Instalan el comité técnico para la consulta a pueblos indígenas y afros sobre candidaturas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el Congreso del local y el gobierno estatal instalaron el comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, donde se preguntará a pobladores de 49 municipios cómo quieren que sea el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como los lineamientos para dichos registros en el próximo proceso electoral 2023-2024.
Ayer, mediante una transmisión en redes sociales, desde las páginas del IEPC Guerrero se dio a conocer la instalación del comité técnico y el órgano garante para la consulta 2023 a pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en materia electoral.
La consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que daban inicio de los trabajos de la consulta previa, libre e informada respecto a las normas sustantivas para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, así como de los lineamientos para el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos del proceso electoral del próximo 2023-2024, que deberán de observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes.
Comentó que la consulta se deriva de los mandatos de los tribunales de la Corte y la Sala Regional de la Ciudad de México, quienes ordenaron realizar diversas actividades para diseñar y elaborar una consulta que garanticen el registro de postulación de candidaturas indígenas y afromexicanos.
El consejero electoral y presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, manifestó que la importancia de la consulta que se hará en 49 municipios es generar una comunicación lineal y directa con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de Guerrero.
Aseguró que se hará la consulta con perspectiva intercultural, perspectiva de género y perspectiva interseccional, por lo que pidió a los habitantes de los 49 municipios a participar en ella, además, destacó que es la sexta consulta que organiza el IEPC.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, comentó que para el gobierno del estado es importante la consulta para garantizar a las comunidades su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaitán, afirmó que estarán vigilando el cumplimiento de la ley durante todo el proceso de la consulta.
La secretaria para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos del estado, Reyna Mejía Morales, indicó que Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural en sus pueblos indígenas, particularmente con las naciones Ñuu Ssavi, Me’phaa, Nahual y Ñoomda.
Aseguró que los pueblos orignarios y afroamericanos deben ejercer su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular.
Mencionó que aun en raras ocasiones en algunos pueblos, sigue pregonando el machismo, y se le prohíbe a las mujeres a que voten, por lo que llamó a “poco a poco ir sensibilizando a nuestra gente indígena”.
El delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, dijo que se sumará para vigilar y acompañar el proceso “histórico e importante”, y precisó que facilitará algunos traductores e intérpretes para que todos los hombres y las mujeres de los 49 municipios entiendan y comprenda el proceso de la consulta.
En representación de la Secretaría de la Mujer, la procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, enfatizó que buscan contribuir a fortalecer la participación política de las mujeres indígenas, pues en otros procesos se enfrentan a una desventaja e incluso a una triple discriminación, y en consecuencia su participación termina siendo muy limitada en las comunidades.
La consejera electoral del IEPC, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, añadió que está abierta la convocatoria para participar en las actividades de observación electoral de este proceso, e invitó a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a participar, para ello, se podrán registrar hasta el 21 de abril en la página de internet www.ipcgro.mx.
Sostuvo que el Comité Técnico y el órgano garante de la consulta acompañarán el cumplimiento de todas las etapas del proceso consultivo, para garantizar que los pueblos indígenas y afroamericanos ejerzan su derecho a una consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Detalló que el Comité Técnico quedó conformado por el INPI, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, la Secretaría de la Mujer del estado, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado; mientras que el órgano garante queda representado por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, y tendrán una vigencia a partir de ayer hasta que se den por concluidos los trabajos de la consulta y se declaren aprobados los informes.
En la instalación, que se hizo de forma virtual, también estuvieron las consejeras electorales, Vicenta Molina Revueltas, Azucena Cayetano Solano, Dulce Merary Villalobos Tlatempa, y el consejero Amadeo Guerrero Onofre; el secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; los representantes de los partidos políticos acreditados; la diputada por Morena, Marben de la Cruz Santiago; y en representación de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, el secretario técnico de la Jucopo, Arturo Pacheco Bedolla.

Inician proceso de consulta a pueblos indígenas y afromexicanos sobre candidaturas para el 2024

