Una niña observa las butacas que el gobierno estatal mandó a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, para los alumnos de la telesecundaria que el miércoles marcharon y tomaron clases sentados en piedras y apoyados en cajas de madera y a la intemperie Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
Funcionarios del gobierno estatal fueron este viernes a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), y llevaron mobiliario escolar, material de oficina y equipo de cómputo para la telesecundaria Independencia de México.
Los funcionarios fueron encabezados por el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y se comprometieron a iniciar la construcción de esa escuela en abril próximo.
Acompañaron al director de Gobernación el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y también asistió el síndico procurador de José Joaquín de Herrera, Salvador Flores Castillo.
La visita de los funcionarios del gobierno estatal se dio dos días después de que alumnos de la telesecundaria Independencia de México marcharon acompañados de sus padres y maestros; mientras las autoridades comunitarias denunciaron que los gobiernos federal y estatal incumplieron con la construcción del plantel.
El miércoles, los maestros y padres de familia mostraron como reciben sus clases los niños, sentados en piedras y algunos sólo apoyados en cajas de madera, bajo la sombra de encinos, porque los gobiernos estatal y federal no han construido la escuela, como se comprometieron el año pasado, para evitar que los niños salgan a las poblaciones vecinas a estudiar ante el riesgo de la violencia.
Entrevistado después de una reunión con las autoridades comunitarias del pueblo en la cancha, el director de Gobernación, Rodríguez Cisneros, informó que entregaron 50 butacas, dos pintarrones, dos mesas y sillas para maestros, cuatro computadoras y dos impresoras.
El funcionario aclaró: “Esta entrega no obedece a la manifestación que (los pobladores) hicieron, ya lo habíamos acordado el lunes con el comisario municipal y con los líderes del movimiento comunitario, de que hoy estaríamos materializando el acuerdo que hicimos con ellos el año pasado”, aseguró.
Pero reconoció que los apoyos forman parte de la atención que tiene el gobierno estatal, “por lo que ustedes saben. Es una comunidad que se ha visto muy golpeada por la inseguridad y, en algún momento, en un acto de desesperación, tuvieron que recurrir a armar a los niños”.
El funcionario agregó que esta situación “no es correcta, porque nuestras niñas y niños deben estar en la escuela. Lo más preciado que tiene el ser humano es la niñez”.
Por ello, anunció que en este año el gobierno estatal va a construir dos aulas, un espacio para actividades cívicas y un módulo sanitario “para que la escuela sea una realidad y los niños y niñas ya no tengan que trasladarse a otra localidad a recibir su educación y, en todo caso, la reciban aquí, seguros”.
Rodríguez Cisneros informó que en cuanto a los otros compromisos que firmaron con los representantes de la población, y que no ha sido posible cumplir, como la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar, es porque tiene que ver con el gobierno federal.
Además, explicó que la normatividad no permite que se construya un banco en Ayahualtempa, pero informó que hay pláticas con el delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, para instalar un cajero en este pueblo.
Con respecto a la violencia, que de acuerdo con los representantes comunitarios se ha contenido en los últimos meses, no se han investigado los asesinatos y desapariciones ocurridas en años anteriores, el funcionario estatal aseguró que ha habido reuniones para atender el problema.
“Lo que tiene que ver con este tipo de indagatorias son situaciones complejas, porque además de cuidar el debido proceso, tienen complejidad por la región; sin embargo, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se están haciendo las acciones necesarias. Cada vez que las familias lo requieren y nos dan un indicio donde presumen que pudiera estar una persona desaparecida, la Comisión de Búsqueda en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal y la misma Fiscalía, acuden y se realizan las acciones, a veces hemos tenido resultados positivos”, aseguró.
Por su parte, el integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, organismo al que pertenece la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la policía comunitaria que opera en este pueblo, informó al término de la reunión que los funcionarios se comprometieron a que el 30 de abril comenzaría la construcción de dos aulas, un baño y una explanada.
Dijo que también a finales de este mes van a regresar funcionarios de la Secretaría de Salud, para la rehabilitación del centro de salud y atender las necesidades del mismo.
Con respecto a la construcción de la sucursal del banco, dijo que los funcionarios argumentaron que ya se construye en la cabecera municipal y que en Ayahualtempa solamente van a instalar un cajero automático.
Respecto a la pavimentación de 500 metros de la calle principal, por parte del gobierno estatal, los funcionarios les dijeron que el 21 de marzo iniciarán con la primera etapa.
Agregó que también los funcionarios se comprometieron a iniciar este año la construcción de un puente, que comunique a Ayahualtempa con la comunidad Amatitlán.
El representante comunitario admitió que no quedan satisfechos, “porque hay muchas más necesidades” y dijo que tienen un concentrado de peticiones desde 2019, cuando estaba el ahora ex gobernador Héctor Astudillo Flores, “quien no nos solucionó nada”.
