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Advierte Vidulfo un panorama gris para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa con AMLO

Activistas protestan el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso Ayotzinapa, frente a Palacio Nacional que fue cercado con un muro de metal Foto: Karina Tejeda

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En 2022 el gobierno federal presentó las conclusiones de sus investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pero de acuerdo con el abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, es una “investigación en paralelo”, incompleta y con inconsistencias.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó que la columna vertebral de ese informe son 467 capturas de pantalla de chats, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) analizó y señaló que son endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis del gobierno federal.
En este 2023 y en la recta final del gobierno de López Obrador, Rosales Sierra advierte un panorama gris y un horizonte desalentador en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, “creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
En 2022 el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vivió un parteaguas en las investigaciones de la actual administración del presidente morenista, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez en conferencia de prensa en Palacio Nacional –luego de una reunión con el presidente y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos–, expuso las principales conclusiones de un informe elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
Dicho informe concluyó que no existen indicios de que los 43 estén con vida, afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo evitar el desenlace contra los jóvenes, reitera que en los ataques y la desaparición de los estudiantes participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, que los mandos militares no buscaron proteger ni buscar al soldado Julio César López Patolzin –uno de los 43 normalistas desaparecidos– quien informaba a la Sedena de lo que acontecía en la normal y sus movilizaciones.
Alejandro Encinas destacó que lograron obtener diversa documentación como 467 capturas de pantalla, 37 conversaciones y cinco teléfonos de donde se extrajeron los mensajes clave para el caso, y que la creación de la “Verdad Histórica” fue concertada por el aparato organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno.
Asegura que se ocultó la verdad de los hechos, se alteraron las escenas del crimen y se ocultaron los vínculos de autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la participación de agentes del Estado.
Al día siguiente de difundirse el informe fue detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam al salir de su casa en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia como parte de la investigación del caso Ayotzinapa, es decir, por construir la llamada “Verdad Histórica” en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 22 de agosto el GIEI dijo que no participó en la redacción del informe de la Covaj y pidió tener acceso al informe completo, así como a los dispositivos desde donde se obtuvo la información y los mensajes extraídos.
La detención de Murillo no fue la única en 2022, el 15 de septiembre se informó de la detención del general José Rodríguez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.
También fueron detenidos otros dos integrantes del Ejército mexicano, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quienes se sumaban al capitán José Martínez Crespo, quien estaba preso desde 2020.
El 24 de septiembre en el periódico Reforma se publicó una columna de la periodista Peniley Ramírez en la que dio a conocer el informe de la Covaj sin testar, y reveló que sostenía que casi todo los estudiantes fueron asesinados, descuartizados y enterrados la misma noche el 26 de septiembre, y seis jóvenes permanecieron durante cuatro días en una bodega en Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, porque según el informe, José Rodríguez Pérez ordenó su ejecución.
En esos mismos días se conoció que entre las 84 órdenes de aprehensión que un juez liberó estaban las de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero por su presunta implicación con el grupo criminal Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: del procurador general de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, del ex secretario Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y otros dos empleados del poder Judicial.
Pero el 27 de septiembre el presidente López Obrador admitió en su conferencia matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa porque los presuntos involucrados no estaban en el informe de la Covaj.
Ante los cuestionamientos públicos que trajo esta cancelación de las detenciones, Encinas Rodríguez afirmó que había una intensa campaña desde las viejas estructuras del poder para desacreditar las nuevas líneas de investigación planteadas por la Covaj.
El hecho trastocó a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, porque el titular Omar Gómez Trejo renunció ese 27 de septiembre, señaló que un área ajena a esta unidad fue la que se desistió sin su autorización de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso Ayotzinapa.
El presidente de la República respondió el 30 de septiembre que desde la FGR se trató de dinamitar el proceso que se derivó en el informe de la Covaj para impedir la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam y de los militares implicados.
No obstante, el 31 de octubre en conferencia de prensa el GIEI descartó la autenticidad de las 467 capturas de pantalla de conversaciones, y en los que se basó la nueva versión del gobierno federal para incriminar a los responsables.
El grupo argumentó que las capturas no podían considerarse una prueba digital porque no fueron extraídas de forma directa de los dispositivos que presuntamente fueron utilizados, y uno de los expertos, Carlos Martín Beristain dijo que se puso en riesgo el acceso a la verdad y a la justicia al presentar este informe.
Días antes, Alejandro Encinas Rodríguez reveló en una entrevista al periódico estadounidense The New York Times, que no se confirmó la autenticidad de un alto porcentaje de las capturas de pantalla de conversaciones entre criminales y militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ante el análisis del GIEI, Andrés Manuel López Obrador respondió que Alejandro Encinas tenía toda su confianza y que se tenían todos los elementos para sostener la investigación, que continuarían las averiguaciones y que se haría justicia.
El gobierno federal mantuvo su respaldo al informe y el 28 de octubre, el ex secretario de seguridad pública de Guerrero, Leonardo Fabio Vásquez Pérez fue detenido en Nayarit, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre 2014 y delincuencia organizada.
El GIEI y los abogados de los familiares de los 43 normalistas exigieron públicamente al gobierno federal que el Ejército entregue la información necesaria y determinante en la investigación del caso, pero López Obrador declaró que los militares sí brindan información relevante, y consieró que las exigencias correspondían a una campaña de desprestigio contra el Ejército y su gobierno.