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los lineamientos, el plan de trabajo y el calendario para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para determinar las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024.
La consulta se realizará en cumplimiento a la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020, que invalidó las reformas realizadas por 62 legislatura al Congreso local, en las que se establecieron las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.
Estas reformas deberán ser aprobadas por el Poder Legislativo local a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral próximo para que sean vigentes en el próximo proceso.
El plazo que la Corte estableció al Poder Legislativo de Guerrero para las reformas en la materia venció el pasado octubre, pues en su resolución los magistrados vincularon al Congreso en la sentencia de invalidez para que realice la consulta y emita la regulación aplicable “a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral ordinario 2020-2021”. Sin embargo, el Congreso pidió una prórroga a la Corte y argumentaron que están en “vías de cumplimiento”.
Con la aprobación por el Consejo General de estos lineamientos, el plan de trabajo y el calendario de la consulta se da inicio a este proceso.
La consulta se realizará en “colaboración y coordinación interinstitucional” entre el Congreso y el IEPC de acuerdo con un convenio específico para este fin firmado el martes pasado por la presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez Serna, y la presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama.
En este convenio, de acuerdo a lo mencionado en un boletín del Congreso local, “las partes firmantes se comprometen a efectuar de manera coordinada la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero, respecto de la consulta ordenada por sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad 136/2020”.
Esta consulta se da a partir del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir de dos procedimientos, en contra de las reformas en materia electoral que tienen que ver con la postulación de candidaturas indígenas y afromexicanas aprobadas por el Congreso local.
La acción de inconstitucionalidad ante la Corte lo promovió un grupo de 16 diputados de Morena de la pasada legislatura, incluida la ahora presidenta de la Jucopo Yoloczin Domínguez, y el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de los ciudadanos ante el TEPJF fue presentado por quien se ostentaba como gobernador nacional indígena y representante de las 62 lenguas maternas Hipolito Arriaga Pote, ambas resoluciones ordenan una legislación en la materia a partir de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La Corte ordenó que se establezcan en la legislación -a partir de la consulta- las reglas para la postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de Ayuntamientos; y el TEPJF ordenó también que se establezcan las reglas para acreditar la autoadscripción calificada, que deberán observar los partidos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 que también tiene que ver con que se dé prioridad a candidatos indígenas o afromexicanos en zonas con mayor población de estos dos grupos.
A partir de esta consulta, deberán quedar establecidas las reglas que operarían para el próximo proceso electoral sobre el número de distritos, municipios, cargos que aplicarían para la exclusividad de representación indígena y afrodescendiente y, que en el caso del Congreso del Estado, deberá expedir el decreto que modifique la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia indígena y afrodescendiente.
Ayer en la sesión del CG del IEPC se informó que la consulta se realizará en 49 municipios: Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Azoyú, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copala, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tepecoauilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala.
También se hizo la precisión que los resultados de la consulta se sistematizarán y entregarán al Congreso local a través de la Jucopo para que realice las reformas necesarias. El IEPC también utilizará esta información para aprobar los lineamientos que aplicarán en el próximo proceso electoral en materia indígena, y se aprobó la convocatoria para observadores de este proceso de consulta.
Además, se aprobó una modificación del Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 del IEPC para atender el convenio específico de colaboración interinstitucional suscrito entre el Congreso local y el instituto electoral.
En la sesión también se tomó protesta a las nuevas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se trata de Deysi Anahí Santiago Baltazar, como Técnica de lo Contencioso Electoral, Marleny Larios Bazán como Técnica de Organización Electoral, Aimé Hernández Vélez como Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales, y Gabriela Elizabeth Ávila Gonzaga, Técnica de Sistemas Normativos Pluriculturales.
 

Promotores de nuevos municipios exigen al Congreso instalar los gobiernos instituyentes

