El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz Hernández, indicó que la reactivación de las órdenes de aprehensión contra ejidatarios del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), es una respuesta a la exigencia de la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
En declaraciones por teléfono, el abogado indicó que las dos detenciones que hicieron los policías ministeriales, en la comunidad de Huamuchito, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, son parte de una estrategia de persecución contra los dirigentes sociales.
Dijo que la fiscalía está ejecutando las órdenes de aprehensión, para evitar que éstas prescriban y sigan activas, “lo que quiere la Fiscalía es interrumpir la prescripción de las denuncias, y mantener las órdenes activas”.
Agregó: “Esa es la política de la Fiscalía, con el pretexto de que hay cuatro personas desaparecidas de la UPOEG, y bajo esa bandera, se están metiendo a las comunidades de Cacahuatepec para realizar búsquedas y ejecutar las órdenes de aprehensión”.
El abogado sostuvo que hay una persecución a los movimientos sociales, “es una mentira que exista un gobierno de izquierda, que mantiene el diálogo con las organizaciones. No es cierto, con este panorama se vislumbran las agresiones”.
Señaló que la fiscalía está respondiendo con la reactivación de estas órdenes de aprehensión, ante la exigencia de resultados en las investigaciones y búsquedas de Vicente Suástegui, hermano del vocero del movimiento, Marco Antonio. “La Fiscalía no acelera el ritmo para investigar y no hay avances, esto es como que siente el Estado que se le presiona por el tema de Vicente, y pues en respuesta dice ‘tú tampoco eres una palomita blanca’”.
Recordó que hay 50 órdenes de aprehensión por delitos que no alcanzan fianza, como tentativa de homicidio y robo, cometido contra el empresario gravillero Humberto Marín, y que son denuncias de 2014 y 2015, del viejo sistema penal acusatorio.
Indicó que la estrategia de la organización es la defensa en los tribunales y la notificación de la persecución a organismo internacionales, de la detención y encarcelamiento de dos de los comuneros del Cecop, en el penal de Las Cruces, detenidos el 1 de diciembre con lujo de violencia.
Piden a la gobernadora y a la fiscal la libertad de dos detenidos del Cecop en Huamuchitos
Señor director:
Solicitamos la publicación del siguiente
Pronunciamiento en contra de la detención arbitraria y de la violencia ejercida por la Policía Ministerial hacia comuneros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
A la sociedad civil nacional e internacional
A los medios de comunicación independientes
A las organizaciones sociales Repudiamos enérgicamente los actos represivos que se llevaron a cabo durante la madrugada del jueves 1 de diciembre alrededor de las 3 de la mañana en la comunidad de Huamuchitos, perteneciente a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, en donde fueron detenidos Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, y Rocibel Suástegui Jacinto resultó lesionada por disparo de arma de fuego accionada por los mismos elementos de la Fiscalía. Denunciamos la detención arbitraria, la flagrante violación a los derechos humanos y al debido proceso cometidos por la Policía Ministerial que ingresó de manera violenta a la vivienda familiar donde se encontraban tres menores de edad quienes también fueron sustraídos, deteniendo a las personas sin mostrar orden de aprehensión y manteniéndoles incomunicados.
Modesto y Rodrigo fueron torturados por más de siete horas y la señora Rocibel, además de herida, fue amenazada por la policía con quitarle a sus hijos, obligándola a hacer declaraciones inculpatorias en contra de sus familiares.
Es importante señalar que las personas detenidas forman parte de las comunidades aledañas al río Papagayo que se han organizado en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota para defender el territorio comunal de megaproyectos que buscan despojarlos de su territorio, las cuales se ven amenazadas por la colusión de las autoridades con los grupos del crimen organizado.
En un contexto donde los defensores del territorio son constantemente atacados por su labor ante la falta de garantías por parte de los distintos niveles de gobiernos, es realmente preocupante que en el estado de Guerrero se continúe con estos actos represivos en contra de activistas que defienden los bienes comunes naturales.
Es por esto que exigimos a Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero y a Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fiscal General del Estado: La libertad inmediata e incondicional de Rodrigo León Jacinto y de Modesto León Jacinto. La reparación integral del daño para Rocibel Suástegui Jacinto y para los tres infantes que resultaron afectados.
El cese a los actos de hostigamiento y criminalización de los integrantes del Cecop.
¡Presos políticos, libertad! ¡No más presos por defender la tierra!
Firman Acción Colectiva Socioambiental, Alianza Sierra Madre, Aluna Acompañamiento Psicosocial, y decenas de personas y organizaiones sociales más
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, advirtió que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón iniciaron, como en los gobiernos pasados, una persecución en contra de los opositores a la hidroeléctrica.
