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Detienen a líder de la UPOEG de El Ocotito en Puebla; llevaba drogas y un arma, reportan

El 23 de enero el comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creacio?n de su policía Foto: Lenin Ocampo Torres

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

El líder comunitario del Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar fue detenido en el estado de Puebla.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350.
“Al hacerle una revisión encontraron 62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”, según el boletín.
La SSP menciona que José B. es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”.
Al momento de la detención estaba acompañado de una mujer identificada como Betzaira Monserrat L. y ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
El boletín indica que de “acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
José Deivy Barrientos fue fundador junto a Salvador Alanís Trujillo de la autodefensa en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, que se armó para combatir al grupo delictivo de Los Rojos y se unió en enero del 2014 a la UPOEG.
Luego de diferencias con el líder estatal de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, Alanís Trujillo fundó en noviembre del 2015 el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Gue-rrero (FUSDEG) y el segundo al mando era Deivy Barrientos.
En noviembre del 2016 el FUSDEG sufre una división y Deivy Barrientos se vuelve a unir a la UPOEG para desplazar al grupo que encabezaba Salvador Alanís, quien posteriormente en el 2018 fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
En agosto del año pasado fue asesinado en Chilpancingo Fredid Román Román y sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante Deivy, quien posteriormente en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
La última aparición pública de José Deivy Barrientos fue el 23 de enero, cuando encabezó la marcha del noveno aniversario de la UPOEG en el Ocotito.

Este año se concretará que los policías de la UPOEG tengan credencial, dice Bruno

Este año sí se llevará a cabo la credencialización de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para depurar y transparentar su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, indicó el dirigente indígena, Bruno Plácido Valerio.
Consultado en la Secretaría General de Gobierno donde estuvo acompañado por delegados y representantes de la organización, indicó que se reunieron con  el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, para restablecer el diálogo sobre los lineamientos de coordinación a fin de que gobierno y comunidades tengan control del sistema.
Recordó que a mediados del año pasado había avances para iniciar el proceso de la  credencialización pero la Fiscalía General del Estado (FGE) “llegó con otra visión y comenzaron los problemas”, dijo en referencia la ejecución de órdenes de aprehensión contra policías comunitarios desde agosto pasado, incluido él quien fue detenido en la capital y enviado al penal de Tlapa acusado de robo en 2016 en esta ciudad, aunque fue liberado 24 horas después porque prescribieron los delitos.
Placido Valerio señaló que en la Secretaría General de Gobierno están retomando la mesa de trabajo para “identificar, clarificar y transparentar quiénes son los que integran el sistema comunitario”.
Estimó que la credencialización va a permitir la regulación e identificación de sus integrantes en cada comunidad.
“Lo que estamos construyendo ahora es poner sentido en la seguridad y después abordar diferentes temas de trabajo, porque también hay una omisión del gobierno estatal y del Congreso del Estado, que no ha aprobado la ley de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo.).