En 2022 naufragó la verdad

En entrevista, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra consideró que en 2022 naufragó la verdad porque “se tenía una investigación grande, completa”, que explicaba cómo ocurrieron los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Vía telefónica precisó que se sabía qué actores intervinieron y daba cuenta de la confluencia de diversos actores estatales y no estatales, responsables de la desaparición de los 43.
Sin embargo, afirmó que el gobierno federal realizó una investigación en paralelo a través de la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas, que es incompleta y tiene inconsistencias, cuya columna vertebral son los chats que recibió de fuentes o testigos, y que como lo refirió el GIEI consideran endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis que dice tener el gobierno.
Rosales Sierra contó que la preocupación de las madres y padres de los 43 es que el gobierno de López Obrador con el informe de Alejandro Encinas construya una nueva verdad y constituya el cierre del caso Ayotzinapa, “por eso en reiteradas ocasiones el presidente de la República ha dicho que lo que esté en el informe es lo que tomarán en consideración para la investigación y lo que no está dentro del informe no cuenta”.
Reiteró que el Ejército mexicano aún no ha entregado información relevante de lo que pudo haber ocurrido, información que el GIEI verificó su existencia en el Centro Regional de Fusión de Información con sede en el Batallón 27 de Iguala, y que podría dar un giro distinto a las investigaciones, “pero hay una negativa” para entregarla.
Expuso que quedaron pendientes en 2022 las reactivaciones de 16 órdenes de aprehensión contra militares, y a la defensa le preocupa que signifique un pacto con el Ejército que busque castigar sólo a los cuatro militares detenidos, además a pesar del informe, falta conocer “dónde están los restos de los jóvenes estudiantes, cuál es el paradero, eso no lo tenemos hoy por hoy”.
El 2022 fue un año de una relación tensa y de mucha rispidez entre los familiares de los 43 y el presidente López Obrador, consideró el abogado de Tlachinollan.
Rosales Sierra manifestó que en la recta final del gobierno de López Obrador se está medrando el mecanismo para el conocimiento de la verdad del caso Ayotzinapa, porque se dio un manotazo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación que encabezaba Omar Gómez Trejo, se violó la independencia de la FGR al retirar las órdenes de aprehensión, y se nombró unilateralmente a un fiscal especial sin tomar en cuenta a las madres y padres de los 43.
Afirmó que para este 2023 ven “un panorama gris, un horizonte desalentador en términos de esclarecimiento del caso Ayotzinapa, creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
Añadió que las madres y los padres de los 43, y las organizaciones que los acompañan exigirán que la línea de investigación que toca al Ejército se siga impulsando, que se les investigue de manera exhaustiva porque no puede haber una instancia hermética que escape a los controles civiles, y si son responsables deben rendir cuentas ante autoridades civiles.

Se reúnen padres de los 43 con la Covaj; exigen reactivar las 21 órdenes de aprehensión

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó ayer que el pasado martes se reunieron las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), donde exigieron al fiscal especializado, Rosendo Gómez Piedra, reactivar las 21 órdenes de aprehensión canceladas en septiembre pasado, como condición para “darle el voto de confianza”.
También contó que en la reunión el debate central fue la falta de información del Ejército mexicano que está requiriendo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de los centros regionales de fusión de información, “hay datos de pruebas de gran relevancia” y que “pueden dar una ruta diferente a las investigaciones”.
Este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez en un informe en la Ciudad de México dijo que se han incorporado 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa.
Consultado al respecto vía telefónica, Rosales Sierra contó que esa información se les dio a las madres y los padres el pasado martes en una reunión ordinaria con la Covaj.
“Ahí se nos dio a conocer esa información que hizo pública el licenciado Encinas, fue una reunión complicada después de varios desencuentros con el gobierno federal por la reactivación de las órdenes de aprehensión, y de la Fiscalía (General de la República), de la renuncia obligada del fiscal Omar Gómez (Trejo, en septiembre pasado). En ese contexto se da la reunión y ellos lo que nos informaron fue de las búsquedas que se están haciendo, las diligencias que se realizan en las investigaciones”, reveló.
Agregó que uno los avances que les presentaron fue que dentro del proceso contra Murillo Karam, quien está en la etapa del proceso penal acusatorio o de investigación complementaria, han logrado reunir estas 40 evidencias que serán llevadas a la acusación y al juicio en su contra, “dentro del proceso que está enfrentando por los delitos de desaparición forzada de tortura y contra la administración de la justicia”.
Consideró que las 40 evidencias fortalecen la acusación y es un avance importante de esa investigación, pero mencionó que “el debate en la reunión con la Covaj se centró en la falta de información del Ejército, que está requiriendo el GIEI de los centros regionales de fusión de información”.
“Ahí hay datos de prueba de gran relevancia que el Ejército se ha negado hasta el día de hoy a dar al GIEI, y dentro de esa información, hay datos de suma relevancia que pueden dar una ruta diferente a las investigaciones”, consideró.
Afirmó que el Ejército se niega a otorgar dicha información y fue una exigencia y un debate fuerte en la reunión, agregó que la reactivación de las 21 órdenes de aprehensión también se debatió, “es más los padres pusieron como condición al nuevo fiscal (Rosendo Gómez Piedra) para sentarse a dialogar, para darle un voto de confianza, que él reactive las 21 órdenes de aprehensión”.
En septiembre pasado se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de 21 órdenes de aprehensión, entre ellas las que habían sido libradas el 19 de agosto contra el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, el ex juez de barandilla en Iguala, José Ulises Bernabé García, así como contra 16 militares de los 27 y 41 batallones de infantería.
Se le preguntó al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cuáles son las inconsistencias halladas en la cancelacio?n de estas o?rdenes de aprehensio?n, y contestó que ese “es el argumento que dio el fiscal Rosendo Gómez Piedra, pero se contradice con lo que el presidente de la República, (Andrés Manuel López Obrador) públicamente dijo en sus (conferencias) mañaneras en varias ocasiones, que como no aparecía en el informe de la Covaj Ayozinapa, en el informe de Alejandro Encinas no aparecía el listado de las personas responsables”.
“Por eso él dio la instrucción para que se cancelaran esas órdenes, eso fue lo que dijo el presidente y lo que nos está informando el fiscal Gómez Piedra es que la visitaduría de la FGR hizo un revisión de los expedientes, y que revisó esta carpeta de investigación donde estan las 83 órdenes de aprehensión y que encontró inconsistencias respecto de estas 21 órdenes de aprehensión, y recomendó la visitaduría general cancelar las órdenes para fortalecerlas”.
Agregó que para las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ese argumento es contradictorio porque el presidente de la República, “dio una justificación pública y ahora el fiscal especializado está dando otra justificación, pero bueno, más allá de esos debates, para superarlos, la exigencia de los padres y darle el voto de confianza a Gómez Piedra será necesario que reactive las órdenes de aprehensión”.
Rosales Sierra añadió que se volverán a reunir con la Covaj el próximo domingo 18 de diciembre. Agregó que el GIEI tiene prevista la extensión de su estancia en el país hasta enero, “ya después se verá”.