En declaraciones por teléfono, el dirigente informó que fue notificado de que el juez segundo del distrito de Tabares lo sentenció a más de ocho años de cárcel por el delito de homicidio, hechos que ocurrieron en 2013; sin embargo, él recurrió a una apelación y ahora su caso será revisado por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia. “Yo podría regresar a la cárcel”.
Suástegui Muñoz dijo que en este contexto de persecución contra el Cecop y su lucha contra la hidroeléctrica fueron detenidos el jueves pasado, con violencia, por policías ministeriales en la comunidad de Huamuchitos, Rodrigo León Jacinto, de 70 años, y Modesto León Jacinto, de 27 años; además lesionaron de un disparo en la pierna a la señora Rosibel Suástegui Jacinto y golpearon a tres menores de 4, 7 años y un bebé.
Recordó que ese día los policías ministeriales irrumpieron a las 3:30 de la madrugada en la casa de la familia, sin embargo, en la carpeta de investigación se estipuló que los detuvieron en la cancha de la comunidad lo que es falso, y tan fue así que el sábado se les dio su libertad de la comandancia de El Coloso, pero al salir fueron detenidos nuevamente ahora con unas órdenes de aprehensión de 2013, acusados de intento de homicidio y lesiones, y fueron recluidos en la cárcel de Las Cruces.
Reprochó a la fiscal Valdovinos Salmerón que junto con la gobernadora “usan los mismos vicios y prácticas oscuras del pasado. Concluimos que hay una persecución total para eliminar al Cecop, porque tal vez el movimiento le hace estorbo a la 4T, porque nosotros mandamos al diablo al PRI, al PRD, para poner a un movimiento en el poder como lo es Morena, donde nosotros decidimos abiertamente apoyar en campaña política a la gobernadora, pero vemos que lamentablemente nos equivocamos”.
El vocero dijo que tiene conocimiento de que se están desempolvando las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Cecop, “estamos procesados 30 compañeros, también surgen nuevas órdenes de aprehensión, que este gobierno está sacando de cuando se fabricaban los delitos”.
Luego, se volvió a lanzar contra la gobernadora “nos está mintiendo, diciendo que son amigos de los que menos tienen, pregonan eso, y que en este gobinero no se reprime. Todo lo contrario, sí se persigue, se encarcela, actualmente tenemos a toda la fiscalía en Huamuchitos, a los que llevan sus cosechas de jamaica y de maíz los están deteniendo, hay filtros y retenes, además, la Fiscalía entró a robar como delincuentes y amenazando de manera cobarde a la gente”.
“La gobernadora dice que Guerrero es un santuario de derechos humanos, la Fiscalía viene y tortura y le mete unos balazos a una mujer y la amenazan con quitarle a los hijos para declarar contra su esposo, diciendo que él fue quien le disparó”.
Ante estos hechos, dijo que el domingo en asamblea se acordó pedir el apoyo nacional de las organizaciones sociales, una comisión acudirá a Palacio Nacional, para plantear la situación al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se va a instalar un plantón en Huamuchitos y El Cantón, para evitar que la Policía Ministerial entre, “además estamos pensando que vamos a cerrar la Autopista del Sol, porque tal parece que les importa recibir turistas y crear una imagen falsa, cuando hay un mar de sangre en Acapulco, y cuando el Ejército y la Guardia Nacional están metidos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
Suástegui Muñoz también afirmó que “nos mintieron cuando dijeron que iba a haber un cambio” e informó que se cancelaron todos los apoyos a los pobladores de Cacahuatepec, “nos huele como una trampa del gobierno del estado, municipio y federal”.
El dirigente recordó que Maximino Solís Valeriano sigue preso en el penal de Las Cruces, desde 2018, por un delito que no cometió y que se le atribuye a él, pero todo es parte de la persecución contra el movimiento.
Elementos de la Policía Ministerial irrumpieron y agredieron a balazos a los habitantes de una casa en la comunidad Huamuchitos, en el Acapulco rural, donde hirieron a una mujer, detuvieron a dos policías comunitarios de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y golpearon a tres niños.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, denunció que alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves, los elementos de la fiscalía llegaron disparando e irrumpieron en la casa.
Ahí detuvieron a Rodrigo León Jacinto, de 70 años, y Modesto León Jacinto, de 27 años; además, lesionaron de un disparo en la pierna a la señora Rosibel Suástegui Jacinto, y golpearon a tres menores de 4, 7 años y un bebé.
El vocero dijo que los detenidos son comuneros y parte de la lucha de resistencia contra la construcción de la hidroeléctrica.
