Una mujer, su hermano y su esposo que fueron privados de la libertad en Iguala, fueron hallados asesinados a balazos y golpeados en la entrada a la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar la mañana de ayer Foto: El Sur
Redacción
Chilpancingo
Una mujer y dos hombres, todos miembros de una familia privados de la libertad en Iguala, fueron asesinados a balazos la mañana de ayer en la entrada a la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar, y en tres hechos distintos ocurridos en la primera ciudad, dos choferes del transporte público fueron asesinados a balazos y un hombre más fue herido, mientras que otro taxista fue asesinado en Cerro Gordo, Ayutla.
La jornada de violencia de este miércoles en la región Norte inició alrededor de las 7 de la mañana con el hallazgo de dos hombres y una mujer asesinados a balazos en la cabeza y mal trato, en un terreno baldío a unos diez metros antes de llegar al arco de bienvenida en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar, muy cerca de la autopista Iguala-Cuernavaca.
Por la tarde, fuentes policiacas informaron que la mujer y uno de los hombres, identificados como Magaly y David, de 36 y 51 años, eran hermanos. Ella de ocupación ama de casa y él chofer de una Urvan del transporte público de Iguala, mientras que la otra víctima era el esposo de la mujer, identificado como Juan, de 47 años, de oficio albañil y originario del municipio de Apaxtla pero avecindado en Iguala.
Se informó que los tres fueron privados de la libertad el martes en Iguala alrededor de las 4 de la tarde, que fue cuando sus familiares perdieron comunicación con ellos.
Fuentes policiacas informaron que los tres tenían impactos de bala en la cabeza y en el tórax, además de moretones producidos por golpes. Junto a ellos fueron localizados diez casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Asimismo se informó el aseguramiento de una cartulina con un mensaje escrito que fue dejado entre las víctimas contra un presunto jefe de plaza identificado como Juan, La Mole, a quien le advierten “ya dejen de mandar gente a morirse metiendo droga al penal”.
Amagan además en contra de cualquiera que los siga apoyando, y mencionan a dos presuntos custodios del reclusorio de la comunidad de Tuxpan, Iguala, “a los custodios Dany y El Pollo, última advertencia, también taxistas que se presten a esto ya es su última advertencia, se les acabó la tolerancia”.
En Iguala asesinan a dos choferes del transporte público
La tarde de ayer en hechos distintos, dos choferes del transporte público fueron asesinados a balazos, presuntamente como una reacción de grupos del crimen organizado en contra de transportistas que participaron en las protestas realizadas en sábado con bloqueos en los accesos y salidas de Iguala, debido al operativo desplegado en Apaxtla por autoridades estatales y federales en el que ocho comunitarios del MAAC y Tlacotepec fueron detenidos.
A las 4 de la tarde se reportó un ataque a balazos contra un taxista en la calle Benito Juárez de la colonia Héroes del Sur en la zona noreste de la ciudad.
El chofer, identificado como Magdaleno, de unos 50 años, falleció por balazos en la cabeza en el asiento del conductor de un taxi Nissan Tsuru blanco con franja amarilla. El taxi fue hallado en la calle de terracería con la puerta trasera del lado del conductor abierta.
Otro hecho de violencia fue reportado alrededor de las 5:40 de la tarde, en el que un chofer de una camioneta Urvan de la ruta Iguala-Mayanalán (municipio de Tepecoacuilco), fue asesinado a balazos en la parada del transporte público del crucero de la comunidad de Rancho del Cura, Iguala.
La víctima quedó en el asiento del conductor de la Urvan que recibió tres impactos directos de frente que atravesaron el parabrisas. La camioneta quedó al lado de la parada, en el crucero de la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Chilpancingo y la carretera a Tepecoacuilco y Huitzuco.
El conductor fue identificado como Ricardo, de unos 35 años, y se informó que antes de huir, los homicidas dejaron colocada una cartulina en el parabrisas de la Urvan con un mensaje firmado por las iniciales FEF contra el presunto jefe de plaza del grupo La Bandera, Alexander Palacios, El Cholo.
Casi de forma simultánea en la calle Nevada de la colonia Chapultepec, en la zona poniente de la ciudad, ocurrió otro ataque a balazos contra un hombre que fue herido y que fue trasladado a un hospital por sus familiares. En el lugar, Policías Estatales solo localizaron ocho casquillos percutidos y manchas de sangre, pero no a la persona y testigos informaron que sus familiares se lo habían llevado en un vehículo particular.
En Ayutla
Un taxista asesinado a balazos en la cabeza, fue encontrado la mañana de ayer dentro de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad Cerro Gordo, en el municipio de Ayutla.
Fuentes policiacas informaron que a las 11:30 de la mañana recibieron el reporte que había una persona asesinada a balazos en este lugar. Policías estatales y ministeriales encontraron el cuerpo de un taxista dentro del vehículo con el número económico 16 de Ayutla.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y el cuerpo de la víctima identificado como Faustino fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Marquelia, para la necropsia de ley.
A Obtilia la desaparecieron cuando huía de Ayutla ante amenazas de muerte, denuncia la OPIM
El secretario de esa organización y esposo de la presidenta señala a la delincuencia organizada y a la UPOEG que quieren controlar las obras públicas del municipio, y la dirigente indígena como parte del Concejo Municipal Comunitario comenzó a revisar los expedientes. Últimamente se le retiraron las medidas de protección policiaca decretadas por la Coidh, denuncia. El sábado sufrió un primer intento de levantón, pero lo evadió su compañero Hilario Cornelio Castro, que la acompañaba y desapareció con ella el martes
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, confirmó la desaparición de su esposa, la presidenta de esa organización, Obtilia Eugenio Manuel. Declaró que la mañana del martes, ella venía huyendo de Ayutla rumbo a Chilpancingo porque las amenazas de muerte arreciaron en su contra desde el sábado.
Mientras tanto, otro miembro de la organización, aseguró que desde el sábado ya había sufrido un intento de levantón en Ayutla pero que evadió a sus agresores porque Hilario Cornelio Castro, quien últimamente la acompañaba para protegerla les hizo frente y lograron escaparse.
Cuauhtémoc Ramírez informó que la activista era acompañada la mañana del martes por Cornelio Castro, también integrante de la OPIM y perdió contacto con ellos en el trayecto de la carretera Tierra Colorada-Ocotito.
Denunció que Obtilia ya no contaba con las medidas cautelares porque tenía desconfianza a los elementos de seguridad debido a omisiones y fallas que habían encontrado. También denunció omisión y negligencia de las autoridades estatales a quienes recurrieron desde que Obtilia comenzó a recibir amenazas de muerte en noviembre pasado pero nunca les hicieron caso.
El dirigente de la OPIM declaró que las amenazas venían de la delincuencia organizada y de gente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) porque querían controlar las obras del municipio de Ayutla, pues Obtilia forma parte de la comisión de obras del Cencejo Municipal Comunitario de ese municipio.
Entrevistado vía telefónica, Cuauhtémoc Ramírez, exigió la presentación con vida de su esposa, de quien dijo que había recibido amenazas de muerte desde el sábado, el domingo y el lunes.
