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Es preocupante que Guerrero sea segundo lugar en deportaciones de indígenas, dice Tlachinollan

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El encargado del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, dijo que los organismos locales carecen de datos que indiquen que Guerrero es el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a migrantes indígenas deportados de Estados Unidos.
Sin embargo, consideró que es preocupante la cifra que dio a conocer el miércoles la Secretaría de Gobernación (Segob).
Recordó que los datos que dio a conocer la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero en noviembre pasado, ubicaron a la entidad como el primer lugar en cuanto a la deportación de migrantes en general.
En un reporte de la Secretaría de Gobernación informó el miércoles que entre el 2015 y 2019 se deportaron de Estados Unidos a México al menos 92 mil 851 migrantes indígenas y que Guerrero ocupa el segundo lugar con el 18.56 por ciento, después de Oaxaca.
Rodríguez Reyes reconoció que el organismo al que pertenece no cuenta con datos que confirmen esos datos pero recordó que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Migrantes de la entidad que dio a conocer en noviembre pasado la subsecretaria de Migrantes, Alondra García Lucatero, Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional en deportaciones de migrantes y que sólo de enero a junio del año pasado se registraron 13 mil 851 personas deportadas, mientras que en el 2021 se registraron 24 mil 313 guerrerenses devueltas.
Pero reconoció que “nosotros no tenemos datos, lo que tenemos son solamente los asuntos que atendemos o recibimos directamente en la oficina y es un número muy menor”.
Dijo que son las dependencias del gobierno federal y estatal las que tienen los número precisos de las personas migrantes que han sido deportadas porque los datos se registran de manera oficial y los que son devueltos del país vecino no se reportan ante los organismos civiles.

 

Los 43 en el Palacio Nacional

Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.

Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.

 

La sentencia de la Coidh por el caso de Valentina no se ha cumplido totalmente, dice Tlachinollan