Indicó que en la casa quedaron nueve cartuchos percutidos de calibre 9 milímetros, que los policías ministeriales dispararon.
Suástegui Muñoz señaló que los policías ministeriales llegaron con lujo de violencia, si una orden de aprehensión, sin orden de cateo, y bajo la excusa de que había ocurrido una riña en el lugar, lo que negaron incluso los vecinos de la comunidad; además de que las personas estaban dormidas cuando llegaron.
El vocero denunció que luego de los hechos, que duraron unos 20 minutos, los detenidos fueron sacados de la comunidad sin que se diera información de ellos, que fue hasta que se habló con el fiscal regional que se confirmó que estaban detenidos en el Ministerio Público de El Coloso.
Suástegui Muñoz dijo que la mujer herida no estaba en calidad de detenida, sino de presentada, que antes de pasar a declarar fue llevada al hospital para su atención médica. Mientras los detenidos fueron puestos a disposición en la comandancia del Ministerio Público, con diversos golpes.
En declaraciones afuera del Ministerio Público, el vocero esperó que los detenidos fueran puestos a disposición de un juez lo antes posible, para que por falta de pruebas sean puestos en libertad. Mientras, interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Negó que la detención haya ocurrido por la supuesta riña y cree que es “por intereses obscuros”. Recordó que el domingo, la población le reportó la presencia de 10 patrullas con integrantes de la UPOEG, que estaban buscando a personas desaparecidas. Señaló que quieren buscar culpables donde no los hay. (Redacción).
Marco Antonio Suastegui, vocero del Cecop, muestra las credenciales de un presunto integrante de inteligencia militar que fue detenido en La Concepción y liberado por policías estatales y ministeriales el 7 de enero del 2018 . Foto: Lenin Ocampo Torres
Maribel Gutiérrez
Rancho Las Marías, Acapulco
Primera parte
El proyecto de la presa la Parota, de la Comisión Federal de Electrcidad trajo la violencia a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se va construir, van 17 años de división en los pueblos entre los opositores y los que están a favor de la presa, que dejó 20 muertos, 10 de cada lado.
“La herida está abieta, sigue sangrando, las agresiones causaron un daño irreversible, la gente está muy polarizada, hay mucho encono, odio, rencor, dijo en entrevista el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En enero de 2003 comenzaron las obras de la hidroeléctrica que iba a desplazar a 25 mil habitantes de comunidades en la ribera del Papagayo.
En respuesta surgió el movimiento con acciones directas para impedir los trabajos, primero con un plantón en la carretera de terracería que lleva al lugar donde se pretendía hacer la cortina de la presa, siete meses después se integró formalmente el Cecop; la nueva organización instaló siete plantones donde principalmente las mujeres vigilaron durante cinco años, de día y de noche, las carreteras de acceso al área de la presa para impedir que pasara maquinaria y personal de la CFE.
Las obras de la hidroeléctrica se pararon, pero se mantuvo la intención de los sucesivos gobiernos de hacerla.
La división está en todo. En asambleas ejidales y comunales, en elecciones de comisarios y comisariados, las contiendas fueron entre los que estaban a favor de la presa y los opositores. Todas las dependencias gubernamentales actuaron a favor de la CFE. Los empresarios que explotan los recursos pétreos del río Papagayo están a favor de la presa.
También los gobernantes en turno: los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; los gobernadores René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero y Héctor Astudillo; y los alcaldes Alberto López Rosas, Luis Walton Aburto, Evodio Velázquez. En todo momento los tres niveles de gobierno enviaron policías para reprimir el movimiento opositor a la presa; la excepción son el alcalde Félix Salgado Macedonio y la actual alcaldesa Adela Román Ocampo.
Con la división se transfirió la violencia a otros conflictos.
Ya sin el proyecto de la CFE, Suástegui declara que existe la amenaza de la entrada del narcotráfico a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y dice que va de la mano de la Policía del Estado, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que entró para buscar desplazar al Cecop, y grupos de sicarios que entraron para generar violencia. Señala que estos grupos están coludidos con las empresas gravilleras, que explotan los recursos pétreos del río, y son utilizados para reprimir al Cecop.
Del lado contrario a la presa, un cambio desde 2014, es la creación de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, que forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que tiene su Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán, que se rige legalmente por usos y costumbres indígenas.
Suástegui explica porqué es prioritario el proyecto de seguridad y justicia con la Policía Comunitaria. “De nada sirve que hayamos ganado una batalla a los gobiernos neoliberales y que venga el crimen organizado y se apodere de nuestras tierras. Ni la Guardia Ncional puede darnos protección, sólo la Policía Comunitaria de Cacahuatepec puede cuidar al pueblo”.