“Le estuvieron marcando a su teléfono y le mandaron mensajes, diciéndole que la iban a matar porque no sabía en qué se había metido”.
Explicó que el móvil de las amenazas son las obras del Ayuntamiento porque Obtilia es la encargada de las obras como parte del Concejo Municipal Comunitario, “revisaron los expedientes y de ahí empezaron las amenazas. Son gente del narco la que está metida en las obras, y gente de la UPOEG”, denunció.
Cuauhtémoc Ramírez denunció que frente a estas amenazas y el riesgo en que se encontraba Obtilia fallaron las medidas cautelares “la Policía estatal no hizo bien su trabajo, porque desde noviembre pasado recibió amenazas estando la policía ahí y no hizo nada”.
Recordó que entonces presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, “y tampoco hicieron nada”. Dijo que después presentaron un escrito a quien era el encargado de Seguridad Pública estatal “para pedirle que nos reuniéramosos y revisáramos todas las medidas y no hicieron nada”.
El dirigente de la OPIM se quejó de que a pesar de que las medidas cautelares eran de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la respuesta de los gobiernos estatal y federal siempre fue omisa y tardía.
Explicó que por eso la mañana del martes cuando huía de Ayutla rumbo a Chilpancingo, ya no traía resguardo policiaco por la desconfianza que ya había hacia la Policía estatal que a pesar de las amenazas ya no le brindaba protección.
“Ya no confiábamos en ellos desde lo que pasó en noviembre, y porque la misma gente de la UPOEG estaba presionando; decía que por qué cargaba policías, que de qué privilegios goza, que el que nada debe nada teme, pura mierda de esa estaban tirando”.
Informó que el lunes ya se venía a Chilpancingo porque las amenazas empezaron el sábado.
“De Ayutla se venía a Chilpancingo porque ya estaban fuertes las amenazas. Después, en Chilpancingo íbamos a decidir qué hacer”, contó.
Otro integrante de la misma organización informó que el sábado hubo un primer intento de levantar a la activista frente a la tienda de autoservicio Aurrerá de Ayutla, pero que esa vez Hilario Cornelio Castro, quien últimamente siempre la acompañaba para protegerla, armado les hizo frente y los agresores huyeron.
Desde ese día, la activista comenzó a sentirse insegura en esa cabecera municipal pero no podía salir por el riesgo, hasta que la mañana del martes decidió abandonar esa cabecera municipal y trasladarse a Chilpancingo, pero en el trayecto desapareció.
El último contacto que tuvieron sus familiares con Obtilia e Hilario fue a las 7 con 20 minutos de la mañana del martes. A esa hora, Obtilia se comunicó vía telefónica desde Tierra Colorada con Cuauhtémoc Ramírez quien se encontraba en Chilpancingo.
Los familiares y miembros de esta organización creen que Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio pudieron haber sido privados de su libertad en el trayecto de Tierra Colorada a El Ocotito, debido a que habían convenido que cuando pasara Ocotito se volvería a comunicar otra vez y ya no lo hizo.
Por la tarde de ayer, Cuauhtémoc Ramírez, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia por la desaparición forzada de Obtilia e Hilario.
Obtilia Eugenio Manuel es fundadora de la OPIM junto con su esposo Cuauhtémoc Ramírez, y es también integrante de la Comisión de Justicia del Consejo Municipal de Ayutla, el órgano de gobierno municipal que por primera vez fue electo por usos y costumbres de los pueblos indígenas en ese municipio.
Obtilia y su organización acompañó en su lucha a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas sexualmente por soldados del Ejército en 2002 y derivado de ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria al Estado mexicano.
La activista contaba desde el 2009 con medidas cautelares que dictó la Coidh al gobierno mexicano por las amenazas que había venido sufriendo por su defensa a favor de las agresiones que han sufrido indígenas de esa zona.
Por tierra y aire y mostrando sus fotos casa por casa buscan policías del estado a Obtilia e Hilario
Rechaza el gobierno responsabilidad en la desaparición de los dirigentes
Anarsis Pacheco Pólito
Un policía estatal muestra la fotografía a un transeúnte. La imagen fue difundida por el gobierno estatal, que afirma que esa actividad comenzó en el área en que desaparecieron los dirigentes de la OPIM, entre Ayutla El Ocotito, y en la noche dijo que se extendió a todas las regiones del estado – Foto: El Sur
Chilpancingo
El gobierno del estado en un comunicado se deslindó de responsabilidad en la desaparición de los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel y su compañero Hilario Cornelio Castro, justificando que durante el año pasado le entregaron el premio al mérito Civil Indígena Cuauhtémoc.
“El gobierno del estado rechaza cualquier vinculación como responsable de estos lamentables hechos, por el contrario el 27 de octubre del 2018 en el acto conmemorativo del Aniversario del Estado de Guerrero, reconoció la trayectoria de Obtilia Eugenio Manuel como Defensora de Derechos Humanos”, se lee en el documento.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia se encargó de difundir el comunicado que redactó la Secretaría General de Gobierno, en el que se asegura que desde el martes se activaron los protocolos de búsqueda y localización por cielo y tierra, en el área entre El Ocotito y Tierra Colorada, de donde salieron las últimas comunicaciones de ellos el martes.
A pesar de que se dio a conocer que este martes a las 7:40 de la mañana habían desaparecido los líderes de la OPIM, en el comunicado no se especifica la hora en la que se iniciaron estos protocolos, pero si se acompaña de una serie de imágenes en las que se muestra a policías repartiendo volantes con la fotografía de Obtilia Eugenio.
Se explica que trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno se trasladaron “vía área” hacia el último punto donde se tuvo señal en uno de los teléfonos celulares que portaba una de las víctimas y en ese lugar desplegaron las “fuerzas policiales” de manera terrestre.
De manera paralela se informó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz sobre la situación que se atravesaba.
En el comunicado se da a conocer que el gobernador Héctor Astudillo Flores recibió en audiencia al esposo de la defensora de los derechos humanos, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez a quien le hizo “saber” su interés por la pronta localización de Obtilia Eugenio.
El comunicado termina reiterando que el gobierno del estado tiene el compromiso de proteger y salvaguardar los derechos humanos, así como de hacer uso de todos los medios y herramientas legales y oportunidades encaminadas a la pronta localización de la defensora de derechos humanos.
Por la mañana en Casa Guerrero, el Fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos intentó evitar declarar sobre el tema, pero ante la insistencia informó que se montó un operativo de búsqueda desde Ayutla hasta el Ocotito y que ninguno de los familiares de la defensora había presentado denuncia.
La vocería difundió imágenes en las que aparecen policías del estado entregando volantes con la imagen de Obtilia e Hilari.
Esta actividad iniciada por el gobierno de Héctor Astudillo Flores se parece a la que montó el gobernador Ángel Aguirre Rivero el 2 de octubre 2014 , donde movilizó a mil 650 burócratas a la ciudades de Iguala y Taxco para que casa por casa preguntaran por los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos tras el ataque de policías y sicarios, días después el gobernador perredista se separó del cargo.