En vísperas de que un juzgado civil federal emita la sentencia en contra de los soldados acusados de la violación sexual de la indígena Valentina Rosendo Cantú, en acatamiento a la sentencia que emitió el 31 de agosto del 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reclamó que la sentencia no se ha cumplido total ni cabalmente.
El 24 de mayo organizaciones del Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México informaron que en los próximos días una jueza federal en México podría emitir la sentencia en el juicio penal en contra de dos soldados acusados de cometer tortura, violación y abuso de autoridad en contra de Valentina Rosendo.
Ayer Tlachinollan, organismo que brindó acompañamiento a la víctima en la presentación de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), dio a conocer una ficha técnica en la que establece el estado actual de la sentencia, que revela sólo el cumplimiento parcial a 8 años de que se emitió.
Por ejemplo, de acuerdo a esta sentencia el Estado debería adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 222 de la sentencia.
Sin embargo en los últimos años se han aprobado reformas que son un retroceso y desconocen el objetivo intrínseco de las resoluciones emitidas por la Corte, “es decir, compatibilizar estándares internacionales y la necesidad que sean tribunales ordinarios los que investiguen y juzguen casos de esta naturaleza”.
Una de estas leyes, citó, es la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en diciembre pasado que “que extrapola las facultades de las Fuerzas Armadas, lo que va en contrasentido de esta medida de reparación”.
Uno de los puntos que sí ha cumplido el Estado mexicano es el que se refiere al acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos que se llevó a cabo con la participación de Valentina Rosendo, “y en los términos señalados por la sentencia” el 15 de diciembre de 2011.
Sin embargo, Tlachinollan cuestiona que en la sentencia se pidió al Estado mexicano realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 229, pero menciona que la sentencia se publicó en diarios de circulación nacional, así como en el Diario Oficial de la Federación en idioma español, y que “en relación al idioma me’phaa y su emisión en radiodifusoras locales no se cumplió totalmente”.
También que el Estado deberá continuar la estandarización de un protocolo de actuación para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el párrafo 242 de la sentencia.
Dijo que si bien el Estado mexicano ha adoptado ciertos documentos relacionados con el problema y se ha avanzado con el diseño de protocolos y guías en la materia, no incluyen criterios relevantes a la luz de las sentencias respecto de la perspectiva de etnicidad.
En los párrafos 245 y 246 de la sentencia se ordena al Estado mexicano continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad, los cuales deberán impartirse a los funcionarios federales y del estado de Guerrero.
En la ficha técnica Tlachinollan reprocha que los cursos reportados por el Estado mexicano tienen como temática principal la perspectiva de género y existe un programa en línea de Protocolos de Investigación Ministerial, Policial y Ministerial con Perspectiva de Género.
“No obstante de ellos no puede desprenderse que incluyan perspectiva de etnicidad. Tampoco que el cumplimiento se haya realizado plenamente, ya que es mínima la cantidad de servidores públicos del estado de Guerrero que toman estas capacitaciones”, expone.
Dice que el Estado continuamente enlista una serie de programas de formación, talleres y actividades dirigidos por la Fiscalía General de Guerrero y la Secretaría de la Mujer en el estado, así como por Inmujeres a nivel federal, “sin embargo, ninguno de estos atiende las problemáticas planteadas”.
En la sentencia la Coidh ordena al Estado mexicano a continuar acciones desarrolladas en materia de capacitación en derechos humanos de integrantes de las Fuerzas Armadas, “y deberá implementar, en un plazo razonable, un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas”.
El organismo asegura que el Estado mexicano ha presentado una lista de talleres y capacitaciones que no son de carácter permanente ni se han diseñado como resultado de la implementación de esta medida de reparación.
“Además sin aportar información adicional que permita conocer las medidas realizadas para implementar el programa o curso permanente y obligatorio de capacitación que incluya, entre otros temas, los límites en la interacción entre el personal militar y la población civil, género y derechos indígenas, dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas en todos los niveles jerárquicos”, señala.
Tlachinollan denuncia también que a pesar de que en la sentencia se obliga al Estado mexicano a brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas, en varias ocasiones no se cumple aun cuando Valentina cuenta con una atención especial hacia su salud, pues tiene que “intermediar ante las instancias de gobierno reiterándoles la calidad de ambas y el deber prioritario de atenderlas”.
Destaca que el sistema por el cual se les proporciona servicio médico es el Seguro Popular con enlaces de salud, “el cual no ha logrado cumplir lo que se esperaba”.
En el párrafo 260 de la sentencia se ordena al gobierno de México continuar brindando servicios de tratamiento a mujeres víctimas de violencia sexual por medio del centro de salud de Caxitepec, el cual deberá ser fortalecido a través de la provisión de recursos materiales y personales.
“Esta medida se encuentra totalmente incumplida. Si bien el Estado ha señalado que el Centro de Salud Caxitepec cuenta con médicas pasantes que laboran tres semanas de medio tiempo, esto no es suficiente ni establece cómo estos médicos o médicas se han visto fortalecidas para atender a víctimas de violencia sexual. Además, el centro de salud no cuenta con abastecimiento continuo de medicamentos”, expone el organismo de derechos humanos.

 

Resolverá un juzgado civil la violación de soldados a Valentina, informa Tlachinollan

A 16 años de la violación de la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú y a ocho de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano, el juzgado Séptimo de Distrito del estado resolverá el primer caso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Mediante un comunicado el organismo de derechos humanos anunció que en los próximos días la jueza del juzgado Séptimo de Distrito, Iliana Fabricia Contreras Perales emitirá una sentencia de primera instancia sobre la presunta responsabilidad de dos militares por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú.
Antes del fallo de la Coidh sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, en noviembre de 2009, los casos en donde estaban involucrados militares los resolvía el Consejo de Justicia Militar (CJM), el Ejército juzgaba a sus elementos y las resoluciones no se hacían públicas o no se sabía si se cumplían.
El ataque a Valentina Rosendo Cantú ocurrió el 16 de febrero de 2002 en la localidad de Barranca Bejuco, en el municipio de Acatepec en la Montaña alta de Guerrero y la Coidh dictó la sentencia del caso el 21 de agosto de 2010.
Tlachinollan mencionó que por la omisión de los tribunales nacionales la Corte fue la primera en dictar sentencia en el caso, así como en el de Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas que en diferentes lugares y circunstancias fueron torturadas sexualmente por militares el mismo año.
Subrayó que dado que la agresiones ocurrieron en un contexto de pobreza y discriminación, la Corte Interamericana creó la denominación “violencia institucional castrense.”
Destacó los casos paradigmáticos a nivel nacional e internacional porque sentaron precedentes para el desarrollo del término “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”, y se convirtieron en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de la lucha contra la tortura sexual.
Asimismo indicó que tribunales de otros países toman como referente el caso de Valentina para exigir garantía a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a la protección judicial para todas las mujeres.
En el escrito Tlachinollan confió en que la sentencia del la jueza federal permita materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años, que ha enfrentado bajo amenazas, hostigamiento y agresiones que impactaron su vida personal, familiar y comunitaria.
Destacó la oportunidad histórica del caso, porque se está a punto de resolver en el fuero civil el primer proceso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, y de aplicar los estándares emitidos por la propia Coidh sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente nacional.
Consideró que la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo, “llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”.
Mencionó que la Ley de Seguridad Interior es cuestionada por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, y contradice el sentido de la sentencia de la Corte que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército.
Como representante legal de Valentina Rosendo Cantú, Tlachinollan aclaró que hasta que no cuenten con sentencias firmes, con reparación en materia de justicia, la sentencia de la Corte no se considerará cumplida.

