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Absuelven a seis policías comunitarios que estuvieron tres años en prisión y dos en libertad bajo fianza

 

Seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso del municipio de Ayutla recibieron ayer su boleta de libertad con sentencia absolutoria en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa, luego de ser acusados del delito de secuestro, hace cinco años.
Los seis policías comunitarios: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo fueron encarcelados tres años, desde el 2013, por el supuesto delito de secuestro en agravio de 43 personas y dos años en libertad bajo fianza al reclasificarse el delito a privación ilegal de la libertad, tras obtener un amparo en diciembre de 2015, que hoy los dejó libres.
Los seis policías na savi que mostraron sus boletas de libertad con sentencia absolutoria dijeron que están felices porque se acaba el sufrimiento que les tocó vivir desde el 2013 cuando fueron detenidos mientras cuidaban a los reeducados de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Ángel García dijo “fue un sufrimiento y represión por parte del gobierno hacia la Policía Comunitaria, al considerarnos delincuentes cuando no los somos, eso nos deja manchada nuestra reputación y también del sistema comunitario, al que quieren desaparecer porque surge del pueblo y no pudieron, porque somos inocentes, ahora tenemos nuestra boleta de libertad en la mano”, dijo.
Mencionó que ahora no tienen ningún cargo en la CRAC-PC, pero siguen apoyándola.
Florentino García comentó que están contentos de ya no volver a venir a firmar cada mes porque tenían que viajar desde su pueblo por lo que exigirán la reparación del daño al no comprobarles nada, al no cometer ningún delito y el gobierno del estado los sometió a un desgaste físico y económico por sus visitas mensuales al juzgado de Tlapa y con un recorrido de seis horas desde sus comunidad.
Bernardino García agradeció a los abogados de Tlachinollan que representaron a los seis comunitarios, a los medios de comunicación que le dieron seguimiento a su caso y a todos los que los respaldaron, en el penal estuvieron los abogados Isidoro Vicario Aguilar y Rubén Darío Silva Morales, quienes realizaron las gestiones administrativas.
Por esta misma causa penal 196-2013 fueron absueltos también Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrera al no acreditarse las acusaciones y cuando se hicieron los careos con los supuestas víctimas éstas declararon no conocerlos, que no fueron ellos quienes los retuvieron ni que les pidieran dinero.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señala que en momentos de campañas políticas en las cuales se desacredita y se descalifica el actuar de la Policía Comunitaria, se dictó sentencia absolutoria a seis integrantes de CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso, detenidos en 2013 en un excesivo operativo en el que participaron elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial.
En lo que demostraron la criminalización de la que es objeto la CRAC-PC al aplicar sus sistemas normativos.
El juez Aurelio Gutiérrez Cruz absolvió a los seis policías comunitarios quienes durante cinco años llevaron un proceso lleno de acusaciones falsas y ahora están libres de toda responsabilidad penal al demostrar que no cometieron delito alguno.
Menciona que la sentencia reconoce los derechos de los pueblos y personas indígenas a la libre determinación, al autogobierno, a elegir a sus propias autoridades y aplicar sus propios sistemas normativos.
Y concluye que los sentenciados son personas indígenas e integrantes de la CRAC-PC bajo el amparo de la Constitución mexicana, la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que su actuar no fue ilegal sino que fueron actos de autoridades comunitarias.
Tlachinollan exige al Estado mexicano: El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal como lo hizo el Poder Judicial Federal en sus fallos de casos de otros policías comunitarios y que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.

 

La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga

 

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.

Exigen en un mitin en la Ciudad Judicial en la capital la libertad de los presos de la CRAC