Búsqueda en todas las regiones
En la noche, en un comunicado el gobierno informó que el operativo de búsqueda se extendió a todas las regiones del estado de Guerrero.
“La búsqueda y localización de la señora Obtilia Eugenio Manuel y del señor Hilario Cornelio Castro abarca todas carreteras del estado, en la Autopista del Sol (Acapulco-Cuernavaca) en recorridos por tierra y así como brechas de terracería y zonas conurbadas de los municipios en todas las regiones de Guerrero
Dice que en los reconocimientos se pegan volantes en lugares públicos, con la fotografía de Obtilia Eugenio Manuel, a fin de dar con su paradero.
Exigen la ONU-DH y ONG al gobierno federal y estatal la búsqueda y presentación de Obtilia
Recuerdan la labor de la dirigente de la OPIM en la defensa de las mujeres violadas por militares, de los indígenas sometidos a esterilización forzada y de otras víctimas en Ayutla. Piden también castigo a los autores materiales e intelectuales
El 7 de junio de 2012 en El Charco, Ayutla de los Libres, el obispo de Saltillo Rau?l Vera saluda a Obtilia Eugenio en la ceremonia por 14 años de la masacre de 11 indígenas de esa región -Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes/ Lourdes Chávez/Alejandro Guerrero y Francisco Magaña
Chilpancingo/Iguala/Atoyac
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), decenas de organizaciones sociales y no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos del país, así como la senadora Nestora Salgado García, condenaron la desaparición de la dirigente indígena de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel, y exigieron a los gobiernos federal y estatal su búsqueda inmediata y presentación con vida.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno de Guerrero y a la Fiscalía General del Estado, a efecto de realizar las acciones conducentes para la búsqueda y localización de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM).
La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades del estado de Guerrero para reforzar las labores de búsqueda y esclarecer el paradero de las personas defensoras indígenas de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, desaparecidas el día 12 de febrero en Guerrero.
“Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro son integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM). La organización ha desarrollado una importante labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Guerrero, particularmente en casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas me’phaa, como la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998 o el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres me’phaa víctimas de tortura sexual cometida en su contra por miembros del Ejército mexicano en 2002, que cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)”, dice la ONU-DH.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, resaltó que “la OPIM es un referente histórico en la defensa de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Han acompañado casos de transcendencia no sólo nacional sino regional, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Debido a ello, a lo largo de su trayectoria han sido víctimas de varios ataques”, dijo en su comunicado el organismo internacional.
Concluye: “La ONU-DH se une a los llamados de los familiares y colegas de Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro en relación con la urgencia de la búsqueda y el esclarecimiento del paradero de las personas defensoras”.
En tanto, la CNDH solicitó al gobierno que se realicen las gestiones necesarias para la búsqueda y localización de Obtilia Eugenio Manuel y su compañero activista Hilario Cornelio Castro y se efectúe la investigación ministerial de su desaparición tomando en cuenta su labor de activismo e informando en todo momento a sus familiares de los avances y resultados obtenidos.
También se solicitó salvaguardar la seguridad e integridad personal de los demás integrantes de la OPIM, así como de las familias de la señora Eugenio Manuel y de su compañero Hilario Cornelio Castro, “brindándoles la contención emocional que corresponda”.
En el comunicado se informa que el presidente de la CNDH y el gobernador Héctor Astudillo sostuvieron una conversación vía telefónica en la que el ombudsman le solicitó su intervención para la localización de los dos defensores desparecidos.
A su vez, la senadora por Morena, Nestora Salgado García, denunció que desde 2002, la dirigente de la OPIM, e integrante del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel, ha recibido amenazas de muerte, por las que tenía medidas cautelares de protección, que no evitaron su desaparición.
En un comunicado, la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y ex presa política se sumó a la exigencia de organizaciones y organismos civiles de derechos por la presentación con vida de la defensora, privada de su libertad junto con el también activista de derechos humanos, Hilario Cornelio Castro.
Añadió que la desaparición de los activistas, ocurre en el contexto de violencia generalizada en el estado, que incluye agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas en Guerrero y el país.
Salgado García urgió a que el gobierno del estado agilice la búsqueda de la defensora y su compañero, y se garantice su integridad física y sicológica.
También la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió al gobierno de Guerrero la inmediata presentación con vida de Obtilia Eugenio.
“Repudiamos el hecho y responsabilizamos al gobierno de Héctor Astudillo Flores de cualquier daño a la integridad física y sicológica de nuestra compañera, quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamiento y amenazas de muerte”, dice el escrito.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red integrada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la república, así como por familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, reprobó “de manera enérgica”, la desaparición de la defensora Obtilia Eugenio Manuel.
Recordó que junto con el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero, Obtilia Eugenio Manuel respaldó en 2016, la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Guerrero, la cual fue declarada en junio de 2017 a ocho municipios entre ellos, Ayutla, municipio de donde la defensora es originaria.
“Este hecho lamentable evidencia la violencia feminicida que viven las mujeres y defensoras en el estado de Guerrero, pues cabe recordar que desde el 7 de diciembre de 2011, Eva Alarcón y Marcial Bautista, coordinadora y presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán se encuentran desaparecidos, sin que haya avances significativos para conocer su paradero”, dice el pronunciamiento.
Ante ello, el Observatorio exigió al gobierno estatal y al Gobierno Federal, que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas realicen todas las acciones necesarias para encontrar con vida a la defensora y Hilario Cornelio Castro.
También demanda que se inicien las investigaciones necesarias para identificar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición de los defensores comunitarios y que se implementen de manera inmediata y efectiva las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de Guerrero.
Por su parte, le la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que encabeza el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, exigió a los gobiernos estatal y federal que tomen las medidas necesarias para la aparición con vida de la defensora y su acompañante Hilario Cornelio Castro.
También demandó a las autoridades competentes una efectiva investigación que conduzca a la aparición con vida de la defensora y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
Otro organismo que condenó la desaparición de la activista, fue el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “nos sumamos a la exigencia de las organizaciones civiles y sociales para que las autoridades del Estado realicen los trabajos de búsqueda de manera inmediata, oportuna, transparente y con base a información útil y científica para lograr su presentación con vida”, pide el organismo guerrerense en su escrito.
Recuerda que Obtilia Eugenio Manuel, originaria de Barranca Guadalupe, municipio de Ayutla, desde muy joven denunció los atropellos cometidos por el Ejército en la región de Ayutla, “y acompañó a Valentina Rosendo e Inés Fernández en su exigencia de justicia ante la tortura sexual perpetrada por elementos del ejército en el 2002”.
“Debido al riesgo que enfrentaba la defensora Obtilia, optó por mantener una seguridad discreta, depositando su confianza en personas de la comunidad. En el día de su desaparición, iba acompañada por el señor Hilario Cornelio Castro, de quien también se desconoce su paradero”, refiere Tlachinollan.
Tlachinollan exige a los gobiernos federal y estatal que se realicen las acciones de búsqueda efectiva e inmediata, desplazando las fuerzas de seguridad del Estado, para su localización y presentación con vida de la defensora Obtilia Eugenio Manuel y el señor Hilario Cornelio Castro.