Se han encontrado 40 nuevas evidencias contra Murillo Karam por el caso Ayotzinapa: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez en la presentación del informe Una cultura para el respeto y garantía de los derechos humanos Foto: Twitter

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer que se han incorporado 40 nuevas evidencias para el fortalecimiento del proceso en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
A cuatro años en la Subsecretaría, Encinas presentó el informe Una cultura para el respeto y garantía de los derechos humanos, y con su grupo de colaboradores expuso los trabajos realizados.
Al concluir, como parte de la sesión de preguntas y respuestas, se le cuestionó sobre el caso de la desaparición de los normalistas, y señaló que a Jesús Murillo Krama se le incorporaron 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso en su contra.
“Se está fortaleciendo todo el proceso contra el ex procurador Murillo Karam, ayer informaba el señor fiscal que se incorporaron 25 nuevas evidencias a su proceso ¿cuántas? 40, 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso, independientemente de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito por el entonces procurador”, declaró Encinas.
De igual forma indicó que con el nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, se ha revisado el pliego de consignación y se encontraron inconsistencias, principalmente en la cancelación de órdenes de aprehensión que ya se encontraban presentadas.
“Se revisó, por supuesto, todo el pliego de consignación de las órdenes de aprehensión que se solicitaron. Se encontraron inconsistencias en muchas de éstas. El haber cancelado algunas de las órdenes de aprehensión no implica que no se continúe el proceso de judicialización de acciones contra estas personas y va a haber más órdenes de aprehensión y más detenciones, que, por cierto, las ha habido”, indicó.
También resaltó que se ha detenido a integrantes del Ejército mexicano y destacó la detención de quien era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero cuando ocurrió la desaparición, Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
“Ustedes han visto cómo –no solamente los cuatro militares que se encuentran ya detenidos– se detuvo al secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero, en funciones en aquel entonces, a policías de Huitzuco y de Iguala, se están abriendo nuevos pliegos de consignación y estoy convencido de que tendremos nuevos resultados”, indicó el subsecretario.
Mencionó que el pasado martes 6 de diciembre, se sostuvo una reunión en la que participaron los padres de los normalistas desaparecidos con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.
“Tuvimos una muy buena reunión con los papás y el nuevo fiscal. Quiero decir que con el nuevo fiscal Gómez Piedra, estamos trabajando muy bien. Ha ido tomando el control de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa de manera muy firme y decidida. Él tomó la decisión de atender toda la parte procesal para no cometer ningún error en todos los procesos judiciales que se han abierto contra los presuntos responsables”, informó Encinas.
Se publicó en internet una versión del informe presentado, en la cual, en lo correspondiente al Caso Ayotzinapa se indica que el primero de noviembre se entregó a la Unidad Especial un análisis de 154 eventos considerados relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes.
Además, se señala que hasta el 6 de diciembre pasado, se habrían contabilizado 112 acciones y 824 jornadas de búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Tras reconocer que se han registrado presiones y resistencias, Encinas advirtió que las investigaciones y pesquisas sobre la desaparición de los 43 normalistas continuará.
“Ya sumamos 112 acciones de búsqueda, seguimos trabajando en estos momentos en dos puntos, en los municipios de Tepecoacuilco y Cocula, y no vamos a aflojar”, manifestó.
“Yo lo digo: no vamos a dar marcha atrás, por más presiones y resistencias que hemos venido superando”.
El funcionario confió en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responda con celeridad a la petición del Gobierno de México, para que los integrantes del Grupo de Expertos puedan alargar su misión hasta marzo de 2023.

