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Queda un mes de vigencia a la Ley 701 que reconoce a la CRAC; pide que se ratifique

A un mes de que la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena quede sin efectos y pierda vigencia, las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestaron su preocupación porque a partir del 16 de marzo quedarán indefensos, y ante la persecución del gobierno.
En la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, los coordinadores Joaquín Rentería Guevara, León Ponce, y el vocero Sabás Aburto Espinobarros llamaron al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y a los diputados locales, a mantener la ley que reconoce los derechos y la cultura indígena, así como sus formas de seguridad en la Constitución.
Los integrantes de la CRAC señalaron que pese a que la ley será derogada y quedará “muerta”, la organización seguirá trabajando, como antes del 2011 cuando fue promulgada. Sin embargo son conscientes de que no tendrán ningún respaldo legal frente a las instituciones de justicia establecidas, es decir, el Estado los desconoce como autoridad y sus aprehensiones y reeducaciones serían un delito.
El coordinador Aburto Espinobarros dijo, “nosotros seguiremos operando, pero sin esa ley no se hubiera liberado a Nestora Salgado” y advirtió que si se deroga va a haber más problemas con los integrantes de la CRAC, “porque se van a facilitar órdenes de aprehensión en su contra, porque no va a haber una ley que los proteja”. Además se que podría aumentar la confrontación y la persecución del gobierno.
Mencionó que bajo la Ley 701 se exige la liberación de sus compañeros presos políticos,  Gonzalo Molina González, Arturo Campos y Samuel Ramírez, “en eso insistimos”.
Los coordinadores reclamaron que desde noviembre pasado acordaron con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, una reunión con el gobernador antes del periodo vacacional de diciembre, y hasta ayer no se había concretado, ahí solicitarían mantener la Ley 701 sin cambios.
Además plantearían un presupuesto para equipar a todas las casas de justicia, porque hay muchas carencias en los policías comunitarios que cumplen una función de seguridad en las comunidades.
El 1 de febrero luego de una protesta en el Congreso local una comisión de la CRAC entregó a los diputados locales 164 actas para que la Ley 701 quede como está.

Se reúne la UPOEG en Las Peñas, Copala; se coordinará con el gobierno “sin ser paleros”

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que habrá una reunión regional en la zona Centro para hablar de la irrupción de sicarios en Chacotla, Mochitlán, donde cinco vecinos fueron ejecutados y testigos señalan a policías ciudadanos de la agresión.
Dijo que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, para hablar de asuntos de coordinación.
En la reunión privada en la comunidad de Las Peñas del municipio de Copala no se permitió la presencia del reportero, “por cuestiones de evitar filtrar información estratégica de las acciones de seguridad”, manifestó Plácido Valerio tras una breve consulta a los más de 200 asistentes en el astillero.
Consultado después vía telefónica indicó que la reunión se enfocó en la estructura de la UPOEG. Además de recordarle a los integrantes de la organización de los márgenes de acción de cada comisario, “para que se conduzcan con la asamblea comunitaria, o sea que ningún comisario pueda tomar decisiones si no convoca a asamblea”.
En la reunión de 5 horas se acordó el funcionamiento de un Consejo de la UPOEG y la coordinación con las autoridades, “sin que caigamos en ser paleros o chalanes del gobierno. Mantenernos en el diálogo con todos los sectores y buscar nuevos mecanismos en todos los municipios que están en este proyecto”.
Al encuentro que se trasladó minutos después a la cancha techada del municipio asistieron representantes de la UPOEG de Tierra Colorada, Copala, Marquelia, Cruz Grande, San Marcos, Ayutla, Tecoanapa y una comisión de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de Barra Vieja, del municipio de Acapulco.
De la supuesta participación de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Chacotla, reiteró que no fueron y que en la reunión de ayer se abordó ese tema, pero se profundizará en una reunión regional “el asunto de la seguridad, se planteó la renovación de estrategias de seguridad y acordamos que nos vamos a ir reuniendo para revisar todos los detalles de lo que está pasando en Xaltianguis, lo que está pasando en el valle de Chilpancingo, entre ellos incluido el asunto de Chacotla que nada tiene que ver con nosotros”.
Anunció que el miércoles se reunirán con el presidente municipal de Chilpancingo “y ahí vamos a tratar el tema de Chacotla”.
Afirmó que la Policía Ciudadana no ha entrado a la comunidad de Chacotla en el municipio de Mochitlán, pero sí tienen presencia en municipios cercanos a Mochitlán.
De la Policía Ciudadana de Lomas de Chapultepec, Acapulco, están por entrar en una tercera etapa que calificó como de “reordenamiento” en la zona”, adelantó que están en la búsqueda de mecanismos para evitar una confrontación con la delincuencia.