Dice Bruno Plácido que grupo criminal apoyaría al gobierno para desmantelar a la UPOEG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio denunció este martes que los gobiernos federal y estatal recrudecieron, “posiblemente con un grupo de la delincuencia organizada”, sus acciones para desmantelar a esta agrupación que opera en el corredor de Acapulco a la Costa Chica.
Expuso como argumento la detención del comandante José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y el policía de la misma organización, Wilibaldo Villanueva, de quienes, dijo, no se les han podido comprobar ningún delito pero que siguen detenidos; uno en Acapulco y otro en Ometepec.
En declaraciones por teléfono, también denunció que en las operaciones de la Policía Estatal contra la UPOEG, participan civiles vestidos de negro encapuchados y que sospechan que son miembros de algún grupo delictivo.
El dirigente social declaró que son estos los que han participado en los cateos, detenciones, torturas y amenazas a los miembros de la UPOEG para que abandonen la agrupación.
De los casos del comandante de la UPOEG José Manuel Lorenzo Hernández, El Chato, y el policía Wilibaldo Villanueva, detenidos el viernes y a quienes se refirió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de ayer, informó que el primero fue liberado por la Fiscalía General de la República (FGR) por falta de pruebas de que portaba armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Añadió que, sin embargo, cuando salía el sábado fue reaprehendido por el delito de homicidio que cometió “en defensa propia” en su función como miembro de la policía de la UPOEG y fue trasladado al penal de Ometepec.
En tanto que el policía Wilibaldo Villanueva, a quien acusan de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de droga, está recluido en el penal de Acapulco.
En el caso de José Manuel Lorenzo dijo que “primero lo liberaron porque no había una orden de aprehensión en su contra, ni orden de cateo, ni información real del delito que había cometido, nomás se fueron por informaciones de la calle”, dijo.
Agregó que después cuando salía de las instalaciones de la FGR en Acapulco, fue reaprehendido por la Fiscalía General del Estado (FGE), supuestamente por un homicidio cometido en el 2015 y 2016, “pero el homicidio fue en defensa legítima contra un secuestrador”, aseguró Bruno.

Se desplegaron el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, afirma

En un boletín de prensa la FGE dice que José Manuel fue detenido por homicidio en agravio de José N ocurrido en enero del 2016 en Acapulco.
Plácido Valerio aclaró que independientemente de estas detenciones ocurridas el viernes, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, han desplegado operaciones desde Acapulco hasta Ometepec para desmantelar a la UPOEG.
Dijo que las fuerzas federales y la Policía Estatal han incurrido en allanamientos, saqueos, detenciones, torturas y amenazas, en contra de miembros de la agrupación para que la abandonen.
Aseguró que por estas violaciones a los derechos humanos ya están presentando quejas ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.
“De ahí (de las dos primeras detenciones) se están agarrando para la persecución”, denunció, y agregó que detuvieron el domingo a otro miembro de la UPOEG en Marquelia, a quien golpearon, sometieron y torturaron y lo dejaron libre a condición de que abandonara la organización.
Aseguró que también por ese caso ayer estaban presentando la queja ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.
“No nomás se están yendo contra los que cometen delitos, sino que van contra todos y están dejando mensajes a la gente, les dicen que tienen que retirarse de la UPOEG”, denunció el dirigente.
Agregó que el hostigamiento es para desarticular a la organización y que, por ejemplo, en la base de Copala entraron y se llevaron un tanque de gas y todas las cosas, “es un saqueo lo que están haciendo”.
Declaró que les pidió a los miembros de la organización que temporalmente se replegaran y que esto las autoridades “ya lo están entendiendo como que nos tienen sometidos y se están posesionando del territorio”.
Dijo que los policías estatales, acompañados del Ejército y de la Guardia Nacional están dejando mensajes a la gente de la UPOEG, “por ejemplo llegaron a la comandancia de Marquelia y dejaron una pinta que dice: esto que les sirva y vamos contra todos”.
Criticó que esto no es el proceder que debe de tener una corporación policiaca, y que da a entender que se están haciendo acompañar por integrantes de algún grupo delictivo.
Aseguro que la gente de la UPOEG ha visto que entre los policías estatales van gentes vestidas de negro y encapuchadas, y son los que hacen la pintas y dejan los mensajes a los miembros de la UPOEG.
“Esto solamente lo hacen los grupos de la delincuencia organizada cuando quieren apoderarse de algún territorio, y eso es lo que nos está preocupando, que puede ser un grupo de la delincuencia organizada que se alió con la Policía Estatal para hacernos a un lado justificándose que son la autoridad”, dijo.
Contó que ocurrió otro caso, el de Atilano, El Tigre, quien vive con su mamá enferma en Marquelia, “tiene unas vaquitas y ya le cayeron tres veces, “lo hincaron, lo golpearon, lo esposaron, le robaron 8 mil pesos que tenía y volvieron a regresar y le exigieron que se deslindara de la UPOEG, no están actuando como autoridad”.
Plácido Valerio informó que independientemente de las quejas que están presentando ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, por estos hechos están esperando que “cometan más errores, que abusen más para que con eso procedamos, la gente está analizando acudir a los organismos internacionales de derechos humanos”.
Insistió: “La gente se pregunta: por qué la Policía Estatal se está haciendo acompañar por gente vestida de negro y encapuchada, cuando se supone que deben ir con el uniforme de la Policía Estatal y se deben transportar en patrullas blancas”.
Reiteró que las sospechas de que hay gente del crimen organizado infiltrada en la Policía Estatal en estos operativos es la pinta que dejaron en la comandancia de la UPOEG de Marquelia, el mensaje que le dejaron a El Tigre y el saqueo que hicieron en la base de la UPOEG de Copala. En este caso dijo que los ejidatarios ya se organizaron y el domingo pasado acordaron que ya no van a permitir que entre la Policía Estatal a su ejido.
Explicó que si de verdad fueran contra los delincuentes de la organización, hubieran agarrado sólo a los que supuestamente están vinculados con la delincuencia, pero denunció que se están yendo contra toda la gente de la organización.
“Aquí hay una persecución declarada, se pretende desarticular y justificar que se actúa en contra de la delincuencia, pero no nos están probando nada. No hay prueba de los delitos”, aseguró.

