El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, una de las organizaciones vigiladas por la Sedena, lo que se muestra en correos electrónicos filtrados por los hackers Guacamaya, declaró que desde el surgimiento de esa organización, en enero del 2013, fue infiltrada por el Ejército.
Denunció que primero el objetivo fue vincularla con la guerrilla, después dividirla y confrontarla como ocurrió con al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y ahora la señala de tener vínculo con el grupo delictivo de Los Rusos, “porque al Estado no le conviene que el pueblo esté unido”, declaró por teléfono.
El informe “Panorama de la UPOEG”, uno de los documentos filtrados por los hackers Guacamaya, califica a la policía de la UPOEG, dirigida por Bruno Plácido Valerio, como “pseudo comunitaria” y que surgió en el 2013 en un primer momento para combatir al grupo criminal de Los Rojos, pero ahora la vincula con el grupo de Los Rusos que opera en Acapulco y en la Costa Chica.
Bruno Plácido aclaró ayer que la policía de la UPOEG no surgió para combatir la droga; “se supone que esa es tarea del gobierno federal. Nuestro objetivo fue la seguridad de la población; evitar las extorsiones y secuestros, ese era nuestro objetivo”.
Dijo que el problema de la droga es internacional, “y es un negocio de ellos, del gobierno”.
“Y, efectivamente, siempre estuvimos infiltrados por el Ejército, primero, al inicio, nos vinculaba con la guerrilla, después la vigilancia fue para dividir a las organización, como lo hace con todas las organizaciones sociales”, denunció en entrevista por teléfono.
Agregó que eso se hace porque al Estado no le interesa que la gente se una; siempre nos divide y nos confronta, esa es la tarea del Ejército”.
“Nosotros fuimos infiltrados por el Estado para dividirnos, si tu recuerdas desde la fundación del FUSDEG (una escisión de la UPOEG en 2015), fue una jugada de ellos y desde la Secretaría de Gobernación tuvieron el respaldo para dividirnos y justificar un enfrentamiento entre comunitarios”.
Según el dirigente de la UPOEG, el espionaje es una labor de contrainsurgencia de la Sedena y que no solamente lo hace con la UPOEG, sino en todas las organizaciones.
Con respecto a los señalamientos contra algunos comandantes de la UPOEG por su vinculación con el grupo delictivo de Los Rusos, dijo que siempre lo han hecho, pero cuestionó que por ejemplo el comandante Lorenzo Hernández, quien recientemente fue detenido en Cruz Grande, “se reunía con ellos (con los militares) dos o tres veces cada semana, ¿y si ellos sabían que andaba mal por qué se reunían con él?, cuestionó.
Agregó que eso indica que los señalamientos “son para atacarnos”.
“El Ejército en lugar de fortalecer a la sociedad, la confunde, la divide y la confronta. El objetivo de ellos es infiltrarnos a todos para confrontar y dividir a quienes a ellos les conviene porque ese es su objetivo, para ellos ese es su negocio”.
Recordó que en el caso de la UPOEG, después de que se constituyó el FUSDEG, Gobernación respaldó a la segunda organización reprimió a la UPOEG. Nosotros siempre hemos estado infiltrados pero siempre hemos estado callados”, aseguró Plácido Valerio.
Declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en su gobierno ya no habría espionaje a las organizaciones sociales, “pero no se nos olvide que los gobiernos federal, estatal y municipal se cambian pero el sistema de gobierno que no cambia es el Ejército y hay más poder en el Ejército que en los gobiernos de mando civil”.
Agregó que para el Ejército, las organizaciones “todo el tiempo somos un riesgo”.
Con respecto al señalamiento de que es una agrupación “fachada” de la delincuencia, dijo que en la zona donde opera la UPOEG no se produce la droga, sino que hay consumo de drogas sintéticas como el cristal, “y el cristal no se produce en nuestra zona, en la sierra o en la Montaña, la pregunta que nos hacemos es de dónde viene, ante los ojos de quien pasa, quien la tolera. Ese es su negocio de ellos”, acusó.
También rechazó el término de pseudo comunitarios “porque ahí estamos en las comunidades, ellos podrán decir muchas cosas hacia afuera, pero ahí estamos en las comunidades, el problema (en las comunidades) no lo resuelven ellos, a ellos les conviene que cada día haya más presos, porque significa más dinero, para ellos todo es economía, negocio”.
Agregó que los señalamientos son porque organizaciones como la UPOEG afectan sus intereses, “y ellos todo lo que ven es negocio, nosotros ayudamos a la gente sin negocio, no generamos economía, por eso significamos un estorbo, el gobierno no da paso si no hay dinero”.
El dirigente de la UPOEG dijo que a pesar de este ambiente adverso organizaciones como la UPOEG tienen que sobrevivir en las comunidades.
Y que el de las organizaciones con el del gobierno son dos proyectos diferentes; “el primero es la defensa de las comunidades que tienen que sobrevivir ante este escenario de explotación a la visión de ellos, y para el gobierno la única esperanza de cambio funciona con dinero”.