Asimismo, que se dé cumplimiento cabal a las medidas provisionales otorgadas por la Coidh desde el 2009, y que se garantice una investigación exhaustiva que dé con el paradero de los responsables de su desaparición y cese la violencia contra las defensoras y defensores comunitarios de Guerrero.
También el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ordene un operativo de alto nivel para encontrar con vida a nuestra compañera. “Consideramos que en el país de la Cuarta Transformación este tipo de hechos no deben ocurrir”, condena la agrupación en su escrito.
De manera conjunta también se manifestaron el Molppeg, la CRAC-PC de Cacahuatepec, Tecoanapa, Huamuxtitlán-Olinalá y Dos Ríos; el Cecop, Frente Popular de la Montaña, OPIG, Colectivo El Grito, CETEG Región Montaña, Colectivo Zapata Vive, Sobrevivientes del caso Iguala y Familiares de presos políticos, Centro de Formación Política Juan R. Escudero, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad,
YoSoy132 Nueva York, Colectivo Ayotzinapa NY, Iniciativa Tlappan y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
“Hoy más que nunca exigimos al gobierno estatal que cese el ataque contra nuestras compañeras y compañeros, que respete la autonomía de los pueblos indígenas, que deje de instruir a algunos dirigentes de organizaciones sociales para que persigan a defensoras y defensores del medio ambiente, de los pueblos originarios y de los derechos humanos en general”, demandaron estas agrupaciones.
También demandaron la intervención del gobierno federal para que exhorte al gobierno del estado a que presente con vida a Obtilia Eugenio Manuel.
Por separado, la activista Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda del asesinado dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, se sumó a la exigencia al gobernador
Héctor Astudillo Flores para que se garantice la seguridad y la presentación con vida de los activistas Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro.
También la dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa en la región de la Costa Grande, Clemencia Guevara Tejedor exigió a las autoridades federales y estatales la presentación con vida de la activista indígena.
Participará en la búsqueda de Obtilia e Hilario, anuncia el FUSDEG de Tierra Colorada
El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que opera en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) informó que su Policía Comunitaria, se sumó a la búsqueda de la defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida con su compañero Hilario Cornelio Castro la mañana del martes.
En un boletín de prensa el órgano de seguridad comunitaria indicó que la desaparición de los activistas de la Organización del Pueblo Indígenas Me’ phaa (OPIM) fueron “en circunstancias aún no aclaradas”, se deslindó de los hechos ocurridos cerca de su territorio de influencia y externó una “enérgica” protesta.
En el escrito breve emitido anoche la dirigencia del Frente condenó la desaparición de la activista, quien además es una autoridad del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres que gobierna el primer municipio en Guerrero que formalmente se rige por usos y costumbres.
Se deslinda de la desaparición y anuncia su disposición para colaborar la localización de los dos.
De la búsqueda dijo que los policías comunitarios pondrán todo su empeño para encontrar a Obtilia Eugenio y a Hilario Cornelio, a quienes familiares y el gobierno estatal ubican por última vez en el tramo Tierra Colorada-El Ocotito.
El organismo de seguridad se unió a la búsqueda del gobierno del estado, que de manera oficial estuvo informando el vocero Roberto Álvarez Heredia en redes sociales.
El FUSDEG precisa que a los promotores del desarrollo comunitario les preocupa la desaparición de la defensora y el dirigente de la OPIM, “y merece nuestra más enérgica protesta”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Hace la Codehum un “llamado enérgico” a las autoridades para hallar a los 2 líderes
Redacción
Chilpancingo
La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) lanzó un “llamado enérgico” a las autoridades para que de manera inmediata sea localizada la defensora indígena Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
En un comunicado el presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno solicitó que se lleven a cabo las investigaciones necesarias que conduzcan a una efectiva localización con vida de Obtilia y de su acompañante Hilario Cornelio Castro, quienes desaparecieron este martes en la carretera federal de Tierra Colorada a El Ocotito, rumbo a Chilpancingo.
Además informó que se abrió el expediente VG/1/009/2019-III por la desaparición de ambas personas, se emitieron medidas cautelares dirigidas a la Fiscalía Especializada para Desaparición de Personas, entre otras autoridades, solicitando la implementación de acciones oportunas que coadyuven en la localización de ambos activistas.
Agrega que los visitadores generales, Policarpo Gatica Ramírez y Román Jaimez Contreras y más personal de la Codehum participan en las acciones de búsqueda.
La comisión estatal dice que dará puntual seguimiento al caso, brindando el acompañamiento necesario “desde el ámbito de nuestra competencia hasta esclarecer lo sucedido”.
Además lamenta lo acontecido a la defensora, quien actualmente forma parte del Concejo Municipal de Ayutla y quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamientos y amenazas en su contra.
Presenta el Concejo de Ayutla una denuncia en la FGE por la desaparición de Obtilia Eugenio
Ayer en la noche el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres presentó una denuncia penal por la desaparición de la integrante del órgano de gobierno, la defensora de derechos humanos indígena Obtilia Eugenio Manuel, ante la Fiscalía General del Estado.
Una fuente cercana del gobierno indicó que a las 12 de la noche estaban concluyendo el trámite en las oficinas de la FGE en Chilpancingo, mediante la sindicatura de Seguridad Pública, aunque el caso ya fue denunciado por sus familiares ante la Fiscalía General de la República. (Redacción).
Pide diputada del PRD a gobiernos federal y estatal la búsqueda de Obtilia Eugenio
Recuerda Perla Edith Martínez que la activista indígena había recibido amenazas de muerte desde noviembre. Impide Morena en el Congreso exhorto directo a AMLO para atender el caso de las estancias infantiles
Rosalba Ramírez
Chilpancingo
La diputada local del PRD, Perla Edith Martínez Ríos, exigió a los gobiernos federal y estatal establecer los mecanismos necesarios para dar con el paradero de la activista indígena Obtilia Eugenio Manuel, miembro del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres y de la Organización de los Pueblos Indígenas Me Phaa (OPIM).
Después de su intervención por el día de la Mujer Mexicana, la diputada recordó en tribuna que la activista indígena está desaparecida desde la mañana del martes y que se perdió comunicación con ella en el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito.
“Esta activista había recibido amenazas de muerte desde el pasado mes de noviembre”, informó.
La noche del martes el padre Alejandro Solalinde denunció la desaparición de la activista y su acompañante la mañana de ese día.
La protesta
Durante la sesión del Congreso se aprobó por unanimidad el exhorto de la diputada priista Aracely Alvarado González al gobierno federal para que clarifique el diagnóstico del Programa Nacional de Estancias Infantiles, “y si del análisis realizado resultan irregularidades, que se aplique todo el rigor de la ley a los responsables”.
El exhorto original era al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se modificó a a propuesta de la diputada de Morena Nilsan Hilario Mendoza para que se hiciera directamente a la titular de la Secretaría de Bienestar, “manteniendo y fortaleciendo la operatividad del programa para cumplir con la función.
