Lourdes Chávez
Chilpancingo
El juez coordinador de control y enjuiciamiento, Celso Ubaldo de la Sancha, cambió un delito de violencia familiar por el de lesiones, de menor gravedad, en una audiencia donde la víctima del caso no estaba presente, después de dos citas a las que faltó el agresor.
Con documentos del expediente C-207/2021, la agraviada denunció la falta de perspectiva de género en la impartición de justicia, evidenciada con este tipo de actuaciones, pese a las capacitaciones en el Tribunal Superior de Justicia desde la declaratoria de alerta de violencia feminicida en Guerrero que la Secretaría de Gobernación declaró en 2017.
Su demanda, es una de las 3 mil 273 que se iniciaron en 2021 por violencia familiar en Guerrero, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nada se sabe del resto, salvo que el caso de esta denunciante, es uno de los que más rápido se ha judicializado, según le dijeron las mismas funcionarias del sistema de administración de justicia. Esto fue posible por la constancia de la usuaria, y gestiones de sociedad civil en la FGE.
Así pasaron nueve meses para que el asunto fuera judicializado, con un avance poco satisfactorio, por un delito menor.
La víctima de violencia llamó al presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez, a tomar como ejemplo su caso para revisar las decisiones de los impartidores de justicia, que en el discurso dicen que aplican la perspectiva de género y en los hechos no es así. “Que dé seguimiento a las sentencias para determinar si la capacitación tiene impacto en el trabajo, porque este ejemplo dice lo contrario”.
La agraviada, que se reservó su nombre, indicó que el 25 de mayo de 2021, la agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres clasificó su denuncia como violencia familiar contra su ex esposo, que la golpeó en su vivienda y frente a dos hijos. Entonces tenían un año de divorciados.
“El caso tenía todos los elementos de violencia familiar, pero con una visión retrógrada, sin perspectiva de género, el juez decidió reclasificar como un delito menor, porque consideró que no tenían vínculo familiar, lo cual usó la defensa del agresor para llamar a la conciliación”; aunque la violencia no se concilia.
Del inicio de la demanda, recordó que el 2 de julio de 2021, le notificaron que el 12 del mismo mes se llevaría a cabo la audiencia inicial con el juez Ubaldo de la Sancha.
En esa ocasión, indicó que trató de explicar al juzgador que sus lesiones eran más graves de lo señalado en el expediente, de primer grado, porque todavía eran visibles después de un mes de la agresión que ocurrió a principios de mayo.
“Me dijo (el juez) que no podía desviarme a decir otra cosa, porque no estaba el acusado para defenderse”.
El denunciado tampoco acudió a la segunda cita, y para la tercera ocasión, indicó que preguntó al personal si habría algún problema por no asistir, pues había pedido muchos permisos en su empleo por la demanda, las terapias y las audiencias. Le respondieron que no se preocupara.
De antemano, en el juzgado sabían que no se presentaría a la tercera cita de febrero de 2022, a la que el agresor fue llevado con la fuerza pública.
Supo después que, en esa audiencia, de último momento fue designada como su nueva representante legal, la asesora Gladiana Guadalupe Morales Fajardo, que no conocía a la víctima ni su expediente, y Ubaldo de la Sancha determinó que el delito no era violencia familiar, sino lesiones en primer grado, porque las partes involucradas estaban divorciadas.
Fue hasta el 11 de mayo pasado, en la siguiente audiencia, con un nuevo juez, Emmanuel Reyna Vélez, que la denunciante se enteró de que en la anterior sesión, se reclasificó el delito de su demanda, y el plazo de impugnar la decisión del juez, de tres días, estaba agotado.
Ahora sabe que el juzgado tenía que avisarle de inmediato lo que pasó en esa audiencia para poder quejarse, porque el vínculo familiar existe desde que tuvo su primer hijo, y porque la violencia ha sido continua, antes y después del matrimonio.
Reducido el delito, en la audiencia del 11 de mayo de 2022, indicó que la defensa pidió ir a conciliación al Centro de Mecanismos Alternativos de solución de controversias. Ahí, la responsable del Centro, María Cristina Gracida Vázquez, turnó la mediación a la sicóloga Melina, de quien no recordó sus apellidos.
Melina le informó que el agresor ofreció 8 mil 700 pesos como reparación de daño, y al preguntarle su contrapropuesta como víctima, también le advirtió que ‘no podía ser mucho porque sus golpes son de primera instancia y sus terapias sicológicas no eran muchas’.
Sólo mencionó que ‘el tema era serio’, porque el acusado ‘no es que se emborrachó y te pegó’.
La mujer aclaró que sus lesiones no sólo fueron físicas y más graves que en primera instancia, “también hay afectación psicológica, mis hijos, pequeños, deben recibir atención integral. Mis terapias, no fueron muchas, pero tuve muchos gastos de traslados al MP, a las audiencias, a las terapias, tratando de no afectar mi trabajo, que al final perdí”.
Además, señaló violencia económica porque el agresor no paga la pensión que se acordó en el divorcio
Pero el cálculo que hizo el Mecanismo sólo es en función de las terapias, que pueden costar de 500 a 700 pesos, le explicó la sicóloga. Tomando el pago máximo, de 12 sesiones por 700 pesos cada una, suman 8 mil 400 pesos.
“No fui excesiva, pedí 10 mil para cerrarlo todo y el agresor no aceptó”. Adelantó que ya no aceptará más conciliación, y espera que en adelante haya justicia expedita con perspectiva de género”.
Del proceso judicial en tiempo de pandemia, señaló que es desgastante, pero estaba decidida a concluirlo, porque era la tercera demanda contra el agresor. Las anteriores las presentó estando casados, “pero como estaban viviendo juntos y no había un Centro de Mujeres, donde pudiera refugiarse, lo dejó pasar”.
Aclaró que desde que comenzó este proceso llamaba casi a diario a la agente del MP, Liliana Gallardo Hernández, que recibió su demanda, para saber cómo avanzaba el caso. Tres o cuatro meses después, la funcionaria, tal vez cansada de su insistencia, cedió su caso a la agente, Karina Judith Ortiz Robles.
“Si volviera a pasarme esto, creo que me quedaría callada, ha sido un año perdido física y moralmente, los ánimos con que llegaba a mi casa… ahora no sé si quiera pelear la pensión, que no es un derecho mío, es un derecho de mis hijos”.