Los promotores de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, José Feliciano Molina, Felipe de la Cruz y Jaime Viviano hablan con los reporteros afuera de las instalaciones del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de los cuatro municipios de nueva creación protestaron en el Congreso local porque se acerca el vencimiento de la prórroga de 120 días que se estableció por el Congreso para la designación de los gobiernos instituyentes, y ahora se habla de una posible consulta para atender un amparo en proceso de resolución.
Del nuevo municipio afromexicano de San Nicolás, el promotor Felipe de la Cruz subrayó que los municipios creados hace un año con ocho meses, están llegando al límite de la tolerancia, porque a principios de abril termina el segundo plazo fijado para designar autoridades municipales, no hay avances y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, no ha respondido a dos solicitudes de audiencia.
Piden que los integrantes de la Jucopo les informen qué pasa con este proceso, porque el diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, declaró que podría caerse el decreto de creación de los nuevos municipios.
Explicó que, se enteraron hace casi dos años que los comisarios de las comunidades El Tamale, Punta Maldonado y El Faro, de San Nicolás, y de otros municipios, impugnaron el decreto de creación. Ahora, el Congreso argumenta que esa es la razón por la que se ha frenado la designación de los gobiernos instituyentes.
“Como parte afectada, exigimos que nos informen de estas demandas, porque es nuestro derecho también”.
Aseguró que los pueblos no tienen asignación de obras ni presupuestos, “porque los alcaldes de los municipios de los que se desprendieron se deslindan de nuestros pueblos”.
Del acuerdo aprobado por diputados para que los ayuntamientos de origen no excluyan de servicios y de obras a las comunidades de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, mientras se designan los ayuntamientos instituyentes, “ahí queda nada más, son dos años de los pueblos en la misma exigencia a las presidencias municipales, y no hay respuesta a los comisarios”.
Subrayó que los cuatro municipios han atendido todos los acuerdos y lineamientos aprobados por el Congreso para terminar la constitución de los ayuntamientos creados.
Incluso, hubo consultas de las comunidades, “que ahora argumentan que no fueron tales, sino que fueron encuestadas, pero salió del Congreso, no la inventamos nosotros, queremos que nos respeten la decisión que hemos tomado como pueblos originarios”.
Aclaró que siempre han privilegiado la línea del diálogo, “(pero) que no los obliguen a tomar otras medidas que no ayudan mucho al estado, en las condiciones en que está. Únicamente que nos informen, nos notifiquen de la responsable del retraso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Recordó que cuando la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación planteó la prórroga de 120 días para designar a los cabildos instituyentes, aceptaron la condición porque les aseguraron que se haría mucho antes del cierre del plazo, que ahora está a dos semanas de terminar.
“Van a violentar la Ley que aprobó el (mismo) Congreso, para los nuevos ayuntamientos, en el sentido de que antes de las elecciones constitucionales, los gobiernos instituyentes deben estar en funciones tres años como máximo, y uno mínimo”.
El promotor del Comité promotor de Las Vigas, Jaime Bibiano Pano, insistió en que a la brevedad instalen los gobiernos institucionales en cada uno de los nuevos municipios.
Aclaró que en Las Vigas no hay ciudadanos inconformes con la creación del municipio. Recriminó que la presidenta de la Jucopo nunca los ha recibido. Los ha atendido la presidenta de la Comisión, Alicia Zamora
El presidente del Comité de Santa Cruz del Rincón, Francisco Rodríguez Flores, aclaró que los pueblos están cansados de que el Congreso no cumpla sus acuerdos. Primero les dijeron que el primero de enero tomarían protesta los cabildos instituyentes, luego aprobaron la prórroga de 120 días que están por acabar. En tanto, las comunidades atendieron todos los requisitos administrativos que les requirieron.
Denunció que no hay falta de voluntad de los diputados para realizar los nombramientos.
Advirtió que los pueblos originarios tienen sus formas de organización para seguir exigiendo, y los diputados serán responsables de las acciones que realicen “para que la voluntad del pueblo se haga justicia”.
Sobre la equidad de género, los tres promoventes aseguraron que se respetaron las propuestas de mujeres en 50 por ciento, de acuerdo a la organización y el aval de las comunidades, “al pie de la letra de los puntos que señaló el Congreso”.
La manifestación comenzó a las 11 de la mañana. Luego se integran los promotores del municipio Ñuu Savi y se reunieron funcionarios de la Jucopo, del área Jurídica y de Servicios Parlamentarios.
Felipe dela Cruz indicó que ahí les informaron que el juzgado séptimo de Acapulco está por resolver el juicio de amparo contra el decreto de creación de los cuatro municipios. Les aseguraron que la designación del cabildo instituyente sí está avanzando, sólo esperan que la resolución del juez federal para atender también la decisión judicial.