Avala Bruno Plácido la iniciativa sobre la amapola; advierte que no resolverá la violencia

El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio avaló la iniciativa de los diputados locales para la legalización de la amapola, aunque dijo que no resolverá el problema de la violencia.
En un audio proporcionado tras una ponencia en la Barra de Abogados de Acapulco, Plócido Valerio expone que van a esperar a los nuevos diputados electos para modificar y revisar la Ley 701 de derechos y cultura indígena.
Explicó que la aprobación de la iniciativa en el Congreso del Estado para la legalización de la amapola con uso medicinal, será “un pequeño aporte para pacificar el estado, pero no resolverá todo el clima de violencia”.
Aseveró que la delincuencia organizada tiene distintas vertientes como el secuestro, extorsión, lavado de dinero, entre otros, por lo que la legalización de un solo enervante no contribuirá mucho.
“Es un aporte mínimo al cambio que se está buscando, yo creo que es válida la legalización, pero no significa que ya con un palomazo se vaya a resolver la violencia”, recalcó.
Agregó que con la legalización también deben ser previstos mayores apoyos al campo, con la finalidad de que los productores logren dar un valor agregado a su producto y mejore la economía local, sin que tengan que recurrir a intermediarios que aminoran las ganancias para el sector.
Sugirió a los senadores atender la legalización y que la aprueben, y que en caso de concretarse pueda tener una reglamentación que tome en cuenta la drogadicción como un tema de salud pública.
Por otro lado, dijo que el Estado no ha sido capaz de resolver algunos delitos en el nuevo sistema penal acusatorio.
El viernes, la Comisión Permanente del Congreso del Estado citó de manera urgente a los 46 diputados locales para aprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los tres poderes del estado, así como el nombramiento del fiscal anticorrupción, además de presentar y votar seis iniciativas de ley en un tercer periodo de sesiones extraordinario que se agotó este viernes.
También aprobó la iniciativa de ley sobre la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales, que el Congreso de Guerrero enviará al Senado para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva.

 

