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Cierran comercios y escuelas en el valle de El Ocotito

El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante  recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo  

El gobernador pregunta por la seguridad que pregona la UPOEG y dice que hay un conficto entre dos grupos y urge la responsabilidad de la federación

Zacarías Cervantes

Chilapa

El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal  Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación  en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.

Suspenden clases también en Acahuizotla y Palo Blanco, tras ataque a balazos el martes
En las comunidades de Acahuizotla y Palo Blanco, del municipio de Chilpancingo, se suspendieron las labores en las escuelas de todo los niveles educativos, tras los hechos de la noche del martes, cuando civiles armados atacaron a policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en su retén en la entrada a Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco.
Con éstas, son siete comunidades del valle de El Ocotito donde no hay clases, luego del enfrentamiento del domingo entre civiles armados y policías estatales que dejó un civil muerto y dos policías heridos en Buenavista de la Salud.
Un integrante del Consejo de Autoridades de El Ocotito, informó que ayer se acordó que no se reanudaran las clases suspendidas desde el lunes  en  Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía, por los hechos de violencia de la noche del martes en Palo Blanco, y que además se sumaron Palo Blanco y Acahuizotla.
Señaló que esta medida es para que estudiantes y maestros no corran el riesgo en caso de un enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y hombres armados.
La noche del martes, un ataque de civiles armados a policías de la UPOEG en Palo Blanco, dejó un muerto y dos policías heridos de bala. (Luis Blancas/Chilpancingo).

Los Ardillos buscan controlar el valle de El Ocotito, dice un comandante de la UPOEG

El ejecutado en un automóvil el martes era un ex policía ciudadano, informa Ernesto Gallardo. Destituyeron a ocho integrantes de la organización que tenían acuerdos con los criminales, afirma. Aterroriza a vecinos de Palo Blanco el rumor de una balacera, cierran locales y se refugian en sus casas

El comandante general del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó que los ataques en Buenavista y Palo Blanco son “una provocación” del grupo criminal Los Ardillos, que pretende controlar el corredor del valle de El Ocotito.
El domingo sicarios y policías estatales se enfrentaron en Buenavista, un civil murió y dos agentes resultaron heridos, el martes atacaron un retén de la UPOEG en Palo Blanco, un civil murió y dos policías de esa organización resultaron heridos. Tras ambos hechos se cerraron el lunes las escuelas en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos, y ayer también en Palo Blanco, Acahuizotla, Mazatlán y Petaquillas, se informó aquí.
Consultado en la Comisaría de Palo Blanco, Gallardo Grande dijo que “lo que está pasando es que el grupo delincuencial denominado Los Ardillos está calculando fuerza y nos está provocando, con nosotros no va a haber acuerdos ni arreglos en cuestiones como ellos quieren entrar en nuestro territorio”.
Del ataque al retén el martes contó que los sicarios “vinieron a atacar nuestra base, gracias a Dios no tenemos bajas más que uno que ellos mismos ya traían en la cajuela del coche, lo traían esposado, así lo dejaron”, e informó que se trata de un ex policía de la UPOEG.
Ante la situación “vamos a dar una respuesta, por eso estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia en todo el corredor del valle de El Ocotito para brindar seguridad a la población, que no pasen a mayores las cosas, para que ya no nos vuelvan a sorprender”.
De la presunta ruptura de la UPOEG aseguró que “es mentira, no hay ninguna confrontación entre comunitarios ni entre población ni con el gobierno, aquí la confrontación es directamente con el grupo delictivo de Los Ardillos”.
“En nuestro sistema hay reglas y hubo gente de Buenavista, un grupo que compañeros, comisario y todo que se destituyeron porque tenían acuerdos con Los Ardillos cuando nosotros no podemos tener acuerdos con ningún cártel, se les pidió que se quitaran la playera (de la organización) y que quedaran como personas normales, ‘es tu bronca, asúmela’, pero representaban un riesgo”, y dijo que por eso se solicitó la intervención de la Policía Estatal para evitar “vernos mal” y que se pensara que hay una confrontación entre policías ciudadanos.
Precisó que las destituidas fueron “ocho personas” que fueron apoyados por unas “siete u ocho” camionetas de Los Ardillos, cuyo armamento fue decomisado luego del enfrentamiento del domingo en Buenavista.
Declaró que ese grupo criminal ocupa dos rutas para irrumpir en el corredor del valle de El Ocotito, una por Petaquillas que es “por donde más se nos están viniendo”, y otra por Acahuizotla.
Del cierre de las escuelas en las nueve comunidades, así como el ambiente tenso a consecuencia de los enfrentamientos, Gallardo Grande dijo que “las escuelas no tienen por qué cerrar, no tiene por qué haber toque de queda, para eso tenemos sistema de seguridad, para sobre guardar la seguridad de los niños y de la población”.
Sin embargo dijo que “si nosotros no tenemos la capacidad (para garantizar la seguridad), el gobierno lo tiene que hacer también, nosotros no estamos peleados con el gobierno y tampoco le prohibimos el paso al gobierno, podemos coordinarnos”.
Informó que con la presencia de la UPOEG en las comunidades las clases podrían reanudarse hoy o mañana.
Por su parte el comisario de Palo Blanco, Carlos Santos Locia reconoció que hay pánico en las comunidades, pero con la presencia de la UPOEG “no hay nada que estar temiendo, nos está brindando la seguridad, nosotros agradecemos la coordinación con la Policía Estatal, las escuelas no tienen por qué cerrarse”. Llamó a la sociedad a retomar sus actividades, y a que “ya no tengan miedo”.