 

Inhabilita la ASE a 77 servidores públicos; aplica además fincamiento de responsabilidad resarcitoria

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Auditoría Superior del Estado (ASE), tiene inhabilitados a un acumulado de 77 funcionarios municipales, entre presidentes y servidores públicos de distintos ayuntamientos, como parte del “procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”.
Además, un total de 554 servidores públicos, tanto del gobierno del estado, como de organismos públicos descentralizados y de ayuntamientos, están en la lista de los procedimientos “para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”, por irregularidades administrativas.
Ambas listas de los funcionarios sancionados están publicadas en la página de la ASE.
En el caso de los alcaldes y funcionarios municipales sancionados con la inhabilitación, se señala que los datos están actualizados al 18 de enero de este año, pero la mayoría son del trienio 2009-2012.
En la lista hay 22 ex presidentes municipales, 20 síndicos, 21 tesoreros, 12 directores de obras, un ex director general y un ex director de finanzas y administración.
Entre los ex alcaldes está el priista de Iguala Raúl Tovar Tavera, quien fungió en el periodo 2009-2012 y fue inhabilitado para ocupar cargos del 24 de enero del 2019 al 24 de enero del 2023.
También está sancionado y no podrá ocupar cargos el ex alcalde de Xochistlahuaca, Ignacio García Nicolás, quien fue alcalde en la administración 2009-2012, y su inhabilitación es por el periodo del 16 de agosto del 2019 al 16 de agosto del 2029.
En este caso también fueron inhabilitados por el mismo tiempo la ex síndica Hermelinda Merino Gómez; el ex tesorero Rómulo González Marín, y el ex director de Obras Atenógenes Genaro López.
Otro de los ex alcaldes inhabilitados es el también priista de Petatlán, José Albino Lacunza Santos, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012 y fue sancionado para no ocupar cargos públicos del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024. De su administración también fue inhabilitado por el mismo periodo quien fungió como su tesorero, Federico Galeana Noriega.
El ex alcalde priista Jesús Arriaga Flores de Zapotitlán Tablas, quien presidió el periodo 2009-2012, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024.
Zeferino Lorenzo de Jesús, quien fue alcalde del 2009 al 2012 en el municipio de Xalpatláhuac fue inhabilitado a partir del 18 de febrero 2021 al 18 de agosto del 2024.
Ignacio Paulino García Flores, ex alcalde de Pilcaya, igualmente en el trienio del 2009 al 2012, fue sancionado con el procedimiento de inhabilitación por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
Osvaldo Sócrates Salmerón Guerrero, ex presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, quien fungió en ese mismo periodo, fue inhabilitado del 9 de junio del 2021 al 9 de diciembre del 2024. Además, se aplicó el mismo procedimiento a su tesorero Gabriel Salvador Jiménez.
Asimismo, fue sancionado el ex alcalde de Teloloapan durante el trienio del 2009 al 2012, Marino Miranda Salgado. En su caso la sanción se aplicó por el tiempo del 8 de mayo del 2021 al 8 de noviembre del 2026.
El ex presidente municipal de San Marcos, Arturo Heredia Agatón, quien encabezó la administración municipal del 2009 al 2012, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
El ex alcalde perredista de Mártir de Cuilapan (Apango), José Guadalupe Rivera Ocampo, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
Julio César Salmerón Salazar, ex presidente municipal de Alcozauca de Guerrero fue sancionado por el periodo del 9 de marzo del 2021 al 9 de septiembre del 2024.
Asimismo, el ex alcalde de Atlamajalcingo del Monte en el trienio 2009-2012, Jorge Luís Espinobarros Galindo, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2026.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Hermelindo Gutiérrez Torreblanca del municipio de Cuautepec en el periodo del 2009-2012. La sanción en su contra se aplicó del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
A su vez, Jorge Luis Solchaga Martínez, ex alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca fue inhabilitado por el periodo del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
Asimismo, el ex alcalde panista de Tlalchapa, Lorenzo Galindo Mojica, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012, fue inhabilitado por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
En este caso, de acuerdo a una nota periodística publicada en El Sur el 21 de noviembre del 2013, el ex edil fue encarcelado acusado por el delito de fraude derivado de una denuncia presentada por una proveedora de materiales para construcción a la que le solicitó un crédito por aproximadamente dos millones de pesos antes de que terminara su administración, y no pagó. Actualmente se desconoce su situación jurídica derivado de ese proceso.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Eustorgio Sánchez Beltrán del municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco) en el trienio del 2009-2012, fue inhabilitado del 18 de febrero del 2021 al 18 de febrero del 2024.
A su vez, Félix López González, ex alcalde de Iliatenco en ese mismo trienio, fue sancionado del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
En tanto que Gerardo Uribe Casimiro, ex edil de Buenavista de Cuéllar fue sancionado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
Además, el ex alcalde de Coahuayutla (2012-2015)
Gilberto Dorantes Basurto, fue inhabilitado del
18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2028.
En tanto que el ex alcalde de Leonardo Bravo (Chichihualco), Cándido Morales López, quien terminó el periodo 2015-2018, fue sancionado del 22 de enero del 2019 al 22 de enero del 2024.
La ASE no especifica en la información que hizo pública, las irregularidades y los montos por los que fueron sancionados los ex presidentes municipales.
Con respecto a la lista de las resoluciones emitidas en los “procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria” contra 554 funcionarios del gobierno estatal, organismos públicos descentralizados y ayuntamientos con fecha de actualización al 31 de diciembre del año pasado, no se dan a conocer los nombres ni los cargos.
Sólo se establece que esta cifra es un acumulado del 2014 al 31 de diciembre del 2022, pero los datos están actualizados sólo al 2020.
Se establece que en el 2020, se aplicaron 130 sanciones a funcionarios; en el 2019 fueron 42; en el 2018, 79; en el 2017, 72; en el 2016, 149; en el 2015, 58, y en el 2014, 24, pero se omiten detalles de las sanciones, nombres, cargos y de las áreas en las que laboraban.
Para efectos de precisar y ampliar la información, se solicitó una entrevista con el titular de la ASE, Marco César Paris Peralta, pero no fue posible. Se argumentó falta de tiempo del funcionario debido a que prepara su informe que rendirá próximamente al Congreso local.

 