Tres peticiones a AMLO
La situación en que llega la declaración del presidente López Obrador es compleja y difícil, dice el vocero. Considera que las palabras del presidente en su conferencia de prensa del 17 de enero son “un respiro”, “una tregua”.
Ahora, los opositores buscarán una audiencia con el presidente, para plantearle tres demandas: que dé la certeza jurídica de que la presa La Parota no va, la seguridad mediante el reconocimiento de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec (constituida actualmente por 100 elementos), y un programa de desarrollo para la región.
López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera, en respuesta a un reportero que le preguntó si el gobierno va retomar el proyecto de la hidroeléctrica La Parota, después de que el 9 de agosto entró un convoy de La Marina a las tierras del vocero, Marco Antonio Suástegui:
“Miren, no se puede hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente. Lo de La Parota tiene oposición y no se va a construir esa presa”.
Los opositores a la presa estuvieron 17 años esperando esa declaración.
Cambios
Del proyecto de la CFE quedan todavía en esta región, la carretera que va a los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la orilla del río Papagayo, que antes era un camino real de andadura para el paso de bestias con cargas de maíz y los productos del campo, se abrió una carretera amplia y pavimentada que conecta la federal de Acapulco por San Isidro Gllinero al sitio donde se pretendía hacer la cortina de la presa.
También quedó en La Concepción una casa muestra de las viviendas que la CFE ofrecía a los desplazados por el embalse y ahora es el cuartel de la Policía del Estado, están aún las instalaciones de un campamento para los trabajadores, ingenieros, técnicos que laborarían en la construcción de la presa, con dormitorios, talleres, comedores, a la orilla del río, quedan las ruinas de un helipuerto, y abandonadas obras inconclusas como túneles en los cerros que se iban utilizar para desviar el agua del río.
El Chistorete
De la gente extraña que llegó del lado de los que quieren la presa, de los gravilleros, y de la Policía del Estado está un militar retirado que encabeza un grupo de sicarios y en diciembre de 2017 fue detenido por la Policía Comunitaria de Cacahuatepec y en un interrgatorio confesó que fue enviado para matar a Marco Antonio Sástegui. En los últimos días, campesinas lo han visto nuevamente por el monte, cerca de las parcelas, y temen que regrese con sus planes.
En el interrogatorio, le preguntaron quién lo contrató y respondió que el asesor del gobernador César Flores Maldonado, el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio y el empresario gravillero Humberto Marín.
Ese ex militar, apodado el chistorete, aparecía con uniforme del Ejérito camuflado, con armas de alto poder, y acompañado por un numeroso grupo de sicarios, que acampaban en terrenos cerca de las parcelas de Suástegui.
“Estuvo aquí el hombre, en mis parcelas, en el pastizal, camuflageado, entraron con él 50 sicarios, estuvo a punto de dispararme con 15 gatilleros, pero poco a poco se fueron saliendo por el monte. Porque le ofrecieron 200 mil pesos por matarme, le dieron al principio 100 mil, y el 50 por ciento se lo iban a dar cuando terminara el trabajo, pero la Policía Comunitaria de Cacahuatepec lo detuvo y fue cuando vinieron al rescate”.
El día de la masacre de La Concepción, el 7 de enero de 2018, cuando en un enfrentamiento murieron seis vecinos del grupo que está a favor de la presa y dos de los opositores, y después tres policías comunitarios fueron ejecutados por policías del estado que ya los tenían sometidos, el chistorete estaba detenido en la Policía Comunitaria de Cacahuatepec.
En medio de la masacre, los policías del estado y el jefe de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, entraron preguntando por el militar, porque venían a rescatarlo.
El vocero muestra cuatro credenciales de el chistorete, originales, en las que usa dos nombres. En una de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aparece como militar en situación de retiro Liborio López Alejandro, en una credencial otorgada por el Registro Agrario Nacional está con el mismo nombre, con el cargo de presidente del Consejo de Vigilancia del poblado Cacahuatepec, y también con ese nombre tiene con su foto una tarjeta de la tienda SAMS.
En una terjeta de débito de Banjercito aparece como Guillermo Marín López, el mismo nombre tiene en su credencial del INE, con domicilio en Acapulco.
Los gravilleros
“Nos damos cuenta de que la lucha no es sólo por nuestra tierra, que es por el territorio: la tierra, el río, el agua, el aire, las plantas, animales, el espacio aéreo, la biodiversidad, escuelas, la cultura, casas, clínicas, todo”, dice el vocero.