Algunos policías de la UPOEG tienen nexos con la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio reconoció que dentro de la Policía Ciudadana están ocurriendo cosas “muy delicadas”, como la vinculación de algunos policías con “la maña (la delincuencia organizada)” y otros que se “periquean (drogan)”.
Dijo que en otros casos, hay quienes “se hacen de la vista gorda” y permiten que entren a territorio de la UPOEG carros que son robados en Chilpancingo. Asimismo, admitió que en lugares controlados por la Policía Ciudadana siguen ocurriendo asesinatos, secuestros y extorsiones.
“Todo eso lo sabemos, estoy chaparrito pero lo alcanzo a ver”, dijo en una reunión en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo.
La reunión en esta localidad fue para elegir al comandante municipal de la Policía Ciudadana. Los resultados de la elección favorecieron a Moisés Reynoso y Mario Zamora, como primero y segundo comandante de la Policía Ciudadana para el municipio de Chilpancingo.
Antes de la elección, el dirigente hizo unos reclamos que sonaron a regaño ante más de 200 ciudadanos y policías armados que se reunieron en la cancha techada de la Comisaría Municipal y que venían de las comunidades del municipio de Chilpancingo incorporadas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), a quienes Plácido Valerio pidió “poner orden” en la Policía Ciudadana.
Al encuentro asistieron comisarios y policías de las comunidades de Mohoneras, Dos Caminos, Acahuizotla, Cajeles, Valle del Ocotito, El Fresno, Mazatlán, Palo Blanco y de Buena Vista de la Salud.
Durante la reunión, el consejo municipal de la UPOEG hizo un balance de sus gestiones a tres años de su ingreso a las comunidades del Valle del Ocotito.
Antes, Plácido Valerio insistió que se deje de ver a la UPOEG como un asunto solamente policiaco, porque agregó que la organización surgió con miras que van más allá de ser una agrupación policiaca.
Explicó que sus objetivos además son el reordenamiento de los pueblos y las comunidades, la lucha contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), gestionar obras y promover el desarrollo de los pueblos.
Se quejó que a la UPOEG se le ha visto solamente como un asunto policiaco y dijo que esa ha sido también la confusión de los políticos, “esos que nos han hecho víctimas”.
Explicó que por eso la organización está promoviendo la integración de los consejos de autoridades comunitarias para que les ayuden a los comisarios a organizar y a gestionar el desarrollo de los pueblos, y reclamó la participación de la gente porque “todos nos quejamos del gobierno sin asumir la responsabilidad que nos corresponde”.
También pidió a los asistentes estar cerca de los policías ciudadanos, “porque luego no sabemos cómo vive (el policía ciudadano), no sabemos si come o no y sólo lo vemos cuando roba o abusa, cuando es la oveja negra, cuando nosotros tampoco asumimos nuestro papel como ciudadanos”, reprochó y pidió a los asistentes que se involucren más en la solución de sus propios problemas.
Antes de la elección de los comandantes, el consejo municipal presentó un balance de las actividades. En este espacio hubo quejas en contra del presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, a quien denunciaron que no ha querido colaborar con la Policía Ciudadana, pues en poco más de un año que lleva sólo los ha apoyado con 600 litros de gasolina en dos ocasiones y con mil 200 en otra ocasión.
Los representantes del organismo se quejaron que en lo que va de enero el presidente Leyva Mena no ha querido recibirlos y les ha mandado decir que por el incremento al precio de la gasolina ya no les autorizará más.
El consejo ciudadano denunció que del total de las obras gestionadas para las comunidades donde tiene presencia la UPOEG, Leyva Mena ha dado respuesta, si acaso, a un 30 por ciento.
Las críticas al alcalde ocurrieron a cuatro días de que éste se quejó que la violencia en la capital “no es un asunto fácil de resolver” porque la ciudad está sitiada por organizaciones criminales y por comunitarios, en referencia a la Policía Ciudadana de la UPOEG que está en las comunidades del Valle del Ocotito.
En una segunda intervención, Plácido Valerio expresó la necesidad de cambiar y poner orden al interior de la Policía Ciudadana y dijo que la inseguridad es un problema serio en la entidad y es consecuencia de la pobreza y la corrupción.
Aceptó que tiene datos de que algunos policías ciudadanos están vinculados con la “maña”, de que hay carros robados en Chilpancingo que los meten en la zona (de influencia de la Policía Ciudadana).
“No nos engañemos, para qué nos hacemos tontos, toleramos algunas cosas, eso es cierto” expresó.
Dijo que también es cierto que hay algunos que se periquean, “a mí no me hacen tonto, estoy chaparrito, pero alcanzo a ver todo, me doy cuenta. Hay cosas muy delicadas que están pasando en el Valle del Ocotito”, admitió.
Expresó que es necesario poner orden porque el asunto de la seguridad es cosa seria, es consecuencia de la pobreza y la corrupción, y necesitamos ponerle orden a la policía y los invitó a combatir en su zona de influencia el robo de carros, las extorsiones y el secuestro.
Enseguida fueron electos los comandantes mediante voto libre de todos los asistentes, ciudadanos y policías. Los aspirantes solamente fueron Moisés Reynoso y Mario Zamora y fueron escogidos de entre más de 20 comandantes de las comunidades del municipio de Chilpancingo donde opera la Policía Ciudadana, la elección fue sólo para definir quién quedaría como primer comandante.
Después de la asamblea, el dirigente de la se reunió a puerta cerrada con los comandantes. Trascendió que allí se ventilaron las irregularidades que expuso Placido Valerio en el encuentro público.

