Logran acuerdos los maestros jubilados de la UAG con representantes de la Rectoría

Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se reunieron y llegaron acuerdos con autoridades de esa institución.
El miércoles, los inconformes se manifestaron en el patio de la Rectoría, para que este jueves se realizara la mesa de trabajo que ya tenían programada con el rector José Alfredo Romero Olea, en la que plantearían el pago de prestaciones, como la prima de antigüedad, despensa familiar, ayuda para renta, aguinaldo y transporte.
En declaraciones, el presidente de la asociación, Justino Rodríguez Téllez, destacó que llegaron a buenos acuerdos con las autoridades de la administración central, pese a que no estuvo presente el rector.
Explicó: “Hubo una buena atención de la administración”. Dijo que la mesa fue presidida por el secretario general de la UAG, Armando Guzmán Zavala; también estuvo el coordinador de Asuntos Políticos, Pablo Valdez; un representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STAISUAG).
El jubilado informó que el rector estaba en Acapulco, atendiendo “otro asunto”, pero con los que estuvieron en mesa de trabajo este jueves, hubo muy buena disposición.
Detalló que este viernes firmarán la minuta de acuerdos y las autoridades de la UAG les programaron otra reunión el próximo 18 de mayo.
Entre lo que acordaron en la minuta es que trabajarán de manera conjunta, la administración central, los dos sindicatos y los jubilados y pensionados, detalló Rodríguez Téllez.
Detalló que entre todos van a conjuntar la información, respecto a los adeudos y después firmarán un documento para llevárselo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y esperarán los resultados. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Estudiantes del Tec de la Montaña logran la destitución de maestros denunciados por acoso

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Tlapa

Este jueves 20 de abril, alrededor de las 9 de la noche, concluyó la mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la que, después de intensas negociaciones, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) lograron la destitución provisional de ocho profesores acusados de hostigamiento sexual.
Por parte de las autoridades de la SEG participaron en el diálogo Marco Antonio Marbán Galván, subsecretario de Educación Media y Superior; Moisés Olivares Mendoza, jefe de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la SEP; Israel Robles Castro, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Jorge Rodríguez Ponce, delegado de Gobernación en la Montaña, y José Ángel Martínez García, director del ITSM.
La reunión se desarrolló en un marco de tensiones, por el conflicto que estalló hace un mes, por varias irregularidades que persisten en el instituto, así como el señalamiento de hostigamiento sexual sistemático que sufren las alumnas por parte de los profesores.
Durante el diálogo, estudiantes y padres de familia denunciaron la inacción e insensibilidad de las autoridades para atender sus demandas, en razón de que durante un mes nunca se estableció una mesa de diálogo seria. Recordaron que el 28 de marzo, el subsecretario de Educación Media y Superior no asistió a una reunión que ya estaba pactada, para dar continuidad al diálogo y atender el problema. También refirieron que la entonces directora, Fredislinda Vázquez Paz, nunca los atendió y prefirió desviar la atención, acusando que los estudiantes tenían otros intereses.
Este 19 abril, estaba programado iniciar la reunión a las 10 de la mañana, sin embargo, los funcionarios llegaron al plantel con dos horas de retraso. Después de varias propuestas y contrapropuestas de las partes, a las 3 de la mañana del día siguiente se lograron los primeros acuerdos: dar posesión al nuevo director de la escuela, José Ángel Martínez García, e iniciar los procesos de investigación contra los profesores señalados de agredir a las estudiantes, luego de lo cual se hizo un receso y se reinició la mesa a las 10 de la mañana, ese mismo día, concluyendo a las 9 de la noche con los acuerdos definitivos, mediante los cuales se destituye provisionalmente a ocho profesores y se inician los procesos de investigación para que, en un lapso de 15 días, se emitan los dictámenes de su destitución definitiva.
Se acordó también continuar el diálogo entre estudiantes y el director de la escuela, para dar respuestas a otros puntos secundarios del pliego petitorio. Mientras tanto, la dirección de la escuela se mantendrá abierta, para que el director pueda hacer todas sus gestiones y trámites administrativos. Estudiantes y funcionarios expresaron su satisfacción por los acuerdos logrados. Los primeros dijeron que es un triunfo obtenido por su movimiento y es ejemplo de que las alumnas no deben permitir estas agresiones. Expresaron que nunca más se dejarán ni permitirán estos atropellos.
Por su parte, el nuevo director refirió que tomará medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir y que iniciará un diálogo permanente, para crear un ambiente propicio para la educación.

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

El Ejército y la GN se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan gobierno, alcaldesa y CRAC

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

Desconfía el gobierno de los ciudadanos, resignados a la violencia: Jesús Mendoza

El padre Jesús Mendoza Zaragoza en entrevista en la iglesia San Isidro Labrador del poblado de La Sabana en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