“Ahí vemos que el río Papagayo está siendo explotado por los gravilleros caciques, que son narcogravilleros, narco empresarios, que todavía siguen. Hoy hay un grupo paramilitar llamado UPOEG que está trayendo más inversionistas dándole proteción a cambio de una cantidad fuerte de dinero”.
“Los gravileros tienen 40 años asentdos en el río Papagayo, primero en Bellavista Papagayo, donde estaban los Terrazas, los Olea y ahora Javier Cadena Almanza, y de ahí Armando Valle, José Valle, y llega Humberto Marín que tenía 15 años explotando el río”.
“Vemos que la lucha no sólo es contra la presa sino contra todo esto que viene acabando con el río Papagayo.
Y tiene que ver con la presa, porque los graviileros estaban esperando meter sus camiones, su maquinaria, sus equipos en las obras de la presa y de las carreteras”.
“El 90 por ciento de las órdenes de aprehensión que tenemos los del Cecop son por acusaciones de los gravilleros. El gobierno supo capitalizar el conflicto que tenemos con los gravilleros para criminalizarnos”.
Narcotráfico
Suástegui asegura que tiene documentado que el narcotráfico entró ya al territorio de Cacahuatepec. Dice que en terrenos a la afueras de la Concepción estaban traficando con droga, ahí llegaban la UPOEG y César Flores Maldonado que es el representante del gobernador, que compró predios en esa área. Y esas actividades las permite la Policía del Estado que permanentemente está en La Concepción, en la casa muestra que hizo la CFE, y no hace nada por detenerlas.
También, señala, ya hay actividades que indican que se pretende usar el río Papagayo para el tráfico de drogas desde el mar al centro del estado.
El 7 de enero, en La Concepción, policías estatales se llevan detenido al vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui .Foto: Carlos Alberto Carbajal
Desde la cárcel señala como responsable al coordinador de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado
Maribel Gutiérrez
Primera parte
Desde el reclusorio de Acapulco, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, habla de cómo fue detenido y torturado el 7 de enero, de la fabricación de delitos, y del asesinato de tres comunitarios de Cacahuatepec, que fueron ejecutados por policías ministeriales y estatales cuando ya estaban desarmados y sometidos.
Ese día, como a las 3 de madrugada, se dio un enfrentamiento armado en La Concepción, poblado de los Bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, presuntamente entre policías comunitarios afines al Cecop y civiles armados del grupo contrario al Cecop, con saldo de dos comunitarios muertos y seis del grupo de sus adversarios. Después de las 10 de la mañana llegaron policías del estado, ministeriales y federales de la Gendarmería, así como efectivos del Ejército, que desataron una balacera y mataron a tres comunitarios más, y se llevaron detenidos a 38 miembros del Cecop, policías comunitarios y vecinos, incluyendo algunos que estaban encerrados en la comandancia de la Comunitaria para se reeducación.
Por el asesinato de los seis civiles, el vocero del Cecop está en la cárcel acusado de homicidio, igual que otros 18 presos.
Debido a la incomunicación y aislamiento en que se encontraba en la cárcel, después de casi 10 meses, en entrevista da a conocer su testimonio.
“El 6 de enero es la feria regional de La Concepción, bajé al baile como a las 9 o 10 de la noche, ya estaba mi hermano Vicente, mi hermano se sale del baile como a las 12:30 y yo me fui a Salsipuedes, donde estaba viviendo, a la 1:30”.
Segú versión del Cecop, a las 3 de la mañana se dio el ataque de civiles armados a la Policía Comunitaria, que tenía detenidos al comisario entrante Lucio Méndez, a Antonio Morales que presuntamente estaba planeando ataques al Cecop, y a un ex militar que estaba encabezando un grupo de sicarios apodado el chistorete. Se dio el enfrentamiento con resultado de ocho muertos por las dos partes.
Marco Antonio Suástegui señala que la gente del comisario atacó y mató a dos policías comunitarios, Ulises García Martínez y Eusebio Elacio Martínez.
De los seis muertos del grupo del comisario, el vocero del Cecop no tiene una versión propia, pero dice que estaban en la comisaría, entre ellos un hermano y un hijo del comisario.
El 7 de enero, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, llora ante los dos policías comunitarios asesinados a balazos, al lado de familiares y compañeros . Foto: Carlos Alberto Carbajal
“Regresé a las 7 de la mañana a La Concepción y vi los cuerpos tendidos de los dos policías comunitarios.
“A las 10:30 de la mañana llega la Policía del Estado cortando cartucho a la Policía Comunitaria, los cuerpos de los dos comunitarios estaban en la comandancia, comienzan a llegar policías comunitarios y compañeros del Cecop.