Conforman 14 organizaciones el Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero para defender la Ley 701

 

Organizaciones del estado anunciaron la conformación del Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero, para defender en conjunto la ratificación de la Ley 701 y la aprobación de la Ley General de Consulta con base en los tratados, convenios y declaraciones internacionales que ha firmado México.
A la conferencia de prensa acudieron representantes de las organizaciones que conforman el Frente, es decir, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), del Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas (CASAB), de Altepetl Nahuas de la Montaña, del Grupo Plural por la Igualdad de las Mujeres, de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (AMIARA), de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Nauasetiliskalpajmej, Se Ojtli Yankuik de Comunidades Indígenas de Chilapa, del Consejo de Damnificados de la Montaña, el Comité Promotor para la Creación de los cuatro Municipios Indígenas y Afromexicanos, Artesanos Indígenas de Guerrero (Artigro) y Organización de Indígenas Afromexicanos de Acapulco.

Acuerdan una agenda común

Expusieron que sus reuniones concluyeron en acuerdos comunes, como impulsar el Frente con una agenda común, con respeto a la autonomía y tener una agenda propia de las comunidades, pueblos y organizaciones; defender la ratificación de la Ley 701 del Estado de Guerrero y la aprobación de la Ley General de Consulta con consentimiento libre, previo e informado, esto como “techo mínimo” y punto de partida, concertándolas con los tratados, convenios y declaraciones internacionales.
Otra de las conclusiones fue dar respaldo total al cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconoce el procedimiento de los sistemas normativos en el municipio de Ayutla, para nombrar a sus autoridades municipales; asimismo, respaldar los procesos de remunicipalización en Guerrero, en Temalacatzingo, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás y Las Vigas, dijeron que en ellos existen las condiciones para hacerlos según las regiones, corredores y contextos socioculturales, que permitan la participación de la población indígena y afromexicana, y al mismo tiempo fomenten e incorporen a las comunidades en los ayuntamientos.
Además, acordaron exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, y un foro estatal de pueblos indígenas y afromexicanos, para reafirmar los acuerdos e iniciar un proceso de “armonización legislativa”.
Añadieron que continuará el cabildeo, las reuniones y una consulta propia, a través de propuestas que han hecho entre ellas.
En su intervención, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero manifestó que “los indígenas y no indígenas estamos desesperados por esta política pública que el gobierno federal ha estado impulsando, y hoy está aprobando varias iniciativas que han venido a afectar la economía, los principios, los derechos de los pueblos indígenas, por eso decidimos impulsar este frente para defender los derechos”.
El ex diputado federal y ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI), Marcos Matías Alonso exhortó al Legislativo local a que cumpla con su responsabilidad, porque ha venido postergando el compromiso para concertar la Ley 701 y ya queda poco tiempo, pues el plazo se vence en marzo; demandó al Congreso del estado y a instancias superiores a que cumplan con la obligación que tienen con los indígenas y afromexicanos; además hizo un llamado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que les dé una audiencia para hablar de sus demandas.
Refirió que el gobernador anunció un plan de austeridad en el estado, y que espera que en esta política no se cometa el error de sacrificar más a los pueblos indígenas, “porque esta política de austeridad puede cerrarles ventanilla a ellos”, en asuntos de salud, educación, carreteras, apoyo agropecuario y que va a terminar castigando a los que siempre ha tenido castigados.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio sostuvo, “yo creo que la parte importante no es tener la esperanza de los que nos representan, porque luego nos traicionan, creo que la parte fundamental aquí es organizar los sectores que son violentados, nuestros derechos como pueblos indígenas y afros, y también vamos a entrar en la defensa de los pueblos que no son indígenas”, porque al final también son víctimas, y que este Frente con una visión más integral cada día tienen que consolidarse, con respeto entre los integrantes.

Capacitará la Fiscalía a la UPOEG en Costa Chica; sólo atenderá delitos menores, acuerdan

 