Familiares de los policías comunitarios presos en Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron ayer en un mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, la libertad de todos los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La protesta comenzó a las 12 y media de la tarde, mientras en el interior, en la Cuarta Sala penal, había una audiencia de vista relacionada con el proceso que se sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, por el delito de secuestro en agravio de Katia Espinoza Bolaños y Pedro Gil Apreza Salmerón.
La causa penal 59-I/2015 y las presuntas víctimas que acusan a Campos Herreras son las mismas que acusaron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien la mañana de ayer quedó en libertad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien da seguimiento al caso de Campos Herrera, informó que la Cuarta Sala Penal deberá resolver en 15 días el auto de formal prisión o de libertad.
Otro de los abogados de Tlachiniollan, Vidulfo Rosales Sierra reclamó a las autoridades que manifiesten la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los otros ocho presos de la CRAC, y que también sean liberados, puesto que los delitos de los que se les acusa y los supuestos agraviados son los mismos que enfrentó Nestora Salgado, que ya fue liberada.
Los ocho presos a los que se refirió Rosales Sierra son Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, así como el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, y cinco policías comunitarios de esta misma casa, presos en el penal de Ayutla.
Arturo Campos Herrera es consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla y fue detenido el 1 de diciembre de 2013, al final de un acto con el que Tlachinollan inició la campaña 12 días por la libertad de los presos políticos, en la Alameda de Chilpancingo. El detenido fue trasladado inmediatamente al penal del Altiplano, en el Estado de México.
El 28 de mayo de 2015 el juez Cuarto penal de Acapulco le dictó el auto de formal prisión, pero la defensa interpuso el recurso de apelación, del que derivó la audiencia de vista en la Cuarta Sala penal de ayer.
El abogado Téliz García, quien entró a la audiencia, informó que los supuestos agraviados que la administración de Ángel Aguirre Rivero presentó como víctimas para acusar a Campos Herrera son Pedro Gil Apresa Salmerón y Katia Espinoza Bolaños, quienes no acudieron ayer a la audiencia.
“Esperábamos que vinieran; ellos presentaron un escrito en el que manifestaron que iban a estar pendientes en el desahogo de la audiencia, pero no estuvieron, porque saben que son falsas sus acusaciones”, dijo.
Pero informó que la audiencia tuvo lugar y que él presentó un escrito de agravios “donde combatimos el auto de formal prisión; decimos que en ningún momento hay el delito de secuestro, que él (Campos Herrera) como perteneciente a la Policía Comunitaria, todos los actos que realiza se asemejan a actos de autoridad amparados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, además, por la Constitución federal en su artículo 2º, que establece que los pueblos indígenas pueden organizarse, ver y resolver la forma interna de sus pueblos.

Tienen que aplicar en el caso de Campos Herrera el mismo criterio que usaron en el de Nestora, insiste el abogado