El párroco Jesús Mendoza Zaragoza opinó que la difusión de un mapa sobre la presencia de grupos delictivos en la entidad es el reconocimiento de cómo se han repartido el territorio. En contraste la estrategia de seguridad de las autoridades ha sido insuficiente pues se necesita vigilancia de calidad, pero también acciones que mejoren el tejido social, el cultural y el desarrollo económico.
En entrevista en la parroquia de San Isidro Labrador de La Sabana, Mendoza Zaragoza consideró que el tener un mapa que identifique en qué regiones del estado operan los grupos de violencia es “un avance”.
El lunes 3 de abril se publicó en El Sur un mapa en el que se identifican 16 grupos delictivos que operan en Guerrero. Uno de los grupos dominantes es La Familia Michoacana, con presencia en Tierra Caliente, zona Norte y Costa Grande; Los Tlacos en la región Centro, zona Norte y la Montaña,y Los Ardillos que operan en la región Centro, Montaña y Costa Chica. En Acapulco, sólo se mencionan a los grupos Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Rusos.
El padre Jesús Mendoza reflexionó que los grupos delictivos operan donde pueden obtener dinero y los ciudadanos que están en la indefensión sólo tienen la opción de someterse para preservar su integridad a costa de afectar su salud mental con el miedo y la frustración. “Si no hay una estrategia que vincule a la sociedad con los gobiernos vamos a seguir estacionados” en el problema de la violencia.
Señaló que hay una descomposición en la entidad debido a que hay desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y de las autoridades hacia los ciudadanos y eso provoca que el problema de la violencia y la inseguridad esté estacionado y a las autoridades “les parece aceptable cuando sigue desarrollándose”.
–¿Qué opina de este mapa que habla de 16 grupos delictivos en la entidad?
–Yo creo que al menos el gobierno del estado reconoce la existencia de una serie de grupos que se han repartido el estado y que en ocasiones son generadores de diferentes tipos de violencia, y al menos que hayan reconocido eso es un avance y el hecho de que también reconozcan que implícitamente hay territorios, aunque no lo hacen explícitamente, territorios que están bajo su control. Zona Norte, La Sierra, son los ms castigados, también Tierra Caliente pues tienen control territorial.
–¿Qué significa que haya 16 grupos delictivos en Guerrero?
–Creo que esto es resultado de la política gubernamental desarrollada ante el narcotráfico y ante las drogas. Yo creo que por ahí viene esa dinámica. Los Estados Unidos han desarrollado el prohibicionismo, de alguna manera ha llevado que grandes cárteles tengan mucho poder y que el gobierno mexicano con esa misma política prohibicionista la haya emprendido con la guerra con los cárteles. Como resultado de esa guerra se ha desarrollado toda una fragmentación de los mismos al grado de que todos estos grupos son herencia de algunos grupos que en el pasado, Cartel de Sinaloa, Cartel de Beltrán Leyva, tuvieron el control del terreno, pero ahora ya se fragmentaron y ahora es más complicado porque cada grupo tiene ya su propia estructura, sus propias dinámicas y sus propias rutas. Este es el resultado de todas esas dinámicas que se han llevado hace mas de 20 años.
–¿Este reconocimiento que hace el gobierno de estos grupos, cómo lo debemos entender?
–Es bastante complicado y complejo en el sentido de que hay espacios donde el Estado no actúa. No está presente y hay espacios donde hay serias sospechas de que autoridades del estado están involucradas en algunas regiones.
Puso como ejemplo lo ocurrido en El Parotal, en la sierra de Petatlán que llevaban a elementos de La Familia Michoacana disfrazados de policías. “Eso hace pensar a la población de que el gobierno no es confiable, por eso la población busca salidas a esta situación de capos y contrarios. Los grupos que se arman en la sierra o los grupos desplazados que llegaron a Tecpan, entonces cada quien va a resolver su situación por sí mismo. Hay una seria desconfianza. Los ciudadanos no confían en el Estado y las autoridades no confían en la población, por eso no permite que la población intervenga mas allá de una denuncia.

Las autoridades desconfían entre sí

–¿Cómo entender la existencia de 16 grupos delictivos en la entidad, no los combaten, permiten que se expandan?
–Tengo entendido que los equipos de inteligencia que tiene el Ejército y quizá también la Guardia Nacional son suficientes como para reconocer la presencia de estos grupos, para detectarlos, para definir sus movimientos, sus dinámicas. Ahora, no sé qué tanto estas fuerzas armadas compartan la información con los gobiernos estatales y estos a su vez compartan la información con los gobiernos municipales y en particular entre policías. Creo que en el ámbito político no hay una suficiente confianza entre ellos para que haya una verdadera coordinación. Dicen que hay Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz pero yo no creo que no tengan entre ellos la suficiente confianza para manejar la información. De tal forma que en cada municipio las policías actúan de acuerdo a instrucciones de los presidentes municipales, que son de distinto carácter, y entiendo que en los municipios hay autoridades digamos sometidas, que no tienen margen porque la delincuencia tiene más poder en cuanto a las armas, y también hay municipios en que al parecer las autoridades han sido puestas de acuerdo con los grupos delincuenciales. Hay una relación muy diferenciada, municipio por municipio y región por región y eso hay que tomarlo en cuenta en las distintas formas como se dan están relaciones entre los policías, Ejército y los distintos grupos de población.
–Esta desconfianza que hay entre autoridades y ciudadanos, habla de una descomposición…
–Desde luego hay una descomposición política y a esa le juntamos la descomposición social que tenemos, porque en la misma sociedad hay segmentos que viven de la economía del narcotráfico o de la delincuencia organizada o que viven sometidos y que asumen ese sometimiento. Por ejemplo, cuando los delincuentes llevan a los comerciantes o a los transportistas a hacer manifestaciones públicas, están sometidos y de alguna manera reciben un beneficio, el beneficio de la protección. En ese sentido yo veo que hay una descomposición política y social y de la descomposición política no se habla. Tienen sus mesas de coordinación pero es evidente que no hay confianza entre las distintas autoridades y se ha visto en algunas ocasiones en las que la federación actúa en algún estado y ni siquiera avisa.

