Familiares de desaparecidos cancelaron una protesta programada para este lunes en Chilpancingo, porque el gobernador Héctor Astudillo Flores les dijo que la próxima semana acudirá a verlos a Chilapa, después de que se nombre al nuevo fiscal general del Estado.
Ayer los familiares de unos 55 desaparecidos en Chilapa se reunieron para trasladarse al Palacio de Gobierno y protestar porque no han tenido respuesta del gobierno para localizar a sus familiares. Pero el vocero de los familiares, José Díaz Navarro informó que el sábado Astudillo se contactó con él para pedirle que no fueran.
Dijo que se comprometió a ir la siguiente semana, después de que nombren al nuevo fiscal del estado para que se reúnan con las víctimas de desaparecidos en la región, pero no se ha confirmado la fecha.
Mañana se cumplen siete meses de que a la ciudad irrumpieron unos 300 civiles armados provenientes de distintas comunidades del sur de Chilapa, que se llevaron a vecinos del lugar, que siguen desaparecidos.
Durante los cinco días de mayo que estuvieron, pobladores denunciaron la desaparición de unos 30 vecinos, posteriormente solamente familiares de 16 denunciaron formalmente: 14 lo hicieron ante el Ministerio Público (MP) federal, y otras dos familias están en espera de que el MP federal regrese a Chilapa para hacer la denuncia.
Conforme pasaron los meses, otras familias de desaparecidos de antes y después de mayo se acercaron a los familiares de los desaparecidos, y se han unido para exigir a las autoridades la búsqueda.
Al principio se reunían diariamente para estar al pendiente de las noticias que pudieran darles, o por los trámites que esta búsqueda les ha implicado, pero ahora sólo se reúnen cada miércoles.
Pese a que se han reunido con autoridades estatales y federales no han tenido noticias de sus parientes.
La semana pasada denunciaron que además de la incertidumbre que les provoca no saber de sus familiares, esta situación les ha dejado una deuda de unos 900 mil 400 pesos.
Algunos familiares se han quejado de que las autoridades no buscan a sus desaparecidos, o que solamente envían a la región efectivos de la Policía Federal, Ejército y policía estatal, “pero no hacen nada”.