No se pasará por alto la masacre en Cacahuatepec, dice Astudillo a UPOEG

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no tiene interés de confrontase con nadie en los medios y que no se resuelve nada respondiendo a “provocaciones”, en alusión al pronunciamiento de la Unión de Pueblos y Organiza-ciones del Estado de Guerrero.
Consultado al concluir el acto de destrucción de armas, Astudillo señaló que ante la negativa de la UPOEG de desarmarse, no caerá en descalificaciones.
Pero también subrayó: “No podemos dejar pasar por alto los abominables crímenes que se cometieron recientemente en Cacahuatepec, a mí me parece que no se puede dejar de tener memoria frente acontecimientos que están ahí”, en referencia a la masacre de siete vecinos de esa comunidad de Acapulco, incluido un bebé, perpetrada a principios de junio por policías de esa organización.
Reiteró que los grupos de autodefensa han incurrido en acciones que son reprobadas, no sólo por le gobierno del estado sino por la sociedad.
De las críticas de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), dijo que se debe dialogar y debatir en torno a la Ley 701 para encontrar la base jurídica del nuevo ordenamiento sobre los derechos indígenas. (Anarsis Pacheco / Chilpancingo).

No permitirá que se le desarme, responde la UPOEG al gobernador y se declara en alerta

Ante un posible desarme de la Policía Ciudadana de su organización, la que advirtió el martes el gobernador Héctor Astudillo Flores, Bruno Plácido Valerio dijo que “la población sabrá inteligentemente qué hacer, allí no depende de Bruno, depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
Aclaró que los pobladores no van a pelear en un enfrentamiento, “solamente van a defender lo que es de ellos, van a defender sus derechos”.
De los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, donde fueron asesinadas a balazos siete personas, entre ellas dos niños y un bebé de cuatro meses que murió por traumatismo craneoencefálico, informó que están en la etapa de solicitarles amparos, pero no dio más detalles porque dijo que apenas está en pláticas con el abogado.
Independientemente de las declaraciones del líder de la UPOEG, la coordinación general de la organización dio a conocer un comunicado mediante su muro de Facebook en el que se declara en alerta a partir del miércoles, tras las declaraciones del gobernador Astudillo Flores en el sentido de que “lo más conveniente” es desarmar a los policías como los de la UPOEG.
“Después de tener una reunión con las distintas autoridades civiles y agrarias de los municipios donde la UPOEG tiene presencia, nuestra postura sigue igual; no se permitirá ni un tipo de desarme y en los pueblos estamos dispuestos a todo con tal de defender el derecho a la seguridad que tanto nos ha costado”, advirtió la coordinación mediante la red social.
Sin embargo, consultado después por teléfono, Plácido Valerio informó que la UPOEG tiene una asamblea el domingo para decidir cómo va a proceder. Pero de entrada opinó que el gobierno no puede generalizar, “porque los errores no son de todos los elementos”.
El coordinador general de la agrupación se dijo de acuerdo con que en donde se encuentren “abusos o gente infiltrada” y haya argumentos, es necesario el desarme.
Insistió en que no se puede generalizar a todo el sistema “porque no todos los grupos ni todos los elementos cometen errores”.
Dijo que se tiene que especificar exactamente a quiénes hay que desarmar, “porque generalizar quiere decir que hay una guerra y yo creo que nosotros hemos sido gente de diálogo y hemos contribuido a la tranquilidad de la población”.
Demandó que si hay errores que se corrijan, pero que no se justifica que se proceda “con un todo”.
Para Bruno Plácido “es importante mandarle el mensaje al gobierno, de que tiene esa autoridad, “pero no proceder con una amenaza, sino actuar con argumentos y delimitar a quiénes y no generalizar”.
Dijo que hay municipios que están muy tranquilos con su policía, hay buena coordinación y toda una tranquilidad. Por eso insistió, “el gobierno no puede generalizar”.
Dijo que tampoco se ha presentado una contrapropuesta de lo que se va a hacer después de que desarme a la gente, “¿qué se va a hacer para que se garantice la seguridad a la población?”, y demandó que se explique qué se va a ofertar después para la seguridad de la gente.
Agregó que debe de haber un proceso de diálogo entre el gobierno y la UPOEG, “debe haber una mesa para estar interactuando acuerdos”, porque declaró que todo se ha dicho mediante declaraciones en los medios de comunicación, pero que no hay una mesa de trabajo para conciliar los conflictos sociales en Guerrero.
A pregunta del reportero declaró que en caso de proceder el gobierno con el desarme, “la población sabrá inteligentemente qué hacer ante un riesgo de su vida. Allí no depende de Bruno, sino depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
En cuanto a los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, informó sigue en la etapa de solicitarles amparos, pero no abundó más porque apenas había hablado con el abogado.
Recordó que él los iba a presentar voluntariamente, pero que ni bien llegaban cuando ya los estaban acusando de participar en un hecho artero, “y es muy delicado que se quiera justificar un error de algunos compañeros, en el caso de que así fuera”.
Admitió que si hay pruebas y elementos, “los entregamos, porque todos estamos obligados a hacer mejor las cosas, independientemente de qué organización seamos”.
Insistió en que se cite también a quien les pidió el auxilio, a quienes están extorsionando, que investigaran sus números telefónicos, que revisaran los antecedentes de la familia y estudios profesionales de balística para que con pruebas y elementos se entregara a quienes son señalados, “pero no se puede generalizar a toda la Costa porque no toda la Costa participó”.
De Tierra Colorada donde está en conflicto con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, Plácido Valerio recordó que el gobernador Héctor Astudillo instituyó una comisión de diálogo y armonía y que ante esa comisión la UPOEG propuso asambleas comunitarias, en las que participaran la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la vigilancia de la toma de decisión de los ciudadanos, pero se quejó de que el caso se quedó allí.
“Ahora todos se quejan de los conflictos pero no se acuerdan de los acuerdos”, reprochó y recordó que se trata de acuerdos que le hicieron del conocimiento al secretario de Gobierno, Florencio Salazar como responsable de la política pública del estado.
Insistió que ahora, por ejemplo, se quejan de los enfrentamientos, pero no han revisado los acuerdos a los que se llegaron en la instalación de las mesas de dialogo.
Informó que de estos acuerdos también estuvo enterado el presidente municipal de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, quien estuvo de acuerdo que para resolver el conflicto no interviniera ni la UPOEG ni el FUSDEG para que los ciudadanos decidieran en asambleas y así llegar a la tranquilidad y estabilidad en Tierra Colorada.