Informó que después del repliegue que sufrieron la semana pasada en la ruta de Acapulco a la Costa Chica, se encuentran en un proceso de asambleas en las comunidades para discutir la problemática que viven como la falta de carreteras, escuelas y maestros para exigirle al gobierno el cumplimiento.
Camionetas y armamento confiscado a policías de la UPOEG?en la operación que se efectuó en Cruz Grande, Copala y Marquelia de la Costa Chica del estado Foto: El Sur
Policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la misma organización Wilibaldo Villanueva.
En Acapulco, policías estatales acompañados de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, irrumpieron en los retenes comunitarios de Tres Palos, Nicolás Bravo y Chanecas, en la zona rural de Acapulco, desarmaron a los policías de la UPOEG en tres puntos del municipio y ocuparon esos lugares. Por la noche en esta ciudad tres puntos de la avenida Costera fueron bloqueados por camiones urbanos, cuyos choferes informaron que un grupo de hombres los obligaron. Las unidades fueron retiradas luego de cinco minutos cuando llegaron elementos del Ejército.
El dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio declaró que con esa acción el gobierno estatal busca desarticular a la organización, en tanto se protege a la delincuencia. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en un operativo conjunto detuvo a “objetivos prioritarios por ser generadores de violencia”.
El operativo en Costa Chica
La detención del comandante Lorenzo Hernández ocurrió este viernes en la colonia Sultana del Sur, de Cruz Grande, mientras que la del policía fue en la base de la policía de la UPOEG de ese mismo poblado.
La operación policiaca se amplió a los municipios de Copala y Marquelia donde decomisaron al menos diez camionetas que los policías de la UPOEG utilizaban para sus recorridos.
En un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se informó que “en un operativo conjunto se detuvo hoy a objetivos prioritarios por ser generadores de violencia”, y advirtió que civiles podrían realizar “acciones para desestabilizar la paz y tranquilidad en Acapulco con bloqueos o manifestaciones”.
Por su parte, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, declaró por teléfono que el objetivo del gobierno del estado es desarticular a la organización y que pretenden culpar al comandante y a los policías de su agrupación del asesinato del policía estatal que fue encontrado desmembrado el miércoles, cerca del cuartel de la Policía Estatal en Campanilla, municipio de Copala.
Agregó que con la desarticulación de la UPOEG el gobierno estatal no va a resolver el problema de la violencia, “porque el verdadero delincuente es el mismo Estado”.
A las 2 de la tarde el dirigente de la UPOEG no descartó que el operativo y los cateos continuaran por la tarde y que hubiera más detenciones.
Dijo que también acusan a los detenidos de portar armas y de posesión de droga, y aclaró: “armas sí, todo mundo sabe que las utilizamos, pero drogas no”.
En su boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en un operativo conjunto detuvo a “objetivos prioritarios por ser generadores de violencia” y que derivado de ello podrían realizar “acciones para desestabilizar la paz y tranquilidad en Acapulco con bloqueos o manifestaciones”.
La dependencia informó que agentes de la Policía Estatal detuvieron “a individuos que de forma extraoficial se informó se trata de dos integrantes de la UPOEG de Cruz Grande”.
En su documento la SPP sostuvo que los individuos están “plenamente identificados por diversos delitos, por lo cual fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso”.
Informó que la detención es resultado de un trabajo de investigación e inteligencia, así como de esfuerzos coordinados entre las autoridades que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero.
Agregó que mantenía en la zona un operativo conjunto entre autoridades civiles y militares “a fin de mantener el orden y brindar seguridad a la ciudadanía”.
Entrevistado por teléfono, el dirigente de la UPOEG informó que a pesar de la aparatosa operación policiaca sólo tenía confirmadas las detenciones del comandante y del policía, pero declaró que sabía que se realizaron varios cateos tanto a la base de la UPOPEG de Cruz Grande como a la de Copala, así como en casas particulares.
“Sabemos que hay más detenciones, pero todavía no podemos determinar cuántas son porque el operativo sigue”.
Denunció que el gobierno del estado pretende desarticular a esa organización pero no a los grupos de la delincuencia organizada que operan en las distintas regiones del estado.
Reprochó que por qué no se actúan contra los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región de la Costa Chica y en Acapulco o contra “los que desfilan con armas calibre 50 en Zarándaro”, y añadió que si no lo hacen “es porque son cómplices”.
Informó que el operativo en Cruz Grande comenzó desde la mañana y que después de la detención del comandante y del policía siguieron con el cateo de la comandancia de la UPOEG y a algunas casas de miembros de la organización. Reconoció que les encontraron armas, “todo mundo sabe que las utilizamos, pero drogas no”.
Informó que la droga está en otras casas y en narco tiendas “que todo mundo conoce, incluso cerca del cuartel de los militares de Cruz Grande”, pero denunció que a esas no las catearon.
Aseguró que el comandante José Manuel Lorenzo cada semana se reunía con los mandos militares del cuartel de Cruz Grande y cuestionó que si sabían que es delincuente por qué no lo detuvieron antes.