El personal docente de la telesecundaria Independencia de México, de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), desmintió al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, respecto a que esa escuela carece de clave.
El personal de la institución mostró este viernes documentos que comprueban que desde el 23 de agosto del año pasado, le asignaron la clave 12DTV0581X, bajo la coordinación de la zona escolar 2023.
Las maestras declararon que “o está mal informado o mintió de mala fe el secretario”.
El secretario Rodríguez Saldaña informó el jueves a El Sur que la telesecundaria Independencia de México de Ayahualtempa no cuenta con clave y que por eso no se construye su edifico, como lo está pidiendo el personal docente, alumnos y padres de familia, pero que aun así le mandarían mobiliario este viernes.
La declaración del funcionario se originó debido a que el miércoles, los 60 niños, sus maestros y padres de familia marcharon para exigir la construcción de su plantel y mostraron como reciben sus clases: a la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos.
Este viernes, el personal docente mostró una tarjeta informativa que envió el jefe del Departamento de Telesecundarias, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alexis Ocampo Cervantes, al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, con fecha del 23 de agosto de 2022, en la que le notifica la autorización de ese “nuevo centro de trabajo” y le da a conocer la clave, “a petición de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores, de José Joaquín de Herrera”.
El documento dice: “Le informó que de acuerdo con la reunión del 15 de junio del 2020, con el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, se autorizó el centro de trabajo, asignándole la clave 12DTV0581X bajo la coordinación de la zona escolar 2023”.
Detalla el funcionario de la SEG que para el funcionamiento de esa telesecundaria, se ofrecieron dos espacios de docentes para iniciar el servicio educativo, y que fueron seleccionadas por personal en servicio las profesoras Yareli Coctecón Ángel y Marylú Basilio Ramírez, “quienes están en espera de que se emitan sus documentos de cambios de adscripción, por parte de la Dirección General de Administración de Personal”.
Se explica en el documento que una vez que llegan las profesoras al centro de trabajo de nueva creación, “el supervisor escolar deberá primeramente determinar, asignarle la encomienda a una de ellas, como responsable de la escuela, para que realice el siguiente trámite (notificación de movimiento al catálogo, gestión del nombre y clave)”.
En otro documento, denominado Cédula de Identificación del Centro de Trabajo, de la SEG, con fecha del 15 de noviembre de 2022, se precisa que la clave del centro de trabajo es 12DTV0581X y que el nombre es Independencia de México.
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, justificó que la secundaria de la comunidad nahua Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), no cuenta con clave, por eso no se les construye su plantel, pero que ya se la va a otorgar y recibirán apoyo.
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en Ayahualtempa, toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Por lo anterior, el secretario de Educación informó que es una escuela que no tenía clave, “al no estar registrada oficialmente ante la SEG no se podía generar ninguna inversión” por parte del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).
Dijo que a la secundaria ya se le otorgará la clave, por ello se le dará la atención. Indicó que este viernes, autoridades del gobierno estatal acudirán a la localidad para llevarles a los alumnos butacas y pizarrones.
El funcionario estatal destacó: “Ya le di instrucciones al IGIFE para que se atienda ese asunto y que apoyarán la demanda de los estudiantes, que es la infraestructura. Una vez que ya tienen la clave forman parte de la SEG”.
–¿Por qué no se les otorgaba la clave?
–Tiene que ver con la matrícula y que tengan un lugar dónde recibir las clases, tienen que cumplir varios requisitos.
Argumentó que la Subsecretaría de Planeación Educativa, que encabeza Benjamín Adame Pereyra, “ya les va a entregar la clave”.
–¿Cuántos alumnos debe de tener una escuela para adquirir una clave?–se le cuestionó.
–Para que una secundaria tenga clave deberá de tener 80 estudiantes y en Ayahualtempa acuden 59.
A pregunta sobre si es necesario que los alumnos tengan que protestar para que sean escuchados, respondió que las autoridades estatales los han atendido, por parte de la Secretaría de Gobierno.
Alumnos de la secundaria Independencia de México, de la comunidad de Ayahualtempa, toman clases a la intemperie y se sientan en piedras para recibir sus lecciones. Los niños no pueden salir de su comunidad debido a la violencia que desde hace años se vive en la región,y los padres optaron por abrir una escuela y pedir al gobierno estatal la reconstrucción de tres aulas para su funcionamiento, pero no se ha cumplido este compromiso Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niñas y niños indígenas de Ayahualtempa, comunidad nahua del municipio José Joaquín de Herrera acuden a estudiar en un terreno baldío a la entrada del pueblo, porque los gobiernos federal y estatal no han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo. Ayer, alumnas y alumnos marcharon en su comunidad, con sus maestros y sus padres y otros niños de primaria, para exigir la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico Foto: Lenin Ocampo Torres
Incumplen los gobiernos estatal y federal con la obra de una secundaria en Ayahualtempa
Niños indígenas de la comunidad nahua, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases en un terreno baldío a la salida del pueblo, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.