“Los policías estatales llegaron preguntando por el militar retirado que estaba preso. Los estatales se dirigieron a Marco Antonio, y les propuso que viniera el Ministerio Público para que hiciera las investigaciones de lo ocurrido”.
Según Marco Antonio Suástegui, a los 20 minutos llegan policías ministeriales, entre ellos el coordinador, Esteban Maldonado Palacios, y le dijo ‘quiero platicar contigo, en privado, Marco Antonio no aceptó, y Esteban Maldonado le dijo: traigo órdenes del gobernador de llevarlos vivos o muertos.
Maldonado dijo que iba a ver que había muertos. Marco Antonio le dijo “aquí hay dos muertos que son policías comunitarios, y no sé, al parecer hay otros”.
Esteban Maldonado le dijo a Marco Antonio “pídele a la gente del Cecop que se vaya y que se queden los comunitarios”, dijo que se iba a llevar los cuerpos, y los familiares aceptaron.
“Esteban Maldonado va a la comisaría, se regresa y pregunta quién es el comandante de la Policía Comunitaria, y se lo lleva a la Conasupo, ahí lo golpea, lo agarra del cuello y lo desarma”.
“Llega más policía estatal, después ministeriales , el Ejército y la Gendarmería.
“Dos policías comunitarios se meten a la comandancia, Alexis Santos y Feliciano Ascencio, se mete Esteban Maldonado con policías y les apuntan con sus armas.
“Alexis llevaba un arma quebrada, la suelta y levanta las manos, Feliciano suelta su arma y se hinca. Los dos estaban desarmados, rendidos, Alexis con las manos en alto y Feliciano hincado, y ahí los ejecutaron, los policías ministeriales les tiraron balazos por la espalda”.
“Otro policía comunitario, Crecenciano Everardo, estaba con su arma colgada al hombro, los estatales lo desarmaron y se lo llevaron desarmado rumbo a la Conasupo (en la misma área céntrica de La Concepción, enfrente de la comandancia de la Comunitaria y de la comisaría).
“Después de los dos ejecutados, me tiré al piso, por la ventana un policía me apunta con su arma, se acerca y me dice tú eres Marco Antonio Suástegui, y me iba a llevar pero tres mujeres me agarran.
“Se oyen disparos por la Conasupo, mataron a mansalva a Crecenciano (Tano), que ya estaba desarmado”.
“Después me llevaron con las manos atrás, un policía me preguntó: quién eres, le dije y gritó ‘paquete grande’, me llevaron hacia Agua Caliente en una camioneta. Me bajaron en el puente de la Moringa, me llevaron al monte, ahí me tenían tirado. Me interrogaron.
–Cómo te llamas.
–Marco Antonio Suástegui Muñoz.
–A qué te dedicas.
–Soy vocero del Cecop.
–A cuántos mataste anoche.
–A nadie, yo no uso armas.
–A qué grupo perteneces.
–A ninguno.
“En el área había muchos policías, pero tres hicieron el interrogatorio, un policía ministerial, uno estatal y un militar del Ejército.
“Un policía le dice a otro, oye, pareja, éste no disparó, y le contesta, dale un arma y que dispare”.
Un policía le pregunto:
–¿Ya te han tableado?
– No.
“Arranca un palo de moringa, me golpea en las piernas, glúteos, en la espalda”.
–De quién eres gente.
–De Zapata y Villa.
–Entonces aguantas más vergazos.
“Después de eso me torturaron, me patearon en todo el cuerpo, golpes en los testículos, en el abdomen, en todo el cuerpo patadas, hasta que me desmayé”.
–Hay que matarlo –dijo un policía.
–No, ya lo vio la prensa –respondió otro–, ya viene el helicóptero.
“Me llevaron en helicóptero, al aeropuerto de Acapulco, me dicen que me van a llevar a Nayarit, al penal de máxima seguridad, pero que hubo un problema con el avión.
“En el aeropuerto me suben a una camioneta blanca doble cabina, y ahí me golpearon otra vez los de la Ministerial, se subieron encima de mí, me lastimaron la columna, se sentaron encima de mí, tengo daños en el cuerpo, en la columna y tengo hernias”.
“Me llevaron a la Fiscalía central de Acapulco, llegamos como a las 5 de la tarde.
“En la Fiscalía estaba Esteban Maldonado, dijo: viene el mero verga de La Parota. Me enseña un paquete de droga, era mariguana, y me dice: mira lo que traías.
