El juez Vicente Guerrero Campos que lleva el caso del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé ha mantenido una actitud de “coadyuvancia” con la defensa del presunto homicida, denunció la familia de la doctora en la presentación del libro Adela Rivas Obé, heroína de la honestidad, del autor Wilivaldo Rojas Arellano.
La presentación se llevó a cabo en un salón del hotel Las Hamacas, y el ex esposo de la doctora Adela Rivas, Wilivaldo Rojas, señaló que el anterior delegado del IMSS, José Luis Ávila Sánchez, a quien no mencionó por su nombre, “tiene mucho que ver en la muerte de la doctora Adela, él dio la orden, indebidamente de que fuera la doctora a investigar ese robo, ellos le llaman faltante de medicamentos”, pues debió mandar al área jurídica del IMSS a hacer esa investigación.
También criticó que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) quisieron hacer parecer el caso como un crimen pasional. Se dolió del asesinato tan atroz del que fue víctima la doctora pues la dejaron sin manos, sin pies y sin rostro, lo que entienden como un mensaje.
Adela Rivas Obé era directora de microzona del IMSS en la Costa Grande y tenía a su cargo las clínicas de Petacalco, La Unión, Petatlán y Papanoa. Desapareció el 22 de septiembre de 2016 de la clínica 8 del IMSS en Zihuatanejo luego de salir de una reunión oficial y cuando investigaba el robo de medicamentos de la farmacia de la clínica del IMSS de Petacalco.
El cuerpo sin vida de la doctora fue hallado el 11 de octubre en un barranco en Playa Majahua en Zihuatanejo. El 23 de octubre, la FGE informó la detención en Michoacán del presunto homicida.
El juez defiende al acusado
Después, Bolívar Rojas, hijo de Adela Rivas, informó que el acusado por el asesinato de su madre fue trasladado el miércoles o el jueves a Acapulco por orden del director del penal de Zihuatanejo pero ahora el juez Vicente Guerrero, ha pedido que sea devuelto a la cárcel de Zihuatanejo con el argumento de que fue un traslado ilegal y dio un plazo de 72 horas para que se acate su orden.
Señaló que en la cárcel de Zihuatanejo, seguramente el acusado ha comprado privilegios y por eso piden que sea regresado a ese penal, en cambio la familia Rojas Rivas cada vez que hay una audiencia tienen que hacer un viaje de cuatro horas y transitar por la región de la Costa Grande donde persiste el problema de la inseguridad y cuestionó que si lo que el gobierno quiere es que les suceda algo a la familia y señale como responsables a la delincuencia organizada.
Abundó que el presunto homicida que tenía el cargo de supervisor de farmacia en el IMSS llevaba un estilo de vida que no correspondía con sus ingresos, pues posee dos vehículos y un departamento de lujo, lo que evidencia que se dedicaba al robo de medicamentos, posiblemente solapado por sus familiares que también trabajan en clínicas del IMSS.
Indicó que el fiscal que representa a la familia es continuamente amonestado por el juez y en cambio la defensa del presunto homicida recibe un trato distinto “¿dónde está la justicia? Quiero que se le haga un exigencia muy fuerte a ese juez Vicente Guerrero Campos que no está haciendo las cosas con rectitud”.
Bolívar Rojas indicó que con el traslado del acusado a Acapulco, posiblemente se cambie al juez lo que daría certeza de imparcialidad en el caso, pero está la duda sobre si el acusado permanecerá en Acapulco o será devuelto al penal de Zihuatanejo.
Añadió que durante el año que lleva preso el acusado por el asesinato de la doctora no parece que esté encarcelado pues siempre está en una actitud relajada, cuando las personas que son encarceladas pierden peso y lucen demacradas.