Hay 40 nuevas evidencias contra Murillo Karam por el caso Ayotzinapa: Encinas

Se han encontrado 40 nuevas evidencias contra Murillo Karam por el caso Ayotzinapa: Encinas

En su informe de labores, el subsecretario dijo que a pesar de las presiones y resistencias, continuará la investigación. Se han realizado 112 acciones de búsqueda de los 43 desaparecidos, y en estos momentos se sigue trabajando en dos puntos, en los municipios de Tepecoacuilco y Cocula, indicó

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Protestan normalistas de Ayotzinapa en el Congreso; exigen justicia para asesinados en 2011

Demandan que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero sea encarcelado por los ataques del 12 de diciembre en la autopista en Chilpancingo

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

A unos días de cumplirse 11 años del asesinato de dos de dos normalistas ocurrido el 12 de diciembre de 2011, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa realizaron un mitin afuera del Congreso local, donde exigieron que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero sea encarcelado por dichos hechos.
Los jóvenes provenientes de la Normal Rural ubicada en Tixtla, a las 4 de la tarde, bloquearon la avenida Trébol con tres autobuses para realizar un mitin y portaron lonas en las que se leía: “justicia”, “12 de diciembre no se olvida” y “fue el estado”.
En el mitin uno de los alumnos dijo que se manifestaron en el Congreso Estatal para exigir lo que cada año piden que es justicia por el asesinato de sus dos compañeros: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Manifestó que los dos normalistas van a cumplir 11 años de injusticia porque han pasado varias administraciones estatales y federales y el caso sigue impune, “como Normal de Ayotzinapa no perdonamos y no olvidamos”.
El estudiante externó que el gobierno criminaliza a los movimientos que sólo levantan la voz por las injusticias que hay en el estado. Indicó que los alumnos asesinados seguirán viviendo en la memoria de Ayotzinapa.
Otro alumno recordó que las demandas que exigían en el 2011 cuando los alumnos fueron ejecutados eran un aumento a su ración de comida y ampliación a la matrícula, porque sabían que había necesidades, para que más aspirantes ingresaran a la normal, quienes en su mayoría son de escasos recursos económicos.
Recriminó que la orden que dio Aguirre Rivero fue “limpiar la Autopista del Sol. Eso fue una ejecución extrajudicial”, porque los policías ministeriales fueron los que asesinaron a sus compañeros.
Otro estudiante dijo que están a pocos días de que se cumplan 11 años del cruel asesinato de sus compañeros, quienes fueron ejecutados “brutalmente” en la autopista, en Chilpancingo.
Pidió a los normalistas a que sigan en la lucha porque el crimen que cometió Ángel Aguirre Rivero, nunca lo pagó y las autoridades estatales y federales pretenden que el caso quede en el olvido; pero dijo que Ayotzinapa seguirán en pie de lucha hasta que haya justicia.
Además, los alumnos exigieron que Ángel Aguirre Rivero sea encarcelado por dichos hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011, debido a que “anda como si nada” sin pagar sus crímenes.
Al terminar el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos, subieron a los autobuses de empresas privadas, se retiraron del lugar y se dirigieron a la escuela.

No obedece órdenes del Ejército de no atender una queja sobre Ayotzinapa, dice la CNDH

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que no sigue instrucciones del Ejército que le ordenó cerrar la queja interpuesta por el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por actos violatorios de derechos humanos cometidos por militares.
Ayer en un comunicado, la CNDH respondió a la nota publicada por la revista Proceso, firmada por la reportera Gloria Leticia Díaz, y titulada “La Sedena se dio el lujo de girar instrucciones a la CNDH”.
Proceso informó que en un escrito fechado el 28 de julio de 2022 –que pertenece a los millones de archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya– el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general de brigada diplomado de estado mayor Ángel Primitivo Flores González, instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría de la CNDH, Jair Omar Pasaran Nieto, que “se determine la conclusión de la presente queja” CNDH/2/2022/505/Q, interpuesta por los padres y madres de los 43 por actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y la de sus hijos atribuibles a personal perteneciente” a la Sedena.
La CNDH indicó en su comunicado que “está al servicio del pueblo de México, sólo a éste se debe, y sus acciones se basan únicamente en las atribuciones y facultades conferidas por el marco jurídico vigente”, aunque no negó la existencia del documento con la instrucción del militar.
Sostuvo que “gracias a la autonomía” que le otorga la Constitución federal y “por instrucción muy enfática de nuestra presidenta, Rosario Piedra Ibarra, en la integración, investigación y documentación de los expedientes de queja no se reciben, ni mucho menos se acatan órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad nacional, estatal, municipal o internacional”.
Aseveró que lo expuesto en la nota periodística de que el general instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría, exhibe “ausencia de información básica de la naturaleza jurídico-política de la CNDH”, y por ello, “falta contundentemente a la verdad”.
Afirmó que en la práctica cotidiana, sustentada en la sistemática procedimental establecida por ley, “el resultado de las investigaciones realizadas por la CNDH se basa única y exclusivamente en evidencias, y en ningún caso se determinan los expedientes por la estridencia emanada de los medios de comunicación ni de las redes sociales, y mucho menos por la solicitud simple y llana de ningún particular ni autoridad alguna sin excepción”.
Precisó que contrario a lo que sugiere la nota, el expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG se encuentra en trámite y en ningún momento ha sido “cerrado”, y al efecto se cuenta con los acuerdos de 18 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, mediante los cuales, la presidente Rosario Piedra Ibarra atendió la petición de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, y también atendió las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Los acuerdos a los que se refriere la CNDH como indicativo de que se está atendiendo la petición sobre Ayotzinapa son anteriores al documento del 28 de julio de 2022 que Proceso reveló en su nota periodística, es decir, la orden del general del Ejército dirigida al responsable de la Segunda Visitaduría para concluir la queja de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
También dice que se han atendido “los nuevos hechos y elementos del caso (Ayotzinapa) en los que seguimos abundando con toda seriedad y responsabilidad”, y que continuará con la investigación del expediente citado, el cual sólo se podrá concluir por alguna de las causas señaladas en las nueve fracciones del artículo 125 del Reglamento Interno.
Las nueve causas para concluir un expediente son: por no ser competencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja planteada; por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso; por haberse dictado la recomendación correspondiente; por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un documento de no responsabilidad; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; por acuerdo de acumulación de expedientes; por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja; y por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo.
La CNDH manifestó que está siempre en comunicación con los familiares, con quienes tienen pendiente una reunión y cuya fecha las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos “habrán de establecer”, precisamente para el seguimiento de la queja.
Subrayó que en lo que respecta a la desaparición de los 43 normalistas, no solamente tiene el deber de observar la ley sino de mantener un compromiso con los padres y madres de las víctimas, al que no habrán de faltar, de acompañarlos en su búsqueda de verdad y justicia, y por lo mismo rechazó “cualquier insinuación” que la coloque en contradicción con ese compromiso que aseguró “va más allá de la ley, es de ética y de elemental solidaridad con su causa, que es de todo el pueblo de México”.
La revista Proceso dio a conocer también el comunicado de la CNDH en su plataforma digital, y resaltó que el organismo no desmintió la existencia del documento que se obtuvo por la filtración de Guacamaya donde el militar instruyó concluir la queja de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el expediente se encuentra en trámite y que siguen las investigaciones y las actuaciones.
De acuerdo con Proceso, como lo reconoció el GIEI en su reciente conferencia, los documentos filtrados por los hackers demuestran “un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán José Martínez Crespo”, adscrito al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y detenido desde noviembre de 2020.

