Protestan desalojados de Granjas del Marqués por la “parcialidad” de jueces

 

Ante la desconfianza por haber perdido un primer juicio, los colonos desalojados de Granjas del Marqués protestaron en el Juzgado sexto civil para exigir imparcialidad de su caso contra la inmobiliaria María Luisa y Banca Cremi.
A ello, el juez Jesús Sales Vargas respondió: “no estamos viviendo en tiempos con jueces de consigna”.
Con pancartas, 15 vecinos llegaron a las instalaciones de los juzgados civiles ubicados en Gran Vía Tropical, para pedir explicaciones al juez Jesús Sales Vargas sobre una presunta notificación que no fue recibida en el domicilio que ellos marcaron como el correcto.
A su vez, el juez les garantizó “total apego a la ley” y también se comprometió a darle prioridad a este caso.
Amas de casa que han participado en los bloqueos en el bulevar de Las Naciones cargaban pancartas en las que pedían a los jueces “no robarse la justicia que es lo único que tenemos”.
La representante de los inconformes, Rocío Leal Álvarez, informó que el viernes el Juzgado sexto –donde se lleva el caso– fue notificado de que se ganó una apelación sobre la falta de personalidad de Banca Cremi para desalojar a las familias de viveristas que vivían en Granjas del Marqués.
Pero denunció que el secretario de acuerdos les dijo que ese día el juzgado fue notificado del resultado de la apelación, al igual que los colonos, en una dirección en la colonia Progreso, lo cual aseguró que está mal porque su dirección es en bulevar de Las Naciones, frente a la construcción de Villas Paradise, mismas que construye el banco Bancomer, antes Banca Cremi.
“Van a empezar (los jueces) a vender la justicia”, señaló Rocío Leal, y recordó que en el primer juicio, cuando se dictaminó el desalojo, la juez cuarta Gabriela Ramos “se vendió” y dio la sentencia sin valorar en juicio a más familias afectadas.
Reprochó que el secretario de acuerdos del Juzgado no les permitiera ver el expediente número 353 de la segunda secretaría, y durante la protesta, la secretaria, mientras buscaba los documentos, les decía que no estaba.
En entrevista, el juez Jesús Sales Vargas informó que el caso se trata de un juicio de nulidad del primero –el que dictaminó el desalojo– que se encuentra en su etapa de inicio y faltan las notificaciones.
Les dijo a representantes de los inconformes que la postura del juzgado es de “imparcialidad”, e indicó que los jueces no se venden. Además que un juez de primera instancia no tiene la última palabra en el caso.
Agregó que “no estamos viviendo en tiempos con jueces de consigna” y garantizó que el caso sería una prioridad para el juzgado y así los colonos tendrán confianza de preguntar directamente con el juez sobre su curso.
Jesús Sales aclaró que el juzgado aún no ha sido notificado del supuesto gane de la apelación de los vecinos sobre la falta de personalidad jurídica para que Banca Cremi los haya desalojado de Granjas del Marqués.

Declara la JLCA ilegal la huelga de presuntos trabajadores de la inmobiliaria María Luisa

 

La Asociación Nacional de Trabajadores en Establecimientos Comerciales y Conexos –que agrupa a los trabajadores de la inmobiliaria María Luisa o Banca Cremi– fue notificada de que la huelga es ilegal ante la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
La notificación fue enviada por estrados el 22 de mayo, y explica que la huelga –que mantienen en el campamento de los desalojados de Granjas del Marqués– es ilegal debido a que el registro de su contrato colectivo con la empresa no procede pues ya había uno anterior con un sindicato cetemista.
El presidente de la Segunda Junta Local, José Luis López Vázquez, explicó que esa asociación, que preside Jorge Montaño Méndez, presentó su emplazamiento contra la empresa el 17 de mayo y dejó como fecha para iniciar la huelga el 22 de mayo, con el argumento de que tienen un contrato colectivo de trabajo firmado con la inmobiliaria María Luisa.
Pero, de acuerdo con el presidente de la Segunda Junta, aunque el contrato lo presentaron el 2 de abril para que fuera registrado ante este tribunal laboral no procedió porque hay un contrato previo de cual es dueño el sindicato que preside Adrián Rivera Ortega, de la CTM.
Dicho contrato fue registrado el 30 de marzo con la empresa Daena SA de CV, que aunque no es el mismo nombre de la empresa sí es el mismo domicilio, motivo suficiente para que el registro del segundo sindicato no procediera.
“Así que ese movimiento no puede existir porque al emplazamiento no se le dio trámite, es decir para nosotros no existe”, enfatizó el funcionario.