Marchan la UPOEG y comisarios; exigen que se regulen los grupos de seguridad ciudadana

Unos 400 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo de Comisarios de Costa Chica, marcharon para exigir en el Congreso la regularización de los grupos armados de seguridad ciudadana y una interlocución para abrir mesas de trabajo con los gobiernos estatal y federal.
Los manifestantes esperaban ser recibidos por una comisión de diputados de las Comisiones de Justicia, Seguridad y Asuntos Indígenas, como se acordó una semana antes con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Adame.
Sin embargo, y después de que se le insistió, sólo fueron recibidos por la diputada del PRI, Beatriz Alarcón Hernández, quien atendió a una comisión en la sala José Francisco Ruiz Massieu, y adujo la tardanza de los manifestantes para justificar la ausencia del resto de los diputados.
En la reunión se estableció otra cita el miércoles, sólo para las demandas de la UPOEG. El Consejo de Comisarios de la Costa Chica, anunció que continuará su agenda por separado.
De manera extraoficial, se denunció que la UPOEG relegó los asuntos de los comisarios, para centrar la reunión en el problema de Tierra Colorada, donde tienen una pugna con el FUSDEG.
Por separado, el representante del Consejo de Comisionarios, Feciliano Santana Alonso, explicó vía telefónica que los representantes de los pueblos de Costa Chica llegaron a Chilpancingo a participar en una marcha por la dignidad en un frente común con la UPOEG, para hacer presión en el Congreso por atención a sus demandas.
Aclaró que son movimientos independientes con peticiones comunes, salvo en el tema de seguridad ciudadana, por lo que su gestión continuará por separado. De la reunión, sólo declaró que esperan la mediación de la diputada Añorve para tener comunicación directa con los secretarios y delegados de Gobierno en la gestión de servicios y beneficios de programas sociales.
Entregaron peticiones de sue-ro antialacrán y medicamentos para comunidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistla- huaca y ambulancias para Igualapa y Llano Largo. Confió en que la diputada Beatriz Alarcón los llame para dar seguimiento a sus planteamientos.
El “error” de la protesta