Detienen a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad de Aguirre, implicado en el caso de los 43

El 19 de febrero de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en el Infocap en Chilpancingo, donde entregaron patrullas y presentaron a las Fuerzas Estatales Foto: Lenin Ocampo Torres

Agencia Reforma / Redacción

Ciudad de México / Chilpancingo

El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.

Detienen al secretario de Seguridad de Aguirre por el caso de los 43 de Ayotzinapa

Detienen a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad de Aguirre, implicado en el caso de los 43

Según informes, el ex funcionario fue arrestado el viernes en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada. Está acusado de omisión en la desaparición de los normalistas, porque supo que los estaban atacando en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y no hizo algo para protegerlos

Agencia Reforma / Redacción

Ciudad de México / Chilpancingo

Se desmoronó alto porcentaje de pruebas del informe del caso Ayotzinapa, revela Encinas

Padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos durante el mitin frente al Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México Foto: Juan Luis Altamirano

Redacción

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reveló que no se confirmó la autenticidad de un alto porcentaje de las capturas de pantalla de conversaciones entre criminales y militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que sirvieron de base en la elaboración del informe que presentó en agosto pasado.
Las revelaciones de Encinas fueron publicadas este miércoles en el periódico estadunidense Tle New York Times, al que declaró: “Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.
El subsecretario, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, informó en entrevista que ante inconsistencias en las capturas de pantalla que le filtraron, las sometió a una revisión más exhaustiva. Y como resultado de la revisión, “dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas”, se publicó en el reportaje, titulado, “El caso Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”.
En el reportaje firmado por Natalie Kitroeff, Ronen Bergman y Óscar López, se plantea como antecedente del problema de las pruebas inconsistentes en el informe de Encinas, que concluye que “tras haber sido secuestrados en 2014, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en conjunto con la policía y el ejército”, las prisas para resolver el caso, que vinieron de la presión por declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La presión venía desde el nivel más alto: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en junio que su gobierno sabía lo que había ocurrido a los estudiantes desaparecidos y que este año resolvería el asunto, aunque los investigadores no habían certificado las pruebas aún.
“Pero las dificultades también surgieron de la disfunción al interior del gobierno, donde los funcionarios que investigaban el caso retuvieron información clave unos de otros, perjudicando su propio caso”.
Encinas reconoció sobre las 467 capturas: “Hay unos que hemos desechado”, dijo. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”, y admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.
Una fuente le entregó 467 capturas de pantalla de conversiones entre militares y criminales por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las mismas que aparecen en el informe filtrado sin censura y se espera que en unos días investigadores internacionales ajenos al gobierno den a conocer el análisis de este contenido.
En el la entrevisa, Encinas da a conocer que en febrero viajó a Israel, y que durante tres horas platicó con Tomás Zerón de Lucio a quien ofreció “apoyo del presidente” López Obrador, a cambio de información del paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Sin embargo no consiguió nada.
El aumento de la presión con la protesta social y de las madres y padres de los estudiantes se apoderó de la Fiscalía, y para agosto según el reportaje, en un sentido de urgencia el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presionó a su principal fiscal para que preparara una orden de aprehensión contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, “quien se convirtió en el rostro de la investigación simulada del gobierno anterior, según varias personas con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias”, dice el texto.
En el mismo reportaje se señala que el ex fiscal Gómez Trejo, rogó que le dieran más tiempo para reunir pruebas adicionales contra Murillo Karam, pero se le negó, y después se hicieron cargo fiscales con poca experiencia en el caso y el ex procurador general fue encarcelado.
Se giraron 21 órdenes de aprehensión contra militares y funcionarios, que fueron canceladas, pero cuatro oficiales del Ejército, entres ellos un general, siguen detenidos.
El reportaje indica que los investigadores internacionales publicarán su propio análisis de los mensajes a finales de octubre.
Encinas aseguró que, incluso si los mensajes resultan falsos, aún tiene confianza en su investigación, que, dijo, estaba respaldada por otras pruebas y “tiene mucha solidez y se va consolidando”. “En todas las investigaciones”,“hay aciertos y errores”, dijo a The New York Times.