Cuando llegó el turno de que el exhorto se leyera en el pleno, las responsables de estancias infantiles que hasta el año pasado eran subsidiadas por el gobierno federal irrumpieron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del estado para exigir que el programa continúe.
Las responsables de las estancias infantiles fueron dirigidas hasta afuera de la sala José Francisco Ruiz Massieu (donde sesiona la comisión permanente) por la diputada panista Guadalupe González Suástegui.
Cuando las manifestantes cruzaron el cerco de seguridad, lo hicieron poniendo por delante a una de las responsables que está embarazada, de esa manera pretendían que los guardias no las detuvieran. Sin embargo, no las dejaron ingresar.
La diputada panista después tuvo que salir para pedirles a las manifestantes que no entraran protestando a la sala porque impedirían que se leyeran las propuestas de exhorto y se podría suspender la sesión.
Finalmente al pleno entraron siete responsables de estancias, que reviraban lo que los diputados de Morena mencionaban de la corrupción en la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el programa de estancias.
En la discusión, Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, les dijo que esperaran a que se publicaran las reglas de operación a finales de febrero, porque podrían darse cambios y sugirió que los diputados que ahora apoyan a las responsables de las estancias lo hacen de forma hipócrita.
Por su parte Araceli Alvarado criticó que en otras entidades los delegados federales están coadyuvando en el problema e interviniendo para que el apoyo no sea retirado, pero en Guerrero Pablo Amílcar Sandoval no está interesado en el tema.
El perredista Bernardo Ortega Jiménez dijo que las protestas son culpa del gobierno federal que ha dado “bandazos un día dice una cosa y después otra. El dijo que iban a desaparecer de manera gradual”.
Ortega Jiménez afirmó que no subía a tribuna de forma hipócrita, si no que él conoce y le ha dado seguimiento a las estancias y afirmó que “nos engañaron”, en referencia al gobierno federal. Finalmente pidió “no descalificar mejor fortalecerlas”.
Mientras que el priista Cervando Ayala Rodríguez pidió “no satanizar los programas que se crearon con mucha nobleza. No podemos estar generando encono ni ofendernos ante reclamos justos”.
La panista presentó una propuesta de exhorto de urgente y obvia resolución a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para que realicen las acciones necesarias para dotar de mayor suficiencia presupuestaria en el Presupuesto Modificado para el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras durante el ejercicio fiscal 2019 y evitar su desaparición, que fue aprobado.
Los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro habrían sido levantados la mañana de ayer martes en la carretera de Tierra Colorada a El Ocotito, según denunció en su cuenta de Twitter el sacerdote Alejandro Solalinde.
Denunció a las 10 de la noche que los activistas se encontraban desaparecidos desde las 7:40 de la mañana, e hizo un llamado a las autoridades para su localización y presentación con vida.
En un primer mensaje el padre Solalinde escribió: “La activista Obtilia Eugenio Manuel y el compañero Hilario Cornelio Castro fueron levantados hoy, a las 7:40 de la mañana en el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito rumbo a Chilpancingo. Ambos son de la Organización de Pueblos Indígenas Me Phaa. Los queremos vivos. ¡ya!”.
Minutos después subió a su cuenta otro mensaje: “Hago un llamado urgente a las autoridades correspondientes para buscar de inmediato a los activistas Obtilia Eugenio Manuel y a Hilario Cornelio Castro, fueron levantados hoy. Son de la Organización de Pueblos Indígenas Me Phaa de Ayutla de los Libres. Ya antes habían sido amenazados”.
Hasta la media noche las autoridades y la dirigencia de la agrupación indígena no habían confirmado oficialmente la desaparición de Obtilia e Hilario, quienes la mañana de ayer se dirigían de Ayutla a Chilpancingo.
En noviembre pasado Obtilia Eugenio denunció amenazas de muerte vía telefónica en contra de ella y de dos integrantes del Concejo Municipal de Ayutla, del que ella forma parte como integrante de la Comisión de Justicia.
Esa vez denunció a El Sur que desconocidos la amenazaron vía telefónica.
Le dijeron que la tenían vigilada y le exigieron que le entregara a dos integrantes del Concejo Municipal.
Desde 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares para la líder indígena debido a las constantes amenazas que había recibido, derivado de sus denuncias por las violaciones de soldados del Ejército contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en febrero y marzo de 2002, en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec. (Redacción).
Efrén Cortés, sobreviviente de la masacre de El Charco, en la entrevista con El Sur, en la Alameda Central de Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro
Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
Efrén Cortés sabe que después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar y analizar la masacre ejecutada por elementos del Ejército Mexicano en El Charco –donde fueron asesinados 10 indígenas na savi y un estudiante universitario–, la discusión no se centrará en si existían o no en la zona grupos armados organizados, sino en que los militares cometieron tortura y ejecuciones extrajudiciales.
El 7 de junio de 1998 en la comunidad El Charco, ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, militares irrumpieron violentamente y además de matar a 11 personas, causaron lesiones a cinco más y detuvieron a 22 pobladores, que fueron torturados. Por eso Cortés, sobreviviente del atentado, celebra ahora que la CIDH aceptara llevar el caso.
“No se trata de debatir si había guerrilla. Ya se dijo que sí”, dice en entrevista con El Sur.
Sentado en la Alameda Central, a un costado del Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, Efrén considera que la admisibilidad del caso por parte de la comisión “es un avance, porque se reconoce que pudo haber violaciones a los derechos humanos, pues hubo ejecuciones, tortura, niños detenidos”.
“El análisis es muy importante por dos cosas: porque el Ejército intervino y hay una cantidad grande de violaciones de parte del Estado Mexicano respecto a convenios internacionales que se ha comprometido a respetar, como los derechos humanos. La CIDH presume que eso no se hizo”.
Ese es un avance, enfatiza, “es el 50 por ciento de esta lucha”, que comenzó hace seis años.
“Lo que demandamos al Estado mexicano es que a nosotros nos consta que sí hubo ejecuciones extrajudiciales y tortura. La justicia ya nos juzgó por delito de rebelión, conspiración y portación de armas. Eso no demandamos –explica Cortés–. A los compañeros rendidos, desarmados, el Ejército los masacró, y nosotros fuimos torturados. Esa es la demanda ante la CIDH. Es lo que se debe de investigar”.
El Estado mexicano, recuerda, determinó entonces que la masacre fue producto de un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército.
Son procesos tardados, reconoce Cortés, “así es la justicia internacional, pues la comisión recibe todas las demandas del continente, pero que la CIDH acepte el caso es un avance porque las fuerzas armadas, el Ejército, hizo esa masacre con total impunidad. Cuando sucedió, los jueces de distrito de Acapulco hacían lo que los ministerios públicos militares les decían. A nosotros nos consignó el MP militar”.
“Sin justicia no hay paz”
Víctima de tortura, Efrén Cortés también estuvo cuatro años preso, un año en Acapulco y tres en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco. En dos procesos, fue juzgado por portación de armas, terrorismo, asociación delictuosa, rebelión, conspiración e incitación a la rebelión, al igual que la entonces estudiante Erika Zamora Pardo, quien estuvo en la cárcel el mismo periodo que Cortés, a diferencia de otros compañeros, absueltos año y medio después de la matanza.