La Fiscalía, la Ssa y la SSP acumulan 28 de las 58 recomendaciones de la Codehum

Daniel Velázquez

Durante el 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), emitió 58 recomendaciones a diversas autoridades del estado; las que más acumulan son la Fiscalía General del Estado con 12, la Secretaría de Salud con diez.
La lista de las recomendaciones emitidas este año está disponible en la página de internet de la Comisión, las cuales corresponden al periodo del primero de enero a diciembre de 2022.
Además del número de quejas que acumulan algunas dependencias del gobierno estatal también destaca el hecho de que este año varias recomendaciones van dirigidas a los ayuntamientos y al pleno del Tribunal de Concilia-ción y Arbitraje del Estado; en total son 12, las cuales se refiere al pago de laudos que adeudan los gobiernos municipales a trabajadores y funcionarios despedidos. Destacan los casos de Tixtla con tres y Acapulco con dos; Xalpa-tláhuac, San Luis Acatlán, Tlapa, Tecoanapa y Teloloapan tienen una, y una recomendación similar la Secretaría de Educación, la de Salud y la Comisión Técnica de Transportes.
De las 12 recomendaciones contra la Fiscalía estatal que dirige Sandra Luz Valdovinos, una es sobre un feminicidio ocurrido en diciembre de 2020, cuando una mujer solicitó ayuda en el Ministerio Público de Petatlán para auxiliar a su hija que le había dicho que su pareja la golpeaba, pero en la agencia no atendieron su llamado, y después a la señora le avisaron que su hija estaba muerta. Presentó la denuncia y posteriormente le dijeron que el expediente del caso estaba perdido y que se resignara a su pérdida.
De las diez para la Secretaría de Salud cuya titular es Aidé Ibarez, una es porque a un usuario le cobraron 12 mil pesos por una trasfusión de sangre que le hicieron a su esposa en el Hospital General de Taxco.
De las seis recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Evelio Méndez Gómez, una es por el caso de un vecino de Acapulco que fue golpeado y torturado por policías ministeriales porque lo confundieron con otro hombre, lo patearon, le echaron agua en la nariz y le preguntaban por armas, le robaron la cartera y un celular y cuando se dieron cuenta que lo habían confundido lo dejaron golpeado en el patio de su casa.
De las cinco para la Secretaría de Educación, una es porque una profesora del jardín de niños Rosaura Zapata de Chilpancingo le pidió a una alumna que ya no hablara en su lengua materna me’phaa (tlapaneco) sino que sólo usara el español.
De las cuatro para el Ayuntamiento de Acapulco una es por violación a la libertad de expresión a un reportero de Acapulco por parte del regidor de MC Genaro Vázquez Flores.
La Orquesta Filarmónica de Acapulco también tiene una debido a una queja presentada por un trabajador al que pretendían despedir.
Otra fue para el rector de la UAG Alfredo Romero Olea por las expresiones usadas contra quien se desempeñaba como coordinador de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la campaña electoral.
Otra recomendación es para el rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, Francisco Javier de la Cruz, por un tendedero que hicieron alumnas de esa institución en la que denunciaron ser victimas de acoso sexual por parte de maestros y alumnos.
Una más fue para la encargada de despacho de la dirección ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, Enedina Medrano Serrano, por no atender a una solicitud hecha por el Colectivo de Desplazados y Víctimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque desde 2021 solicitó que se les reconozca como víctimas pero no se les dio respuesta.
Otra fue para el secretario general del gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso, para que atienda la demanda del Colectivo de Desplazados y Victimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para que se les brinde seguridad para regresar a sus casas y se les reintegren sus pertenencias, pues tuvieron que salir de los Bienes Comunales por la policía comunitaria y civiles armados.
Otra recomendación fue dirigida a varias autoridades del estado, a los secretarios general del Gobierno, Ludwig Marcial; de Finanzas, Raymundo Segura Estrada; de Planeación René Vargas Pineda; la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el titular de Comité Técnico de la Caja de Previsión Ernesto Cuadros Gómez, debido a que un policía ministerial no se le ha hecho efectiva la recomendación médica de tener incapacidad médica total y permanente.
Otra fue para el Centro Estatal de Oftalmología debido a que un usuario recibió un mal diagnóstico por parte del médico que le atendió y perdió la visibilidad en su ojo izquierdo, y solicita que le reintegren los gastos médicos que erogó en un hospital particular a causa de la negligencia médica, pues se le vulneró su derecho a la salud.
Para Chilpancingo se emitieron dos recomendaciones, una por el contubernio que hay entre los agentes de tránsito y los transportistas para favorecerlos en los accidentes de tránsito y otra por una queja de amenazas de una trabajadora contra quien fue segundo síndico en el trienio anterior.
Otros municipios que también tienen recomendaciones de Derechos Humanos son Pilcaya, Tlapa, Tecoanapa y Florencio Villarreal (Cruz Grande).

 

 

Cierran 200 maestros del SUSPEG Finanzas en Acapulco; exigen una audiencia con el gobernador

Alrededor de 200 maestros de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) cerraron por dos horas las oficinas de Finanzas en Costa Azul, Acapulco, para exigir una audiencia con el gobierno del estado y ver diversas demandas, entre ellas, que les paguen la segunda parte del aguinaldo a los jubilados.
Desde las 8 de la mañana, los maestros llegaron a las escalinatas de las oficinas, ubicadas en la avenida Costera, para evitar que los trabajadores abrieran a las 9 de la mañana para brindar el servicio; los profesores estuvieron de manera tranquila en las escalinatas.
El secretario general del SUSPEG, Robespierre Moreno Benicio, informó que la protesta fue un acuerdo para exigir la descongelación de las plazas que dejan al jubilarse, pues antes eran más de 12 mil maestros estatales y ahora son 6 mil, por lo que el gobierno del estado lo que quiere es desaparecer a ese sindicato.
Moreno Benicio indicó que son varias las demandas que tienen los maestros activos y pensionados, pues en el caso de los primeros la queja es que al momento de jubilarse se congela la plaza y eso es preocupante, pues señaló que el jubilado vive de lo que cotiza el activo, “por lo que estamos condenados a desaparecer bajo esa mecánica. Queremos que el mecanismo se reactive, que se descongelen las plazas”.
Mientras que para los jubilados ya se está en febrero y “todavía se les sigue adeudando la segunda parte del aguinaldo y no es justo; además se incumple la ley, porque la 912 del ISSSPEG (Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero) señala que los compañeros que ya tienen edad de jubilarse y cuenten con un año más van a gozar de un bono a la permanencia. Está incumpliendo el gobierno también ahí”.
Añadió el dirigente que el crédito del plan flexible está parado y no se le está dando seguimiento. Que los nombramientos deben ser con base definitiva y esto no ha sido así.
Agregó que otro tema que iban abordar era el de la violencia, pues han asesinado a sus compañeros y “ahorita nos fregó (la violencia) en la Jardín, donde tienen una zona escolar, que es la 50, donde unas escuelas están trabajando y otras no, porque se complicó la parte de la violencia”.
El dirigente sindical adelantó que hoy se van a tomar los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, para presionar que éstos paguen al ISSSPEG, pues hay alrededor de 5 mil jubilados que no han recibido la segunda parte del aguinaldo.
Una comisión se movió a las oficinas de la Promotora Turística (Protur) para tener una reunión con César Flores Maldonado, asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores y el director del ISSSPEG, Jesús Urióstegui, donde se comprometieron a pagar el 25 por ciento del pago del aguinaldo de la segunda parte; sobre el pago a la permanencia habrá otra mesa de trabajo.