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) coordinación con su estructura de seguridad comunitaria, capacitación, la creación de una oficina para la investigación del abigeato y dos morgues para la región Costa Chica, porque la inseguridad “desplazó” a las instituciones y a los ciudadanos, según el dirigente Bruno Plácido Valerio.
Ayer en la tarde la Fiscalía informó en un boletín de la reunión de representantes de la UPOEG con el fiscal Xavier Olea Peláez, para establecer los lineamientos de coordinación entre la dependencia y “un grupo importante de comisarios municipales”, pero no se precisó cuántos ni de qué comunidades ni municipios.
Dijo que acordaron mantener una capacitación permanente de los comisarios, policías, comandantes, promotores y defensores comunitarios en el nuevo Sistema de Justicia Penal y en el combate al abigeato.
Además, mantener reuniones de coordinación, evaluación de comisarios con fiscales regionales en seguridad y dar seguimiento a los hechos delictivos, así como la habilitación de una funeraria como Servicio Médico Forense en la región Costa Chica.
Al respecto se consultó vía telefónica al dirigente de la UPOEG, quien informó que la inseguridad desplazó a las instituciones y a los ciudadanos en esa región, por eso la UPOEG busca coordinación con las autoridades.
Por ejemplo, cuando la Policía Ciudadana detenga a delincuentes que no son la región pero fueron a extorsionar a sus comunidades, serán entregados a la FGE. Asimismo, se notificará de personas que se encuentren desaparecidas o se estime que se fueron del estado por su cuenta, y que se denuncian como secuestros, para que la Fiscalía trate de localizarlos en otras entidades de la República.
Agregó que los delitos menores se pueden resolver en las comunidades pero los secuestros y homicidios que ocurran en las comunidades serán turnados a la FGE.
Confirmó que la UPOEG va a entrar a una etapa de capacitación en juicios orales, sólo como información, y solicitó la creación de una Fiscalía para investigar el robo de ganado.
También solicitó una reunión con autoridades del sector salud y de la FGE para la creación de rastros porque en la región se introduce ganado robado o enfermo, no apto para el consumo humano, y el tema compete a las dos instituciones de gobierno.
Dijo que se pidió la creación de dos morgues para que la gente que muere en un accidente o por homicidio no sea trasladada al Semefo de Acapulco. Indicó que es muy costoso para las familias el traslado del cuerpo de vuelta a las comunidades.
Subrayó que es necesario el diálogo y coordinación de autoridades comunitarias con el gobierno estatal, pero “que nadie suplante a nadie, por ejercer una acción en su función que no lo persigan”.
Informó que hay más de 100 carpetas de investigación contra integrantes del sistema comunitario de seguridad que están atendiendo legalmente, presentando pruebas para agotar los procesos penales.
Adelantó que entre hoy y mañana continuará la mesa de trabajo con la Fiscalía para diseñar una agenda de reuniones y capacitaciones en municipios de Costa Chica.
De la denuncia de un desaparecido el 26 de noviembre en la carretera Ayutla-Tierra Colorada en el entronque de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, en un acto público el domingo, en las acciones contra el alza al precio de la gasolina donde se culpó a la UPOEG, dijo que no le han informado al respecto.
Se trata de un comerciante de la comunidad de El Pericón, Ayutla de Libres, quien fue privado de su libertad y señaló a grupos de la región. Su hermana aseguró que la policía de la UPOEG se lo llevó porque tenía tres grupos operando en la zona, aunque presentó la denuncia en la oficina antisecuestros indicó que las autoridades les exigen que ellos lleven las pruebas.

 

Se reúnen la CRAC y la UPOEG con Martínez Veloz; les preocupa que se derogue la Ley 701

 

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y promotores de la creación de municipios indígenas y afromexicanos, se reunieron con el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz para construir una agenda común.
El exdiputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro habló del encuentro que se celebró en la Ciudad de México y se hizo público debido a una fotografía publicada en redes sociales, donde aparece con el funcionario federal, el consejero de la CRAC Pablo Guzmán Hernández y el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, entre otros.
Vía telefónica dijo que fue un acercamiento breve a fin de construir una agenda común entre organizaciones del estado de Guerrero. El primer punto de coincidencia, dijo, es la preocupación de que la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura Indígena sea acotada o derogada en el proceso de armonización, que debe concluir en abril.
Agregó que es causa común de la CRAC y la UPOEG trazar una ruta de trabajo para que las modificaciones de la ley no afecten el espíritu original de la legislación, al contrario, exigen que sea más amplia en derechos, que incluya a los pueblos afroguerrerenses y acorde a la constitución mexicana.
Informó que quieren acompañar y defender el proceso que impulsó la UPOEG para que la elección por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres sea una realidad, y se siente un precedente para replicarlo en otros municipios indígenas.
Añadió que seguramente van a surgir otros temas que se van a incorporar a la agenda, con un grupo más amplio de organizaciones, y buscar la interlocución con el congreso estatal y el gobernador, que tienen competencias y obligaciones con los pueblos originarios.
Del comisionado informo que ofreció su respaldo, más que como funcionario, como hombre comprometido con la lucha y con las causas del movimiento indígena.
De Jesús Alejandro recordó que Martínez Velóz en 1994 integró la primera comisión de concordia para impulsar la paz digna en Chiapas, y fue actor fundamental en las negociaciones del gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que se firmaran acuerdos de paz y se redactara la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz.
Martínez Veloz también fue interlocutor de la federación en el primer intento de regularizar a las policías ciudadanas de los grupos de autodefensa en municipios de Costa Chica en 2013, que luego se adhirieron a la UPOEG. La iniciativa se frustró cuando los pueblos de Tecoanapa retuvieron a militares en la comunidad El Pericón.
De Jesús Alejandro informó que también estuvo una representante del Grupo Plural, de los cafetaleros de la Luz de la Montaña, promotores activos de nuevos municipios indígenas y afros, y el asesor de la Cámara de diputados, Marcos Matías Alonso.
Adelantó que van a convocar a otros actores del estado para hacer causa común por los pueblos indígenas, en otra reunión de acercamiento este viernes en Guerrero.