El abogado dijo que el delito y quienes acusan a su defendido son los mismos que acusaron de secuestro a Nestora Salgado, a quien el juzgado de Ayutla le resolvió el auto de libertad, “y ese mismo criterio tiene que aplicar la Cuarta Sala penal y emitir la resolución inmediatamente”.
Explicó que existe un plazo de 15 días para que la Sala emita su resolución, “pero no podemos esperar más ante un hecho de injusticia, cruel e inhumano y la Sala penal tiene que emitir un fallo rápidamente para que Arturo Campos pueda recobrar su libertad y se una a la impartición de justicia en sus pueblos”.
Dijo que los agravios están bien sustentados y que está seguro de que “se va a caer” el auto de formal prisión, porque no se tipificó el delito de secuestro; “el secuestro tiene la finalidad de que se prive a una persona de su libertad con el objeto de pedir un rescate, y aquí no se dio esto”, dijo.
Mientras se realizaba la audiencia de vista, afuera, en la entrada principal de la Ciudad Judicial, más de 50 personas, entre familiares de los presos en el penal de Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, participaron en un mitin y exigieron la libertad de todos los presos de la CRAC.
En declaraciones afuera, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra expresó que esperan que la resolución de la Cuarta Sala penal sea por el auto de libertad de Arturo Campos, como ocurrió con Nestora Salgado.
Reclamó a las autoridades la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los ocho presos de la CRAC, dijo que los magistrados y jueces deben ceñirse a los mismos criterios que utilizaron en el caso Nestora, pero que pareciera que, por el contrario, “hay consigna” para que los otros ocho presos de la CRAC sigan en prisión.
Recordó que los miembros de la CRAC fueron detenidos por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando el movimiento iba en ascenso y la Policía Comunitaria mantenía sus vínculos con ese movimiento en contra de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Añadió que, por eso los gobiernos federal y estatal pretenden mantener presos a los miembros de la CRAC.
Explicó que en el caso de Nestora Salgado pesó más la presión política, porque se convirtió en un emblema nacional e internacional, y por eso el gobierno determinó su libertad, pero que la están condicionando para que abandone el país, “al parecer ella ha aceptado, aunque dice que sale por motivos de salud”.
Rosales Sierra explicó que, en el caso de los ocho presos de la CRAC siguen su propio procedimiento jurídico, y que aunque con la libertad de Nestora se abre una posibilidad para que salgan libres, “si en términos políticos no hay una voluntad como la hubo con Nestora, no saldrán libres”, dijo.
Reconoció que se han dificultado la liberación de estos ocho presos, porque no han sido “visibilizados” como Nestora, a quien benefició la presión de los organismos nacionales e internacionales, por lo que el gobierno se vio obligado a liberarla.
En el mitin también habló Minerva Donaciano de Jesús, esposa del comandante de la Policía Comunitaria preso en Ayutla, Ángel García García, que dijo que es injusto el encarcelamiento de su compañero y del resto de los policías comunitarios, “no porque sean indígenas y nos humillan, sino porque los detuvieron cuando buscaban justicia y seguridad para los pueblos, lo que no puede ofrecer este maldito gobierno”.
Agregó que, si el gobierno pensaba que con su detención “ya no nos íbamos a levantar, se equivocó, seguimos luchando ahora también por la libertad de nuestros esposos porque sabemos que son inocentes”.
Denunció que para mantenerlos presos les fabricaron delitos, “los acusan de delitos que nunca cometieron”.
Añadió que, como indígenas se sienten orgullosos y felices de que haya salido libre Nestora Salgado, “pero si ya reconocieron que ella es inocente, ahora también que liberen a nuestros esposos, acusados de lo mismo que ella”, dijo.

Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García

 

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Comparecen ante un juez de Tlapa comunitarios de la Casa de Espino Blanco acusados de privación de la libertad

 

Policías comunitarios de Tototepec, Tlapa, y de la Casa de Justicia de Espino Blanco, con sede en Malinaltepec, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) comparecieron ante el Juzgado Primero de Tlapa ante una demanda de privación ilegal de la libertad, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
En consulta telefónica, informó que el agente del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas, sometido a reeducación en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia a principios de agosto, se amparó y presentó una demanda por secuestro, pero el juez del fuero común reclasificó el delito y liberó órdenes de aprehensión a 18 comunitarios.
En el proceso penal, dijo Rosales Sierra, los policías comunitarios también se ampararon para decir ante la justicia federal que tienen facultades de seguridad y justicia respaldada por distintas leyes y tratados. Asimismo, este martes y miércoles ofrecieron pruebas documentales ante el juzgado penal en Tlapa para confirmar que la Policía Comunitaria es legal y está facultada para hacer tareas de seguridad y justicia, por lo que no pueden ser acusados de privación ilegal de la libertad.
En consulta telefónica, confió que el lunes, cuando se vence el plazo para definir la situación legal de los implicados, el juez dicte el auto de libertad.
El abogado de Tlachinollan explicó que la Casa de Justicia de Espino Blanco ha tenido un periodo inestable, en dos meses ha retirado a cuatro coordinadores, y en este contexto la comunidad de Tototepec, con una historia larga de división intracomunitaria, llevó a juicio a Fidel Villegas.
Del conflicto en la comunidad, añadió que hay dos grupos contrarios, uno en el que participa Villegas y otro que es parte de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Debido a que los hijos del funcionario comenzaron a cometer agravios contra vecinos con la venia de su papá, los comunitarios retuvieron a Villegas y lo trasladaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Rosales Sierra destacó que con dos amparos en proceso, el juez se enfrenta a una controversia y debe definir la legalidad de la institución comunitaria este lunes, cuando termina el plazo para definir su situación legal.
Recordó que los juzgados y ministerios públicos locales han evadido analizar los caso de la CRAC que llegan al sistema judicial, aunque existe el precedente de sentencias federales que reconocen a la institución de los pueblos como parte del cuerpo de seguridad pública del Estado, que se establece en la Ley 701.
Por ejemplo, señaló que en la apelación a favor de los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrero, entre otros acusados y presos por delitos del fuero común, un Juez de Distrito determinó que no podrían ser acusados de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, porque sus acciones se enmarcan en sus funciones como policías comunitarios.
Indicó que el juez, dijo que actos de la CRAC deben ser asemejados a actos de autoridad, porque están reconocidos. Incluso, dijo que hay sentencias por la portación de armas de fuego, donde establece que pueden usar armas que no sean del uso exclusivo del Ejército. Añadió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, tramitó un permiso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el uso de armas de bajo calibre.
No obstante, todos los jueces locales y el Ministerio Público han sido renuentes, “sí han sido cerrados para aceptar un criterio más garantista, analítico donde digan si la Policía Comunitaria es legal o no”, explicó.