Ejemplificó que el fiscal que representa a los familiares de la víctima fue sancionado por el juez porque no entregó en el plazo establecido un video, pero el problema fue que la defensa del acusado redactó mal el documento en tres ocasiones y el juez lo aceptó sin refutarlo. Indicó que sin que la defensa del presunto homicida pidiera un minuto específico de un video que se ha ofrecido como prueba por parte del fiscal que representa a la familia Rojas Rivas, el juez pidió que se entregara a la defensa del presunto homicida un fragmento específico del video.
También pidió que se haga justicia por el caso de la reportera de El Sur Brenda Escobar, que fue acosada por los familiares del presunto homicida y el caso sigue impune.
Reprochó que se vea como un consuelo el haber encontrado el cuerpo de su madre sin vida, sostuvo que es un infortunio, y una desgracia ser honesto en un lugar como Guerrero porque eso cuesta la vida.
Reprochó que con todos los cuerpos de seguridad que hay en la entidad, fue un pepenador quien encontró el cuerpo sin vida de su madre.
La activista Rosa María Gómez Saavedra convocó a que la indignación por el caso se convierta en acciones permanentes para evitar que el caso se vuelva a repetir.
Demandó que ya no quieren cifras, sino justicia para los casos de feminicidios y que no se permita la impunidad.
La presentación del libro
La presentación del libro se dio un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en el presídium se colocó una foto de las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana.
Asistieron los hijos de la víctima, Bolívar y Emiliano Rojas Rivas, y los hermanos Cecilia, Lilia y José de Jesús Rivas Obé.
También estuvieron líderes reconocidos de Ayotac como María de los Ángeles Santiago Dionicio, Desidor Silva Valle. También estuvieron las activista Rosa María Gómez Saavedra y Beatriz González Hurtado.
La presentación del libro consistió en recordar anécdotas, que llevaron a los familiares y amigos de la doctora a pasar de la risa, al llanto, a la indignación y concluyó en llamados a no permitir que los asesinatos de mujeres queden en la impunidad, se recordó el caso de la niña Diana Paulina de Chilapa encontrada sin vida el pasado martes después de permanecer 10 días desaparecida.
Como comentaristas del libro participaron la coordinador del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hanna Arendt, Rosa Icela Ojeda Rivera, el director del periódico El Sur Juan Angulo Osorio, la poetisa Frida Varinia.
Ojeda Rivera señaló que el asesinato de la doctora es un caso más de feminicidio y que el mismo va ligado a la palabra “justicia” que pone en entredicho a las actuales y pasadas autoridades y para que otras mujeres y niñas tengan mejor suerte.
En su turno, Juan Angulo señaló que “la causa por la que fue cruelmente asesinada no debe dejar indiferente a nadie”.
“La mataron porque hacía bien su trabajo, porque era responsable y honrada porque era una buena ciudadana”.
Expuso que el libro de la vida Rivas Obé muestra “episodios de las luchas democráticas en Atoyac y de su participación en el movimiento de defensa de la Universidad Autónoma de Guerrero”.
Señaló que los asesinatos de Adela Rivas, Rocío Mesino, Eva Alarcón y Martha Morales son ejemplos de mujeres que se enfrentaron a cacicazgos en la región de la Costa Grande. Recordó que de acuerdo con la cifras del Inegi en 2016 fueron asesinadas 21 mujeres cada mes en la entidad. “No dejemos que se quede en una estadística más, no permitamos que se imponga otra vez la impunidad”.
La poetisa Frida Varinia leyó un poema titulado Sin Palabras que se incluye en el libro, sobre cómo una muerte violenta afecta el entorno y convoca a que el dolor se convierta en motor de protesta para cambiar la realidad.
María de los Ángeles Santiago, recordó que en la búsqueda de la doctora recurrieron a espiritistas y chiriperos para localizarla. Dijo que el actual gobierno no ha hecho nada contra la violencia en el estado.
La integrante de la Red de Incidencia, Seguimiento y Evaluación de la Alerta de Violencia de Género Delia Figueroa Salas reprochó que los gobiernos de Acapulco, Zihuatanejo, Ayutla, Chilpancingo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec y Tlapa no han emitido los protocolos de atención y prevención.