La UPOEG surgió con prácticas contrarias a la Policía Comunitaria indígena: CRAC

 

El ex coordinador y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán Hernández rechazó que haya sido por “celos” de un “grupo radical” que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército que se dio la separación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la CRAC, como declaró Bruno Plácido Valerio en entrevista para El Sur el martes pasado.
Guzmán Hernández, quien en el 2013 era coordinador de la Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán, cuando la UPOEG formó una autodefensa que ahora es la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), aclaró que el grupo armado que formó Plácido Valerio en Ayutla, fue desconocido como Policía Comunitaria de la CRAC porque no se apegó a los requisitos, y porque tenían “prácticas inusuales” contrarias a la institución indígena.
El martes Plácido Valerio declaró a El Sur que la separación que se dio con la CRAC el 5 de enero del 2013, cuando surgió lo que ahora es la Policía Ciudadana, fue por “celos” de un grupo “radical” de la CRAC que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército.
“No es exactamente como él lo dice. La división se dio porque ellos no se apegaron a los procedimientos formales de la CRAC para incorporar comunidades y para el nombramiento de autoridades, cuando se conformó la Casa de Justicia (de Ayutla), respondió Guzmán Hernández.
Entrevistado por teléfono declaró, “no sé a qué grupo radical se refiera” pero recordó que fueron los policías de la UPOEG los que enfrentaron al Ejército en la comunidad El Pericón, municipio de Tecoanapa, en agosto de 2013. Mientras que el Ejército a quienes reprimió fue a los de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, en referencia a las detenciones de Nestora Salgado, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y más de 30 autoridades y policías comunitarios de esa casa.
Mencionó que uno de los primeros problemas por los que se dio la división fue que el actual comandante de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande se auto nombró comandante regional, y que sin recibir órdenes de las autoridades, que son los coordinadores, empezó a detener gente.
“Después colocó retenes con encapuchados, que son prácticas inusuales de la CRAC”, dijo el consejero, quien hace cuatro años fungía como vocero de la casa matriz.
Añadió que los de la UPOEG levantaron actas supuestamente de incorporación de las comunidades a la CRAC, pero eran actas que no se levantaban en asambleas públicas, “cuando el requisito es que si una comunidad se incorpora primero se le tiene que dar la suficiente información, las obligaciones y los derechos que tienen al incorporarse a la CRAC, y de manera pública levantar el acta de decisión”.
Informó que usaron formatos que llenaban sin que se cumplieran los requisitos, “ellos traían su propia dinámica”.
Recordó que cuando se pretendía constituir la Casa de Justicia de la CRAC en el municipio de Ayutla, la asamblea estaba programada para la comunidad de Ahuacachahue, pero la gente se dio cuenta que la UPOEG pretendía elegir una dirección “a modo”, con gente nombrada por ellos y no por las comunidades, se cambió la sede a La Concordia, a donde asistieron 23 de 26 comunidades.
Recordó que en esa reunión se nombró a los coordinadores y comandantes de la Casa de Justicia que ahora está en El Paraíso, municipio de Ayutla, y que a partir de entonces, “ellos (los de la UPOEG) tomaron otro rumbo y ya no estuvieron presentes en esa asamblea”.
En la entrevista con Bruno Placido, éste declaró que las entonces autoridades de la CRAC los desconocieron como miembros de esa institución indígena, cuando se armaron el 5 de enero de 2013 en Ayutla.
Al respecto Pablo Guzmán dijo que se trató de un comunicado en el que la CRAC aclaró que la UPOEG no pidió la opinión ni la autorización para surgir y actuar como Policía Comunitaria, y que comenzaron a actuar encapuchados a pesar de que en declaraciones Plácido Valerio aseguró que se trataba de la CRAC.
Añadió que en el comunicado la CRAC aclaró que ante las acciones de la delincuencia los ciudadanos tenían que buscar una salida, y que “estaba bien esa acción, pero que no éramos nosotros”.
Dijo que esa fue otra situación que les molestó y que cree que esa es “la razón fundamental” por la que la gente de la UPOEG se separó definitivamente de la CRAC.
–¿Entonces no es real que existía en la CRAC un grupo radical que pretendía la confrontación con el gobierno y el Ejército?
–Yo no lo ubico, no sé a qué grupo radical se refiera. Salvo que se refiera a Arturo Campos (el promotor de la CRAC en Ayutla actualmente preso). Pero quienes se confrontaron con el Ejército fueron ellos en El Pericón y como represalia el Ejército en lugar de tomar medidas en contra de ellos, lo hizo en contra de la gente de El Paraíso, cuando eran otros los que generaron la confrontación con el Ejército.

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Plantea Bruno Plácido un nuevo modelo de gobierno en el cuarto aniversario de la Policía Ciudadana

