Impide la elección de comisariado en Chichihualco un grupo que se opone a la deforestación

Ejidatarios de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, que se disputan la Comisaría Ejidal desde el 2011 volvieron a confrontarse este lunes, cuando se llevaría a cabo la elección de las nuevas autoridades agrarias.
Uno de los dos grupos impidió la elección de los nuevos representantes por supuestas irregularidades en la elaboración del padrón que expidió el Registro Agrario Nacional (RAN).
La confrontación entre los dos grupos de ejidatarios se agudizó desde el 2011 cuando fue electo Pedro Adame Visoso, en cuyo periodo los ejidatarios se vieron beneficiados con un permiso para la explotación de la madera de ese ejido.
Vía telefónica algunos de los ejidatarios informaron que la elección de los integrantes de la nueva representación sería a partir de las 10 de la mañana, sin embargo a las 12 había un ambiente de tensión debido a que uno de los dos grupos, el que se opone a la explotación del permiso forestal, denunció irregularidades en el padrón de ejidatarios y anunció que habría fraude, por lo que se mantuvieron afuera de la Comisaría para impedirlo.
En 2011 los ejidatarios de esa población tuvieron una asamblea donde estuvo al frente el comisariado Pedro Adame Visoso.
Entonces la mayoría aceptó que se explotara una parte del bosque que pertenece a ese ejido, inicialmente cortando 907 metros cúbicos y la madera sería únicamente para el arreglo de la oficina ejidal.
Pero tras esa asamblea se levantó el acta correspondiente y se entregaron copias a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. Sin embargo el gobierno federal a través de las dependencias facultadas expidieron un permiso más para la explotación de otra parte de la sierra durante 10 años.
Entonces se dijo que el principal responsable de otorgar este permiso fue el entonces delegado de la Semarnat en Guerrero, Daniel Vega Villanueva.
Desde ese año se dio un rompimiento entre ejidatarios, uno de los dos grupos cuestionó que ese no había sido el acuerdo de la asamblea celebrada a principios de 2011, “sobre todo porque 10 años de deforestación en la zona podrían traer un fuerte problema ambiental con el exterminio no sólo del bosque, sino de la flora, fauna y mantos acuíferos”, mencionó ayer uno de los ejidatarios del grupo opositor.
La zona donde se está cortando la madera colinda con la zona boscosa conocida como Omiltemi y Las Cuevitas, municipio de Chilpancingo, de donde se surte de agua para la capital del estado.
Pero los árboles se venían cortando en El Faisán, Agua de las Tablas, Las Gallinitas, Filo Trozado y Chicahual Verde, en donde el grupo que se opone a la deforestación suspendió los trabajos en 2015.

 

Sigue impune la ejecución de Juventina Villa, líder de desplazados y de su hijo hace 5 años

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la ejecución de la defensora del bosque y líder de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, los responsables gozan de impunidad, denunciaron el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
También informaron que el gobierno sigue sin cumplir los compromisos que asumió con los desplazados por la violencia en esa zona, a pesar de que abandonaron sus comunidades debido a que el gobierno no les garantizó la seguridad a la que tienen derecho.
Mojica Villa fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynaldo de 12 años. Entonces dirigía a un grupo de desplazados por la violencia de la comunidad de La Laguna, asentada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán.
Antes, entre febrero de 2011 y noviembre del 2012 el mismo grupo  armadoo que la mató ejecutó a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa.
La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.
Como consecuencia de esa persecución fueron asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, mientras que tres más fueron desaparecidos y se desconoce su paradero.
Tras esos hechos de violencia los pobladores de La Laguna se vieron obligados a abandonar la comunidad y se refugiaron en Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.
Posteriormente por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el gobierno del estado inició un proceso de reubicación para las familias en las poblaciones de La Unión y Tepango, municipio de Ayutla, en donde se encuentran 17 familias. Otras más se quedaron en las localidades de La Tondonicua, municipio de Petatlán, en donde se encuentran otras 16 familias.
El Centro Morelos y el Ccti denunciaron que a cinco años de la ejecución de Villa Mojica y su hijo, el caso sigue sin investigarse, y los responsables gozan de impunidad, en la misma situación se encuentran las otras 27 ejecuciones y las tres desapariciones, aun cuando la familia Santana Villa presentó las denuncias correspondientes en las que dieron nombres y la ubicación de los responsables directos de la violencia.
El Centro Morelos y el Ccti han dado seguimiento al caso, y ayer informaron mediante un boletín de prensa con motivo del quinto año de la ejecución de Mojica Villa que de todos los asesinatos y las tres desapariciones sólo se ha detenido a una persona por esa muerte, pero que por las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie.
Denunciaron que las familias desplazadas de La Laguna que se encuentran refugiadas en tres lugares, “viven en condiciones de alta marginación, sin acceso pleno a servicios de salud, trabajo, tierras y educación”.
Afirman que paralelamente las familias enfrentan secuelas profundas y afectaciones biopsicosociales que no han sido atendidas integralmente por el gobierno.
A cinco años de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa los organismos exigieron castigo a los responsables, reparación integral del daño, restitución, rehabilitación e indemnización por los daños.
También exigieron garantías de no repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados por la violencia, “que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como de abuso del poder y de la omisión de las autoridades”.

En Atoyac, 31 incendios han quemado más de 350 hectáreas de bosque y pastizal: Protección Civil



El director de Protección Civil del municipio de Atoyac, Avelino Díaz Saldaña informó que a la fecha se han registrado 31 incendios, que han sido provocados por descuido humano.
Indicó que las quemas han dejado hasta el momento un saldo de más de 350 hectáreas de pastizales y bosques destruidos.
Citó que tan sólo en el caso de la zona de San Francisco del Tibor se consumieron más de 120 hectáreas de arbustos y bosques.
El funcionario lamentó que los lugareños del área no hayan participado para sofocar inmediatamente el siniestro.
Explicó que ahora que se han intensificado las quemas de los tlacolol por los campesinos para la siembra de cultivos de granos básicos, se han extremado precauciones. Dijo que se ha exhortado a los labriegos a ponderar previsiones y asesorarse.
Indicó que se han anunciado sanciones de 20 a 300 días de salarios mínimos por descuidar cuando hacen las quemas para sus cultivos. Dijo que se ha especificado que esa práctica se haga en la mañana o en la tarde y en sentido contrario a donde corra el aire.
Asimismo dijo que en casos más graves se tienen contemplados de dos a siete años de presión a los que provoquen incendios de manera irresponsable.
Informó que se han acercado a cooperar con ellos las autoridades locales en donde hay más incendios, en su mayoría de la parte media de la sierra.