La descomposición social es tremenda

–¿Qué hacer con la descomposición que hay?
–En el ámbito político es muy complicado. Yo no podría decir gran cosa de lo que sucede allá y lo que tendrían que hacer porque corresponde a una estrategia que ya se ha definido y no la van a querer cambiar. En el ámbito social es posible hacer caminos, es decir que todos los sectores que de alguna forma se sientan afectados, llegue al momento en que confluyan en una plataforma social para dar pasos. La descomposición social es tremenda porque en el mismo corazón de la sociedad hay una participación de la delincuencia, la delincuencia se genera en la vida de la misma sociedad y de la mano de autoridades. Toda esa parte tenemos que reconocerla. En los sicarios hay un drama económico y para que esto se resuelva tiene que intervenir el Estado, pero la iniciativa depende de los ciudadanos. En el Estado se ve que están empantanados, ni para adelante ni para atrás, como si se hubieran estacionado en una situación de violencia y ya les parece aceptable cuando sigue desarrollándose. La sociedad se siente abandonada, en la indefensión y cada quien resuelve sus broncas, un taxista, un comerciante la resuelve a su modo.
Un grupo delictivo busca donde hay dinero, donde puede sacar dinero y en ese sentido ensayan digamos mil formas de… donde no hay dinero no llegan entonces si ven una mina de dinero en la producción del campo o en la cuestión forestal o en el comercio o en el transporte o en las ferias de los pueblos y ahí están entonces le quitan a la autoridad competente la responsabilidad y la asumen ellos. Y en muchos casos a las autoridades municipales no les queda de otra, tienen que someterse.
–Los grupos delictivos disputan territorios no solo por la venta de droga, ahora es explotación de recursos naturales, cobro de cuotas, extorsiones y los ciudadanos siguen con ellos. ¿Por qué?
–Porque no les queda de otra. Hay gente que dice, ‘yo no estoy de acuerdo con esto pero está es la opción que tengo para sobrevivir’. Es la situación de indefensión, si tu sabes que nadie te va a proteger, que nadie te va defender, bueno, doblas las manos.
–¿Esto de qué manera repercute en los ciudadanos?
–La salud mental de los ciudadanos va en declive. El miedo, la frustración, todas estas situaciones empeoran la situación de la gente. Después de la pandemia que nos dejó con muchas arañas en la cabeza, toda la situación de la delincuencia sigue permeando el miedo, el miedo está, nomás que a veces lo arrinconamos, pero el miedo ahí está. Luego otro impacto que no es menor, la fragilidad del tejido social. Cada quien busca solucionar las cosas y crece la desconfianza en los vecinos, crece el número de víctimas y el crecimiento de formas de victimizar. El hecho de que haya control de ciertos territorios y ciertas cosas, por ejemplo que en un territorio esté controlado el cobro de piso, que el comercio esté cooptado, que el transporte esté sometido. Esto llega hasta el hecho de que la vida democrática va en declive, las poblaciones pequeñas que tienen ciertas características democráticas hasta ahí se van abajo, porque el que decide es arriba, y esto lo vamos a ver ahora que vengan las campañas electorales, habrá candidatos puestos por ellos (los grupos delictivos).

Las autoridades deben confiar en la gente

–¿Hay trabajo del gobierno en reconstruir el tejido social?
–Creo que la autoridad tiene que confiar en la gente, porque no confía en la gente por eso la abandona y por eso suceden tantas situaciones de conflicto que no se resuelven. Esta situación del tejido social nos toca básicamente a la sociedad, nos toca a nosotros que podamos desarrollar procesos en colonias, en zonas de la ciudad porque no lo vamos a esperar de quienes no confían en nosotros.
–¿Como podemos identificar esta desconfianza de las autoridades en los ciudadanos?
–A nivel federal, a nivel estatal en las mesas de Coordinación de Construcción de la Paz no hay ciudadanos: hay militares, hay Guardia Nacional, hay policías, hay autoridades, pero no hay  gente que represente a la sociedad. ¿Entonces quién es el que lleva la estrategia? Ellos. Los ciudadanos no importan. El ciudadano lo único que tiene que hacer es denunciar pero no denuncia porque sale mal parado, no hay confianza. Para mí esa parte de la estrategia es la que hace que las cosas no funcionen y que estemos estacionados en una situación de violencia que pareciera aceptable.
–En Acapulco hay mucha vigilancia, está la presencia constante de militares, marinos pero siguen ocurriendo asesinatos, no inhiben a los delincuentes.
–Creo que es una estrategia insuficiente. Sí necesitamos vigilancia, vigilancia de calidad, pero esta no es suficiente. Creo que debe haber estrategias de carácter social, cultural, económico. En el asunto económico que bajen las condiciones que dan pie a la inseguridad, que las familias tengan lo que necesitan para comer al menos. El asunto de la redistribución de la riqueza. En lo cultural, el individualismo que tenemos que permea en toda la vida de la sociedad no nos permite eso. El hecho de que cada quien quiera resolver lo suyo nada más. Si en una de estas colonias hay un desaparecido, se resigna y se repliega, nadie le ayuda, se siente señalado, acusado, una victimización tremenda, él tiene que resolver su asunto y lo resuelve recluyéndose en su casa y todos los lazos comunitarios se rompen. Estas historias dan una radiografía de lo que está sucediendo en las familias, en las colonias.
–¿Y en lo social qué se puede hacer para mejorar la estrategia de seguridad?
–Hubo intentos en años pasados en la reconstrucción del tejido social en algunos perímetros de la Zapata, Renacimiento, Jardín, Progreso pero… sé que se gastó mucho dinero pero quedó en nada. Cada gobierno va a lo suyo. Mira solamente hasta tres años y no le interesa lo que suceda después de tres años. Entonces eso no funciona, cuando es la sociedad la que tiene la posibilidad de darle seguimiento, pero si no hay ese vínculo entre sociedad y gobierno todo queda en tiradero de dinero, tiradero de recursos.
De los programas sociales, dijo que están ayudando a contener la pobreza pero no sirven para un proyecto de reactivación económica: “no se han desarrollado respuestas para que la gente se desarrolle a sí misma en el plano económico. Lo que hace el gobierno es dar dinero, eso no resuelve, contiene los niveles de pobreza y resuelve algunas necesidades de subsistencia pero no es igual a desarrollar una economía de la gente”.
Del problema de la violencia en las playas de Acapulco, el párroco deseo que esas ejecuciones no provoquen un problema como el que sucedió en 2011 en el municipio que la Costera estaba vacía y fue cuando inició la operación Guerrero Seguro que no ha terminado.