La marcha de hombres y mujeres campesinos comenzó después de la 1 de la tarde, en el crucero de la Autopista del Sol con la carretera federal Mexico-Acapulco, al sur de la ciudad, avanzó por la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero y la avenida Lázaro Cárdenas. En el Congreso ya se había colocado una carpa para recibir a los manifestantes.
Llegaron a las 2 de la tarde, un retraso de dos horas para la cita con diputados, debido a la demora de los grupos de Costa Chica, el contingente más amplio.
Ya no había diputados, y el oficial mayor, en acuerdo con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, salió a la explanada a recibir el documento dirigido al Congreso sobre la regulación de los grupos ciudadanos de seguridad.
Plácido explicó que los diputados ya no los atenderían porque llegaron tarde, y era necesario reconocer que cometieron un error.
El argumento no convenció a los promotores de la UPOEG ni al Consejo de Comisarios, que tomaron el micrófono para recriminar la desatención de los diputados: “Ese error de nosotros para ellos es terrible, y cuando ellos incumplen ¡no pasa nada!”, “los diputados piden a los pueblos que reconozcan su error, que llegamos tarde, cuando ellos estuvieron en los pueblos pidiendo el voto no les importaba si era mañana, tarde o noche”, “hemos venido de manera pacífica, no hemos alterado ninguna regla, cerramos nada. La tardanza se debe porque no venimos de aquí a la vuelta”, insistieron en quedarse en el lugar hasta ser atendidos por los legisladores.
Mientras esperaban respuesta, se anunció que llegaron representantes de colonias de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, donde el día anterior hubo otro altercado entre grupos de seguridad ciudadana de la UPOEG y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Plácido Valerio se apartó con ellos, antes de la reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu.

Por primera vez se reúnen el Cecop, la CRAC y Bruno Plácido para llegar a acuerdos

 

Ayer se llevó a cabo, por primera vez, un encuentro entre los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
El pasado 8 de marzo, integrantes de la Policía Ciudadana, con armas exclusivas del Ejército, irrumpieron en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Ayer los representantes de ambas organizaciones se reunieron en el Seminario de la Arquidiócesis de Acapulco, en el fraccionamiento Costa Azul, fungiendo la Iglesia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como mediadores.
La reunión fue privada en el auditorio del seminario.
A su salida, Plácido Valerio no quiso dar declaraciones argumentando que tenía otro asunto que atender y que iba a destiempo, mientras que el director de Tlachinollan, Abel Barrera, informó que la reunión era para “preparar un camino para el acuerdo” entre las organizaciones.
Indicó que en la reunión, a la que acudieron unos 10 representantes del Cecop y de la CRAC, le manifestaron al dirigente Plácido Valerio que se sienten invadidos por la UPOEG y reiteraron la petición de que la Policía Ciudadana se repliegue de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que que deberá ser expuesto por el dirigente a las comunidades donde opera.
El defensor de derechos humanos dijo que Plácido Valerio planteó que se trabaja en las comunidades porque la gente lo solicitó, y porque no hay un territorio donde haya veto para que otras organizaciones entren y sean partícipes de la seguridad.
Las autoridades de la CRAC reiteraron que los problemas de secuestros, robos y cobro de extorsiones no ocurren dentro del territorio de los Bienes Comunales, sino en poblados colindantes.
Abel Barrera dijo que se realizará otra reunión la semana próxima, aunque no precisó el día, “porque hay la necesidad de seguir dialogando para clarificar los punto de conflicto y se puede dar la coordinación y apoyo mutuo”.
Agregó que además se hace un mapeo de actores interesados en crear un conflicto en los Bienes Comunales, entre estos los empresarios gravilleros, autoridades federales, y autoridades que han sido manipuladas para que estén a favor de la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
“La UPOEG debe ser muy clara de que no puede ser un actor que le haga el juego a quienes son una amenaza para el territorio comunitario y sobre todo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La UPOEG tiene que deslindarse públicamente de ser un instrumento que sirva a quienes han atentado contra el territorio comunitario para dividir, imponer y cambiar la correlación de fuerzas”, demandó.
Abel Barrera recordó que la Iglesia está facilitando el diálogo entre las partes para poder llegar a acuerdos. “Para que se pueda trazar una ruta que lleve a acuerdos básicos de respeto, de coordinación en el tema de seguridad y de delimitación del territorio para que no haya confrontaciones y, sobre todo, alguna situación de violencia”.

