Los integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG) bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilapa, donde manifestaron su desacuerdo con la Ley de Seguridad Interior, pidieron un alto a los megaproyectos de muerte, libertad a los presos políticos y una ley general de consulta a los pueblos indígenas con carácter previo, libre y vinculante.
Asimismo, exigieron un alto a la represión a las comunidades indígenas de Guerrero y su sistema de policías comunitarias CRAC-PC; respeto a la Ley 701 y la aprobación a la iniciativa de reforma integral a la Constitución Política de Guerrero en materia de derechos indígenas y pueblos afromexicanos.
Iniciaron su bloqueo informativo, como a las 11 de la mañana repartiendo volantes, y exhibiendo mantas en las que inconformaron de sus demandas a los transportistas que pasaban por el lugar, y se retiraron alrededor de las 7 de la noche, cuando salieron en autobuses a la Ciudad de México.
Los integrantes de la OPIG adheridos a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) adelantaron que estarán del 15 al 19 de enero en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir atención a sus demandas políticas y sociales, y un cese a la miseria de los pueblos campesinos e indígenas, y los conflictos generados en varios estados por concesiones mineras, presas hidroeléctricas y megaproyectos asignados sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades, principalmente indígenas.
La jornada de movilización en la Ciudad de México es por el aumento en los precios de la canasta básica y los combustibles, y la pérdida del poder adquisitivo y salarios. Contra el gravamen del consumo más que el ingreso personal o empresarial que afectad a los ciudadanos.
Se pronunciaron contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que establece que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y la Ley General de biodiversidad, que permite la explotación minera y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, por lo que no pueden quedarse callados.
Un cese a las ejecuciones extrajudiciales contra defensores ambientales y de derechos humanos, así como de periodistas, documentadas por varias organizaciones. Alto a las políticas neoliberales y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha desincentivado la producción trayendo consigo el abandono del campo mexicano y crisis agroalimentaria.
Lamentaron el recorte al gasto social, sobre todo en la salud, educación y desarrollo del campo, ya que han privilegiado la militarización del país con el aumento en presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina (Semar) y a lo electoral, en lugar de invertir en investigación científica y desarrollo tecnológico.