 

Que la información que lleven al Papa la den también a autoridades: líder de Morena a obispos

El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González en la ceremonia litúrgica de lavatorio de pies en la misa de Jueves Santo en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad en el Zócalo de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, negó que en Guerrero los ciudadanos se consideren “colectivamente secuestrados”, como lo señaló el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, y planteó que además de llevar su informe ante el Papa Francisco, también se lo proporcionen a las autoridades encargadas de la impartición de justicia.
Después de que obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González informó que en junio los obispos de Guerrero, y sus pares del sur del país, acudirán al Vaticano para reunirse con el
Papa Francisco, a quien entregarán un informe que incluye la situación de inseguridad que se vive en la entidad, ayer se consultó a los dirigentes de Morena y PRI.
Jacinto González consideró que la iglesia como una religión más en el estado tiene el “derecho a decir lo que a ellos convengan” opinión que respeta.
“Ojalá y vayan a proponer algo a la Iglesia que ayude a mejorar la percepción de la seguridad en el estado”, porque todos deben colaborar a mejorar las condiciones que se viven en Guerrero.
Jacinto González señaló que “ojalá ese informe que tienen ellos, detallado, lo presenten a las instancias que se encargan de la impartición de justicia en nuestro estado y colaboren también con las autoridades competentes”.
Como partido político, dijo que respetan las expresiones religiosas y a su máximo líder que es el Papa Francisco, “sabemos que es a él a quien tienen que rendirle cuentas, pero sería importante que informaran que está haciendo la religión para orientar a sus feligreses a que nos ayudemos a que haya paz en nuestro estado”.
A pregunta hecha afirmó que no comparten la opinión del obispo en el sentido de que en Guerrero los ciudadanos se sienten “colectivamente secuestrados” por los grupos criminales, y reconoció en que hay lugares o zonas en el estado en las que la delincuencia organizada tiene mayor presencia, pero aseguró que el Estado está actuando: “la gobernadora está haciendo su trabajo y estamos dándole al máximo como Estado, pero no podemos decir que la sociedad está secuestrada”.
Consideró que afirmar que de manera colectiva la sociedad se siente secuestrada es una mentira y una falta de respeto a las “instituciones y al mismo pueblo que no está diciendo eso”.
De violencia en la capital, dijo que son normales los repuntes “y ahora estamos padeciendo uno”, pero insistió en defender la estrategia de seguridad “estamos afianzándola”, y “se trabaja para que mejore la situación en Chilpancingo”
Dijo que “no quiere decir que sea para siempre, es parte de las acciones de seguridad que se hacen y eso levanta repuntes en las zonas y las regiones, siempre voy a decir que es el efecto cucaracha, que levantas el tapete y corren para todos lados, y ahorita intentan refugiarse y se encuentran con otros criminales”.
A pregunta, el dirigente de Morena dijo que el Ejército no acompaña o pide a pobladores salir de sus comunidades y por el contrario “ayudan a que regresen a sus comunidades los ciudadanos desplazados, las labores del Ejército son la contención de la violencia que se vive, es un fenómeno viene desde administraciones pasadas y no se ha podido controlar, es parte de toda esta pobreza que se vive en las regiones”.
Jacinto González dijo que “el obispo no puede decir que se indigna por que el Ejército acompaña a los desplazados, yo no he visto que el Ejército vaya a los pueblos y les digan ‘sálganse, nosotros los vamos a acompañar’, lo que he notado es que acompañan a que los ciudadanos regresen a sus lugares de origen y los apoyan con seguridad”.
Ayer se buscó al dirigente estatal del PRI Alejandro Bravo Abarca para tener una postura al respecto, y respondió con un breve texto en el que destacó que el que los obispos lleven el tema ante el Papa puede ayudar a que los gobiernos federal y estatal den resultados en seguridad.
“La situación que estamos viviendo en Guerrero requiere del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, pero también de la suma de todos los sectores de la sociedad; todas las voces que se sumen para erradicar grave problema de inseguridad que vivimos en el estado son bienvenidas”, dijo el dirigente priista en el texto.
Bravo Abarca consideró que “ningún ámbito de la sociedad está a salvo de la violencia. Que los sacerdotes lleven esta problemática al Papa quizá le de la fuerza necesaria para que las autoridades correspondientes realicen su trabajo y se tengan resultados positivos en este rubro”.