Con respecto a la advertencia de la Secretaría de Seguridad Pública de que podrían realizar acciones y bloqueos a raíz de las detenciones, Placido Valerio dijo que “se adelantaron”, pero agregó que “nos vamos a esperar que primero se equivoquen”.
Reprochó que la UPOPEG le sirvió al Estado durante diez años para pacificar la región de la Costa Chica y que ahora que ya no les sirve la quieren desmantelar, pero insistió que con ello no se va a resolver el problema de la violencia.
Según Plácido Valerio para lograr la paz en la Costa Chica hubo muchos detenidos, “algunos están muertos y otros se los entregamos pero fue gracias a nosotros, no a ellos”.
Añadió que la estrategia de seguridad del gobierno es solamente llegar y levantar muertos, no de prevenir ni de actuar, “y como nosotros no les entregamos dinero cada mes como si lo hace la delincuencia, no somos negocio para ellos”.
Plácido Valerio declaró que quieren desmantelar a la UPOEG para mandar un mensaje a la opinión pública que nadie puede contra el Estado, “porque el Estado es el mismo delincuente, es el mismo que somete a la población, es el mismo que la divide, es el mismo que la confronta y es el mismo que la empobrece, es el peor delincuente el Estado”.
Reclamó que las comunidades tienen el derecho a lograr su desarrollo, a la seguridad y al derecho a ser consultados.
Camionetas robadas, droga, lo incautado: gobierno estatal
En un segundo boletín de prensa enviado por la noche, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en una primera operación de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina (Semar), en los municipios de Copala y Marquelia, fueron aseguradas siete camionetas, dos de ellas con reporte de robo y el resto relacionada con hechos delictivos.
También fueron aseguradas 18 armas largas y dos armas cortas de distintos calibres, 203 cartuchos, nueve radios portátiles y una radio base, 13 chalecos tácticos con placas balísticas, tres portaplacas, un panel para chaleco, 11 pecheras y dos tablas de castigo.
La dependencia informó que en una segunda operación policías estatales y personal de la Marina detuvieron a dos personas, “consideradas como objetivos prioritarios, en el municipio de Cruz Grande”.
Agregó que los detenidos fueron identificados como José “N” y Wilibaldo “N”, a quienes se les aseguraron dos fusiles AR-15 y AK-47, un arma corta, una escopeta y presunta droga con características de marihuana, piedra y cristal. Además, un vehículo blindado, marca Jeep, tipo Gran Cherokee.
“Los dos sujetos, el armamento, equipo táctico, vehículos y la presunta droga asegurada en este operativo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso”, informó la dependencia.
Desarman a comunitarios en Acapulco
En Acapulco, policías estatales acompañados de elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, desarmaron a los policías de la UPOEG en tres puntos del municipio y ocuparon esos lugares.
Los tres puntos que tenía la UPOEG está ubicados en Tres Palos, Nicolás Bravo y Chanecas, en la zona rural de Acapulco.
El operativo lo encabezó la policía del estado y estuvieron de apoyo las demás corporaciones.
En Tres Palos anoche ya no había integrantes de la UPOEG ni policías; en Nicolás Bravo hubo nueve patrullas del estado, una del Ejército, una de la Guardia Nacional.
Mientras que en Las Chanecas hubo ocho patrullas de la policía del estado que tuvieron tomada las que eran filtros de la UPOEG.
Se supo que los agentes retuvieron a los policías de la UPOEG y después lo liberaron, pero les quitaron las arma de bajo calibre.
Incluso, los habitantes argumentaron que los agentes estatales los golpearon y les robaron dinero y celular.
En el retén de la Nicolás Bravo, los agentes no quería dejar ir una camioneta de la UPOEG, lo que causó inconformidad de los habitantes.
Hasta que llegó el inspector de la policía estatal de apellido Catalán se dejó que se llevarán a camioneta y celulares.
Pero les informó que iba a tomar los puestos de revisión de la UPOEG en coordinación con el Ejército y Marina.
Intento de bloqueo a la Costera
Por la noche tres puntos de la avenida Costera fueron bloqueados por camiones urbanos y luego de cinco minutos se retiraron del lugar.
Los bloqueos de los camiones, dos en cada punto, presuntamente en reacción a la detención del comandante comunitario, fueron en el Malecón, en el Asta Bandera y frente a Galerías Acapulco.
Un testigo contó que llegaron hombres a los camiones y obligaron a los choferes a atravesar los vehículos en la vialidad. Los camiones fueron retirados cuando llegaron elementos del Ejército.
Policías estatales detuvieron en Cruz Grande al comandante de la UPOEG, José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y al policía de la misma organización, Wilibaldo Villanueva Foto: El Sur
En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los tres órdenes de gobierno liberaron las vías de comunicación “ante los bloqueos registrados en algunos puntos del puerto de Acapulco, derivado del aseguramiento de armamento, vehículos y objetivos prioritarios, la tarde de este viernes en el municipio de Marquelia, lo que generó la reacción a estas acciones de la justicia”.