El gobernador no puede ser sólo un espectador de cómo se pierden vidas, señala Salvador Alanís

 

El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que debe de asumir su responsabilidad, que como mandatario él no es un espectador que puede sólo sentarse a ver cómo se pierden vidas.
Consultado por teléfono, Alanís Trujillo quien tuvo que salir de Guerrero tras ser amenazado por el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez de que sería detenido, expuso, “yo creo que más que quedar en medio de pleitos, el gobernador debe asumir su responsabilidad, como gobernador principalmente, él es responsable de mantener a un estado en orden, como él lo dice”.
Este viernes El Sur publicó que el corredor de Xaltianguis, municipio de Acapulco a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se utiliza para el trasiego de droga de la sierra por los grupos criminales Los Ardillos y Cártel del Sur, de los que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio forma parte, y tienen acuerdos con el gobernador, según la denuncia del coordinador del FUSDEG.
“El gobernador lo que tiene que tener es mucho cuidado de no quedar en medio de estos pleitos que se dan entre grupos que están armados y que están fuera de la ley. El gobernador siempre lo que le corresponda para hacer que la mayoría pueda estar en condiciones de estar libre y evitar los menos conflictos posibles, el gobernador siempre lo que ha hecho es tratar de evitar conflictos y por supuesto cuidar no quedar en medio de estos pleitos que se han convertido casi en personales entre grupos armados que están fuera de la ley”, dijo el viernes Astudillo en respuesta.
Ayer, Salvador Alanís advirtió, “la delincuencia sigue avanzando y sigue sometiendo a pueblos, yo creo que debe de fajarse los pantalones y cumplir los acuerdos” que hizo con el FUSDEG, de desarmar a la UPOEG.
Reprochó que lo haya engañado, que si no quería intervenir en el conflicto debió evitar meterse desde el principio, “y ya veíamos nosotros como arreglar el conflicto, es cierto que la UPOEG desde San Juan del Reparo abrió la puerta a una situación de violencia”.
“Este no es un conflicto personal como él lo suaviza, más bien un conflicto entre la delincuencia y un grupo de la policía comunitaria que nació del pueblo”, precisó.
“Hay muchas familias que viven exiliadas, que están fuera de sus pueblos, y ahora sí, él no quiere quedar en medio, esto demuestra sólo la falta de ética del gobernador”, señaló.

Le ofrecieron 5 millones de pesos a cambio de irrumpir en Corral de Piedra, asegura

El coordinador del FUSDEG informó que el interés de los narcotraficantes era tan alto que el líder del grupo criminal Los Rojos, Ángel Villalobos Arellano, El señor de la A, le ofreció 5 millones de pesos a cambio de que la Policía Comunitaria del FUSDEG entrara a la comunidad Corral de Piedra.
“El FUSDEG no se creó para eso, y ese fue un problema que a la larga nos afectó por que quedamos como un movimiento pobre, porque no teníamos el recurso económico para poder comprar armamento más pesado como el que trae la UPOEG sierra”, expuso.
Mencionó que esta organización encabezada por Bruno Plácido llegó a El Ocotito con 400 hombres armados con cuernos de chivo y granadas.
“Entonces el interés económico es muy grande y no solo le interesa al estado, sino a la federación y por eso le echa la bolita al estado y la cosa es que no va a terminar esto, porque el interés económico es más grande que la verdadera responsabilidad de los gobernantes de querer solucionar esto”, consideró.
Agregó que los grupos delictivos apadrinan campañas políticas, y a cambio a los grupos del crimen organizado los dejan mover sus mercancías en el territorio.