“Faltan unos dos años más para que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay argumentos sólidos de ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Ejército tiene que reconocer que se violaron derechos humanos de manera grave”, destaca Cortés.
Originario de Cruz Grande, en la Costa Chica, menciona que antes de que sucediera la masacre se discutían dos cosas en El Charco: si se declaraba autónomo Ayutla de los Libres y cómo desarrollar una sustentabilidad productiva.
“Ahí es zona indígena, y eran acciones frente a la militarización y violencia que se sufría. Había presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), sí, porque la masacre se dio dentro de un contexto político. El Ejército Mexicano sabía que esas comunidades podían tener vínculos con grupos armados, por eso hizo lo que hizo.
“Muchos compañeros que estaban heridos de no gravedad, aparecieron muertos. La demanda es que se repare el daño y no sólo material, sino social, a las comunidades, a la región, a las víctimas. Los hijos de los masacrados estaban chicos, el Estado tiene la obligación de repararles el daño. Los conozco y hoy tienen 23, 25, 28 años. Es reparación de la región, de las comunidades, y hasta reparación individual.
Como sobreviviente, insiste, lo más importante es la ejecución de la justicia: “Si no hay justicia no hay paz, reconciliación, sigue la impunidad. Si el Estado, en vez de juzgar, asesina, entonces violenta. Pedimos a la comisión que investigue eso”.
Pobreza sistémica
Cuando ocurrió la matanza, Efrén Cortés tenía un compromiso organizativo con esa región. Se involucró en movimientos sociales desde los 15 años –hoy tiene 50– porque desde pequeño se percató del atraso en todos los sentidos que se padecía en la zona. En Cruz Grande, un poblado de unos 5 mil habitantes, las personas morían de polio o sarampión.
“Lo vi a los 9 años. Por ejemplo, en Ayutla, en el momento de la masacre, no había luz ni caminos, era mucho atraso y racismo por parte de la gente mestiza. Vi a niños morir por problemas respiratorios. La pobreza es sistémica. Eso llevó a la organización y es una zona que durante muchos años ha luchado por reivindicaciones sociales”.
Efrén cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero e incursionó en el activismo social desde la preparatoria. Se enfocó en las causas campesinas y populares.
“No me arrepiento de lo que he hecho, pues ha sido por convicción. En los parámetros de una democracia capitalista, esto está mal, es de terror: marginación, violencia. En aquel tiempo no era una violencia como ahorita, pero había una violencia de tipo política. Las cosas han empeorado, ahora es una violencia generalizada.
“Hemos observado que donde hay minas, agua, tierras, surge la violencia, para que la gente migre y las grandes empresas lleguen y controlen, como pasa en Guerrero. Desde el surgimiento de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y las guerrillas del 68 y del 70, la violencia en la entidad se ha mantenido. No ha parado el asesinato de luchadores sociales. El Estado mexicano antes usaba las guardias blancas (grupos paramilitares), hoy usa la delincuencia. Es lo mismo. La lucha social tiene que seguir, porque las cosas están muy difíciles”.
Marca para toda la vida
A Efrén Cortés la masacre en El Charco lo marcó de por vida porque fueron asesinadas personas con quienes convivió de cerca. “Era gente indígena que conocí por años, yo conocí la capacidad que tenían para organizar a sus pueblos. Eso no se me olvida porque uno, en el proceso de lucha, no deja de ser humano. Cuando llegaba a sus comunidades siempre me trataban con cariño, me daban de comer sin importar la hora. Hice vínculos con varios de los asesinados. Eso es lo que más siento”.
“A nosotros nos tocó tortura, estar presos y vivos. ¿Y los que murieron?”, cuestiona. “El Ejército está dentro de la ley. Siempre lo promueven, dicen que tiene honor y nosotros pensamos que no”.
“No a la Guardia Nacional”
Cuando Efrén estuvo encarcelado, sus hermanos sufrieron acoso político, “los investigaron”, cuenta. Al salir de la cárcel se reincorporó al movimiento social y continuó en el activismo social. Sobrevive gracias a “acciones autosustentables” y trabajo independiente. “Al juego de partidos políticos no entramos. Queremos que las luchas de los pueblos sean reivindicadas”.
–¿Qué opinas de la creación de la Guardia Nacional?
–En México sí hay una crisis de seguridad, hay una descomposición donde las policías municipales y estatales y hasta el Ejército delinquen. Nunca la delincuencia puede operar sin el aval del poder. Hasta el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de buscar que esta delincuencia baje, pero la forma como lo están haciendo es la misma que utilizaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Otra opción, propone Cortés, sería una policía civil y que los militares regresen a los cuarteles. “Se ha mostrado, con estadísticas de organismos nacionales e internacionales, que en donde está el Ejército se incrementa la violencia. Guerrero tiene de 15 a 20 mil militares desplegados en todo el territorio y la violencia no baja, porque ésta tiene otras características: marginación, abandono, pobreza”.
En 12 años de presencia militar, advierte, la violencia no ha bajado. “Es de locura que el nuevo gobierno diga que el mando de la Guardia Nacional lo tendrá la Secretaría de la Defensa. La guardia va a pasar, ya lo vi, pero es un error querer resolver el problema de la violencia a través de la militarización. Los gobiernos civiles tienen derecho a buscar que la violencia baje y podría pasar eso, pero a la larga, dos o tres años, esto se va a convertir en un grave problema de violaciones a los derechos humanos”.
Concluye: “Hasta las policías municipales están dirigidas por militares. Esa es la militarización, porque no se utilizan prácticas disuasivas, sino represivas. La policía tiene la función de investigar, prevenir el delito. El militar no está formado para eso, sino para matar, velar por la soberanía nacional, cuidar áreas estratégicas del país. No para estar en las calles y en los retenes”.
Comerciantes del mercado de Ayutla exigieron a la presidenta municipal del PVEM, Hortensia Aldaco Quintana que dé a conocer el censo “real” de vendedores y quiénes tienen más antigüedad, porque recientemente entregaron 20 locales a trabajadores del Ayuntamiento.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, una comisión de comerciantes denunció las irregularidades de Hortensia Aldaco y de la administración del mercado.
Uno de los inconformes, Alfredo Montalvo Carpóforo relató que, ante el desalojo violento del mercado viejo con policías municipales el 5 de diciembre de 2017, los comerciantes solicitaron un reparto justo de los locales, pero han notado anomalías.
Recriminó que Hortensia Aldaco Quintana, a 20 trabajadores del Ayuntamiento, les dio locales en el mercado, y no a los comerciantes que se lo merecen por los años de antigüedad, y otros definitivamente quedaron fuera.
Por las diversas irregularidades, han solicitado a la alcaldesa que dé a conocer el censo real, ya que hace tres años eran unos 490 locatarios y ahora les informaron que aumentó casi a mil, y la repartición no se hace por la antigüedad, sino que benefician a sus allegados.