En un comunicado, la corporación policiaca afirmó que el gobierno del estado, las fuerzas armadas y la Policía Vial municipal, “implementaron un operativo para abrir la circulación en los puntos donde se han registrado estos bloqueos a fin de garantizar el libre tránsito en la ciudad”.
Señaló que ante estos hechos, se reforzó la vigilancia en la Costera de Acapulco, así como en otros puntos de la ciudad, “para atender de manera oportuna y con estricto apego a los derechos humanos, estas acciones que afectan a la población en general”.
Pide la UPOEG intervención de la Codehum
La UPOEG informó que en su operativo en Acapulco los agentes estatales, encapuchados, agredieron físicamente a los policías comunitarios que solo cumplían con el mandato de la Asamblea Popular de las poblaciones, de velar por la seguridad de sus habitantes.
Indica que además de golpear a los policías de la UPOEG, se apoderaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo y pretendieron “asegurar” una camioneta rotulada de la UPOEG.
Precisó que los uniformes de la UPOEG y escopetas, que no son del uso exclusivo de la organización, también terminaron en poder de los estatales.
Condenaron este “nuevo acto de provocación” por parte del gobierno estatal y llamaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) “a que intervenga en la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas”.
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, informó que aún no le habían programado la reunión que le prometieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a cambio de terminar las tomas de las instalaciones de Ciudad Judicial en Ometepec y del Juzgado Mixto de Ayutla.
En declaraciones por teléfono, dijo que por lo pronto está reuniendo pruebas de su inocencia y que el domingo se reunieron más de 300 representantes del comisariado ejidal de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, y aprobaron enviar una constancia a las autoridades, en la que aseguran que él no estuvo en los hechos en los que supuestamente cometió los delitos de robo y daños, por los que fue detenido el 9 de agosto.
Pero agregó que, mientras tanto, existe el riesgo de que lo detengan en cualquier momento “porque su objetivo es vernos guardados”, dijo, luego de que la semana pasada el juzgado de Tlapa resolvió el auto de formal prisión por el delito de robo.
Plácido Valerio informó que en el transcurso del día estaba dando cauce a las pruebas de su inocencia y que aún no había consultado a su abogado, sobre si debía ir a firmar este martes al juzgado.
Informó que como parte de las acciones para demostrar su inocencia, el domingo pasado hubo una asamblea de ejidatarios y representantes de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, en la que aprobaron firmar un acta que establece que él no fue al evento, en el que supuestamente se cometieron el robo y los daños de los que le acusan.
“Ratificaron (los ejidatarios) que yo no estuve en ese evento. Volvieron a ratificar que yo no tuve nada que ver, entonces, con eso comprobamos que es una persecución más política que de leyes”, declaró.
Informó que el acta que firmaron en la asamblea la van a mandar al juez, a la gobernadora, al Tribunal Superior de Justicia “y a todas las autoridades que sea necesario”.
Informó que asistieron “arriba” de 300 ejidatarios o representantes, pero que apenas fue una reunión previ,a porque el próximo domingo “viene una asamblea plenaria de ejidatarios, en la que van a asistir los mil 500 ejidatarios”.
Sin embargo, reconoció que no sabe si el acta que firmaron, y la otra que van a firmar el domingo, valdrán como prueba, “porque su objetivo (de las autoridades) soy yo o los de la UPOEG. El chiste es que ellos no quieren quedar mal ante la opinión pública, quieren justificar que somos delincuentes, no quieren un careo, para que nosotros demostremos nuestra inocencia y presentemos las pruebas de que somos inocentes, de que no somos delincuentes como lo quieren hacer ver”.
De hecho, añadió que supo que las autoridades están trabajando en otra investigación y que le están buscando “de todos lados”, pero dijo que nosotros “vamos a aclarar”.
El dirigente de la UPOEG informó que el miércoles pasado le prometieron una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado, a cambio de que levantaran los bloqueos a Ciudad Judicial y al Juzgado de Ayutla.
Pero dijo que no le habían informado el día ni la hora, “no sé a qué le están apostando, porque al final de cuentas este movimiento es de diálogo, de exigencia y de respeto”.
Pero advirtió que tienen programada una movilización “masiva”, para exigir respeto al estado de Guerrero, debido a que reprochó que llegaron gentes de otros estados “a representarnos en la Fiscalía, cuando en Guerrero hay abogados muy buenos y preparados en política y legalidad, pero hay una violación a la soberanía y dignidad de los guerrerenses”.
Dijo que los guerrerenses “no podemos aceptar que vengan abogados de otros estados, para que nos intimiden, porque en Guerrero hay abogados o abogadas con capacidad para ejercer una institución civil y no militar, porque a la fiscalía ya la convirtieron en un cuartel militar”.
El Pacto de Civilidad para la Elección en Ayutla, por usos y costumbres indígenas, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores, se firmó tras dos horas de señalamientos entre la alcaldesa del PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, y el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
Este martes, en la sala de reuniones Vicente Guerrero de la Secretaría Particular del Gobernador, ubicada en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, sostuvieron un encuentro la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Rosa María Nava Acuña y el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta.