Son “grilla” las acusaciones del FUSDEG, dice Bruno Plácido y no responde a los señalamientos

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio llamó a que las autoridades lo investiguen ante las acusaciones que hizo en su contra el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo con respecto a su presunta alianza con el Cártel del Sur y Los Ardillos para controlar el corredor de Petaquillas a Xaltianguis.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la UPOEG dijo que las acusaciones del coordinador del FUSDEG son “grilla”, y no quiso responder a los señalamientos en su contra, pues dijo que él está trabajando por la seguridad y el desarrollo de los pueblos donde tiene presencia la UPOEG, y que contestar a los señalamientos que le hacen es “perder el tiempo”.
En la última entrega que se publicó ayer en éstas páginas sobre la toma del control del grupo criminal de Los Ardillos en Petaquillas, que es la puerta a la capital del estado, y la división del FUSDEG y la UPOEG que trajo como consecuencia el desplazamiento del Frente del corredor Petaquillas-Xaltianguis, con excepción de Tierra Colorada, Salvador Alanís acusó al dirigente de la UPOEG de tener vínculos con el grupo criminal del Cártel del Sur y Los Ardillos.
Alanís Trujillo dijo en la entrevista para El Sur que la Policía Ciudadana de la UPOEG fue un engaño y que ya traía acuerdos con gente de cárteles “que iban a meter un cártel para sacar a otro” en ese corredor; además de que recibió de Juan Jaleaco Guevara, el líder del Cártel del Sur, 4 millones de pesos para que llevara 300 gentes, “entonces Bruno ahí es donde entra a la sierra y le hace el paro a Juan Jaleaco para sacar (de la Sierra) a los de la A (Ángel Arellano Villalobos); entonces, desde 2014 ellos pactaron ese acuerdo, y sí, empiezan a avanzar y a sacar a todos los que ya habían entrado del lado contrario”, aseguró Alanís Trujillo.
“No tengo nada que contestar contra alguien que sólo se basa en sospechas y no es la primera vez que dice cosas, por eso yo no tengo nada que decir de este tipo”, dijo al respecto Plácido Valerio.
Declaró que él trae un objetivo concreto, organizar a la población para la seguridad “y lo que se diga, que si soy narco, que si estoy vinculado, que lo compruebe ante la PGR (Procuraduría General de la República), ante quien él quiera, porque ya no podemos caer en una declaración de medios”, respondió enfadado.
Y se quejó: “ustedes también tienen que ser un instrumento para difundir cosas más positivas en las condiciones como está Guerrero, porque unos estamos viendo la forma de cómo resolver los problemas de tanto muerto que hay, y los medios hablando de estas cosas”.
–Pero en los hechos, ustedes, la UPOEG, tienen el control en el corredor Ocotito Xaltianguis, –insistió el reportero.
–No, no es control, allí estamos buscando alternativas a los conflictos. Pero yo no puedo contestarle a él, porque voy a perder mucho tiempo cuando los problemas están y rebasan todos los límites, y hay que ponerles atención. Entre todos tenemos que ver cómo hacerle.
Después, dijo que, “caer en la contestación nomás por contestar, es amarrar navajas sin fundamento”.
–No se trata de amarrar navajas, te buscamos porque es una acusación grave en tu contra.
–Sí, pero no puedo dar una contestación a este tipo, pues.
–¿Entonces, todo que quede así?
–No, sí, que él diga lo que quiera y que las autoridades nos investiguen, que hagan lo que tengan que hacer. Ya estamos cansados de tanta grilla y de esas cosas. No hay tiempo para la grilla, hay que ser más propositivos.