Toman la escuela y protestan alumnas de la Prepa de Iguala; piden la salida de maestros acosadores

Algunas de las cartulinas y pintas que alumnas de la Preparatoria 32 de la UAG pegaron en la entrada de la escuela para denunciar el acoso de docentes Foro: El Sur

Alejandro Guerrero

Iguala

Alumnas de la Preparatoria 32, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), tomaron la escuela y protestaron para exigir la destitución de seis profesores señalados de acoso y para denunciar represalias que han sufrido, luego de la denuncia pública que realizaron el viernes pasado.
A las 7:30 de la mañana, unas 40 alumnas, con apoyo de algunos compañeros varones, tomaron las instalaciones de la escuela, ubicada en la lateral de la carretera federal México-Acapulco, tramo bulevar Iguala, e impidieron el ingreso de profesores y alumnos.
Las jóvenes exigieron el cese de seis profesores, que han sido señalados de acoso, y denunciaron que ni la dirección de la escuela ni el Consejo Universitario de la UAG, les han dado atención o solución a sus demandas.
El viernes pasado, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un grupo de jóvenes protestó dentro de la escuela, para denunciar a seis profesores que las acosan, e incluso, mediante grupos de Whatsapp comparten información “obscena” de las alumnas.
Durante su protesta y toma de la escuela este jueves, denunciaron que han recibido represalias de los docentes y directivos de la escuela, quienes les reclamaron por hacer la denuncia ante los medios de comunicación, pues dieron a conocer los nombres de los docentes y de un alumno.
La semana pasada, durante la protesta para denunciar esta situación, en trozos de cartón y en declaraciones a la prensa, las jóvenes mencionaron a los profesores Roberto Bautista, Raúl Calzada y Oscar Antúnez Pavón; además a otro, de nombre Miguel, a Valladares, Tecuja, Ramón y al de Taller de Lectura; así como a un alumno que señalaron de haber golpeado y violado a una alumna.
Se informó que debido a esta denuncia, las alumnas se reunieron en privado con representantes de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), con sede en la zona Norte, para hacer la denuncia y presentar evidencias.
Derivado de esta protesta y la toma de la escuela, se suspendieron las clases “de forma indefinida”, de acuerdo con un comunicado que fue difundido por los alumnos.
Por la tarde, después de la protesta de las alumnas, en el portón principal de la escuela fueron pegadas varias cartulinas con pintas hechas con marcadores, en las que se lee: “Acosadores fuera”, “la dirección los protege”, “fuera pedófilos”, “Prepa de acosadores”, “nadie me calla ni hoy ni mañana”, “no más acoso. Fuera maestros acosadores”, “si tocan a una, respondemos todas” y “¿te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo”.

 

Decidirá la asamblea de autoridades de Ayutla si hay consulta sobre el sistema de elección

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En la Asamblea Municipal de Autoridades y Representantes Comunitarias del municipio de Ayutla de los Libres, se decidirá si se realiza o no la consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren regresar al sistema de elección de sus autoridades por partidos políticos o continuar por usos y costumbres indígenas, informó el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, Edmar León García.
Luego de que el pasado jueves, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) ordenó al Consejo General del IEPC desahogar las etapas planteadas en su propuesta de trabajo de agosto de 2020, para realizar la consulta ciudadana en la que se preguntaría a los ciudadanos de Ayutla si están de acuerdo a modificar el sistema de elección de sus autoridades en el municipio y pasar del actual de usos y costumbres al sistema de partidos políticos y candidatos independientes.
Además, le dio un plazo de 48 horas para presentar el calendario de actividades, de no acatar lo ordenado, el IEPC se haría acreedor a una “medida de apremio”.
Consultado al respecto, vía telefónica, el consejero presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos, Edmar León García, comentó que el TEE está dando cumplimiento a una sentencia anterior, luego de que el 10 de septiembre de 2019 ciudadanos de Ayutla solicitaron hacer la consulta para preguntar si se regresaba al sistema de partidos o se quedan en el sistema normativo interno, sistema que adoptaron desde la elección de 2017-2018.
Sostuvo que hubo una cadena impugnativa en el TEE y la Sala Regional de la Ciu-dad de México, y que el IEPC ha manifestado que no les corresponde determinar la realización o no de la consulta, porque según los precedentes, son las propias autoridades de Ayutla quienes deben decidir si realizaban o no esa consulta.
Aclaró que lo que mandató el TEE el pasado jueves no es para realizar la consulta, sino que es un procedimiento para que se le pregunte a la Asamblea Municipal de Representante, es decir, la autoridad comunitaria máxima de Ayutla, si procede o no procede la consulta.
Resaltó que tomar la decisión no le corresponde el Consejo Municipal Comunitario, ni a Ysabel de los Santos Morales, quien es el coordinador número uno con funciones de presidente municipal, sino a las 140 autoridades y representantes de colonias, poblados y comunidades de Ayutla.
León García mencionó que no es un hecho la consulta, pero dijo que el IEPC se ha reunido con el Consejo Municipal Comunitario desde el año pasado. La última reunión que tuvieron fue en febrero y se consensuó que en marzo se haría otro encuentro “para ya tomar la decisión de iniciar conforme al calendario y el plan de trabajo”, y cumplir la sentencia y se determine si va a llevar a cabo o no la consulta.
Precisó que la sentencia del TEE dice que tienen un plazo de diez días hábiles a partir del jueves 16 de marzo, para iniciar el procedimiento, es decir, que el Consejo Municipal Comunitario y el IEPC decidan fechas, lo que determinarán esta semana, aunque no precisó el día.
“Estamos en tiempo, son diez días después de esa determinación, le tendremos que informar al Tribunal en el plazo de 48 horas para que cumplamos con la determinación, lo que seguiría es la ejecución de ese cronograma de actividades que se va consensuar”.
En junio de 2022, El Sur presentó una serie de textos en los que se documentó los antecedentes y las razones de por qué en 2018 se instaló en Ayutla el primer y único gobierno en Guerrero por usos y costumbres indígenas, y cómo políticos y empresarios iniciaron una campaña de desprestigio, minando su credibilidad y poniendo en duda la capacidad administrativa de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que en Ayutla, se ejercía una política de discriminación, racismo y pauperización de los pueblos indígenas, que tuvo su mayor expresión con la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998, con la esterilización de indígenas sin su consentimiento y la violación sexual de indígenas por militares, con esos antecedentes, además de la violencia por los grupos criminales, lograron conformar la Casa de los Pueblos de Ayutla.
El Sur expuso cómo habitantes de Ayutla consideraban que con la imposición de Ysabel de los Santos Morales como coordinador número uno con funciones de presidente, en el segundo periodo del gobierno por usos y costumbres (2021-2024), se buscaba debilitar y desestabilizar el Sistema Normativo Propio, con miras a regresar al de partidos, al que habían rechazado por la corrupción, racismo, abandono y marginación de los pueblos indígenas.