En la reunión, la alcaldesa Aldaco Quintana solicitó de manera formal al gobernador su apoyo para que la asamblea en la que se elegirá a las nuevas autoridades munbicipales con base en la ley 701 fuera en Acapulco para brindar la seguridad necesaria, ya que aseguraba que no había condiciones en el municipio.
El problema central de la discusión era la participación de la policía de la UPOEG, a la que acusó de que amenaza a los representantes con reeducación o multas económicas si no se presentaban a la asamblea del próximo domingo 15 de julio.
Después de la primera hora y media de señalamientos, el gobernador Astudillo Flores tomó el micrófono para recordarles a los presentes que si se va a una elección no les conviene generar un conflicto, porque si hay violencia un tribunal echa abajo el proceso.
“Nadie en su sano juicio quiere ir el domingo a generar una gran confrontación y que todo se eche a perder, yo creo que no lo quieren ni ustedes ni lo quiere nadie del gobierno estatal o federal, sería una auténtica locura”, agregó.
Advirtió que a quien promoviera algún problema se le aplicaría la ley por las instituciones correspondientes.
“Me parece muy importante lo que aquí se ha dicho, yo creo que la policía comunitaria no debe de participar porque en el momento que participe entonces empiezan los problemas, yo creo que la que debe de participar es la policía del estado”, enfatizó.
Puntualizó que el gobierno está en la mejor disposición de brindar la seguridad para este proceso que se avecina, pero pidió a los presentes su respaldo para que se realice una asamblea tranquila.
Les recordó que durante el proceso del pasado primero de julio se logró celebrar una jornada electoral pacifica en al que a pesar de que se aseguraba que no podrían desarrollarse por problemas de seguridad, se logró sin incidentes violentos.
En un momento del encuentro, el gobernador de plano preguntó a las dos partes en conflicto si se firmaría o no el Pacto de Civilidad, lo que se hizo después de dos horas y un receso de 15 minutos.
Al encuentro se incorporó el secretario de seguridad, Pedro Almazán Cervantes, después de un receso, quien quedó como encargado de la seguridad durante este proceso de elección de nuevas autoridades.
En su intervención, el presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, quien también firmó como testigo, reconoció la disposición del gobernador para que se pueda llevar a cabo esta elección en tranquilidad.
Durante la reunión, se supo que la dinámica con los reporteros era que no entrarían a cubrir todo el encuentro, pero debido a una descoordinación permanecieran durante todo el acto en el que Astudillo Flores mostró su malestar por lo que se estaba suscitando.
Parte de la confrontación
Aldaco Quintana pidió al gobernador y al secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame que explicaran el propósito de la reunión ya que les recordó que hace un mes, en Casa Guerrero se había firmado un pacto de civilidad, el que aseguró nunca se respetó.
“En esta mesa se dicen algunas cosas, pero en el municipio se hacen otras y respetuosamente les quiero decir que estoy preocupada por el municipio, ya que las personalidades que están presentes aquí (Bruno Placido Valerio) se ha dedicado a hablar mal de la administración”, enfatizó.
Señaló que la UPOEG se ha dedicado en cada comunidad a la que no pueden entrar como gobierno, por la policía ciudadana armada que opera en ellas, a hablar mal sobre la su gobierno.
Insistió que dicha organización amenaza a la población del municipio, por lo que está actuando de manera violenta sin cumplir los acuerdos ya firmados hace un mes, además de recurrir a las asambleas en las asegura que no existe mayoría.
“Yo no sé que exista atrás de todo esto, lo que si les digo es que mi vida corre peligro, la de mi familia y muchos de mis amigos corre peligro por que son amenazados”, enfatizó.
Comentó que para su parecer la reunión de este martes no tenía sentido, pero a pesar de esto firmó el Pacto de Civilidad, que fue reescrito para incluir otras demandas de seguridad.
Por su parte el líder de la UPOEG, Bruno Placido Valerio advirtió que si no había acuerdo en como se realizaba las elecciones a través de usos y costumbre, se podrían reorganizar las comunidades indígenas interesas para convertirse en “su propio gobierno”.
“Es importante construir la pluralidad del municipio, y que se firme un Pacto de Civilidad, se habla tanto de la policía ciudadana, pero nosotros hemos acordado no participar porque no puede ser un evento policiaco”, agregó.
El dirigente de la policía de la UPOEG, dijo que se comprometerían a replegarse durante este proceso de elección de autoridades, que se planea para el 15 de julio en la Unidad Deportiva de Ayutla.
“Aquí hay conflicto porque se ha tirado mucho dinero, el dinero con la población, cada uno siembra lo que cosecha (lo dijo al revés ), no sé por que dicen que nosotros no permitimos que voten como hoy (fue), en Tecoanapa y otros municipios en Copala”, agregó.
Aprovechó para informar que gracias a la policía de la UPOEG se lograron evitar confrontaciones y delitos electorales en los municipios de la Costa Chica donde operan, en donde aseguran que hubo mucha compra de votos.