Algunos de los 43 fueron llevados a la casa de Pedro Segura en Los Sauces, según denuncia

Redacción

Chilpancingo

La Procuraduría General de la República abrió una investigación en noviembre de 2014 contra el empresario ganadero Pedro Segura Valladares, y su hermano Pablo Segura Valladares, porque según una denuncia, a su casa en Los Sauces, municipio de Teloloapan, fue llevado un grupo de estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
El nombre de Pedro Segura, que en las elecciones de 2021 fue candidato a gobernador por el PVEM, recientemente adquirió resonancia en los medios de comunicación vinculado al ex presidente municipal de Iguala, actualmente preso, José Luis Abarca Velázquez, que el miércoles 14 de septiembre fue absuelto por un juez federal de Tamaulipas del delito de secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero está en prisión por otros delitos.
Segura Valladares apareció en una manifestación de más de mil 500 familiares, amigos y ex funcionarios del ex alcalde preso, José Luis Abarca Velázquez, el 28 de agosto, en Iguala, en la que exigieron su excarcelación, y afirmaron que no es culpable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, aunque no está preso por el caso de los normalistas desaparecidos sino por el asesinato del dirigente social de Iguala, Arturo Hernández Cardona.
En la manifestación de ese domingo, causó asombro en los medios la participación en el mitin el señor Francisco Rodríguez, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, Everardo Rodríguez Bello, quien declaró: “Ya basta de tantas mentiras, José Luis Abarca no es el culpable”.
El padre de familia mezcló con la defensa del ex alcalde la referencia a su hijo desaparecido y a su esposa, Minerva Bello, fallecida en los años de lucha.
Demandó claridad, justicia, castigo y verdad de los hechos, “yo perdí un hijo, a Everardo y a mi señora también, Minerva Bello, aquí estamos y seguimos en la lucha, pero queremos justicia y castigo de verdad”.
Agregó: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Arriba nuestra organización y José Luis, él no tiene culpa, la llama grande está en la normal de Ayotzinapa”.
El señor Francisco Rodríguez y Celso García Alonso, otro padre de uno de los normalistas desaparecidos, caminaron al frente de la marcha, con el empresario Pedro Segura Valladares, y familiares de Abarca.
Pedro Segura Valladares declaró en el mitin que fue él quien convocó a los padres de los 43 muchachos desaparecidos, “unos no pudieron llegar, otros están aquí abajo (del templete), pero estamos todos unidos, ya basta de tanta injusticia aquí”.
Afirmó que José Luis Abarca “no tiene nada que ver en esto, y simplemente lo usaron para salvarse los de arriba, y me reservo los nombres, y el gobierno federal sabe quiénes son”.
Se lanzó en contra del abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, “le mando un saludo a Vidulfo, el licenciado que está en Chilpancingo, y si de veras López Obrador quiere hacer un buen gobierno, que investigue a Vidulfo, el abogado de los 43 que se ha ‘mamado’ todo el dinero y no quiere que se aclare este caso, porque le conviene que siga”.
En su discurso, contó un anécdota en la que hace cinco años presuntamente el gobierno federal lo pretendía detener, “sembrando” armas y muertos en su rancho en la comunidad Los Sauces, en Teloloapan, pero se escapó gracias al “pitazo” que le dio el ex gobernador Rubén Figueroa, “le debo ese gran favor a un hermano que doy la vida por él, y es el ex gobernador Rubén Figueroa, fue él que me echó el pitazo”.
El mismo día de la marcha se supo que Pedro Segura Valladares había invitado a otros padres de los 43, y uno de ellos, Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, murió cuando presuntamente se disponía a ir a la manifestación.
Don Ezequiel falleció, primero se dijo que a causa de un infarto y después que por bronco aspiración, en el hotel Vida en el Lago en la presa de Tepecoacuilco, propiedad del empresario Pedro Segura Valladares, que se adjudicó durante el mitin al finalizar la marcha en Iguala, el haber convocado y llevado a los padres a participar en esta movilización.
El nombre de Pedro Segura está dos veces implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

La investigación

La investigación, que está integrada al expediente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue motivada por la denuncia ciudadana registrada bajo el folio DEGUE 220, de la cual el entonces delegado estatal, Miguel Amelio Gómez, informa al subdelegado Salvador Anaya del Carmen, el 17 de octubre de 2014.
La denuncia ciudadana, dice sobre los normalistas: “Se comenta que llegaron a Los Sauces, Guerrero, y al Mirador, cerquita de ahí, y por ahí llevaban a varias personas en tres camionetas grandes, ahí los protegen los narcotraficantes Pedro Segura Valladares y Pablo Segura Valladares, estos son primos del director de Seguridad Pública de Iguala, el C. Francisco Salgado Valladares, posiblemente ahí lo oculten junto con los estudiantes”.
El 8 de noviembre de 2014 la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos recibió una denuncia anónima que nuevamente señalaba el Poblado de Los Sauces, Teloloapan. Esta denuncia motivó una investigación en el lugar.
El 20 de abril de 2016 el agente del MP de la Federación adscrito a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Edgar Nieves Osornio, recibió el reporte de dos agentes de la Policía Federal, División Gendarmería, a quienes, como parte de la investigación de los hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala les encargaron indagar sobre la relación que pueda tener en el mismo los CC Pedro Segura Valladares y Pablo Segura Valladares, “a quienes se les vincula con la organización delictiva Guerreros Unidos”.
Las agentes acudieron a la colonia Los Sauces, de Teloloapan, al rancho Los Cuatro Potrillos, propiedad de Pedro Segura Valladares.