Retenes no reactivan la vida cotidiana

Desde El Ocotito hasta Palo Blanco la UPOEG instaló retenes que vigilan grupos de ocho a 50 policías ciudadanos, pero la tensión en las comunidades prevalecía ayer como se constató en un recorrido.
A pesar de que ser un día hábil, el miércoles, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior en las comunidades estaban cerradas. En las calles no hubo el movimiento habitual de los pobladores que suelen salir de sus casas al mediodía para sus actividades cotidianas, recoger a sus hijos, ir al mercado, a visitarse, lo que se hace cuando no se teme por su vida.
La carretera federal México-Acapulco que cruza por las comunidades que integran el corredor del valle de El Ocotito no había más que unos cuantos vehículos, principalmente del transporte público, taxis y urvans que van a Chilpancingo o a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
En Palo Blanco rumores de una balacera en Acahuizotla aterrorizaron a la población, los comerciantes cerraron de golpe sus locales mientras que mujeres y jóvenes corrían a sus casas, en sus rostros se notaba la angustia, la incertidumbre de no saber si las balas volverían a llegar a la comunidad.
Entre el ir y venir de la gente una camioneta de la Policía Ciudadana aceleró con dirección al pueblo vecino, donde no se confirmó ningún enfrentamiento.(Alina Navarrete Fernández / Palo Blanco, Chilpancingo).

El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo


El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal  Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación  en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.

Queda un mes de vigencia a la Ley 701 que reconoce a la CRAC; pide que se ratifique

A un mes de que la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena quede sin efectos y pierda vigencia, las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestaron su preocupación porque a partir del 16 de marzo quedarán indefensos, y ante la persecución del gobierno.
En la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, los coordinadores Joaquín Rentería Guevara, León Ponce, y el vocero Sabás Aburto Espinobarros llamaron al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y a los diputados locales, a mantener la ley que reconoce los derechos y la cultura indígena, así como sus formas de seguridad en la Constitución.
Los integrantes de la CRAC señalaron que pese a que la ley será derogada y quedará “muerta”, la organización seguirá trabajando, como antes del 2011 cuando fue promulgada. Sin embargo son conscientes de que no tendrán ningún respaldo legal frente a las instituciones de justicia establecidas, es decir, el Estado los desconoce como autoridad y sus aprehensiones y reeducaciones serían un delito.
El coordinador Aburto Espinobarros dijo, “nosotros seguiremos operando, pero sin esa ley no se hubiera liberado a Nestora Salgado” y advirtió que si se deroga va a haber más problemas con los integrantes de la CRAC, “porque se van a facilitar órdenes de aprehensión en su contra, porque no va a haber una ley que los proteja”. Además se que podría aumentar la confrontación y la persecución del gobierno.
Mencionó que bajo la Ley 701 se exige la liberación de sus compañeros presos políticos,  Gonzalo Molina González, Arturo Campos y Samuel Ramírez, “en eso insistimos”.
Los coordinadores reclamaron que desde noviembre pasado acordaron con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, una reunión con el gobernador antes del periodo vacacional de diciembre, y hasta ayer no se había concretado, ahí solicitarían mantener la Ley 701 sin cambios.
Además plantearían un presupuesto para equipar a todas las casas de justicia, porque hay muchas carencias en los policías comunitarios que cumplen una función de seguridad en las comunidades.
El 1 de febrero luego de una protesta en el Congreso local una comisión de la CRAC entregó a los diputados locales 164 actas para que la Ley 701 quede como está.