 

Expone Tlachinollan en foro de la ONU el caso de Arturo Campos de la CRAC que estuvo cuatro años preso

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, expuso el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero, y en particular, la detención del consejero Arturo Campos Herrera, en la consulta Criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos: propuestas de acción para la prevención y protección, de este lunes y martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.
En un boletín informó que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz convocó a Tlachinollan, entre otros actores de la sociedad civil, a representantes de pueblos indígenas y mecanismos internacionales de derechos humanos a participar en la consulta.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera habló de la formación de la CRAC-PC para brindar seguridad a las comunidades indígenas de la microrregión Costa Chica- Montaña, en el ejercicio de sus derechos a la libre determinación de los pueblos y de sus sistemas normativos.
En mesas de trabajo explicó cómo a través de los años, la CRAC-PC se convirtió en elemento de organización fundamental de varios procesos de la lucha indígena, como en San Miguel del Progreso, donde los pobladores emprendieron una lucha legal contra una concesión minera en sus tierras comunales, y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, ejidatarios opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota también se unieron por la seguridad.
Señaló que “la criminalización de los integrantes de la CRAC-PC por autoridades estatales y federales ha sido un claro mensaje en contra de las comunidades indígenas que han logrado organizarse contra la delincuencia, y que han encontrado formas de articulación que les permiten defender sus derechos”.
Barrera Hernández se refirió al encarcelamiento del consejero de la CRAC-PC y defensor comunitario del pueblo na’ savi, Arturo Campos Herrera, como un caso paradigmático de la criminalización en el estado.
Planteó que “su permanencia por más de cuatro años en prisión preventiva por un delito que no cometió, mostró la saña del gobierno en su contra y la prevalencia de un sistema de justicia incapaz de incorporar en su operación la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”.
Denunció los actos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en una operación de más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad en la comunidad de comunidad de La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que hay 25 personas en proceso judicial, 13 policías comunitarios del homicidio de seis personas armadas durante un enfrentamiento producto de la división intracomunitaria, que fomentaron los gobiernos estatal y federal para implementar el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.
Destacó que existen otras formas de prevención y protección de sus derechos, desarrolladas por las comunidades indígenas de Guerrero, como la reelaboración de sus estatutos comunales, la creación de un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CAADT), y la reactivación de las asambleas agrarias como la máxima autoridad de toma de decisiones por usos y costumbres que mantiene a las comunidades en diálogo y acuerdo para estar unificadas.
Opinó que en este contexto de organización es necesario que existan mecanismos de protección colectiva para las personas defensoras de origen indígena y sus comunidades, que no se incluyen en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Además se informó que en septiembre de este año la relatora Victoria Tauli-Corpuz presentará un informe temático en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que incluye el reporte sobre su visita a México de noviembre de 2017, que consideró La Montaña de Guerrero.
Reconoció que los informes de las y los relatores de la ONU hace años han contribuido al desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos.
Confió en que la participación de Tlachinollan “abonará al contenido de estos nuevos estándares, poniendo de relieve el impacto colectivo de la criminalización y la violencia en las comunidades indígenas y el respeto a medidas de que los propios pueblos indígenas han implementado para su prevención y protección”.

