Visita Acapulco este sábado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Amnistía Internacional documentaron actos represivos en el buque cometidos por la dictadura de Pinochet

Aurelio Peláez

El buque escuela chileno Esmeralda, que este sábado visitaría Acapulco, fue uno de los centros de tortura de la dictadura pinochetista denunciados por Amnistía Internacional, de acuerdo al reporte de este organismo del 26 de junio del 2003.

Luego de la restauración del gobierno civil en Chile en 1990, el gobierno del centrista Patricio Alwin promovió los primeros organismos oficiales de recabar información para esclarecer la verdad en torno a las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y muertes por tortura cometidas por agentes del Estado durante el gobierno militar del país, encabezado por Augusto Pinochet, de 1973 a 1990.

En el Esmeralda, de acuerdo con el testimonio de Germán F. Westphal, un prisionero político de esa época, y según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “se instaló en su interior con el objeto de interrogar a los detenidos que se encontraban en la misma nave y a los que eran traídos de otros recintos de reclusión de la Armada”, tras el golpe de estado en contra el gobierno democrático de la Unidad Popular de Salvador Allende.

Así, los interrogatorios incluían torturas y malos tratos. El número de detenidos a bordo del Esmeralda varía, según los testimonios pues se los trasladaba de un barco a otro a medida que iban siendo interrogados. El Senado norteamericano, en 1986, indica que llegó a haber 112. Según la evidencia disponible, en un momento hubo unas 40 mujeres detenidas, las cuales fueron sometidas a todo tipo de maltratos, como torturas, vejaciones y violaciones.

El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet da un golpe de Estado al gobierno constitucional democrático de Salvador Allende. Durante los 17 años de su dictadura, según datos oficiales, fueron asesinadas por agentes del Estado chileno unas 3 mil 197 personas. La cifra incluye 49 niños, 126 mujeres, algunas de ellas embarazadas, y una cincuentena de extranjeros entre los cuales hay varios ciudadanos brasileños, uruguayos y argentinos.

El Esmeralda fue utilizado por la Armada de Chile como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y Amnistía Internacional.

Entre los testimonios de que el Esmeralda fue usado como centro de tortura flotante están los del abogado chileno Luis Vega, fallecido en el exilio en Israel (2001); el ex-funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Claudio Correa, actualmente residente en Inglaterra; y el profesor universitario y ex-alcalde de Valparaíso, Sergio Vuscovic, actualmente residente en Chile.

Está además el caso del padre Miguel Woodward, un sacerdote chileno-británico, quien falleció a consecuencia de las torturas cuando el 22 de septiembre de 1973 se le llevó al Hospital Naval de Valparaíso por indicación de un médico de la misma Armada. Aunque la Iglesia Católica reclamó su cuerpo, nunca le fue entregado y se le sepultó en una fosa común.

En 1986 fue rechazado en una ceremonia en Nueva York

Con el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en 1990, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, que publicó su informe en marzo de 1991. El Informe Rettig nombra una serie de buques que la Armada chilena usó como centros de detención y tortura en la época en que se produjo el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet.

El informe menciona el buque escuela Esmeralda y otros dos más. Indica que en el primero, de acuerdo a un documento de Amnistía Internacional, “una unidad especializada de la Armada se instaló en su interior con el objeto de interrogar a los detenidos. Esos interrogatorios, por regla general, incluían torturas y malos tratos”.

Actualmente, el buque escuela efectúa cruceros anuales de instrucción naval durante los cuales visita puertos de todo el mundo, actuando como “embajador itinerante” de Chile. En junio de 1986, mientras se hallaba en uno de sus viajes por el mundo, la alcaldía de Nueva York y la Asamblea y el Senado de dicho estado aprobaron resoluciones para expresar su oposición a la participación del buque escuela en los actos previstos para el fin de semana del 4 de julio, día en que Estados Unidos conmemora la firma de la Declaración de Independencia, y solicitaron que se retirara la invitación cursada al buque.

Un senador estadunidense dijo que en vez de representar el orgullo de la nación chilena, el Esmeralda evocaba recuerdos de amigos muertos y familiares en paradero desconocido, de detenciones a media noche y desapariciones, de reclusión en lugares secretos y represión de una nación democrática.

En los últimos años, el interés internacional de los medios de comunicación sobre el buque y sobre Chile en general, ha aumentado considerablemente a partir de la detención de Augusto Pinochet y el procedimiento de extradición instituido en su contra en el Reino Unido en 1998.

Hasta la fecha, las autoridades militares no han admitido los hechos. Miles de personas que fueron víctimas de torturas durante el periodo de gobierno militar y sobrevivieron a esta terrible experiencia, incluidas personas torturadas a bordo del Esmeralda, siguen reclamando el reconocimiento oficial de su caso y justicia por los hechos. Tanto el gobierno como la cúpula oficial de la Armada de Chile continúan negando que se utilizasen buques e instalaciones de la Armada como centros de tortura.

El Proyecto Internacional de Derechos Humanos de Londres refiere: “El arresto de Pinochet en Londres constituyó un hito importante en la lucha por los derechos humanos y la justicia. El punto central es que toda persona debe responder por sus crímenes, independientemente de su posición de poder. Aunque el gobierno británico cedió a las presiones, permitiendo al dictador retornar a Chile, el arresto envió una clara señal al mundo que la aplicación justicia a nivel internacional, estaba a nuestro alcance.

A su vuelta a Chile, solamente gracias al trabajo de las víctimas y sus familiares, de los abogados de derechos humanos y a la presión internacional, se logró el desafuero de Pinochet para que enfrentara la justicia. Finalmente, las cortes chilenas, en perfecto acuerdo con la derecha, el gobierno chileno y la Iglesia, sobreseyeron el caso, y dejaron a Pinochet, libre y sin cargos.

“Esto demuestra que aún queda mucho por hacer si queremos llevar a la justicia a todos aquellos responsables de violaciones a los derechos humanos en Chile, que en el día de hoy, en su vasta mayoría, se pasean impunes en Chile”.