“Nos dio duro, pero no nos destruyó”, dice Gonzalo Molina del asesinato de cuatro comunitarios de Tixtla

 

“Sí nos golpeó, y nos dio duro, pero no nos destruyó”, dijo desde el penal de Chilpancingo el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, sobre la emboscada a policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, donde cuatro de ellos fueron asesinados por sicarios.
Denunció que la agresión fue ordenada por el Estado para detener el avance de la organización, representa una declaración de Guerra contra el pueblo. Llamó a las comunidades a no votar en la elección extraordinaria de este domingo y a continuar el proceso para constituir un Concejo Popular Municipal como alternativa de gobierno.
El luchador social, detenido desde noviembre de 2013, confirmó que entre los asesinados en la emboscada en el barrio de El Fortín, sede la institución, están dos comandantes, figuras visibles de las operaciones de seguridad, pero la estructura que constituye la Asamblea, órgano de decisión y coordinación, continúa intacta.
Añadió que, por esa razón los nombres de los consejeros y comandantes regionales se manejan con discreción, para evitar que sean golpeados por el Estado.
Molina González recordó que en 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, personas sometidas a procesos de educación por vínculos con la delincuencia organizada, revelaron la relación con autoridades de gobierno.
Cuando hacía detenciones la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), creada ese mismo año, los policías ministeriales o soldados se los llevaban para liberarlos, “esas denuncias nos costaron la libertad”, dijo en referencia a las detenciones de los líderes más visibles de El Paraíso, Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera y Bernardino García Francisco, entre otros policías comunitarios.
El contubernio entre gobierno y delincuencia organizada quedó evidenciado en los crímenes del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en la violencia en el ejido de Carrizalillo y los eventos de este jueves en El fortín, aseguró.
Insistió en que la muerte es una estrategia para golpear a los sectores organizados, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), que suma dos muertos este año, la Normal Rural de Ayotzinapa, agredida en Iguala, y la CRAC.
“Vemos una guerra declarada contra el pueblo de Guerrero y de México, antes lo hacían (las agresiones) a través de los cuerpos de seguridad”, dijo y como muestra señaló las masacres de Aguas Blancas en Coyuca de Benitez, y de El Charco en Ayutla; “ahora utilizan a la delincuencia organizada para agredir”, precisó.
Debido al retiro de un retén policiaco permanente en Tixtla antes de la elección ordinaria del 7 de junio, previo a la agresión, denunció que si el gobierno del estado hubiera querido evitar o detener a los perpetradores lo habría hecho, “estaba en sus posibilidades intervenir y no hizo nada”.
Estimó que no fue casual que la agresión a la CRAC, con sede en Tixtla, haya ocurrido exactamente a 14 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, “el Estado pretende crear terror entre la población para desmovilizar a nuestro pueblo”.
Convocó a la CRAC a seguir adelante y a seguir el ejemplo del general Vicente Guerrero Saldaña, que nunca claudicó en su lucha, aunque a veces parecía quedar solo. También llamó a los ciudadanos a que apoyen de alguna manera el proyecto comunitario en todas sus vertientes, producción, salud, educación, y apoyar a los grupos de seguridad.
A los familiares de las víctimas asesinadas en el cumplimiento de su deber, expresó su respeto por esta adversidad, señaló que “la sangre derramada servirá de alimento a otros corazones”.