 

Dedica Abel Barrera el premio Amalia Solórzano a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández fue enfático al recibir a título personal y en nombre de la organización que representa el premio Amalia Solórzano: “la violencia es el nuevo coloniaje neoliberal con el que se imponen las autoridades estatales, cómplices de los grupos criminales… no difiere de la violencia caciquil que nos ha sumido en el atraso”.
Dedicó este premio dado por el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, con el que se reconoce su labor y la de Tlachinollan en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado, a las madres y padres de los 43 que en su opinión: “han irrumpido en la escena nacional para desenmascarar el pacto de impunidad que existe entre las altas esferas del poder y las organizaciones criminales”.
Barrera dijo en su mensaje en el Palacio de Minería, que “las madres y padres a más de tres años son el reservorio moral de un país de muertos y desaparecidos, un país que nos duele, donde los rostros de los 43 se han transformado en los emblemas de nuestra esperanza. Son una luz en esta noche turbulenta marcada por la catástrofe y la devastación política. Su inquebrantable búsqueda por la verdad ha desbaratado la verdad histórica”
El Premio Amalia Solórzano de Cárdenas es entregado anualmente desde 2011 como reconocimiento a personas o instituciones que se hayan distinguido por su trabajo y actividad en favor de la independencia nacional, la defensa de la soberanía de los pueblos, el mejoramiento de los pueblos indígenas, la paz, los derechos humanos y la educación.
Los premiados desde 2011 han sido el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el escritor Eduardo Galeano y la feminista Marta Lamas, el ex presidente de Uruguay José Mujica, el dirigente del movimiento estudiantil de 1968 Raúl Álvarez Garín, el historiador Miguel León Portilla y el Instituto Politécnico Nacional.
En su participación el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano reconoció la labor de Tlachinollan, que trabaja mayormente en los pueblos de la Montaña de Guerrero, donde se concentran los cuatro pueblos indígenas del estado: na savi, me’phaa, nauas y ñomnda.
“Tlachinollan ha sido denunciante y defensor de innumerables casos de violaciones, asesinatos, desapariciones, en diversas ocasiones el único, y desde el 26 de septiembre de 2014 ninguna institución como este centro, ha luchado porque se haga justicia y se esclarezca la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, dijo.
Del caso de los 43, el más emblemático de los últimos años en México, Cárdenas refirió: “en ningún caso puede o debe culparse a instituciones por los delitos cometidos. El o los responsables de cualquier hecho que se trate, son siempre individuos con nombres y apellidos… en casos como el de los normalistas de Ayotzinapa se brinda impunidad”.
Seguido de Cárdenas el historiador Adolfo Gilly exaltó la labor de Tlachinollan. Con voz potente y pausada el argentino naturalizado mexicano, integrante del consejo del premio dijo a los presentes que Amalia Solórzano estaría orgullosa de que este premio haya sido entregado a un hombre honesto y leal, y junto con él a la organización que dirige “al abogado a Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos en su tarea de defensa de la vida”.
Equiparó la labor de Tlachinollan y Abel Barrera a la de Rosario Ibarra de Piedra, precursora en la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos, como su hijo Jesús Ibarra Piedra.
Dijo que “Abel Barrera ha desarrollado su riesgosa e ininterrumpida actividad en casos grandes e individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro crimen de violación de derechos en la República mexicana y en cualquier nación”.
Mencionó que Tlachinollan defiende casos como el de El Coacoyul, una comunidad de Cochoapa El Grande donde carecen de maestros, lo mismo que las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo violadas por militares y a quien el Estado mexicano tuvo que darles disculpas públicas.
Hizo alusión al caso de los 43 estudiantes desaparecidos, “nada, salvo repeticiones elusivas ha podido responder el gobierno federal y sus dependencias a este informe (del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), nada, nada, no diré más de este caso histórico en sí mismo, lo que una vez sucedió ningún tiempo después puede borrar”.
“Con su tenacidad, los colegas y amigos de Tlachinollan y todas las organizaciones de derechos humanos nos protegen a todos… así Abel Barrera, la comuna de Ayotzinapa proviene de la cultura comunitaria de comunidades pequeñas que viven del maíz y tienen adentro el corazón de la comunidad, la tienen adentro de su corazón”, parafraseó uno de los discursos del director de Tlachinollan al recibir otros reconocimientos en su defensa de los derechos humanos.
Abel Barrera vistió un traje negro y corbata del mismo color al recibir la medalla, dedicó el reconocimiento a todos sus defendidos y al coraje de los pueblos indígenas.
Reconoció la lucha de comunidades como San Miguel El Progreso contra la Ley Minera y resaltó la tenacidad de esa gente, que en muchas ocasiones sin saber escribir la palabra justicia ha luchado por ella en las calles y en los tribunales. “Los pueblos indios de La Montaña nos han enseñado que la gesta por los derechos humanos no es en vano, más bien significa reciedumbre, sacrificio y mucho valor, sin evocar este término han dado lecciones al país de lo que representa defender el territorio y la vida con la propia vida, sin aspavientos, avanzan sin retroceder, desde los caminos agrestes de la montaña y desde la penumbra del olvido”, subrayó.
Abel Barrera ha recibido reconocimientos como la Presea del Mérito Civil Nicolás Bravo del gobierno de Guerrero en 2001, el Premio por Instituciones Creativas y Efectivas de la Fundación MacArthur en 2007, la Distinción de Derechos Humanos de la Washington Office on Latin America (WOLA) en 2009, el Premio Robert F. Kennedy de Amnistía Internacional en 2010, en 2011 la rama alemana de Amnistía Internacional le otorgó su Sexto Premio Anual de Derechos Humanos por sus luchas “en gran riesgo personal por los derechos de la población indígena en el estado de Guerrero”, y en 2016 recibió el Reconocimiento por la Igualdad y la no Discriminación 2015 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Al término de su mensaje, Barrera gritó: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, el cual corearon los presentes. Allí estaba parte del equipo de Tlachinollan que se trasladó desde Tlapa, donde están las oficinas de la organización, en el corazón de la Montaña guerrerense.