Dos jornaleros indígenas de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango), que la noche del miércoles denunciaron que venían privados de su libertad por civiles armados dentro del autobús en el que salieron de Baja California, fueron detenidos porque, según las autoridades, venían drogados y armados.
El comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y miembro del Consejo de Gobierno Nahua de ese pueblo, Antonino Toribio Gaspar, informó que sus paisanos fueron liberados por el Ministerio Público de Huitzuco la media noche del viernes, pero a las 6 de la tarde del sábado fueron detenidos ahora por la Casa de Justicia de la CRAC-PF de Ayahualtempa para su investigación y aclarar su situación.
La noche del miércoles Toribio Gaspar mandó un mensaje de voz a las autoridades del gobierno del estado para denunciar que, de acuerdo con sus dos paisanos, venían privados de su libertad por civiles armados que abordaron el autobús al pasar por la central de Sinaloa y que su intención era llevárselos hasta Acapulco junto con el resto de los pasajeros.
Por la denuncia de Toribio Gaspar, el autobús número 700 de la línea Élite fue interceptado por policías ministeriales y estatales en la caseta de Paso Morelos, pero al realizar la revisión encontraron que los indígenas de Ayahualtempa Noé Bolaños Gatica y Misael Bolaños Velázquez que habían hecho la denuncia venían en estado inconveniente, y según dijeron las autoridades a Antonino Toribio, al menos uno de ellos venía armado.
Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Huitzuco la noche del miércoles y fueron liberados la media noche del viernes, pero al llegar a su pueblo fueron detenidos nuevamente a las 6 de la tarde del sábado, ahora por la Policía Comunitaria de la CRAC-PF.
El integrante de la CRAC y miembro del Consejo de Gobierno Nahua informó ayer por teléfono que serán investigados y que si resultan responsables de algún delito serán castigados conforme a los usos y costumbres del pueblo.
Informó que sólo están esperando el expediente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“La CRAC-PF ya está investigando, porque se supone que ellos eran los agredidos y ahora resulta que, según el gobierno, ellos son los agresores”, agregó que lo que buscan es aclarar bien cómo ocurrieron los hechos.
Informó que, mientras tanto, los dos indígenas estarán detenidos hasta que se lleve a cabo una investigación, “y vamos a pedir una explicación, si los detuvieron fue por algún delito y no puede ser que los hayan soltado así como así”.
Declaró que la versión que le dieron del gobierno es que “venían drogados y armados, entonces nosotros vamos a ver la manera de solucionar esto, si son culpables de algún delito se tienen que juzgar conforme a nuestros usos y costumbres”, advirtió el dirigente indígena.
Añadió que las autoridades estatales les informaron que no eran los agredidos, sino que ellos fueron los agresores “y que les encontraron armas y drogas”.
Toribio Gaspar, informó que uno de los dos indígenas ya llevaba dos años trabajando en Baja California, el otro, estuvo un tiempo y luego se vino a Ayahualtempa unos meses con su familia y esta vez regresaba por segunda vez. Dijo que los dos indígenas son tío y sobrino y que en el pueblo no tienen antecedentes si consumen drogas, “pero la CRAC-PF está haciendo sus investigaciones y si resultan ser culpables, pues tienen que juzgarse”, advirtió.
Pobladores de Ayahualtempa marchan en la calle principal del poblado donde exigieron a los tres niveles de gobierno seguridad Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa/Hueycantenango
Más de 500 indígenas nahuas de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango), la mayoría niños y mujeres, marcharon ayer hacia la entrada de la cabecera municipal donde exigieron la salida de la Policía Municipal del territorio comunitario.
En la marcha, participaron policías comunitarios armados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), cuyos representantes acusaron a la Policía Municipal de trabajar para el grupo delictivo de Los Ardillos y los responsabilizaron del asesinato de siete indígenas y la desaparición de tres más en los últimos dos años.
El miércoles la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Ayahualtempa en un comunicado anunció que expulsaría a la Policía Municipal de su territorio y que ocuparía los módulos que instaló para “halconear” al servicio del grupo delictivo que ha venido atacando al pueblo.
Ayer, en el tradicional Día de los Reyes Magos, cuando se acostumbra obsequiar juguetes a los niños, unos 100 de ellos de esta localidad celebraron la fecha participando en la marcha en la que exigieron “justicia” para los asesinados y desaparecidos de su comunidad.
Los marchistas adultos gritaron insistentemente durante el recorrido vivas a “los niños huérfanos y a las mujeres viudas de México”.
En la protesta participaron, además, pobladores de Amatitlán, El Caracol y colonia Los Pinos, que son anexos del núcleo agrario de Ayahualtempa.