“Después nos dijeron que eran 620 carrujos de mariguana, la droga la sembró Esteban Maldonado, para acusarnos a los 38 detenidos de narcomenudeo en flagrancia, y así pudo pasarlos la Fiscalía, eran reeducados (detenidos por la Policía Comunitaria que están sometidos a un proceso de educación para convencerlos de que dejen de cometer ilícitos o cambien algún mal comportamiento), integrantes del Cecop, policías comunitarios, coordinadores y consejeros”.
“Desde las 2 de la tarde estaban ahí los otros detenidos, muy golpeados. Esteban Maldonado me dice: ven , quiero hacer un trato contigo. Le respondí: no hago tratos con mañosos, maldito asesino, mataste a los policías comunitarios que estaban desarmados”.
“Me trajo aquí, al Cereso, se bajó de una camioneta, y me bajaron aquí, eran como las 7 de la noche, me metieron al hospitalito”.
El hospitalito, es un área separada del resto del reclusorio, luego en el mismo lugar encerraron a sus compañeros Javier Melchor, Nemesio Valeriano, Maximino Solís, Manuel Everardo y a su hermano Vicente Suástegui.
Después pasaron a Marco Antonio Suástegui a otra área también separada del reclusorio, llamada la clínica.
El 9 de enero lo pasaron a la casa blanca, en la que no le permitieron salir ni ver la luz durante meses.
Ese día habló con él el comandante de la Ministerial de El Coloso, Carlos Ortiz, le informó que está acusado de homicidio de los seis civiles.
De las ejecuciones extrajudiciales de los tres comunitarios, detenciones con violencia, golpes y tortura, el encierro en condiciones indignas, los defensores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, otros organismos no gubernamentales, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, (CRAC) a la que pertenece la Comunitaria de Cacahuatepec, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recabaron testimonios y han emitido informes señalando las graves violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones campesinas y empleados del Ayuntamiento de Chilpancingo crearon la Nueva Central de Trabajadores, para defender sus derechos humanos y laborales.
A las 12 del día se celebró la primera asamblea en el auditorio del Palacio Municipal, ahí el dirigente del Sindicato Independiente de la sección 14, Domingo Salgado Martínez encabezó la actividad, informó de la creación de un nuevo bloque que integrará a organizaciones campesinas y sindicales.
Detalló que el frente se llamará Nueva Central de Trabajadores y el objetivo es aglutinar a todas las organizaciones campesinas, cooperativas, jóvenes, mujeres y sindicatos para enfrentar al gobierno y a las empresas privadas de las violaciones contra los empleados.
El líder sindical dijo que el frente es a favor de la clase trabajadora para defender los derechos de los campesinos y trabajadores. Detalló que habrá asambleas estatales y nacionales para analizar la situación de cada trabajador y proteger sus derechos labores.
Precisó que en Guerrero en total son unas 16 organizaciones que se integran a la Nueva Central de Trabajadores, entre ellas: el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entre otras.
Integrantes de sindicatos y organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) en contra de las reformas estructurales, exigieron respeto a las conquistas laborales y convocaron a la unidad para hacer un cambio en el país, y ponerle “un basta” a los gobiernos corruptos. También se manifestaron por la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.
Más de mil 500 integrantes de diferentes sindicatos aglutinados en la UNT iniciaron su marcha a las 10:45 de la mañana en la avenida Costera, del Asta Bandera a la Glorieta de La Diana, donde hicieron un mitin.
Los trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) encabezaron la marcha, seguidos por los del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), una sección del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), un contingente de simpatizantes de Morena, y maestros los de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) región Acapulco y Costa Grande.
También marcharon integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Asamblea Nacional de Jubilados, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y Empresas de Préstamo Prendario, trabajadores del hotel La Palapa de Acapulco, y de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios y del Cecop.
“Si el gobierno bueno fuera estas marchas no se dieran”, “hombro con hombro, codo con codo Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos”, “ea, ea, ea, el PRI, PAN, PRD se tambalea”, “el pueblo unido jamás será vencido” y “trabajadores conscientes en la lucha combatiente”, fueron algunas de las consignas que los diferentes grupos gritaron en el camino.
En la marcha, en el sonido de la camioneta que iba con el contingente del Sindicato de Telefonistas fueron leyendo el manifiesto unitario de la Jornada de Lucha del Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil, que convirtieron en exigencias.
Los contingentes marcharon hasta la Condesa, a las 12 del día se instalaron alrededor de la glorieta de la Diana, donde bloquearon el paso vehicular en ambos sentidos, para tener un mitin que concluyó cinco minutos antes de la 1 de la tarde.
La Asamblea Nacional Popular (ANP) exigió la libertad inmediata del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, de su hermano Vicente y otros 23 integrantes de esa organización.