Declinó la FGR también detener a Iñaki Blanco y a Lambertina Galeana

La FGR se desistió también de las órdenes para detener a Iñaki Blanco y Lambertina Galeana

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, acompañados de estudiantes normalistas realizaron un acto cultural ayer en el Hemiciclo a Juárez de la Ciuda de Méxicot Foto: Cuartoscuro

Asimismo declinó la aprehensión de un juez de barandilla de Iguala y de los dos técnicos en sistemas del TSJ. De las 83 giradas por un juez el 19 de agosto, la Fiscalía ha retirado la petición de 21

Abel Barajas

Agencia Reforma

La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de otras cinco órdenes de aprehensión que habían sido libradas contra cinco ex funcionarios estatales de Guerrero, apenas el pasado 19 de agosto, entre ellas las del ex procurador Iñaki Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
También retiró los mandamientos de captura contra José Ulises Bernabé García, ex juez de barandilla en Iguala; Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, el primero técnico en mantenimiento y soporte de cómputo y el otro programador analista, ambos del TSJG.
De acuerdo con información del gobierno federal, la FGR solicitó por escrito a Enrique Beltrán Santés, juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, de los mandamientos de captura en favor de los ex funcionarios estatales.
Del total de 83 órdenes de aprehensión que giró el juez Beltrán el pasado 19 de agosto, la FGR ya se ha desistido de un total de 21, pues también retiró las capturas contra 16 militares de los 27 y 41 Batallones de Infantería, que estaban prófugos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Es decir, la Fiscalía hasta el momento se ha arrepentido de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante los tribunales por el caso Iguala.
En el caso de los ex servidores públicos estatales, la aprehensión contra el ex procurador Iñaki Blanco fue girada por el delito de delincuencia organizada y se basó esencialmente en los dichos del testigo protegido Juan, quien asegura que pagaba sobornos de 50 mil dólares mensuales al ex fiscal por la protección al grupo criminal Guerreros Unidos.
Con relación a la magistrada Lambertina Galeana y los dos técnicos en sistemas del TSJG, las capturas fueron libradas por el juez por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas.
Los hechos que les reprocharon son la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
En el caso de José Ulises Bernabé García, quien era el juez de barandilla que estaba en guardia en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, su aprehensión había sido autorizada por el delito de desaparición forzada.
Según las autoridades, Bernabé es quien recibió en barandilla a los estudiantes que habían sido detenidos por la Policía, la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque él negó en su momento la imputación.
El ex funcionario huyó a Estados Unidos, donde tramitó el asilo político.

Los 43 fueron asesinados el 26 y desde el 29 sus cuerpos llevados al 27 batallón

Datos del informe completo de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa publicados por Reforma indican que los estudiantes fueron asesinados, descuartizados, algunos disueltos en ácido y enterrados

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

En una columna publicada en el periódico Reforma el pasado 24 de septiembre, se afirma que la mayoría de los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche.
La publicación, firmada por la periodista Peniley Ramírez señala que integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos habrían pensado en quemar los cuerpos de los estudiantes, pero debido a que eran demasiados, se dividieron y “cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo”.
La periodista utiliza como fuente una copia del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que le fue entregada, sólo que a diferencia de la que se publicó de manera oficial, en la que se basó no tiene clasificada la información, no tiene ocultas en tachaduras o testeos las partes donde se contienen capturas de pantalla de conversaciones de los supuestos involucrados.
Indica que de acuerdo con los mensajes, a una de las células criminales le pidieron disolver en ácido 10 cuerpos, pero como no tenían suficientes materiales lo hicieron con cinco, mientras que al resto los descuartizaron con machetes.
La relatoría de los mensajes señala que al amanecer del 27 de septiembre de 2014, integrantes de células criminales avisaron que “el trabajo estaba terminado”. De acuerdo con la columna, seis estudiantes se mantenían vivos y fueron trasladados a una bodega, para posteriormente ser asesinados por orden del coronel José Rodríguez Pérez que era el encargado del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Según la publicación, los integrantes del grupo criminal tomaron la decisión de asesinar a los normalistas el mismo 26 de septiembre de 2014 pues creían que algunos de los estudiantes estaban coludidos con un grupo criminal opuesto. Además señala que el ex alcalde de Iguala, estaba involucrado.
“Abarca, dijo que no quería a ningún estudiante vivo”, se lee en la columna de la periodista.
De acuerdo con Ramírez, el 29 de septiembre de 2014, en las conversaciones obtenidas se explica la coordinación para llevar a los cuerpos de los normalistas al 27 Batallón de Infantería en Iguala, con el objetivo de enterrarlos ahí.
“A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos”, explicó Peniley Ramírez.
La columnista publicó en su cuenta personal de Twitter un hilo donde se encuentran las capturas de pantalla de los mensajes que se encontraban censurados en el Informe publico.