La demanda principal fue el retiro de la Policía Municipal del Crucero de Tlachimaltepec, ubicado cerca de la entrada a Ayahualtempa; del Módulo Municipal que está en la entrada a Hueycantenango y del punto conocido como Tres Postes Negros, que está a la salida norte de la cabecera municipal.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, demandaron a los tres órdenes de gobierno que se retire a la Policía Municipal de esos tres puntos y se instalen militares o agentes de la Guardia Nacional (GN) para que se encarguen de la seguridad.
Denunciaron que en esos sitios se instalan los elementos de la Policía Municipal, quienes en vez de brindar seguridad, sirven de halcones al grupo delictivo de Los Ardillos y vigilan los movimientos de los pobladores de Ayahualtempa y de sus tres anexos.
Silva Hernández dijo que en esos sitios, los policías municipales instalan filtros y ubican a los miembros de la CRAC-PF de Ayahualtempa cuando entran a la cabecera municipal donde son levantados o asesinados por el grupo delictivo, o incluso, por elementos de la misma Policía Municipal.
De acuerdo con los registros de la CRAC-PF y del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, integrado por las autoridades agrarias, comisarios municipales y por los coordinadores de la CRAC-PF, de junio del 2019 al 11 de diciembre del 2021 fueron asesinados siete indígenas y tres más fueron levantados y aún se encuentran desaparecidos.
El recuento indica que el 2 de junio de 2019 fue asesinado en Hueycantenango a las 5 de la tarde el comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Eugenio Máximo Hilario, por un grupo armado integrado por policías municipales y civiles del grupo delictivo Los Ardillos.
El 8 de julio del 2019 a las 10 de la noche, fueron levantados en el Crucero del Jaguey, Marcelino Pedro Rojas Reyes y David Domingo Alonso, quienes fueron encontrados muertos en la comunidad de Chautla, municipio de Chilapa, el 11 de julio a las 11 de la mañana.
El 7 de septiembre del 2019 a las 12 del día, fue levantado en Hueycantenango, el ex policía comunitario Leocadio Bolaños Hernández por el grupo delictivo Los Ardillos y fue encontrado muerto al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito a las 5 de la tarde.
El 18 de octubre del 2019 fue levantado a las 9 de la mañana Fidel Bolaños Rojas, cerca del río La Hamaca, entre las comunidades de Acojtapachtlán y El Epazote. El indígena aún está desaparecido.
Al día siguiente, a las 9 y media de la mañana, también fue levantado el hijo de Fidel, Félix Isidro Bolaños Hernández, en Colotlipa, municipio de Quechultenango, e, igualmente, sigue sin aparecer.
El 1 de noviembre del 2019, a las 5 de la tarde, fue asesinado Samuel Rojas Dorantes, a 200 metros del punto conocido como Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango.
El 18 de noviembre del 2019, a las 9 y media de la mañana, fue asesinado Isaac Martínez Rosendo, en la colonia Piedra Colorada de la cabecera municipal.
El 15 de agosto del 2020, fue asesinado Rutilio Bolaños Gatica en el punto conocido como Camojtepec.
El 11 de diciembre pasado, fue levantado en Hueycantenango el policía comunitario José Juan Reyes Román, quien no ha sido localizado.
Al grito de: “justicia, justicia, justicia…” los marchistas, entre los que caminaron los familiares de las víctimas, llegaron al medio día al módulo de la Policía Municipal que se encuentra en la entrada de la cabecera municipal.
Sin embargo, ayer ya no había policías municipales, en su lugar había elementos de la Policía Estatal en dos patrullas, quienes permanecieron impávidos ante la exigencia de los más de 500 indígenas que caminaron casi 2 kilómetros por la carretera desde Ayahualtempa hasta ese lugar.
Entrevistado ahí, el coordinador Margarito Silva Hernández, declaró que son ya dos años que los pobladores de Ayahualtempa y sus tres anexos están “acorralados” por el grupo delictivo, porque no pueden entrar a la cabecera municipal sin el riesgo de que sean asesinados o levantados por el grupo delictivo o directamente por los policías municipales.
Agregó que tampoco pueden viajar hacia Chilapa porque miembros del mismo grupo delictivo se encuentran en el Crucero del Jaguey, donde también han sido levantados algunos de los indígenas del núcleo agrario.
Informó que hasta diciembre sólo las mujeres o los niños iban sigilosa y rápidamente a comprar los productos básicos a la cabecera municipal o a Chilapa, pero que a partir de esta semana aumentó el riesgo y ya ni ellas o sus hijos quieren salir de Ayahualtempa.
Explicó que eso los movió a hacer visible el problema y advirtieron a los tres órdenes de gobierno que este 6 de enero, aprovechando la celebración del Día de Los Reyes Magos, marcharían armados y presentarían a 70 niños y adolescentes que ya fueron capacitados en el uso de las armas para encargarse de la vigilancia de sus pueblos.
Explicó que 35 de los menores son los que ya fueron presentados el 10 de abril del 2020.