Representantes de organizaciones sociales estatales y nacionales se reunieron en el Comedor Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixtla para determinar las acciones de la jornada de lucha, a 43 meses de los ataques en Iguala donde fueron desaparecidos 43 estudiantes.
En la reunión se informó a los representantes de las organizaciones sociales de la investigación en Estados Unidos que indica que sicarios de Guerreros Unidos dieron órdenes desde Chicago para involucrar a policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de otro número indeterminado de personas. al menos 60, según los mensajes.
La ANP acordó difundir la información para que las autoridades profundicen esa línea de investigación debido a que podría ser “una oportunidad real de dar con el paradero de los 43 (normalistas)” según el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra informó que la ANP se pronunció por la libertad de los hermanos Suástegui Muñoz y de los integrantes del Cecop que fueron encarcelados como presuntos responsables de homicidio calificado “en agravio de habitantes” de la comunidad La Concepción, municipio de Acapulco. Además exigió a las autoridades que se respeten los tratados de derechos humanos para que los presos políticos no estén aislados.
La ANP acordó continuar la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como la construcción de un frente que sea “una oposición política bastante objetiva” y que el proceso electoral no desarticule la unidad de las organizaciones sociales.
En el plan de acción se acordó que la jornada de lucha Te buscamos 43 por 43 iniciará con una manifestación el 26 de abril que las organizaciones sociales replicarán en sus estados, seguida del paro laboral el 1 de mayo que promueve la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la Reforma Educativa, así como otra protesta el 19 de junio a dos años de los desalojos violentos en Nochixtlán, Oaxaca.
La jornada de lucha se extenderá hasta el 26 de septiembre cuando se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y concluirá con la conmemoración de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre.
Rosales Sierra precisó que para los 43 meses de los ataques y la desaparición de los estudiantes que se cumplen este abril habrá manifestaciones los días 19 y 20, una jornada cultural en la Ciudad de México del 23 al 25 y una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo el 26, y una marcha el 27 en Iguala para conmemorar a los normalistas asesinados Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Las acciones serán replicadas por los integrantes de la ANP en los estados donde tiene presencia.
Ayer se llevó a cabo, por primera vez, un encuentro entre los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
El pasado 8 de marzo, integrantes de la Policía Ciudadana, con armas exclusivas del Ejército, irrumpieron en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Ayer los representantes de ambas organizaciones se reunieron en el Seminario de la Arquidiócesis de Acapulco, en el fraccionamiento Costa Azul, fungiendo la Iglesia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como mediadores.
La reunión fue privada en el auditorio del seminario.
A su salida, Plácido Valerio no quiso dar declaraciones argumentando que tenía otro asunto que atender y que iba a destiempo, mientras que el director de Tlachinollan, Abel Barrera, informó que la reunión era para “preparar un camino para el acuerdo” entre las organizaciones.
Indicó que en la reunión, a la que acudieron unos 10 representantes del Cecop y de la CRAC, le manifestaron al dirigente Plácido Valerio que se sienten invadidos por la UPOEG y reiteraron la petición de que la Policía Ciudadana se repliegue de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que que deberá ser expuesto por el dirigente a las comunidades donde opera.
El defensor de derechos humanos dijo que Plácido Valerio planteó que se trabaja en las comunidades porque la gente lo solicitó, y porque no hay un territorio donde haya veto para que otras organizaciones entren y sean partícipes de la seguridad.
Las autoridades de la CRAC reiteraron que los problemas de secuestros, robos y cobro de extorsiones no ocurren dentro del territorio de los Bienes Comunales, sino en poblados colindantes.
Abel Barrera dijo que se realizará otra reunión la semana próxima, aunque no precisó el día, “porque hay la necesidad de seguir dialogando para clarificar los punto de conflicto y se puede dar la coordinación y apoyo mutuo”.
Agregó que además se hace un mapeo de actores interesados en crear un conflicto en los Bienes Comunales, entre estos los empresarios gravilleros, autoridades federales, y autoridades que han sido manipuladas para que estén a favor de la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
“La UPOEG debe ser muy clara de que no puede ser un actor que le haga el juego a quienes son una amenaza para el territorio comunitario y sobre todo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La UPOEG tiene que deslindarse públicamente de ser un instrumento que sirva a quienes han atentado contra el territorio comunitario para dividir, imponer y cambiar la correlación de fuerzas”, demandó.
Abel Barrera recordó que la Iglesia está facilitando el diálogo entre las partes para poder llegar a acuerdos. “Para que se pueda trazar una ruta que lleve a acuerdos básicos de respeto, de coordinación en el tema de seguridad y de delimitación del territorio para que no haya confrontaciones y, sobre todo, alguna situación de violencia”.
