La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) convocó a una asamblea microrregional el 23 de diciembre en San Luis Acatlán, para tratar como único punto del orden del día la defensa de la Ley 701, que sería reformada por mandato constitucional a más tardar el 29 de abril de 2016, informó la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En los artículos transitorios de la Constitución Política del estado de Guerrero, aprobada en 2014, se señaló un plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto “para hacer concordar las leyes locales con las nuevas disposiciones constitucionales”.
En este caso se encuentra la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena que se aprobó al final el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, que reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña, del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria, como un cuerpo de seguridad.
La Ley 701 establece que los órganos del poder público y los particulares deben respetar sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones “como actos de autoridad”, y que el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Incluso, dice que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.
Coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán aseguraron que no van a permitir que se derogue o acote la legislación que concede facultades amplias a la CRAC. No obstante, reconocieron que esta asamblea se programó para el domingo 6 de diciembre y se pospuso para el 23, por falta de quórum.
En consulta telefónica sobre la asamblea, insistieron en que el Estado ha lanzado varias embestidas a la CRAC para destruir cualquier referente de organización de los pueblos, particularmente durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, para imponer los proyectos mineros autorizados en la región Costa-Montaña.
Se precisó que el punto único es la defensa de la Ley 701, pero de manera extraoficial se sabe que, a nivel interno se discute la posibilidad de cambiar a los coordinadores de la Casa Matriz, que cubrieron a los primeros electos en asamblea, entre ellos Eliseo Villar Castillo, separados de los cargos el año pasado, en medio de una fuerte confrontación interna.
La reunión microrregional, se informó, es de preparación para la asamblea regional que se celebrará a mediados de enero de 2016.