Informó que ante la advertencia, funcionarios del gobierno (no precisó quienes), les llamaron el miércoles y les pidieron que suspendieran la actividad porque los gobiernos federal y estatal ya estaban atendiendo su solicitud y que, de hecho, ya se habían retirado los policías municipales del módulo municipal, en la entrada de Hueycantenango, y se habían hecho cargo de la seguridad policías estatales.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, informaron que acordaron en asamblea dar un plazo de ocho días a las autoridades para que atiendan su petición, de lo contrario se harán cargo de la seguridad en esos módulos los propios policías comunitarios, incluidos los niños y adolescentes que han sido capacitados y responsabilizaron de las consecuencias a los gobiernos federal y estatal.
Morales Rojas reprochó que han enviado muchos oficios a los gobiernos federal y estatal para que se repliegue a los policías municipales del Crucero de Tlachimaltepec, del Módulo Municipal y de Tres Postes Negros y se instalen en su lugar efectivos del Ejército o de la Guardia Nacional pero que ni si quiera han dado respuesta a los documentos.
Dijo que tampoco se han investigado los asesinatos y las desapariciones de los indígenas, a pesar de que hay testigos y señalamientos directos de que, en algunos casos, ha participado la misma Policía Municipal.
Las autoridades de la CRAC-PC denunciaron que la presidenta municipal, Orquídea Hernández Mendoza, del PRI, y el síndico Salvador Flores Castillo son cómplices de la Policía Municipal porque han presentado denuncias directas en contra de algunos elementos y, sin embargo, los mantienen en sus puestos.
Dijo que a raíz de la más reciente desaparición de José Juan Reyes Román, el 11 de diciembre pasado, los niños de secundaria y los adolescentes de preparatoria y del Colegio de Bachilleres que estudian en la cabecera municipal se niegan a ir a sus clases.
Las autoridades agrarias y municipales de Ayahualtempa y sus anexos, aprovecharon la movilización para exigir, también, la construcción de una escuela de nivel medio y un centro de salud en Ayahualtempa, así como becas para sus hijos y la apertura de brechas sacacosechas.
En el trayecto de Chilapa a Ayahualtempa, cuando menos ayer, no se observó la vigilancia militar o de la Guardia Nacional y sólo en el Crucero de Tula, donde se han dado algunos enfrentamientos entre miembros del grupo delictivo y policías comunitarios de la CRAC-PF, se observó a unos cinco elementos de la segunda corporación en un módulo de vigilancia.
En cambio, de regreso, el grupo de reporteros que fue a cubrir la movilización indígena, fue escoltado por tres patrullas de la Policía Estatal desde este Crucero de Tula hasta Chilapa.
Uno de los elementos de la Policía Estatal argumentó que el resguardo fue a petición de los dirigentes de la CRAC-PF.
Más de 500 manifestantes de Ayahualtempa y sus anexos, municipio José Joaquín de Herrera, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) marcharon a la cabecera municipal, Hueycantenango, para exigir la salida de la Policía Municipal de tres módulos de vigilancia porque consideran que trabaja con el grupo Los Ardillos y denunciaron siete asesinatos y tres desapariciones de campesinos de este pueblo, el más reciente el 11 de diciembre. Piden que efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional se encarguen de la seguridad, y dan ocho días de plazo para tener una respuesta, o la Policía Comunitaria asumirá esa función, incluyendo a niños armados, que en una asamblea manifestaron a mano alzada su interés por incorporarse a esa tarea Foto: Lenin Ocampo Torres
Marchan indígenas de Ayahualtempa; exigen la salida de la Policía Municipal y piden a la GN y Ejército
Pobladores de Ayahualtempa marchan en la calle principal del poblado donde exigieron a los tres niveles de gobierno seguridad Foto: Lenin Ocampo Torres
Acusan a los uniformados de Hueycantenango que se encuentran en tres sitios dentro del territorio de la CRAC-PF de servir de halcones al grupo Los Ardillos al que culpan de siete asesinatos y tres desapariciones, la más reciente el 11 de diciembre. La asamblea acordó emplazar al gobierno a dar respuesta en ocho días, o se harán cargo de la seguridad policías comunitarios incluso niños que han sido capacitados. Ayer, para desactivar la participación de menores armados en la manifestación, en el módulo en la entrada a la cabecera los municipales fueron sustituidos por estatales
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa/Hueycantenango
Más de 500 indígenas nahuas de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango), la mayoría niños y mujeres, marcharon ayer hacia la entrada de la cabecera municipal donde exigieron la salida de la Policía Municipal del territorio comunitario.
En la marcha, participaron policías comunitarios armados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), cuyos representantes acusaron a la Policía Municipal de trabajar para el grupo delictivo de Los Ardillos y los responsabilizaron del asesinato de siete indígenas y la desaparición de tres más en los últimos dos años.