 

Reportan cinco sicarios y dos soldados muertos en emboscada en la sierra de Coyuca de Catalán

Israel Flores / Redacción

Ciudad Altamirano

Una emboscada a militares ocurrida en las inmediaciones de El Capire, en la sierra de Coyuca de Catalán, dejó dos soldados muertos y dos heridos y cinco civiles muertos.
Vecinos de esa área, vía telefónica informaron del hecho y dijeron que ocurrió ayer viernes entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando los militares, en un recorrido por esa parte de la sierra, muy cerca de la comunidad El Pescado en el ejido Guajes de Ayala, fueron emboscados por un grupo de hombres armados entre los que presuntamente iba un hijo de Orbelín Hernández Peñaloza, El Gordo, integrante del grupo delincuencial La Familia Michoacana, a quienes respondieron la agresión.
Según esta versión de los vecinos, al enterarse del hecho, El Gordo acudió al lugar y resultó muerto con otros cuatro de sus sicarios, pero no se confirmó de manera oficial. Trascendió que lo mataron a él junto a dos de sus hijos. Otra versión dice que estaba desde el principio del tiroteo.
Este personaje es acusado de provocar la violencia que desplazó a los vecinos de La Laguna y de matar a la dirigente Juventina Villa hace 10 años.
En tanto que del grupo de militares que fueron emboscados, dos fallecieron y dos resultaron heridos, entre ellos un oficial, quienes fueron auxiliados por sus compañeros y mantenidos a salvo mientras llegaban refuerzos para trasladarlos a que recibieran atención médica.

Son un cabo y un soldados de infantería las víctimas del Ejército

Aproximadamente a las cinco de la tarde se reportó que un convoy del Ejército que realizaba un recorrido por la parte de la sierra fue atacado aproximadamente por 18 civiles armados a bordo de dos vehículos en las colindancias entre el poblado de El Capire y el Ejido Guajes de Ayala.
El Ejército reportó de manera oficial que hubo cinco civiles muertos de los cuales se desconoce su identidad, mismos que viajaban en los vehículos y que se toparon con los soldados.
Los militares muertos son el cabo de infantería Bernardino Enrique Gálvez y el soldado de infantería Marco Antonio Rizo Ventura, además resultó herido el teniente de infantería Eduardo Cervantes Hernández y el cabo Emilio Torres Beltrán.
Se informó de un segundo enfrentamiento cerca del poblado El Pescado, localidad a unos 10 kilómetros del primer caso.
Se trata de una zona en la parte de la Sierra de Coyuca de Catalán en donde se ha mantenido el conflicto en los últimos meses en dirección al poblado El Durazno, donde hubo varios desplazados y operan grupos criminales que se disputan el control de la zona.
Como parte de las acciones de respuesta por parte del gobierno del estado y del gobierno federal hay presencia militar en la parte alta, y a esto obedecen los constantes recorridos es esa zona.
A las 5 de la tarde ninguna corporación policiaca o la Fiscalía del estado se habían organizado para subir a esa parte de la Sierra.
El Ministerio Público todavía no recibía autorización para moverse a tomar conocimiento de los hechos.

Otros enfrentamientos en el municipio de San Miguel Totolapan

En la Sierra de San Miguel Totolapan se reportaron enfrentamientos cerca del poblado de Las Tunas en lo que se conoce como la parte media de la sierra, entre grupos de civiles armados.
Aproximadamente a las 2 de la tarde se reportó que un grupo de la Policía del Estado se dirigía a aquella zona en donde se estaban reportando constantes enfrentamientos en diferentes puntos, y que llevaban más de una hora los reportes.
Se desconoce el saldo de heridos o muertos en la parte de la Sierra de San Miguel Totolapan.