Informó que, el 27 de julio nuevamente el secretario general del Ayuntamiento, Jorge Sanábriga Gordiano se presentó y trató de desalojar a sus compañeros que se instalaron en puestos provisionales, llegó con policías y trabajadores del Ayuntamiento y, de manera violenta, los quisieron desalojar, pero no pudieron; “ese ha sido el constante acoso de Aldaco Quintana”, dijo.
Además, el administrador del mercado municipal, Marlon Flores Nava, quien acusan de no permitir el diálogo y de prepotente, “no se ha podido dialogar con él porque también discrimina a las personas indígenas y les tiran sus mercancías”.
Reprochó que la explanada que solicitaron para que refugiarse en caso de algún temblor, está ocupado por cercanos del administrador y de la alcaldesa.
Mientras que comerciantes de la Montaña que llegan a vender sus productos son desalojados porque, según dicen, obstruyen los pasillos.
Denunció que la noche del 24 de agosto, a algunos supuestos comerciantes les entregaron documentos incluso abalados por un notario, pese a que según las autoridades ya no entregarían porque están en el proceso de entrega-recepción.
Los comerciantes pidieron que revisen antigüedades de los locatarios, y que los locales sean entregados conforme a derecho, y si hay espacio que entren los nuevos, porque todos necesitan un trabajo, pero que sea bajo ciertas reglas.
Exigieron respeto a los verdaderos comerciantes y a las antigüedades, ya que algunos tienen hasta 50 años, y otros no recibieron locales porque son de origen indígena y no se pueden expresar para exigir sus derechos.
Detallaron que son unos 50 comerciantes a los que les quitaron la oportunidad de adquirir un local, y a los que tienen sólo les dieron un espacio con una mesa.
Por su parte, una comerciante me’phaa, Amada Morales relató que es vendedora de comida y tiene 20 años de antigüedad, pero las autoridades la discriminan porque no puede hablar bien el español, ya que fue afectada en el desalojo de diciembre del 2017.
Informó que cuando la desalojaron, policías municipales la golpearon y le robaron 5 mil pesos de lo que había vendido, “hay personas allegadas de Hortensia (Aldaco) que me amenazan y me maltratan verbalmente”.
La mujer denunció que, pese a tener más años de antigüedad no fue reubicada en un local fijo, el que tiene ahora es de lámina, cuando llueve el agua se filtra y no se lo arreglan pese a que pagar una cuota de 15 pesos diarios.
En la conferencia, los comerciantes responsabilizaron de su integridad física a la presidenta municipal.
El retraso en la instalación de casillas y la falta de indicaciones de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) desmotivaron la participación de los vecinos de San Luis Acatlán que calificaron la labor de los órganos electorales y sus representantes como “deficiente”.
Durante la jornada electoral en San Luis Acatlán, municipio donde la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) un día antes de las elecciones detuvo al presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI, Marcos Pano Vargas y sus operadores políticos Alfredo López Sánchez y Manuel Justo Morales, sólo cinco casillas -incluida la especial- se instalaron de manera puntual frente al Palacio Municipal, en las casillas en la primaria Emiliano Zapata en el barrio de San Isidro y en la cancha del barrio La Villa los ciudadanos tuvieron que esperar más de una hora para ejercer su derecho al voto.
A pesar de que la paquetería del INE llegó a las 7 de la mañana a las tres sedes en la cabecera municipal, en el barrio de San Isidro los representantes de casilla no llegaron a la hora que se les indicó, según un representante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) “nadie” quería tener esa labor por lo que se hicieron cambios de última hora, en contraste los habitantes de la cabecera llegaron poco antes de que comenzara la instalación de las casillas pero comenzaron a funcionar a las 9:30 de la mañana.
En La Villa los ciudadanos comenzaron a votar a las 10 de la mañana porque los representantes de casilla no llegaban, además aunque la paquetería del INE sí llegó al lugar los materiales como las urnas no se colocaron de inmediato sino hasta que concluyó el conteo de boletas.
Ahí, mujeres de la tercera edad se quejaron porque aunque hubo simulacros los representantes parecían no tener idea de qué hacer, a ellas se les indicó que había una sola fila para adultos mayores y cuando llegó su turno fueron reprendidas porque no tenían más de 70 años, y fueron obligadas a volver a formarse en otro lugar, esta situación provocó desesperación en algunos que se fueron sin votar.
La casilla donde se observó un mayor número de personas en la mañana fue en la especial, ahí estuvieron hombres y mujeres de San Luis Acatlán que radican en Acapulco, Chilpancingo y otros municipios, también de otros estados como Baja California.
En Ayutla
En Ayutla se habilitaron casillas en las colonias Plan de Ayutla, San José, Benito Juárez, Centro y La Villa, la especial se instaló en la calzada 1 de Marzo, según un representante del IEPC los horarios del proceso se respetaron y no hubo incidentes.
Sin embargo en la casilla especial donde también había una larga fila las personas de la tercera edad comenzaron a retirarse sin votar debido al prolongado tiempo que debían esperar.
Una señora le hizo ver a los encargados que debían informar a los adultos mayores que tenían preferencia para que pasaran directamente a votar, pero le contestaron que la gente que llegaba debía acercarse a preguntar.
Un trabajador de Coppel originario de Barranca Guadalupe que está a 2 horas y media de la cabecera municipal, contó que su patrón le dio media hora para salir a votar pero al ver la fila prefirió retirarse.
Consultado sobre el proceso en las oficinas del INE el presidente del Consejo Distrital 08, Agustín Moreno Pérez informó que se instalaron 521 casillas en 12 municipios de los que 11 corresponden a la región Costa Chica y a Juan R. Escudero (Tierra Colorada) de la región Centro. En el proceso no hubo incidentes salvo unos menores que fueron reportados por los habitantes de las comunidades vía radio, ya que debido a que el domingo pasado en la noche hubo una tormenta el servicio de energía eléctrica quedó inhabilitado.
De los incidentes explicó que se trató de que en la paquetería no se incluyeron los cojines con tinta para marcar los dedos de quienes emitieran el voto pero sí llegaron, fue una confusión de los encargados, también los representantes de los partidos tuvieron dudas que fueron resueltas y en general consideró que la participación en este proceso fue alta, sin mayores problemas.
Habitantes del municipio de Ayutla de los Libres, afines a la alcaldesa Hortencia Aldaco Quintana, recriminaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el reconocimiento al representante de la asamblea comunitaria, realizada por los impulsores de las elecciones por usos y costumbre que simpatizan con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la colonia Piedra de Zopilote.
En una reunión en el IEPC, los habitantes de Piedra de Zopilote, encabezados por el opositor a los promoventes de la elección por usos y costumbres, Rutilio Espíndola Castro, dijo que el reconocimiento a los delegados Tarsicio Hernández Castro y Magdiel Tacuba Pineda, elegidos el 24 de febrero, traería problemas porque la población no los acepta.
El viernes pasado, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ordenó al IEPC reconocer a los representantes elegidos a mano alzada en la colonia Piedra de Zopilote, desechando la impugnación promovida por los seguidores de la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana, PVEM y PRI.
