La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Mujer apenas se coordinan para contar con una base de datos y contar con una cifra real de los feminicidios a fin de determinar si procede la declaratoria de la alerta de género, reconocieron ayer la coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres de la FGE, Dalia Luz Carbajal Plancarte, y la subsecretaria de la de la Mujer, Adela Rivera de la O.
Ambas funcionarias estuvieron ayer junto con el secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Pernal, Luis Camacho Mancilla, en la conferencia mensual que se realiza para informar de los avances de ese sistema.
Ayer, la conferencia de prensa se realizó en la sala II de la Secretaría General de Gobierno.
Camacho Mancilla informó que en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entrará en funcionamiento al 100 por ciento el 18 de junio próximo, la justicia para mujeres tendrá una especial atención y que actualmente es prioridad en las instituciones que participan en este nuevo sistema.
Mientras tanto, Carbajal Plancarte informó que el Centro de Justicia para las Mujeres comenzará a funcionar al 100 por ciento junto con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a raíz de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la falta de atención especializada a las víctimas en el caso de los feminicidios ocurridos en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la violación sexual por efectivos del Ejército Mexicano a las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en Ayutla.
En el primer caso, a pesar de que desde el 2012 el gobierno estatal se comprometió a implementar y comenzó a construir el Centro de Justicia para Mujeres en Chilpancingo, todavía no está funcionando al 100 por ciento. Mientras que en el segundo, los gobiernos federal y estatal colocaron la primera piedra del Centro de Atención para la Mujer Indígena en Ayutla desde el 2010, pero a seis años no ha sido puesto en funcionamiento.
El retraso en la operación de los centros y la aplicación de programas de atención hacia la mujer, se dan a pesar de que la subsecretaria de la Mujer, Adela Rivera de la O, reconoció en esta conferencia de prensa que “hay un problema grave” de violencia hacia la mujer en Guerrero, por lo que con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se van a actualizar los protocolos de atención a las mujeres, así como la instauración de mecanismos que permitan conocer los delitos que se cometen en contra de las mujeres.
En la conferencia de prensa hubo discrepancias en los datos que tienen ambas dependencias en cuanto a los delitos cometidos en contra de las mujeres.
Concretamente en el caso de feminicidios, la subsecretaria de la Mujer, Rivera de la O, informó que en el 2015 registraron en su dependencia 41 feminicidios, y argumentó que a pesar de que en su secretaría existe una Procuraduría de la Mujer, regularmente no hay denuncias.
Informó que los datos de feminicidios los han obtenido tanto de la FGE como del Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, la coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres, Carbajal Plancarte, dijo que en ese centro no tienen las estadísticas y que quien debe tenerlos es la Fiscalía para Homicidios Dolosos de la FGE. Pero informó que a partir de febrero pasado han integrado 22 averiguaciones previas por violencia intrafamiliar.
Las dos funcionarias informaron que actualmente trabajan en la creación de un marco de datos para homogeneizar la información y contar con cifras reales de los feminicidios
A pregunta del reportero, la representante de la Secretaría de la Mujer rechazó que se oculten o se maquillen las cifras y que haya temor a solicitar la alerta de género, como lo han demandado algunas agrupaciones feministas, y agregó que la alerta de género debe solicitarse después de un análisis que determine si hay condiciones reales para ello.
En cuanto al Centro de Atención de la Mujer Indígena en Ayutla, que se construyó a raíz de la sentencia emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos en el 2010, como consecuencia de la violación por elementos del Ejército a la indígena me phaa Inés Fernández Ortega, y que todavía no ha sido puesto en operación, la funcionaria respondió que “son diversas causas las que han postergado su apertura”, y no informó para cuándo está previsto que se ponga en operación.
El secretario técnico de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Pernal, Camacho Mancilla, dijo por su parte que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal tendrán prioridad las mujeres en todas las instituciones que participan en la operación.