 

Aumentan ayuntamientos sus nóminas pero no pagan al ISSSPEG, señala el director

El director del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Jesús Manuel Urióstegui Alarcón informó que ha detectado que las nóminas en algunos Ayuntamientos han aumentado hasta 100 por ciento, pero argumentan que no tienen dinero para pagarle al instituto, lo que “es algo contradictorio”.
Dijo que el dinero que se les retiene a los trabajadores no llega al Instituto, “por lo que ya hay unas tres solicitudes de trabajadores que, por alguna circunstancia solicitan la devolución de su cuota, en casos de Ayuntamientos que no pagan, y vemos que sólo está el 10 por ciento que tiene el trabajador; lo que se hará es devolver el 10 por ciento y pedirle que solicite al Ayuntamiento que le devuelva la parte que no da al instituto”.
Se le preguntó qué pasa con las cuotas que retienen los Ayuntamientos a los trabajadores, y respondió que los Ayuntamientos más morosos –Chilpancingo, Taxco y Acapulco– retienen las cuotas, pero sus nóminas van aumentando hasta 100 por ciento, y argumentan que no tienen dinero, “mientras la nómina sigue creciendo y no tienen recursos se contradicen, y al ISSSPEG lo dejan a un lado”.
Expresó que se están dando alternativas a los Ayuntamientos para que generen un mandato al gobierno del estado, al área de Finanzas, para que se esté reteniendo la cuota de los trabajadores, y abonen al instituto.
Consultado en el Palacio de Gobierno, informó que el adeudo de los ayuntamientos es de 475 millones de pesos, y que de éstos, sólo Acapulco y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillados del Municipio de Acapulco deben 310 millones de pesos.

No necesita defensa un alcalde si hace buen trabajo, responde Huicochea a Leyva Mena

 

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, respondió al alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, que si un Ayuntamiento hace buen trabajo no necesita defenderse.
Vía telefónica, Huicochea Vázquez manifestó que él no entraría en polémica con otros partidos que critican a las administraciones municipales priístas y llamó a Leyva Mena a trabajar por la capital del estado.
El dirigente estatal indicó que no buscaba polemizar la declaración del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, quien le demandó defender a los alcaldes priístas ante críticas y señalamientos de integrantes del PRD y los empresarios de la capital del estado.
Afirmó que cada uno de los ayuntamientos hacen su mejor esfuerzo y a diferencia del alcalde de Chipancingo, no requieren defensores, “yo creo que los ayuntamientos priístas de Guerrero no necesitan que los defienda nadie, ellos tienen esa capacidad de poderse defender haciendo un buen trabajo”.
En conferencia de prensa el martes, Leyva Mena pidió a Huicochea Vázquez tener una presencia más solidaria con los alcaldes priístas, porque cuando él ocupó ese cargo en el partido no permitía agresiones a sus militantes.
El dirigente estatal respondió que eran diferentes condiciones, pero “de ninguna manera vamos a estar arriba del ring permanentemente, pero eso sí vamos a hacer valer los derechos de los militantes”.
Indicó que no ve mal que no responda reclamos de “no sé qué parte, creo que debo mejorar desde el punto de vista del alcalde, pero estamos siempre en el diálogo con él y con quien tengamos que hablar”.
Manifestó que en el caso del gobernador tampoco es necesario defenderlo, porque Héctor Astudillo Flores ejerce una buena administración, “la mejor manera de defenderse es trabajando, que es la forma que nos va evaluar en las elecciones”.
Calificó a Leyva Mena como un presidente que ha mantenido un buen ejercicio administrativo “yo creo que no necesita defensores, está haciendo bien su chamba, está haciendo un buen esfuerzo”.
Huicochea Vázquez dijo que tiene comunicación con el alcalde de Chilpancingo y con los presidentes municipales, tanto en los consejos como en los comités del partido.
Indicó que por parte de la dirigencia estatal supervisan que los ayuntamientos efectúen la cuenta pública, “estamos revisando los índices de eficiencia administrativa que tienen los gobiernos porque a mí sí me ocupa, para que cuando llegue la elección podamos tener correspondencia de la ciudadanía”.
Afirmó que cada uno de los presidentes priístas están en condiciones para defenderse y esa también es su responsabilidad, “los presidentes priístas no necesitan bules para nadar, así como yo. Yo me defiendo solo”.