La resolución señala que la asamblea “cumplió con los requisitos de validez”, al anunciar al IEPC la lista de las personas que podrían emitir su voto y congregó al 71.34 por ciento, al acudir 117 de un total de 164 personas de la lista, que se entregó al instituto el 15 de diciembre de 2017.
En el encuentro, la consejera presidenta de la comisión de sistemas normativos por usos y costumbres, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, les explicó a unos 40 vecinos que el IEPC sólo estaba cumpliendo con una orden de la Sala Regional, que no podían desatender.
Además, les recordó que fueron ellos, los quejosos, quienes promovieron un juicio de amparo ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) por una supuesta omisión del IEPC, al no emitir fecha y hora de la convocatoria de la asamblea de esa colonia, misma que no se pudo realizar el 9 de junio, luego de que el 7 el TEE ordenó que se realizara ante un bloqueo en los accesos de la cabecera, realizado por los seguidores de la UPOEG.
El presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, dijo que los habitantes podían impugnar la resolución de la Sala Regional, pero que el IEPC ya no podía, que sólo acataron una orden y por eso validaron el nombramiento del representante electo de la Piedra de Zopilote.
En declaraciones, Rutilio Espíndola dijo que el fallo podría trae incluso que la gente no permita la realización de la asamblea municipal del 15 de julio, porque además hay otra resolución pendiente, que es la de la colonia La Villa.
Abundó que la UPOEG y su grupo de policías los han amedrentado, golpeado y por ello piden la presencia del Ejército y la Policía Federal el día de la asamblea. De las 140 comunidades de Ayutla, sólo la colonia La Villa falta por nombrar un representante o, si así lo decide la Sala Regional, reconocerá al representante electo por los simpatizantes de la UPOEG. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).
Habitantes de Ayutla de los Libres bloquearon ayer las entradas a la cabecera municipal para impedir que miembros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) llegaran a la colonia La Villa, donde sería la asamblea para escoger al representante en la asamblea general por usos y costumbres para conformar el nuevo gobierno municipal.
A las 2 de la tarde, más de 100 inconformes bloquearon la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande en los dos accesos a la cabecera municipal.
Los inconformes se quejaron porque en la colonia están proponiendo al ex alcalde priista y esposo de la actual alcaldesa, Hortensia Aldaco Quintana, Severo Castro Godínez como el representante a la asamblea general del próximo 15 de julio.
Consultada por teléfono, la consejera presidenta de la comisión de sistemas normativos propios y por usos y costumbres, Cinthya Citlali Díaz indicó que no pudieron llegar a la colonia ante la protesta de los habitantes y con el personal que la acompañaba se retiraron del lugar.
La consejera dijo que el IEPC no reconocerá a nadie que no haya sido electo en una asamblea, mientras no haya representantes del instituto presentes, o que será el Tribunal Electoral del Estado el que tendrá la última decisión.
De las 140 colonias y comunidades de Ayutla donde tendrían que escoger a un representante y un suplente a la asamblea general del 15 de julio, sólo faltan la colonia La Villa y Piedra de Zopilote, y tienen hasta este 15 de junio para hacerlo.
El conflicto entre simpatizantes de los partidos políticos y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ha provocado la cancelación de las asambleas en al menos cuatro ocasiones. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).
Después de 20 años de la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.
La mujer me’ phaa leyó un posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso, nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.
Agregó que durante 20 años “hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa y cobijas por las autoridades municipales.
En 1998 les dieron 10 mil pesos por el gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no les tocó nada.
“Nuestra soledad y necesidad económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser atendidos”.
“Por lo anterior hemos consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a solicitar al gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.
Abundó que solicitarán al gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales, ya no hablen de este caso”.
Dijo que la desesperación que les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión Interamericana.
Dijo que los representantes de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.
También solicitaron ser libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el diálogo con el gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión para dar la conferencia.
Castro Ramírez reclamó que los sobrevivientes Efrén Cortez Chávez y Éricka Zamora Pardo, no les han informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que respetan.
Una hija de un sobreviviente, Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.
Un sobreviviente que fue apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al gobernador un buen apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.
El sobreviviente y ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les apoya.
El 7 de junio de 1998 el Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes del ataque.
Un día antes de cumplirse 20 años de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, integrantes de la Caravana por la Verdad, la Justicia y la Paz integrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos protestaron afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación en la zona Diamante de Acapulco, para exigir justicia al Estado mexicano.
La masacre del 7 de junio de 1998 dejó 10 campesinos y un estudiante universitario muertos, además de cinco heridos y 22 detenidos.
La manifestación comenzó a las 3:20 de la tarde, unas 20 personas exigieron justicia por esos hechos en los que el Ejército masacró a campesinos y prevalece la impunidad en el caso.
Los manifestantes advirtieron que no van a descansar hasta que se haga justicia para los asesinados y para los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
En el mitin en representación de Iglesias por la Paz, fray Julián Cruzalta dijo que es doloroso ver tanta violencia contra el pueblo y que estaban ahí para exigir al poder Judicial que ya dé respuesta y castigue a los culpables, para que corte la larga cadena de injusticia e impunidad.
Añadió que además de El Charco están otros casos como el de Aguas Blancas que son hechos violentos donde no ha habido justicia.
Dijo que estaban ahí después de 20 años de la masacre para exigir al Poder Judicial de la Federación que se ajuste a lo que es un verdadero Estado de Derecho, que imparta justicia porque “después de 20 años esa justicia no ha llegado y por lo tanto están violentando la Constitución, sus propias reglas y normas”.
Exigió que reconozcan que las masacres y represiones que el pueblo ha sufrido a lo largo de su historia “no deben quedar impunes, no puede quedar impune tanta sangre derramada y sufrimiento en la familia”.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que uno de los enemigos del pueblo es el Ejército, que “sirve únicamente a la oligarquía capitalista y han pasado 20 años de impunidad como una más de las masacres”.
La hija de Arturo Hernández Cardona, María Soledad Hernández Mena dijo que cómo es posible que no se pueda juzgar el actuar de los militares si se sabe que han participado en estas masacres, incluida la de Iguala en donde desaparecieron los 43 normalistas, y que se tenga más presos políticos que políticos presos.
Indicó que cuando la corrupción deje de ser un negocio la impunidad dejará de existir, y preguntó dónde está la justicia cuando hay personas que reclaman a sus familiares.
“Hay impunidad en la masacre de Aguas Blancas y prevalece a tal grado que viene otro proceso electoral y no hay justicia”, señaló.
Dijo que exigen al gobierno federal un basta ya a la impunidad, “queremos justicia y a los responsables de El Charco, Aguas Blancas e Iguala”.
E dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame expuso que se busca una pizca de justicia en un país que se ahoga en la impunidad, y que El Charco es una “deuda que tiene el Estado mexicano al igual que Aguas Blancas y la desaparición de forzada de 43 normalistas”.
Agregó que han sido asesinados luchadores sociales y no hay justicia, y hay hostigamiento a los luchadores sociales que ya debe de parar. También demandó la libertad de los presos políticos.
Finalizó diciendo que van a seguir repudiando a las instituciones que no imparten justicia. La protesta pacífica concluyó una hora después.
