar con un déficit del 7 y 8 por ciento en el salario, decrece y, por ello se tiene que pedir un incremento emergente para tener un aumento salarial que iguale o se a cerque a la inflación que hay en el país y que no se puede negar.
El dirigente sindical indicó que la exigencia es que a los universitarios se les dé un trato igual. Informó que el 7, 8 y 9 de diciembre se realizará el Congreso General Ordinario, el cual será presencial luego de haberse suspendido por la pandemia del Covid-19 durante dos años, donde se tratarán varios temas, entre ellos la situación de las jubilaciones, pensiones e indemnizaciones que es un problema grave porque no hay dinero.
Indicó que se tomarán medidas para exigir que a los universitarios les den un trato lo más congruente y pagar a quienes quieran jubilarse o haya fallecido.
Se le preguntó cómo se ha avanzado en el pliego petitorio hecho a la administración central que encabeza el rector José Alfredo Romero Olea y dijo que se sigue trabajando en las mesas de trabajo y en el tema de las recategorizaciones les harán una propuesta de todo el listado que se entregó y una vez que se entregue la van a revisar y lo que vaya quedando rezagado se va a trabajar, pero que se ha avanzado un 20 por ciento en ese tema.
Mientras en la basificación y cambio de adscripción se lleva un avance de un 80 por ciento, y sobre el pago del aguinaldo y las demás prestaciones a los universitarios hicieron llegar un oficio a la administración central para que cumpla con los pagos de fin de año.
Maestros estatales jubilados y pensionados exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para hablar del pago del seguro de indemnización por jubilación, que equivale a 30 mil pesos, el cual les tienen que entregar cuando se van y ya tiene dos años de eso; pero nada más les dicen que no hay dinero, así como la demanda del 2 por ciento que tiene que ver con el SAT-Fovissste.
En conferencia de prensa los maestros jubilados, encabezados por Ricardo Jimón Campos, anunciaron que este jueves 28 a las 9 de la mañana, estarán protestando en Palacio de Gobierno para exigir una solución a sus demandas, pues ese dinero lo necesitan.
Jimón Campos informó que están demandando el pago del seguro de indemnización por jubilación a casi 3 mil jubilados.
Aseguró que es institucional y que se los tienen que entregar cuando se retiren, “es lo que nos deben”. Jimón Campos manifestó que en el caso de los presentes, se jubilaron desde el 2016. “Lo único que nos han dicho es que no hay dinero, pero nosotros como trabajadores no tenemos la culpa si ellos tienen o no dinero. Es un derecho que a nosotros nos avala y lo único que estamos exigiendo es que no los paguen”, dijo el maestro jubilado.
Jimón Campos informó que los jubilados han hablado con diversos funcionarios, como el responsable de Finanzas del estado, Jaime Ramírez Solís; el contralor de la SEG, Ramón Apreza Patrón, y el responsable del Plan de Prevención Social (PPS), Alfredo Arias, pero “nada más nos dan largas y no resuelven, por lo que creemos que la última instancia es el gobernador del estado Héctor Astudillo”.
Indicó que el SAT-Fovissste se los adeudan desde 2001 hasta el momento que se dieron de baja de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). El jubilado también denunció que han descubierto que el ISSSTE está recortando las pensiones de algunos maestros, es decir, no las está dando completas y que en febrero de 2017 recibieron un aumento, el cual tampoco se lo dieron y que asciende mil 533 pesos mensuales.
Integrantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares, incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), denunciaron que desde enero el gobierno estatal retiene 5 millones de pesos que corresponden al incremento del presupuesto anual de las escuelas y exigieron que se entreguen los recursos de acuerdo con la matrícula.
El frente aglutina a 800 maestros de 57 escuelas, que atienden a 6 mil 512 estudiantes.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) los integrantes de la organización, Milagros Lezama Ramírez, Flavio Rodríguez Rodríguez, Raymundo Paulo Vázquez y Blanca Estela Martínez Ocampo, acompañados de otros directivos, informaron que en diciembre pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, y el asesor César Flores Maldonado, se comprometieron a entregar el incremento presupuestal de acuerdo con la matrícula de las escuelas y éste debió pagarse en enero de este año, pero a la fecha los recursos no se han liberado.
Las 94 preparatorias populares están dividas en el Frente Estatal y el Comité Ejecutivo General, y según los directivos, de los 5 millones de pesos de incremento presupuestal, el 56 por ciento le corresponde a la primera organización y 44 por ciento a la segunda, pero las autoridades informaron que hace falta llegar a un acuerdo interno para que se liberen los recursos, según Lezama Ramírez.
Paulo Vázquez especuló que las autoridades tienen un acuerdo con Emiliano Carreto Moreno, dirigente del comité, y pretenden repartir los 5 millones de pesos en partes iguales, lo que significa que no respetarán las necesidades de las escuelas con mayor número de estudiantes.
Martínez Ocampo señaló que es necesario que las autoridades liberen los recursos antes de octubre de este año, para que se puedan beneficiar los maestros, los estudiantes y los padres de familia, ya que estos pagan una cooperación mensual, que varía según la región del estado donde se ubique la escuela.
Precisaron que el presupuesto anual de las preparatorias era de 30 millones de pesos, a los que se sumaron los 5 millones autorizados por las autoridades en diciembre pasado, por lo que exigieron su pronta liberación.
Rodríguez Rodríguez informó que este jueves los integrantes del frente protestarán en la capital, como hizo el comité el 6 de junio pasado, para que las autoridades cumplan con el pago correspondiente y aseguró que de ninguna manera aceptarán que el incremento se divida a la mitad, pues su organización cuenta con mayor número de matrícula y por ello velará por los intereses de los estudiantes, maestros y padres de familia. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