Algunos policías de la UPOEG tienen nexos con la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio reconoció que dentro de la Policía Ciudadana están ocurriendo cosas “muy delicadas”, como la vinculación de algunos policías con “la maña (la delincuencia organizada)” y otros que se “periquean (drogan)”.
Dijo que en otros casos, hay quienes “se hacen de la vista gorda” y permiten que entren a territorio de la UPOEG carros que son robados en Chilpancingo. Asimismo, admitió que en lugares controlados por la Policía Ciudadana siguen ocurriendo asesinatos, secuestros y extorsiones.
“Todo eso lo sabemos, estoy chaparrito pero lo alcanzo a ver”, dijo en una reunión en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo.
La reunión en esta localidad fue para elegir al comandante municipal de la Policía Ciudadana. Los resultados de la elección favorecieron a Moisés Reynoso y Mario Zamora, como primero y segundo comandante de la Policía Ciudadana para el municipio de Chilpancingo.
Antes de la elección, el dirigente hizo unos reclamos que sonaron a regaño ante más de 200 ciudadanos y policías armados que se reunieron en la cancha techada de la Comisaría Municipal y que venían de las comunidades del municipio de Chilpancingo incorporadas al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), a quienes Plácido Valerio pidió “poner orden” en la Policía Ciudadana.
Al encuentro asistieron comisarios y policías de las comunidades de Mohoneras, Dos Caminos, Acahuizotla, Cajeles, Valle del Ocotito, El Fresno, Mazatlán, Palo Blanco y de Buena Vista de la Salud.
Durante la reunión, el consejo municipal de la UPOEG hizo un balance de sus gestiones a tres años de su ingreso a las comunidades del Valle del Ocotito.
Antes, Plácido Valerio insistió que se deje de ver a la UPOEG como un asunto solamente policiaco, porque agregó que la organización surgió con miras que van más allá de ser una agrupación policiaca.
Explicó que sus objetivos además son el reordenamiento de los pueblos y las comunidades, la lucha contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), gestionar obras y promover el desarrollo de los pueblos.
Se quejó que a la UPOEG se le ha visto solamente como un asunto policiaco y dijo que esa ha sido también la confusión de los políticos, “esos que nos han hecho víctimas”.
Explicó que por eso la organización está promoviendo la integración de los consejos de autoridades comunitarias para que les ayuden a los comisarios a organizar y a gestionar el desarrollo de los pueblos, y reclamó la participación de la gente porque “todos nos quejamos del gobierno sin asumir la responsabilidad que nos corresponde”.
También pidió a los asistentes estar cerca de los policías ciudadanos, “porque luego no sabemos cómo vive (el policía ciudadano), no sabemos si come o no y sólo lo vemos cuando roba o abusa, cuando es la oveja negra, cuando nosotros tampoco asumimos nuestro papel como ciudadanos”, reprochó y pidió a los asistentes que se involucren más en la solución de sus propios problemas.
Antes de la elección de los comandantes, el consejo municipal presentó un balance de las actividades. En este espacio hubo quejas en contra del presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, a quien denunciaron que no ha querido colaborar con la Policía Ciudadana, pues en poco más de un año que lleva sólo los ha apoyado con 600 litros de gasolina en dos ocasiones y con mil 200 en otra ocasión.
Los representantes del organismo se quejaron que en lo que va de enero el presidente Leyva Mena no ha querido recibirlos y les ha mandado decir que por el incremento al precio de la gasolina ya no les autorizará más.
El consejo ciudadano denunció que del total de las obras gestionadas para las comunidades donde tiene presencia la UPOEG, Leyva Mena ha dado respuesta, si acaso, a un 30 por ciento.
Las críticas al alcalde ocurrieron a cuatro días de que éste se quejó que la violencia en la capital “no es un asunto fácil de resolver” porque la ciudad está sitiada por organizaciones criminales y por comunitarios, en referencia a la Policía Ciudadana de la UPOEG que está en las comunidades del Valle del Ocotito.
En una segunda intervención, Plácido Valerio expresó la necesidad de cambiar y poner orden al interior de la Policía Ciudadana y dijo que la inseguridad es un problema serio en la entidad y es consecuencia de la pobreza y la corrupción.
Aceptó que tiene datos de que algunos policías ciudadanos están vinculados con la “maña”, de que hay carros robados en Chilpancingo que los meten en la zona (de influencia de la Policía Ciudadana).
“No nos engañemos, para qué nos hacemos tontos, toleramos algunas cosas, eso es cierto” expresó.
Dijo que también es cierto que hay algunos que se periquean, “a mí no me hacen tonto, estoy chaparrito, pero alcanzo a ver todo, me doy cuenta. Hay cosas muy delicadas que están pasando en el Valle del Ocotito”, admitió.
Expresó que es necesario poner orden porque el asunto de la seguridad es cosa seria, es consecuencia de la pobreza y la corrupción, y necesitamos ponerle orden a la policía y los invitó a combatir en su zona de influencia el robo de carros, las extorsiones y el secuestro.
Enseguida fueron electos los comandantes mediante voto libre de todos los asistentes, ciudadanos y policías. Los aspirantes solamente fueron Moisés Reynoso y Mario Zamora y fueron escogidos de entre más de 20 comandantes de las comunidades del municipio de Chilpancingo donde opera la Policía Ciudadana, la elección fue sólo para definir quién quedaría como primer comandante.
Después de la asamblea, el dirigente de la se reunió a puerta cerrada con los comandantes. Trascendió que allí se ventilaron las irregularidades que expuso Placido Valerio en el encuentro público.