Los soldados hacían recorridos para inhibir el delito, informa la Mesa de Coordinación

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que militares y fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno se trasladaron a la comunidad serrana El Pescado, en el municipio de Coyuca de Catalán, donde trascendió la versión de un enfrentamiento entre un grupo armado y soldados.
En el breve comunicado de prensa, se explica que de acuerdo con las primeras versiones, “soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraban realizando un recorrido de vigilancia para inhibir delitos en comunidades serranas de la Costa Grande y Tierra Caliente, cuando se dio el enfrentamiento”.
La Mesa de Coordinación, integrada por mandos civiles y militares de seguridad pública, aseguraron que seguirán informando cuando lleguen los oficiales al lugar de los hechos, “el cual se encuentra ubicado en lo más agreste de la sierra”.
Además, la Mesa informó que militares y fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, se trasladaron a la comunidad serrana de El Pescado, en el municipio de Coyuca de Catalán, donde trascendió la versión de un enfrentamiento entre un grupo armado y soldados.
Aseguraron que seguirán informando cuando lleguen los oficiales al lugar de los hechos, “el cual se encuentra ubicado en lo más agreste de la sierra”.

 

Cinco sicarios y dos soldados muertos en ataque en la sierra de Coyuca de Catalán

 

Reportan cinco sicarios y dos soldados muertos en emboscada en la sierra de Coyuca de Catalán

El Ejército informó que también hubo dos militares heridos. Trasciende que en el enfrentamiento cerca del poblado El Pescado y El Capire murió Orbelín Hernández Peñaloza, El Gordo, del grupo delincuencial La Familia Michoacana, dos de sus hijos y dos de sus sicarios. Civiles chocan con la Policía Estatal en Las Tunas, en San Miguel Totolapan, se informa

Israel Flores / Redacción

Ciudad Altamirano

Una emboscada a militares ocurrida en las inmediaciones de El Capire, en la sierra de Coyuca de Catalán, dejó dos soldados muertos y dos heridos y cinco civiles muertos.
Vecinos de esa área, vía telefónica informaron del hecho y dijeron que ocurrió ayer viernes entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando los militares, en un recorrido por esa parte de la sierra, muy cerca de la comunidad El Pescado en el ejido Guajes de Ayala, fueron emboscados por un grupo de hombres armados entre los que presuntamente iba un hijo de Orbelín Hernández Peñaloza, El Gordo, integrante del grupo delincuencial La Familia Michoacana, a quienes respondieron la agresión.
Según esta versión de los vecinos, al enterarse del hecho, El Gordo acudió al lugar y resultó muerto con otros cuatro de sus sicarios, pero no se confirmó de manera oficial. Trascendió que lo mataron a él junto a dos de sus hijos. Otra versión dice que estaba desde el principio del tiroteo.
Este personaje es acusado de provocar la violencia que desplazó a los vecinos de La Laguna y de matar a la dirigente Juventina Villa hace 10 años.
En tanto que del grupo de militares que fueron emboscados, dos fallecieron y dos resultaron heridos, entre ellos un oficial, quienes fueron auxiliados por sus compañeros y mantenidos a salvo mientras llegaban refuerzos para trasladarlos a que recibieran atención médica.

Son un cabo y un soldados de infantería las víctimas del Ejército

Aproximadamente a las cinco de la tarde se reportó que un convoy del Ejército que realizaba un recorrido por la parte de la sierra fue atacado aproximadamente por 18 civiles armados a bordo de dos vehículos en las colindancias entre el poblado de El Capire y el Ejido Guajes de Ayala.
El Ejército reportó de manera oficial que hubo cinco civiles muertos de los cuales se desconoce su identidad, mismos que viajaban en los vehículos y que se toparon con los soldados.
Los militares muertos son el cabo de infantería Bernardino Enrique Gálvez y el soldado de infantería Marco Antonio Rizo Ventura, además resultó herido el teniente de infantería Eduardo Cervantes Hernández y el cabo Emilio Torres Beltrán.
Se informó de un segundo enfrentamiento cerca del poblado El Pescado, localidad a unos 10 kilómetros del primer caso.
Se trata de una zona en la parte de la Sierra de Coyuca de Catalán en donde se ha mantenido el conflicto en los últimos meses en dirección al poblado El Durazno, donde hubo varios desplazados y operan grupos criminales que se disputan el control de la zona.
Como parte de las acciones de respuesta por parte del gobierno del estado y del gobierno federal hay presencia militar en la parte alta, y a esto obedecen los constantes recorridos es esa zona.
A las 5 de la tarde ninguna corporación policiaca o la Fiscalía del estado se habían organizado para subir a esa parte de la Sierra.
El Ministerio Público todavía no recibía autorización para moverse a tomar conocimiento de los hechos.

Otros enfrentamientos en el municipio de San Miguel Totolapan

En la Sierra de San Miguel Totolapan se reportaron enfrentamientos cerca del poblado de Las Tunas en lo que se conoce como la parte media de la sierra, entre grupos de civiles armados.
Aproximadamente a las 2 de la tarde se reportó que un grupo de la Policía del Estado se dirigía a aquella zona en donde se estaban reportando constantes enfrentamientos en diferentes puntos, y que llevaban más de una hora los reportes.
Se desconoce el saldo de heridos o muertos en la parte de la Sierra de San Miguel Totolapan.