El miércoles la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Ayahualtempa en un comunicado anunció que expulsaría a la Policía Municipal de su territorio y que ocuparía los módulos que instaló para “halconear” al servicio del grupo delictivo que ha venido atacando al pueblo.
Ayer, en el tradicional Día de los Reyes Magos, cuando se acostumbra obsequiar juguetes a los niños, unos 100 de ellos de esta localidad celebraron la fecha participando en la marcha en la que exigieron “justicia” para los asesinados y desaparecidos de su comunidad.
Los marchistas adultos gritaron insistentemente durante el recorrido vivas a “los niños huérfanos y a las mujeres viudas de México”.
En la protesta participaron, además, pobladores de Amatitlán, El Caracol y colonia Los Pinos, que son anexos del núcleo agrario de Ayahualtempa.
La demanda principal fue el retiro de la Policía Municipal del Crucero de Tlachimaltepec, ubicado cerca de la entrada a Ayahualtempa; del Módulo Municipal que está en la entrada a Hueycantenango y del punto conocido como Tres Postes Negros, que está a la salida norte de la cabecera municipal.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, demandaron a los tres órdenes de gobierno que se retire a la Policía Municipal de esos tres puntos y se instalen militares o agentes de la Guardia Nacional (GN) para que se encarguen de la seguridad.
Denunciaron que en esos sitios se instalan los elementos de la Policía Municipal, quienes en vez de brindar seguridad, sirven de halcones al grupo delictivo de Los Ardillos y vigilan los movimientos de los pobladores de Ayahualtempa y de sus tres anexos.
Silva Hernández dijo que en esos sitios, los policías municipales instalan filtros y ubican a los miembros de la CRAC-PF de Ayahualtempa cuando entran a la cabecera municipal donde son levantados o asesinados por el grupo delictivo, o incluso, por elementos de la misma Policía Municipal.
De acuerdo con los registros de la CRAC-PF y del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, integrado por las autoridades agrarias, comisarios municipales y por los coordinadores de la CRAC-PF, de junio del 2019 al 11 de diciembre del 2021 fueron asesinados siete indígenas y tres más fueron levantados y aún se encuentran desaparecidos.
El recuento indica que el 2 de junio de 2019 fue asesinado en Hueycantenango a las 5 de la tarde el comandante regional y fundador de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, Eugenio Máximo Hilario, por un grupo armado integrado por policías municipales y civiles del grupo delictivo Los Ardillos.
El 8 de julio del 2019 a las 10 de la noche, fueron levantados en el Crucero del Jaguey, Marcelino Pedro Rojas Reyes y David Domingo Alonso, quienes fueron encontrados muertos en la comunidad de Chautla, municipio de Chilapa, el 11 de julio a las 11 de la mañana.
El 7 de septiembre del 2019 a las 12 del día, fue levantado en Hueycantenango, el ex policía comunitario Leocadio Bolaños Hernández por el grupo delictivo Los Ardillos y fue encontrado muerto al día siguiente en el punto conocido como El Ocotito a las 5 de la tarde.
El 18 de octubre del 2019 fue levantado a las 9 de la mañana Fidel Bolaños Rojas, cerca del río La Hamaca, entre las comunidades de Acojtapachtlán y El Epazote. El indígena aún está desaparecido.
Al día siguiente, a las 9 y media de la mañana, también fue levantado el hijo de Fidel, Félix Isidro Bolaños Hernández, en Colotlipa, municipio de Quechultenango, e, igualmente, sigue sin aparecer.
El 1 de noviembre del 2019, a las 5 de la tarde, fue asesinado Samuel Rojas Dorantes, a 200 metros del punto conocido como Cochixjtlán Tlatempa, cerca de Hueycantenango.
El 18 de noviembre del 2019, a las 9 y media de la mañana, fue asesinado Isaac Martínez Rosendo, en la colonia Piedra Colorada de la cabecera municipal.
El 15 de agosto del 2020, fue asesinado Rutilio Bolaños Gatica en el punto conocido como Camojtepec.
El 11 de diciembre pasado, fue levantado en Hueycantenango el policía comunitario José Juan Reyes Román, quien no ha sido localizado.
Al grito de: “justicia, justicia, justicia…” los marchistas, entre los que caminaron los familiares de las víctimas, llegaron al medio día al módulo de la Policía Municipal que se encuentra en la entrada de la cabecera municipal.
Sin embargo, ayer ya no había policías municipales, en su lugar había elementos de la Policía Estatal en dos patrullas, quienes permanecieron impávidos ante la exigencia de los más de 500 indígenas que caminaron casi 2 kilómetros por la carretera desde Ayahualtempa hasta ese lugar.
Entrevistado ahí, el coordinador Margarito Silva Hernández, declaró que son ya dos años que los pobladores de Ayahualtempa y sus tres anexos están “acorralados” por el grupo delictivo, porque no pueden entrar a la cabecera municipal sin el riesgo de que sean asesinados o levantados por el grupo delictivo o directamente por los policías municipales.