“El esposo de la presidenta trae guardia, ¿a qué le tiene miedo? Trae escolta y nadie lo ha parado. Entonces no hablemos de cosas de que ‘nos están persiguiendo’ cuando tenemos impunidad. Aquí de lo que se habla es de un método de gobierno a través de una asamblea”, enfatizó.
El dirigente la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio dio a conocer que la organización firmará un convenio de coordinación y colaboración con el gobierno del estado, con el objetivo de generar un ambiente de respeto en las gestiones que realicen en los pueblos donde tiene presencia la UPOEG.
“El concepto de coordinación no se confunde con el de subordinación”, enfatizó.
La mañana de este miércoles, Bruno Pacido se reunió con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno para determinar cómo se llevará a cabo tal convenio.
El líder de la UPOEG agregó que tentativamente la firma del convenio sería hoy en el Palacio de Gobierno, pero que aún no tenía confirmada la hora.
Minutos antes de entrar a la oficina, Placido Valerio explicó que el convenio es para que las dos partes se traten con respeto y se coordinen de manera adecuada ante los conflictos sociales.
“El conflicto de la inseguridad, la pobreza… es muy importante construir un nuevo camino donde se discuta y analice cómo resolver cada problema”, expresó.
Recordó que el propósito de su organización es construir un camino de diálogo para discutir los problemas y para que el gobierno dé una solución a la población.
Insistió en que el convenio es para tratar de establecer un canal de diálogo que permita la tranquilidad y para evitar la confrontación con el gobierno actual, para que sus demandas sean atendidas en tiempo y forma.
Comentó que se trata de que se respete a su organización cuando se enfrenten en un conflicto.
“No es sólo hablar de legalidad, sino cómo construir acuerdos, y esa palabra es muy amplia y de varios criterios, sin embargo, se pretende trabajar con ese concepto”, detalló.
Al respecto, se le preguntó si para firmar el convenio el gobierno del estado les pedirá que las policías ciudadanas se replieguen o se ordenen, a lo que contestó que, “el problema aquí es el gran conflicto de interés de los grupos que han sometido al Estado”.
Agregó que al final de cuentas lo que está en riesgo es la vida de los ciudadanos de las comunidades donde no hay policía, por lo que dijo que es importante plantearse un método para resolver el problema de la seguridad.
“Cuando hablamos de respeto, no es hablar de legalidad sino de construir acuerdos”, comentó.
Insistió en que cada parte deberá atender sus obligaciones para evitar enfrentamientos. “El problema no es que andemos armados, el conflicto aquí es de interés de los grupos que han sometido al Estado, el conflicto no es que nos salgamos o no, sino que está en riesgo la vida de los ciudadanos día a día”, agregó.
Mencionó que la fórmula planteada al gobierno del estado es que las policías comunitarias o ciudadanas tienen que surgir bajo un esquema de legitimidad, pues cada grupo o pueblo que nombre a su policía debe de regirse bajo una asamblea popular.
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio aseguró que son personas que quieren desprestigiar a su organización las que colocaron las dos narcomantas donde lo señalan como responsable de los 19 cuerpos encontrados en una barranca de la comunidad de El Naranjo, en la sierra de Chichihualco.
Además indicó que los niveles de inseguridad han aumentado porque en las comunidades y en las instituciones hay infiltrados del crimen organizado, por lo que es conveniente que se hagan depuraciones.
Vía telefónica se le preguntó a Bruno Placido sobre las narcomantas que aparecieron el domingo en Chilpancingo, donde lo señalaron como responsable de los 19 restos humanos encontrados en El Naranjo, donde también se indicaba que los secuestros de comerciantes y asesinatos de ciudadanos están vinculados con los policías comunitarios.
Plácido Valerio pidió a las personas que colocaron las narcomantas que den los nombres de los policías de la UPOEG que secuestran personas para proceder conforme corresponde. Consideró que los señalamientos son porque en la sierra hay muchos intereses, “y que casualidad que desde que la Policía Comunitaria entró a la sierra están apareciendo las mantas diciendo que soy dirigente del cartel”, expresó.
Dijo que los policías comunitarios tendrán precaución por los señalamientos que están haciendo, pues sólo quieren desprestigiar a su organización, porque eso significa que quieren hacer algo en contra de la UPOEG, para que no siga creciendo, puesto que se ha extendido a otros municipios y pueblos.
El dirigente de la UPOEG manifestó que hará una investigación para saber con precisión sobre las mantas, porque quienes emitieron el mensaje lo hacen para justificar acciones violentas en la sierra.
Aseguró que no se ha reunido con las autoridades estatales o federales, porque “el que nada debe nada teme, cuando se requiere comparezco o doy declaraciones”.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y portaban lanzagranadas y fusiles Barret, AK-47 y AR-15, en la comunidad de El Naranjo.
Después del enfrentamiento llegaron soldados del Ejército que desarmaron a los policías ciudadanos y detuvieron a unos 60, mientras que otros 15 se reportaban desaparecidos, después, uno de ellos fue hallado muerto y otro continúa desaparecido.