Los soldados hacían recorridos para inhibir el delito, informa la Mesa de Coordinación

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que militares y fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno se trasladaron a la comunidad serrana El Pescado, en el municipio de Coyuca de Catalán, donde trascendió la versión de un enfrentamiento entre un grupo armado y soldados.
En el breve comunicado de prensa, se explica que de acuerdo con las primeras versiones, “soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraban realizando un recorrido de vigilancia para inhibir delitos en comunidades serranas de la Costa Grande y Tierra Caliente, cuando se dio el enfrentamiento”.
La Mesa de Coordinación, integrada por mandos civiles y militares de seguridad pública, aseguraron que seguirán informando cuando lleguen los oficiales al lugar de los hechos, “el cual se encuentra ubicado en lo más agreste de la sierra”.
Además, la Mesa informó que militares y fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, se trasladaron a la comunidad serrana de El Pescado, en el municipio de Coyuca de Catalán, donde trascendió la versión de un enfrentamiento entre un grupo armado y soldados.
Aseguraron que seguirán informando cuando lleguen los oficiales al lugar de los hechos, “el cual se encuentra ubicado en lo más agreste de la sierra”.

Dejan El Durazno dos maestras que apenas fueron enviadas por la SEG, denuncian

Eran las únicas docentes que estaban dando clases también a todos los alumnos de jardín de niños, primaria y telesecundaria, asegura la comisaria Azucena Rosas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Las dos docentes que fueron enviadas por el gobierno estatal al plantel de telebachillerato en El Durazno, comunidad serrana del municipio de Coyuca de Catalán, este viernes abandonaron la localidad.
Éstas eran las únicas maestras que estaban dando clases también a todos los niños de jardín de niños, primaria y telesecundaria; así lo denunció la comisaria Azucena Rosas García, quien además, exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que obligue a los maestros a cumplir con su trabajo o que dejen el lugar a alguien que sí quiera trabajar.
En su página de Facebook, la gobernadora Salgado Pineda publicó una foto en la que se observa a dos jóvenes estudiantes bajo una bandera nacional, la mandataria añadió: “Les comparto esta imagen que me ha llegado al corazón, dos alumnas de telebachillerato estudiando al pie de nuestra bandera nacional en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, donde estuve hace unos días”.
“La educación sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para la construcción de un Guerrero más próspero y en paz. Por eso, nuestro compromiso está más firme que nunca y no daremos ni un paso atrás hasta lograr que todas nuestras niñas y niños tengan las condiciones necesarias para prepararse debidamente”, añadió el mensaje de Salgado Pineda.
Vía telefónica, la comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas, informó que la fotografía difundida por la gobernadora la subieron hace unos días las maestras de telebachillerato, que llegaron a la comunidad el pasado viernes 10 de marzo, y es en las instalaciones de la primaria, misma donde llegó Evelyn Salgado el 7 de marzo pasado, en un recorrido por el lugar.
Sin embargo, la comisaria reclamó que las dos maestras del telebachillerato sólo estuvieron ocho días, porque este viernes se bajaron de la localidad serrana, donde el pasado 10 de diciembre fueron asesinados siete hombres por integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana.
Contó que las docentes sólo les explicaron que se retiraban porque su jefe les había hablado, y que a ella no le informaron cuando llegaron ni se comunicaron cuando se retiraron, y reprochó que los maestros suben cuando quieren, por lo que exigió a la gobernadora que les pida a los maestros que cumplan con su trabajo, “se supone que para eso les están pagando, y no nos están dando el servicio”.
Reclamó que si a los docentes que envían a esa zona serrana no les interesa trabajar, que dejen el lugar libre para alguien que sí, y expuso que no sólo las maestras de telebachillerato se retiraron, sino que el día que llegaron ellas a la localidad, las maestras de jardín de niños, primaria y telesecundaria se bajaron. Añadió que habló por teléfono con una de ellas, para preguntarle cuándo regresaban, y le respondió que hasta el 17 de abril.
Mencionó que no están de acuerdo con que regresen hasta esa fecha, porque los niños ya perdieron muchas clases y todavía van a seguir perdiendo más.
Rosas García recalcó que después de que la gobernadora hizo su publicación en Facebook, envió un oficio a la Evelyn Salgado mediante el delegado de Gobernación de Costa Grande, Juan Méndez Nogueda, en el que planteó que se exija a los maestros que cumplan, “no estamos pidiendo nada de lo que no tengamos derecho”.
Manifestó que desde el 5 de abril de 2022, entregó un documento a la gobernadora que fue turnado al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativalas (IGIFE), en el que pidió la construcción de tres aulas de concreto para el plantel de Telebachillerato, además de baños, equipo de cómputo, microscopios, 50 butacas y tres pizarrones blancos, porque actualmente las aulas son de madera con techos de lámina, piso de tierra, pero lo único que han recibido son 50 pupitres para la primaria y tres pizarrones.
Aclaró que las dos maestras que llegaron no quisieron dar clases en el telebachillerato, porque las aulas de madera están a la orilla de la comunidad, y dieron clases en la primaria, donde se observa a las jóvenes en la imagen que difundió la gobernadora.
Respecto a la inseguridad, Azucena Rosas aseguró que continúan con recoridos de vigilancia, aunque en las comunidades colindantes han escuchado de que andan integrantes de La Familia Michoacana, quienes los atacaron en diciembre pasado, “en El Durazno tenemos seguridad permanente y no se han ido, no nos han dejado. Lo que sí le pediría, pues es que se persiga a los delincuentes, que los detengan”.
Llamó a la gobernadora Evelyn Salgado a llamarles la atención a los maestros para que cumplan con sus deberes, “no nada más que sea publicidad, una foto para la publicidad. No, que de verdad cumplan con sus deberes”.