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio afirmó que los ciudadanos se movilizan hasta que el golpe les llega, en referencia a las protestas contra el aumento al precio de las gasolinas y la energía eléctrica, tema que desde la fundación de esa organización se puso en debate pero que sólo tuvo resonancia en las comunidades que siguen pagando recibos muy caros.
También dijo que la gente debe de proponer un nuevo modelo de gobierno donde el pueblo sea el que decida, y no quien esté en el poder, “donde ganemos todos”.
Ayer la organización celebró su cuarto congreso. El 4 y 5 de enero de 2013 la UPOEG creó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) del que depende la Policía Ciudadana.
Unos 400 integrantes entre comisarios municipales, presidentes de comisariados, delegados, comandantes regionales, promotores y policías ciudadanos armados con sus escopetas participaron en la actividad en la cancha de la unidad deportiva de Cruz Grande, la cabecera del municipio de Florencio Villareal.
En su participación el dirigente recordó que la UPOEG nació hace cinco años, cuando comenzaron a exigir la construcción de carreteras ante las muertes de mujeres embarazadas que no alcanzaban a llegar a hospitales, después se sumó la exigencia para bajar los altos precios que los campesinos indígenas tenían que pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Plácido Valerio expresó “los ciudadanos se organizan hasta que el golpe les da”, en referencia a las protesta que se han extendido en todo el país en rechazo al aumento de los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica, tema que la UPOEG trae desde sus inicios.
Dijo que las comunidades no se oponen a pagar la electricidad pero como “resistencia” buscan pagar lo justo y no más. Pese a ello hay quienes piensan que lo correcto es levantar las armas contra el gobierno “nosotros decimos que no, porque la historia nos ha hecho saber que la guerra y la revolución siempre la ganan los ricos, porque venden armas y el pobre es el que paga con sangre para ser historia”.
Agregó  “y seguramente hoy se va a repetir la historia, porque sólo vamos a protestar los pobres por el  alza a las gasolinas, porque como quiera los ricos le suben y le suben y nosotros qué vamos a subir”.
Plácido Valerio llamó a un cambio de actitud entre la población y a la reflexión del porqué la gasolina y la luz es más cara y cada vez hay más impuestos, “porque en campaña nos compran los votos y después nos cobran caro, nos dividen y nos meten miedo para que no pensemos en lo que están haciendo, por eso debemos de cambiar un modelo de gobierno donde los pueblos y los ciudadanos decidan, eso es usos y costumbres”.
Recordó que en 2015 en la consulta en el municipio de Ayutla “a muchos nos satanizaron en regresar a los tiempos de atrás. Por eso queremos cambiar este sistema, hoy a cuatro años en el 2017 muchos se espantan y dicen nada con el gobierno, creo que sí, sí con el gobierno”.
Explicó a los presentes que “la asamblea es un gobierno, ¿quien va a llevar la voz de la asamblea?, el comisario o el comisariado municipal”.
Dijo que no se puede seguir caminando con armas “cuando no revisamos el origen del problema que tiene que ver con el gobierno. Muchos critican que nada con el gobierno, pero todas las manifestaciones que hemos visto a lo último concluyen dialogando con el gobierno, de la expresión que sea”.
Afirmó que no es lo mismo que subordinarse, “no confundamos el diálogo con agachados, porque hay gente que confunde, que cree que gritar más es que tiene la razón”.
“Nosotros queremos construir un gobierno diferente, donde no haya corrupción, compra de votos, no haya división, manipulación, donde ganemos todos, otros le llaman democracia participativa”, agregó.
En su discurso Plácido Valerio hizo también referencia que la creación del SSJC en comunidades de Ayutla y Tecoanapa, fue por la inseguridad que había pero que “en ningún momento quiso suplantar” a ninguna autoridad, sino que cada quien haga lo que le corresponda.
“Reconocemos que no hemos sido capaces de cumplir los objetivos de gestión y desarrollo, y se le ha dado prioridad a la seguridad para levantar la dignidad de cada uno de ustedes”, mencionó.
“A cuatro años no es fácil decirlo, porque hemos tenido enemigos internos y externos. Hemos tenido bajas porque es una organización de carácter fuerte”, expuso.
Dijo que la UPOEG también ha educado a los pueblos, donde ahora muy difícilmente los campesinos son humillados.
“Muchos de los que nos han querido imitar no han podido, a cuatro años hemos avanzado sí, tenemos errores sí, pero no es culpa de los promotores sino del actuar de cada uno de nosotros”, advirtió.
Cerró su discurso afirmando que a pesar de las órdenes de aprehensión vale la pena “seguir sacrificando cada uno de nosotros nuestros tiempo y nuestro esfuerzo, para dejarle un buen ejemplo a nuestros hijos”.

Presenta a los policías ciudadanos de los pueblos turísticos

En su participación Plácido Valerio presentó a 28 policías ciudadanos de los poblados turísticos de Barra Vieja con seis integrantes, de Lomas de Chapultepec con 10, y de San José Guatemala municipio de San Marcos con 12, quienes asistieron ayer al cuarto congreso.
En breves declaraciones dijo que las poblaciones tenían un año pidiendo el respaldo de la organización para formar sus guardias comunitarias, y que a partir del 15 de diciembre comenzaron las reuniones en las comunidades, donde la gente los apoyó con sus firmas.
Precisó que desde el 24 de diciembre los policías ciudadanos tienen actividades de vigilancia en las comunidades, y luego de una reunión con los restauranteros de Barra Vieja el 31 de diciembre comenzaron los recorridos en la zona de restaurantes.
Ayer en estas páginas se informó que desde el 31 de diciembre 19 policías ciudadanos comenzaron recorridos en la zona de restaurantes en la mañana, tarde y noche para la seguridad de turistas y pobladores. Los comandantes de la Policía Ciudadana indicaron que se conformaron luego del hartazgo de la población a las extorsiones, cobro de cuota, robos, asaltos, secuestros y asesinatos.
Antes de que terminara la actividad, el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) José Manuel del Val y la historiadora Margarita Warnholtz, presentaron un libro donde se explica desde una visión de los pueblos la creación de la UPOEG y su sistema de seguridad.
Después de las 2 de la tarde fueron instaladas las mesas de discusión: Cuarto orden de gobierno comunitario, Derecho a la consulta y la representación popular, Elección por sistema normativo y Candidaturas independientes, además de la mesa de defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Al cuarto congreso asistió el hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio quien es asesor de los Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Originarios. También estuvieron el comandante regional Ernesto Gallardo, los promotores Manuel Vázquez, Eneida Lozano, Crisóforo García y Esteban Ramos Gallardo.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