También se le preguntó si los policías de la UPOEG continuaban resguardando la zona de la sierra, y respondió que no, porque el Ejército tomó el control, “nos mantenemos al margen para que asuman bien su papel”, resaltó el dirigente.
Comentó que las autoridades deberán de asumir su responsabilidad, pero trabajar en conjunto con los ciudadanos para combatir la delincuencia organizada. Añadió que la inseguridad aumenta cada día porque hay infiltración de la delincuencia en cada pueblo o institución, por lo que se deberá de hacer una depuración para que el sistema funcione.
Plácido Valerio expresó que los gobernantes informan que cada día aumenta más la violencia, por ello deberán de caminar juntos, gobierno y sociedad para que haya mejores resultados.
La sede en Acapulco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió de enero a octubre de este año 213 quejas contra autoridades federales; 95 de ellas son contra la Policía Federal por trato cruel, denigrante, tortura y exceso del uso de la fuerza durante detenciones.
El coordinador de la oficina de la CNDH en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés informó, vía telefónica, que hasta ayer no se había presentada ninguna queja en la dependencia por la violencia en la sierra del estado.
Indicó que sólo se puede iniciar una queja de oficio cuando el hecho “trasciende a nivel nacional”, pero que la institución está atenta al caso de las comunidades de la sierra, donde vecinos han denunciado que el Ejército protege a delincuentes.
El viernes 8 de noviembre hubo un enfrentamiento a balazos de siete horas entre policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y sicarios, que dejó tres delincuentes muertos en la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo.
El jueves 12 de noviembre en la comunidad de El Naranjo, municipio de Iguala, habitantes reportaron que 500 delincuentes se enfrentaron a policías ciudadanos de la UPOEG. El Ejército detuvo a 60 policías ciudadanos y los desarmó, en respuesta los habitantes retuvieron a los militares y los acusaron de dejar escapar a los delincuentes. Inicialmente se reportó el asesinato de 15 policías comunitarios, pero el domingo el promotor, Bruno Placido informó que 13 de sus compañeros fueron localizados, uno estaba desaparecido y uno fue encontrado asesinado.
El representante de la CNDH en el estado indicó que Guerrero se encuentra en la posición décimo quinta a nivel nacional en quejas contra autoridades federales. Indicó que la Ciudad de México registró en los últimos 10 meses 2 mil 3 quejas situándose en el primer lugar, Tlaxcala con 24 quejas ocupa el último puesto de las 32 entidades.
Dijo que los “casos emblemáticos” son 42 quejas contra la Procuraduría General de la República (PGR); 22 contra la Secretaría de la Defensa Nacional; 15 contra el IMSS; 10 hacia la Marina; 10 contra el ISSSTE, y ocho contra la Comisión Federal de Electricidad.
Lugo Cortés informó que, a nivel nacional hay 93 expedientes de casos que se siguen por oficio, mismos que tienen que ser de trascendencia nacional y de graves violaciones a los derechos humanos, pero no supo precisar.
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio declaró que la prioridad de su organización es encontrar al policía ciudadano desaparecido desde el jueves en la sierra de Leonardo Bravo, antes que buscar el diálogo con el Estado o con el Ejército.
En consulta telefónica, recordó que 13 policías ciudadanos lograron huir a los cerros luego de que militares intentaron desarmarlos, seguido de un ataque a balazos por desconocidos que portaban vestimenta tipo militar.
Uno de los emboscados, que fue encontrado muerto es Heriberto Maldonado Ramírez, vecino de la comunidad de Mojoneras, municipio de Chilpancingo, y otro, de quien se reservó el nombre, sigue desaparecido.
Denunció que el sábado, cuando hallaron el cuerpo, solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se encargara de las diligencias y la investigación, y que fuera a recoger el cuerpo, pero ésta nunca llegó, y tras varias horas de espera la familia se llevó el cadáver.
También aseguró que pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para documentar las violaciones, y ésta tampoco se ha presentado en las comunidades.
Adelantó que ayer por la tarde, los comisarios de la región se reunieron en Chichihualco para determinar nuevas acciones en el tema de la inseguridad.
Como parte de estas acciones, comentó, convocaron a la prensa a que acuda a las comunidades para conocer los agravios que se han cometido contra la población.
Aseguró que no han tenido comunicación con funcionarios de gobierno, y que los vecinos exigen la intervención de las autoridades para hallar al desaparecido.
El gobierno estatal debe preocuparse por la proliferación de la delincuencia, no de las policías ciudadanas y comunitarias que se organizan por la vida, señaló el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio sobre las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El gobernador dijo que los últimos hechos de violencia en la Sierra de Leonardo Bravo, se deben a la proliferación de policías comunitarias que “van y entran en confrontación con el pueblo”, y que “ya se salieron de control”.
En este sentido, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Braulio Pimentel Antunez aclaró que los ciudadanos tienen derecho a organizarse frente la ineficacia de los gobiernos y las corporaciones policiacas coludidas con los criminales.