Exhorta el Congreso a ocho ayuntamientos a actuar contra la violencia hacia las mujeres

 

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, para que realicen programas de sensibilización, capacitación y profesionalización dirigido a las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
El exhorto incluye también a la Secretaría de Salud (Ssa), a la que se pide aplicar las normas nacionales en la materia para la interrupción legal del embarazo en los casos que la ley lo permite, respetando siempre los derechos de quien requiera de una intervención de ese tipo.
Esos municipios son en los que organizaciones de mujeres agrupadas en la Alianza Feminista solicitaron al gobierno federal declarar la alerta por violencia de género, por concentrar el mayor número de mujeres asesinadas en todo el estado.
En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que lo antes posible designe al fiscal especializado en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, pues a cinco meses de su creación esa área sigue acéfala.
Además, los diputados locales aprobaron el calendario para las comparecencias de los titulares de las 20 secretarías que integran el gabinete estatal y que se desarrollarán la próxima semana para informar en comisiones el estado de la administración pública.
Este martes en la sesión ordinaria del Congreso, el diputado Silvano Blanco de Aquino, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de exhorto a los ayuntamientos de los ocho municipios en los que la Alianza Feminista solicitó declarar la alerta por violencia de género.
En la exposición de motivos el legislador dio un resumen del proceso que inició esa agrupación ante la federación para solicitar la alerta, petición que derivó en 10 recomendaciones dirigidas al gobierno del estado a fin de erradicar ese problema.
Recordó que en una de las recomendaciones, el grupo de especialistas que realizó un diagnóstico en Guerrero respecto a los feminicidios planteó al gobierno estatal realizar programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
“La sensibilización, capacitación y profesionalización deberá estar diseñada con un componente de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto”, expresó Silvano Blanco.
Por ello propuso exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, a emprender esos programas y atender cada una de las 10 recomendaciones hechas por el grupo de especialistas.
La propuesta incluye también a la Ssa para que dé cumplimiento a las normas jurídicas nacionales por las que esa dependencia está obligada a prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos permitidos por la ley, como una violación sexual, priorizando la protección a los derechos de las víctimas y facilitar información respecto a los posibles riesgos y consecuencias de ese procedimiento.
Otra instancia que se incluyó en el exhorto es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que de manera coordinada con la Ssa y la FGE orienten a las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

Piden titular para Fiscalía de Desaparición Forzada

Por separado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, pidió exhortar al fiscal Xavier Olea a fin de que designe cuanto antes al titular de la Fiscal Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En su exposición de motivos Mejía Berdeja mencionó que el tema de la desaparición forzada en Guerrero se ha convertido en una “tragedia involuntaria”, y aclaró que no sólo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues también hay organizaciones en Iguala, Chilapa y Acapulco que buscan a sus desaparecidos.
“La desaparición forzada es cometida por agentes del Estado o personeros de agentes del Estado y concreta una afrenta a la víctima, al entorno y a sus seres queridos, porque la falta de certeza sobre el paradero de la víctima se convierte en un dolor permanente e incurable”, expuso.
Recordó que para atender ese problema el Congreso local aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Explicó que desde el 10 de junio fue publicado en el Periódico Oficial la reforma que ordena la creación de esa fiscalía, sin embargo a cinco meses sigue acéfala; además dijo que no habría que esperar la presencia de organismos internacionales como la ONU para atender ese problema.
Pidió también que se acelere el dictamen por el que se plantea modificar la ley orgánica de la FGE a fin de que esté acorde con la legislación federal.
“Queremos además que sea un área que tenga los recursos para que pueda hacer su trabajo, no sólo que se cubra el expediente y no desarrolle su labor”, expresó.
Su iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

Aprueban calendario de comparecencias

En la sesión de este martes el pleno aprobó también el calendario de las comparecencias de los 20 titulares de las secretarías que integran el gabinete estatal, para la glosa y el análisis del informe sobre el estado que guarda la administración pública de Guerrero.
Según el acuerdo aprobado, los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública, Protección Civil, del Trabajo, Desarrollo Económico y de Turismo comparecerán en dos bloques el próximo lunes.
El martes lo harán los secretarios de Agricultura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Educación y Cultura, también en dos bloques. El jueves comparecerán los titulares de Salud, Desarrollo Social, de la Mujer y de la Juventud. Finalmente, el viernes lo harán los secretarios del Migrante, Asuntos Indígenas, Finanzas, Contraloría y Planeación.