A casi dos años de su creación, fue desarticulado el FUSDEG; sólo mantiene un bloque de resistencia en Tierra Colorada

Antes de cumplir dos años de su presentación pública en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) fue básicamente desarticulado y sus representantes obligados a buscar refugio; ahora Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero es donde mantienen un bloque de resistencia ante el avasalle de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), grupo del que es una escisión.
La salida de la organización civil que brindaba seguridad y justicia en comunidades de Chilpancingo no fue tersa. Hubo confrontaciones verbales, a golpes y a balazos que dejaron nueve muertos relacionados con la confrontación con la UPOEG por el control del territorio, que incluye uno de los corredores de droga más importantes de Guerrero: la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada.
Pero los enfrentamientos y asesinatos tienen su antecedente en 2015, después de la separación de varios grupos de la Policía Ciudadana de la UPOEG quienes conformaron el FUSDEG, debido a presuntos malos manejos y la falta de rendición de cuentas de los coordinadores provenientes de Costa Chica, sobre lo incautado a presuntos narcotraficantes a la llegada del grupo del dirigente Bruno Plácido Valerio al valle.
La UPOEG comenzó a operar en el valle de El Ocotito porque fue llamada por los vecinos para contrarrestar los asesinatos, secuestros, extorsiones y el cobro de piso.
Los registros periodísticos dan cuenta de 26 muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG en 2015, pero el mayor número de víctimas ocurrió en el enfrentamiento de dos grupos del FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco, con 16 muertos. Por ese evento, el FUSDEG se retiró del Acapulco rural y la UPOEG se volvió a posicionar en algunas comunidades del municipio porteño.

Ataques y enfrentamientos

En 2016 el FUSDEG perdió espacios en Petaquillas a partir del conflicto político de la elección de comisario que arrastraba de 2015, y en la comunidad El Ocotito, con el surgimiento de un grupo disidente de policías comunitarios en febrero que habrían sido expulsados en asamblea de la organización.
En medio de estos conflictos el 17 de abril fue asesinado Edilberto Santiago, hermano de un fundador del FUSDEG de Tierra Colorada, Romualdo Santiago. Sus familiares denunciaron que fue emboscado por integrantes de la UPOEG en el camino hacia la comunidad de San Juan del Reparo en el municipio Juan R. Escudero, donde era coordinador del grupo de la Policía Comunitaria.
El antecedente de este homicidio es la agresión del 30 de marzo de 2015 en el crucero de San Juan del Reparo, cuando los grupos se enfrentaron con un saldo de 12 muertos: 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
El 16 de octubre fue asesinado a balazos el comandante del FUSDEG en Petaquillas, José Julio Alarcón Astudillo cuando iba a estacionar una Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, donde trabajaba como chofer, a pleno día y en el centro de Chilpancingo.
El alcalde de la capital, Marco Antonio Leyva Mena atribuyó el homicidio al conflicto interno de Petaquillas por el control de la Comisaría, ya que la autoridad constitucional de la que dependen las policías comunitarias es el comisario, y el respaldo y legitimidad la otorgan las asambleas. Así que quien tiene al comisario tiene el mando de la Policía Comunitaria.
El 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero ocurrió otro ataque con un saldo de siete hombres muertos. De los hechos el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes dijo que “ocurrió a las 4:30 de la madrugada a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Según Plácido Valerio los muertos de la UPOEG en Tlayolapa eran originarios de Ayutla y Tecoanapa, enviados a apoyar acciones de seguridad en el municipio de Chilpancingo, fueron atacados cuando regresaban a sus comunidades (en el cambio de guardia), iban por un camino distinto a la carretera federal donde generalmente hay un retén militar que impide el paso de grupos de civiles armados.
El comandante del FUSDEG de Tierra Colorada, Maximino Alejo aseguró que esa madrugada la UPOEG se alistaba a tomar por asalto la cabecera municipal de Juan R. Escudero, y el FUSDEG estaba listo para impedir su paso, así que los grupos de Costa Chica regresaron sus pasos y se dirigieron a Tlayolapa, pero la población también había sido alertada.
A partir de este evento y dada la tensión entre los grupos, el gobierno del estado anunció que más de 200 policías estatales distribuidos en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, iban a patrullar el territorio entre El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar otro enfrentamiento.
Según los reportes oficiales se aglutinaban en defensa y ofensiva 200 integrantes de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, 350 del FUSDEG en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas sobre la carretera federal. En los dos bloques “hombres armados portaban armas exclusivas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional”.
No obstante el despliegue policiaco, el 24 de noviembre grupos armados de la UPOEG intentaron tomar la cabecera municipal de Tierra Colorada y se suscitaron cuatro nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de la población. Reporteros y agentes de gobierno desarmados quedaron en medio del fuego cruzado.
Resultó muerto el policía del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años. Se presume que su cuerpo fue levantado por el grupo contrario, porque no lo encontraron sus compañeros y familiares. Lo que cuenta del hecho del deceso era una fotografía tomada por reporteros. Sin embargo las autoridades y ambas organizaciones en disputa lo consideran desaparecido.
Al siguiente día el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se reunió con los representantes de la UPOEG y del FUSDEG, y anunció un acuerdo para solucionar “el evento” del 24 de noviembre en Tierra Colorada: el repliegue de la UPOEG hacia la comunidad de Xolapa, municipio de Acapulco, y del FUSDEG a su base en Tierra Colorada, que la zona quedaría en resguardo de la Policía Estatal y una tregua del 28 de noviembre de este año al 15 de enero de 2017, para no afectar el flujo de turistas, en las fechas decembrinas.
Para el 20 de diciembre el gobernador Héctor Astudillo anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona, con cinco retenes más de policías estatales, así como la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.