Agregó que tampoco pueden viajar hacia Chilapa porque miembros del mismo grupo delictivo se encuentran en el Crucero del Jaguey, donde también han sido levantados algunos de los indígenas del núcleo agrario.
Informó que hasta diciembre sólo las mujeres o los niños iban sigilosa y rápidamente a comprar los productos básicos a la cabecera municipal o a Chilapa, pero que a partir de esta semana aumentó el riesgo y ya ni ellas o sus hijos quieren salir de Ayahualtempa.
Explicó que eso los movió a hacer visible el problema y advirtieron a los tres órdenes de gobierno que este 6 de enero, aprovechando la celebración del Día de Los Reyes Magos, marcharían armados y presentarían a 70 niños y adolescentes que ya fueron capacitados en el uso de las armas para encargarse de la vigilancia de sus pueblos.
Explicó que 35 de los menores son los que ya fueron presentados el 10 de abril del 2020.
Informó que ante la advertencia, funcionarios del gobierno (no precisó quienes), les llamaron el miércoles y les pidieron que suspendieran la actividad porque los gobiernos federal y estatal ya estaban atendiendo su solicitud y que, de hecho, ya se habían retirado los policías municipales del módulo municipal, en la entrada de Hueycantenango, y se habían hecho cargo de la seguridad policías estatales.
El coordinador de la CRAC-PF, Margarito Silva Hernández y el presidente del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, informaron que acordaron en asamblea dar un plazo de ocho días a las autoridades para que atiendan su petición, de lo contrario se harán cargo de la seguridad en esos módulos los propios policías comunitarios, incluidos los niños y adolescentes que han sido capacitados y responsabilizaron de las consecuencias a los gobiernos federal y estatal.
Morales Rojas reprochó que han enviado muchos oficios a los gobiernos federal y estatal para que se repliegue a los policías municipales del Crucero de Tlachimaltepec, del Módulo Municipal y de Tres Postes Negros y se instalen en su lugar efectivos del Ejército o de la Guardia Nacional pero que ni si quiera han dado respuesta a los documentos.
Dijo que tampoco se han investigado los asesinatos y las desapariciones de los indígenas, a pesar de que hay testigos y señalamientos directos de que, en algunos casos, ha participado la misma Policía Municipal.
Las autoridades de la CRAC-PC denunciaron que la presidenta municipal, Orquídea Hernández Mendoza, del PRI, y el síndico Salvador Flores Castillo son cómplices de la Policía Municipal porque han presentado denuncias directas en contra de algunos elementos y, sin embargo, los mantienen en sus puestos.
Dijo que a raíz de la más reciente desaparición de José Juan Reyes Román, el 11 de diciembre pasado, los niños de secundaria y los adolescentes de preparatoria y del Colegio de Bachilleres que estudian en la cabecera municipal se niegan a ir a sus clases.
Las autoridades agrarias y municipales de Ayahualtempa y sus anexos, aprovecharon la movilización para exigir, también, la construcción de una escuela de nivel medio y un centro de salud en Ayahualtempa, así como becas para sus hijos y la apertura de brechas sacacosechas.
En el trayecto de Chilapa a Ayahualtempa, cuando menos ayer, no se observó la vigilancia militar o de la Guardia Nacional y sólo en el Crucero de Tula, donde se han dado algunos enfrentamientos entre miembros del grupo delictivo y policías comunitarios de la CRAC-PF, se observó a unos cinco elementos de la segunda corporación en un módulo de vigilancia.
En cambio, de regreso, el grupo de reporteros que fue a cubrir la movilización indígena, fue escoltado por tres patrullas de la Policía Estatal desde este Crucero de Tula hasta Chilapa.
Uno de los elementos de la Policía Estatal argumentó que el resguardo fue a petición de los dirigentes de la CRAC-PF.
José Juan fue a Hueycantenango a comprar un pollo y policías lo desaparecieron en el camino
El caso del joven de 24 años, ocurrido el 11 de diciembre, es el más reciente de los 10 de Ayahualtempa. El 2 de junio de 2019 fue asesinado por municipales el promotor de la Policía Comunitaria Eugenio Máximo Hilario frente a su esposa. Los crímenes no se han investigado
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa, Hueycantenango
El promotor de la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Eugenio Máximo Hilario, cayó abatido a tiros frente a su esposa Antonia. Eran las 5 de la tarde del 2 de junio de 2019 y ese día habían ido a Hueycantenango a comprar gasolina para su motosierra, pero la mujer ya no regresó con su esposo con vida.
La indígena nahua, quien durante la marcha de ayer portó una pancarta con la petición: “Ayahualtempa; exigimos justicia a los 3 niveles de gobierno”, contó que vio que los agresores de su esposo fueron policías municipales uniformados pero que a pesar de que presentó la denuncia, a dos años y medio, el asesinato sigue en la impunidad.