Respalda Morena a comerciantes de Coyuca

En las intervenciones, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez subió a la tribuna para fijar su postura respecto a la situación que enfrentan comerciantes del Mercado Central Morelos, en Coyuca de Benítez, a quienes el gobierno municipal intenta desalojar tirando sus locales.
“Lo más grave de la violación de derechos humanos ocurre a partir de que las autoridades que supuestamente emanan del pueblo, son las que llevan a cabo estas violaciones de manera flagrante, a la luz de todos y de manera impune”, expresó la diputada en referencia al presidente municipal de Coyuca, el priista Javier Escobar Parra.
Aseguró que la acción del gobierno municipal atiende a intereses particulares y criticó que se hiciera uso “excesivo de la fuerza pública” para desalojar a los comerciantes a través de la demolición de sus establecimientos.
“Los comerciantes del mercado Morelos son gente trabajadora y humilde, que tienen familia y que su único sustento es la venta de sus productos y mercancías, de eso dependen el sustento y la educación de sus hijos, es lo único que tienen para vivir y no merecen ser perseguidos y golpeados como lo ha hecho su presidente municipal”, criticó.
Recordó que en campaña, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez se comprometió a representarlos, “¿qué hace ahora esta señora en la Cámara de Diputados por los comerciantes agraviados? No se va ni a parar a Coyuca, no le duele nada”.
Manifestó que el Congreso debe llamar a cuentas al alcalde de Coyuca de Benítez para que explique la situación del nuevo mercado municipal, al que se niegan a trasladarse los comerciantes afectados, y que justifique con documentos en qué se fundó para proceder en contra de los locatarios del Mercado Morelos.
Adelantó que en la próxima sesión presentará un punto de acuerdo para citar al alcalde ante el Congreso.
Al respecto también intervino el diputado Ricardo Mejía, quien informó que antes de la sesión se reunió con los comerciantes de Coyuca de Benítez, quienes le pidieron llevar el tema a la tribuna.
“Nosotros no queremos partidizar ni descalificar a la autoridad por su filiación política, lo que vemos es un problema social y económico, estos locatarios solicitan y están en su derecho de poderse dedicar al trabajo y hacer un oficio o comercio lícito para satisfacer sus necesidades, tienen décadas en estos locales y nos parece un despropósito que se les haya derrumbado”.
Dijo que la acción del gobierno municipal fue sin sustento jurídico y precedido por hechos extraños, como el incendio del mercado.
Por ello pidió al alcalde que agote la vía del diálogo con los comerciantes afectados y se respeten sus derechos humanos, pues consideró que no es un buen mensaje que ocurran hechos de ese tipo.
Mejía Berdeja comentó que solicitará a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, se reúna con ambas partes para encontrar una alternativa de solución.
El último en intervenir fue el priista César Landín Pineda, quien también reprobó las acciones del gobierno municipal en contra de los comerciantes, algunos con casi 40 años trabajando en el Mercado Morelos.
“Debemos estar en contra de situaciones de este tipo, pero a favor de la gobernabilidad. Nos integramos, conocemos el tema, conocemos a los comerciantes, entonces, repito, lamentable que estas situaciones sucedan, nos sumamos para buscar un camino que resuelva este problema y no se salga del camino”.
Al menos 15 comerciantes de Coyuca de Benítez estuvieron presentes en la sesión para escuchar las intervenciones de los diputados. Al salir de la sede del Legislativo, en el acceso principal colocaron unas lonas en las que expusieron su demanda sólo por breves minutos y después se retiraron.

Más de diez ayuntamientos pidieron adelanto de recursos para aguinaldos, informa Apreza

 

Más de diez ayuntamientos han solicitado el adelanto de participaciones al gobierno del estado para poder cumplir con el pago de aguinaldos para este fin de año, informó el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón.
Consultado al finalizar el izamiento a la bandera, el funcionario estatal contestó que más de diez ayuntamientos requerirán el apoyo del estado para concluir su periodo administrativo.
Sin entrar en detalles sobre cuáles ayuntamientos y cuáles son los montos solicitados, el funcionario aseguró que en ese momento no tenía el dato exacto sobre lo que requieren.
Se le preguntó si los que solicitaban recursos eran Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala o Tecpan, pero insistió en no recordar cuáles eran los que presentaron la solicitud.
También se le preguntó si habría cambios en los 51 mil millones de pesos que proyecta el gobierno de presupuesto para el 2017, a lo que contestó que el Ejecutivo respetará la iniciativa de decreto del Poder Legislativo.
“Son dos niveles, uno que tiene que ver con el presupuesto local que presentamos nosotros, y el otro que aprobará el Congreso de la Unión; la iniciativa que presento el Ejecutivo al Legislativo de Guerrero fue de 51 mil 150 millones”, agregó.
Dijo que el Poder Ejecutivo será respetuoso de lo que determine el Congreso en cuanto al presupuesto.
“Estaremos atentos a la aprobación de los próximos días que haga el Congreso de la Unión, sobre el presupuesto federal para el 2017”, dijo.
El secretario de Finanzas subrayó que se están haciendo los ajustes necesarios para que se pueda cumplir con los derechos salariales, por lo que se continúan los trabajos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.
“Evidentemente vamos a requerir el apoyo y vamos bastante avanzados, ¿de qué tamaño?, estamos viendo nos hacen falta los comportamientos de ingreso de noviembre y diciembre y de eso dependerá mucho el tamaño de apoyo de la Secretaría de Hacienda”, detalló.
Recordó que el gobierno del estado para poder pagar los salarios y aguinaldos de los más de 20 mil trabajadores requiere mil millones de pesos.