El territorio

La versión extraoficial más extendida de este conflicto es la búsqueda del control del territorio por su importancia en el trasiego de droga.
La banda de narcotraficantes Los Ardillos que tiene sede en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, en la zona centro del estado y que disputa Chilapa a Los Rojos, habría buscado recuperar el paso obligado hacia Chilpancingo por Petaquillas. En tanto, el cártel de la Sierra (de nueva creación), habría buscado infiltrar a los grupos de El Ocotito (UPOEG) para tener el control en los pueblos del valle.
De finales de 2015 a agosto de 2016, hay registros de conflictos en Petaquillas y El Ocotito por el control de las comisarías municipales que llevó a enfrentamientos verbales, jaloneos, amagos con armas y detenidos de los grupos de la comunidad confrontados por el control de la Comisaría municipal, cuando el FUSDEG perdió las dos comisarías e intentó mantener la organización de seguridad en la zona.
El 15 de enero el Ayuntamiento emitió la convocatoria para la elección de comisario de Petaquillas, a fin de terminar un conflicto político de los dos grupos. El 18 de enero resultó electo Mario Flores, a quien el FUSDEG acusó de vínculos con la delincuencia, pero en agosto fue ratificado en una asamblea. En tanto operaron dos policías comunitarias, la del FUSDEG y la del comisario vinculado a la UPOEG.
La situación se complicó en octubre debido al asesinato del comandante del FUSDEG de Petaquillas en Chilpancingo, y el comisario Flores Castrejón reconoció que buscó asesoría de la UPOEG “para saber cómo resolver el conflicto y tener mayor seguridad en el pueblo”, dado que el grupo contrario quería detenerlo acusado del homicidio.
El 10 de septiembre hubo una confrontación verbal, golpes y amagos de rifles de asalto de ambos grupos porque los policías del comisario Mario Flores Castrejón desarmaron a policías comunitarios del FUSDEG, del incidente resultaron seis heridos y ocho retenidos. Continuó el diálogo con el Ayuntamiento y el repliegue total de la organización de seguridad. A la fecha la Policía Comunitaria de Petaquillas se deslindó de las dos organizaciones y mantiene retenes con hombres armados en su territorio.
En enero también hubo elecciones de comisario en El Ocotito que ganó el candidato contrario al FUSDEG, Audifred Benítez. En febrero la autoridad cobijó a un nuevo grupo de policías comunitarios separado del FUSDEG que se alió con algunos grupos de la UPOEG que seguían operando en el valle de forma discreta, sin la cobertura de los medios.
Recibieron apoyo los grupos de Ayutla y Tecoanapa y en octubre ocurrió el enfrentamiento de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, paso obligado para llegar de la Costa a la zona Centro. También había ocurrido la confrontación en Petaquillas, donde sólo hubo amagos y golpes y ante este ambiente tenso el comisario denunció amenazas, se declaró incompetente para solucionar el conflicto e informó que tendría que huir de la población.
Mientras, el coordinador de la policía del FUSDEG en El Ocotito, Salvador Alanís denunció una alianza de Plácido Valerio con el diputado local del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y el cartel del Sur para destruir a la organización.
Afirmó que José Deivid Barrientos, conocido como El Carioca, separado de las filas del FUSDEG con el comisario Audifred Benítez Visoso y el comisario de Petaquillas Mario Flores Castrejón, eran financiados por el diputado para poner a las comunidades del valle y del corredor de Acapulco a Tierra Colorada en su contra.
Para el 7 de noviembre policías de la UPOEG ocuparon la comandancia del FUSDEG en El Ocotito, aún con la vigilancia de patrullas de la Policía Estatal, mientras los integrantes de la organización se replegaron a Tierra Colorada. No hubo inventario de lo hallado en la comandancia porque no hubo autoridades municipales para dar constancia.
El alcalde de Chilpancingo reconoció que intervino porque juntas, las organizaciones suman más de 600 hombres armados y el Ayuntamiento sólo tiene 119 policías. Versiones de los vecinos señalaron que había un calabozo, droga y personas detenidas en el inmueble.
Los principales líderes del FUSDEG de El Ocotito huyeron con sus familias, otros pidieron refugio en Juan R. Escudero, el municipio donde mantiene presencia. Aunque algunos grupos se han manifestado en apoyo a la organización, otro sector se pronunció por el retiro de las dos organizaciones armadas.