Por su parte, Alejandro Reyes Mendoza, padre de José Juan Reyes Román, de 24 años, declaró que su hijo salió el mediodía del 11 de diciembre pasado a Hueycantenango a comprar un pollo rostizado para que comieran en familia.
Sin embargo, Alejandro, ya no regresó. Hombres armados interceptaron en una camioneta la moto en que se desplazaba y se lo llevaron, y a casi un mes sigue desaparecido.
Los casos de Eugenio y José Juan, sintetizan la violencia que viven desde hace más de dos años los indígenas nahuas del núcleo agrario de Ayahualtempa y sus anexos: Amatitlán, El Caracol y colonia Los Pinos.
Aquí, del 2 de junio del 2019, cuando mataron a Eugenio, al 11 de diciembre pasado, cuando levantaron a José Juan, han sido asesinados siete indígenas y tres están desaparecidos y ninguno de los casos ha sido investigado, esclarecido ni los responsables castigados.
Alejandro reprochó que la justicia en Guerrero se aplica “nomás para los políticos o para el que tiene dinero, pero no para el pobre y menos para los indígenas”.
Antonia, la esposa de Eugenio, declaró que la tarde del 2 de junio del 2019 ambos fueron a Hueycantenango a comprar gasolina para la motosierra con la que el ahora finado iría a cortar leña, “pero resulta que ya no regresó; me lo asesinaron”.
Contó que ese día estaba con él en la camioneta cuando hombres armados, algunos de ellos vestidos de policías municipales, lo acribillaron. Después le querían quitar la camioneta “pero yo me dije: si me matan, que me maten, pero la camioneta no la voy a entregar, y no les di las llaves porque quería un recuerdo de mi esposo”, dijo.
Antes, según la mujer, les había suplicado a los pistoleros que dejaran a su esposo, que no lo mataran y que conoció que algunos eran policías de los que, a veces, se ponen en el módulo de la entrada de Hueycantenango, “pero no me hicieron caso, me lo mataron y ahora quiero que me haga justicia el gobierno”.
Informó que Eugenio fue el fundador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Ayahualtempa y que supo que después, quienes lo mataron, dijeron: “ya matamos al delantero de los comunitarios, a los demás nomás los vamos a barrer”.
Denunció que la presidenta municipal, Orquídea Hernández, protege a los que mataron a su marido porque el que manejaba la camioneta en la que iban está trabajando en el Ayuntamiento; “la presidenta sabe y todavía ahí lo tiene”.
Antonia dijo que con la muerte de su esposo quedaron en la orfandad cuatro de sus hijos, aunque dos de ellos, los mayores, ya se “juntaron” con sus parejas y ahora solamente tiene bajo su cuidado dos; uno de 8 y otro de 13 años.
Reprochó que después del asesinato de su esposo, el gobierno (no precisó si el estatal o federal) le prometió construirle una casa y le ofreció una tarjeta a través de la cual le depositarían “un dinerito” mensual, a manera de pensión.
Para construirle la casa le pidieron que limpiara y arreglara el terreno, pero al final no se la construyeron y la tarjeta se la entregaron sin fondos; “todavía la tengo, pero no tiene dinero”, lamentó.
Por su parte, Alejandro, el papá de José Juan Reyes Román, explicó que éste salió de Ayahualtempa el 11 de diciembre rumbo a Hueycantenango; “lo mandamos a traer un pollo a la una de la tarde y a la una y media perdimos contacto con él, le estuvimos marcando a su celular y ya no contestó”, narró.
Enseguida, la madre de José Juan fue a buscarlo a Hueycantenango; “anduvo preguntando desesperada y me llamó como a las 5”, contó Alejandro, quien agregó que su mujer le informó que le dijeron que fueron policías municipales los que se lo llevaron.
Agregó que le dijeron: “No se preocupe señora, su hijo está en la comandancia encerrado”, pero que lo fue a buscar y no estaba.
Las personas que le dieron informes le detallaron que los policías se lo llevaron en una camioneta blanca de modelo reciente y que la seguía de cerca una motocicleta, “pero hasta la vez no sabemos más, la presidenta no ha hecho caso y del gobierno estatal vinieron nomas dos veces a buscarlo, pero ya no han venido ahorita”.
Exigió: “Yo le pido a los tres niveles de gobierno que nos ayuden a buscarlo”, y, reprochó: “¿por qué a un pobre no le hacen caso y cuando se pierde un político o un empresario todos se le apilan?. Eso es lo que no nos gusta, no está bien, porque yo creo que pobres y ricos valemos igual, así que queremos que nos ayuden a buscar a nuestros desaparecidos”.
Explicó que el día que desapareció su hijo manejaba una motocicleta y que ni siquiera la moto han encontrado.
Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.