Condena Encinas la filtración
del informe completo

Tras revelarse un informe sin testar de la Comisión para la Verdad que señala que la mayoría de los normalistas de Ayotzinapa fueron descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, urgió a la FGR investigar la filtración de los documentos.
Señaló que estas filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. “Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, indicó.
“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”.
Según el informe sin testar, después del asesinato de los 43 normalistas, criminales, junto con miembros de los gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería. (Jorge Ricardo / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Omitió la FGR en el expediente contra el general Ramírez que éste ordenó ejecutar a seis estudiantes

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La acusación que hizo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, contra el general brigadier José Rodríguez Pérez, de haber ordenado la ejecución de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no existe en el expediente que la FGR consignó en su contra.
Grupo Reforma pudo constatar que en el expediente presentado por la Fiscalía al juez federal Enrique Beltrán Santés, no hay ningún testigo o declarante que implique al general en el homicidio de esos estudiantes, tampoco ninguna otra prueba documental o de comunicaciones privadas de la que se desprenda ese señalamiento.
En la causa penal 15/2022, el testigo protegido Juan señala de manera aislada al general de proteger las operaciones del grupo criminal Guerreros Unidos y de incluso haber detenido y liberado a uno de sus líderes, Mario Casarrubias Salgado, quien falleció en prisión por Covid-19 el 26 de julio de 2021.
“Rodríguez, de rango coronel, del 27 Batallón, que realizaban actividades a favor del grupo delictivo, como aquel que detienen al alias El Huaraches, donde a él lo detienen y dejan en libertad a Mario Casarrubias Salgado, otros en el que ellos ayudaban a transportar armas y droga, pues nadie los paraba en carretera”, declaró el testigo.
Por su parte, la fiscal del caso, Tania Villa Matías, señala en el expediente que Rodríguez ordenó a sus subordinados llevarse a los estudiantes que estaban en el Hospital Cristina, la noche del 26 de septiembre de 2016, sin conseguirlo.
Pero en la rueda de prensa del pasado 26 de agosto, Encinas dijo otra cosa que no obra en esta investigación de la FGR.
“Hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel”, informó.
En aquella ocasión, el subsecretario dijo que después de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los seis normalistas referidos permanecieron con vida cuatro días. Después fueron entregados al entonces coronel Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, quien habría ordenado la ejecución múltiple.
Encinas también dio a conocer un diagrama de análisis de los mensajes que intercambiaron los actores involucrados en los hechos. Supuestamente, el coronel coordinaba y daba órdenes a David Hernández Cruz El Chino, bombero de Iguala y sicario de Guerreros Unidos.
Según fuentes federales, la FGR no tenía conocimiento de la existencia de esas pruebas el día en que Encinas hizo públicas las acusaciones contra el general.
Una fuente conocedora del caso, que pidió no ser identificada, mencionó que las afirmaciones del subsecretario se basan en unos chats de los que hasta el momento tampoco existe una certeza científica, porque sólo se han ofrecido “pantallazos” y la FGR tampoco tiene en sus manos el aparato telefónico que contiene dichas conversaciones para practicarle un peritaje.

Ya están muertos tres de los 83 que implicó la FGR en el caso Ayotzinapa

En el último expediente que presentó ante los tribunales por el caso Iguala, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió 83 órdenes de aprehensión, pero tres de los acusados están muertos.
Uno de ellos es Humberto Velásquez Delgado, El Guacho, comandante de la Policía Ministerial de Guerrero, quien fue ejecutado el 21 de junio de 2021 en Iguala.
El segundo es Abraham Catalán Hernández, agente de la Policía Municipal de Huitzuco, quien el 18 de agosto de 2019 fue hallado muerto en un hotel de Iguala, con heridas hechas con los vidrios de la ventana de su habitación.
El 4 de octubre de 2019, la prensa local también reportó que Alfredo Mendoza Salgado, El Dólar o El Billete, supuesto operador de Guerreros Unidos en Teloloapan, fue acribillado en su vehículo cuando circulaba en la Colonia San Andrés, de dicho municipio.
En el lugar, las autoridades localizaron casquillos calibre 7.62 del fusil AK-47 o cuerno de chivo; .223 para AR-15 y 380 milímetros. (Abel Barajas / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Preocupa al Centro Prodh el desistimiento “en extremo inusual”

Jorge Ricardo / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien acompaña a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se dijo preocupado por el desistimiento, “en extremo inusual”, que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión que había solicitado contra 16 militares, presuntamente implicados en el caso.
“Externamos nuestra preocupación sobre la información de que la FGR, de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión. Estaremos analizando los alcances legales de esta decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILC)”, afirmó en un comunicado.
Reforma publicó el sábado que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Al siguiente día se publicó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco y la presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana.
El Centro Prodh lamentó la filtración del informe completo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, pues aseguró que su contenido aún está bajo análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Recordamos que, ante filtraciones, debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”, dijo.
El Prodh rechazó, la denuncia que hizo el viernes la Secretaría de Gobernación contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por dictar sentencias a favor de varios implicados en el caso Ayotzinapa. El organismo consideró que estas decisiones absolutorias se deben a omisiones de los fiscales y los Ministerios Públicos.
“Fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues sus acciones y omisiones pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo”, indicó.