El coordinador de la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís pidió a las autoridades que valoren las experiencias de los pueblos para atender la crisis social.
El sábado, el gobernador llamó a los alcaldes a poner toda la atención cuando nazca una policía comunitaria, porque tiene sus límites, “y ya se salió del orden, se salió de control”, expresó en relación al homicidio del comisario y secretario de Polixtepec, en la sierra de Chichihualco, seguido de una balacera que dejó tres presuntos sicarios muertos, siete heridos de la UPOEG, y la comunidad abandonada por sus pobladores.
En consulta telefónica, Bruno Plácido Valerio lamentó que el gobierno esté más preocupado por la organización de los ciudadanos que por la proliferación de la delincuencia, pero reconoció que tampoco es un asunto sólo de las autoridades, y que también le corresponde a la sociedad buscar la solución.
Señaló que en esta crisis de inseguridad, sin distingo de partido o nivel económico, se debe centrar el debate en cómo erradicar a la delincuencia, sin confrontación.
“Es un momento de solidaridad, de unificar un frente para erradicar a la delincuencia, llamar a todos los actores para buscar entre todos una salida, hay que verlo como un problema de todos, no sólo de gobierno”.
Así como la Iglesia llamó a un gran diálogo con los actores (incluyendo a los líderes de cárteles del narcotráfico), Plácido Valerio informó que está buscando a la Iglesia, a transportistas, ganaderos, comerciantes, porque “somos una sociedad que está en crisis, somos un foco rojo; vamos a darle la vuelta a la página”.
Se reservó de hablar de los grupos de la Policía Ciudadana que operan en la sierra de Leonardo Bravo, y aseguró que hoy convocará a la prensa para hablar del caso en Chilpancingo.
No obstante, se supo que las comunidades de la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de la Sierra, que hace dos años se unió a la Policía Rural, también conformó grupos de policías comunitarios con el respaldo de la UPOEG.
Mejores resultados que todas las corporaciones juntas: Pimentel
El consejero Braulio Pimentel, de la CRAC de San Luis Acatlán, recordó que pese a los errores, la Policía Comunitaria ha dado mejores resultados que todas las corporaciones policiacas juntas, a los largo de muchos periodos de gobierno.
Señaló que la organización de los pueblos es una reacción natural ante la incapacidad de las autoridades de garantizar seguridad que “hasta se coaligan con la delincuencia, como lo demostró el caso de Iguala”, el 26 y 27 de septiembre.
Indicó que la garantía de resultados es porque los policías comunitarios son nombrados en asambleas y reuniones amplias, más que cualquier otro sistema de seguridad, como el Mando Único que incorpora a todos los cuerpos policiacos, los tres niveles de gobierno y militares.
Estimó que si el Mando Único no incluye un ingrediente de participación ciudadana, nunca va a funcionar “porque el sistema está muy corrompido”. Propuso a las autoridades pedir información de toda las expresiones se seguridad comunitaria, en lugar de buscar alternativas en Estados Unidos o Colombia.
Recordó que las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán son un referente nacional e internacional, por el trabajo honorario de los pueblos “este sistema es la alternativa, un prototipo incluso para las regiones que no son indígenas”.
A los alcaldes, les pidió que estén más atentos de los criminales que de nuevos grupos de policías comunitarias, porque desde la federación están imponiendo secretarios de Seguridad Pública y por ahí se les puede infiltrar la delincuencia.
Algunos usan la figura comunitaria para trasiego de droga: FUSDEG
Salvador Alanís aclaró que si bien al gobierno le toca defender a las instituciones en el tema de seguridad, el pueblo también tiene voz y voto.
Recordó que los pueblos que se levantaron en armas es porque el Estado no les dio otra opción, no garantizó la seguridad, pero todos los policías comunitarios preferirían llevar una vida tranquila, dejar el servicio comunitario que sólo trae problemas, amenazas y ha costado muchas vidas de sus compañeros; “no es deseo nuestro armarnos y pelearnos con la gente mala”.
No obstante, declaró que hay grupos que aprovechan el buen nombre de los policías comunitarios para el trasiego de mariguana y amapola, “de eso se tienen que cuidar con lupa las autoridades”.
Aseguró que en los 62 pueblos donde trabaja el FUSDEG no se dedican a la producción de drogas, pero demandan a las autoridades que dé alternativas de empleo a las familias de la región. Por lo tanto, no tienen miedo a la regulación ni a la revisión de sus estructuras.
Sin embargo, insistió en que los tres niveles de gobierno no han tenido capacidad de eliminar a los grupos criminales que hacen daño en Guerrero, “se han visto rebasados en todas las grandes ciudades”.
Pero el día que comiencen a reducir los índices de criminalidad, “con gusto dejamos la playera y nos quedamos como vecinos vigilantes”. Consideró que este gobierno tiene una gran tarea, “ojalá podamos aportar lo aprendido, que permita interlocución para intercambiar experiencias”, expresó Salvador Alanís.