Respaldan víctimas, damnificados, ONG y la ONU a Tlachinollan en su 23 aniversario en Tlapa

En la presentación del informe del 23 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Guerrero: Mar de luchas, montaña de ilusiones se refrendó el apoyo a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
En esta ciudad el representante de la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab dijo que el trabajo de los defensores es un riesgo y parecen una amenaza al gobierno, por lo que expresó su apoyo y admiración a Tlachinollan en sus 23 años.
Dijo que el informe resumía el trabajo valiente ante los peligros, su trabajo profesional al mostrar varios casos de impunidad, violencia y en defensa de los derechos al agua y la vivienda, e informa de manera sistemática lo que ocurre en la región y el estado.
Miguel Nieva del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien participó en el peritaje en el basurero de Cocula que desacreditó científicamente la versión del gobierno federal de que los jóvenes fueron incinerados ahí, agradeció a los padres de los 43 estudiantes por darles la confianza para que ellos trabajaran en el caso.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández presentó el informe a los asistentes y dijo que la organización no se concebía sin la lucha de los 43, a los padres les afirmó que no eran nada sin ellos, ante el deseo de justicia a sus hijos, y que denunciaba las tropelías de un gobierno mentiroso.
Expuso que los padres del surco enviaron a sus hijos a las aulas para que fueran profesores, y volvieran a las comunidades a escribir en el pizarrón justicia y verdad, “que trajeran igualdad y respeto a los derechos”.
Agregó que no llegaban profesores a La Montaña porque el gobierno los desaparecía y los mataba, como a los 43 en 2014 y a los dos la Autopista del Sol en Chilpancingo en 2011.
Agregó que los padres y madres querían hijos profesores, pero ellos se convirtieron en los profesores que enseñaban el ABC de la justicia y los derechos humanos con el emblema en el pecho de sus hijos, encarando al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la Procuraduría General de la República, y hasta en la búsqueda de asistencia internacional para que llegara a México.
Dijo que el gobierno “inventó verdades para que se vea que hay un caos, persigue a los inocentes y a la delincuencia la protege porque son los mismos”, y que se tiene que romper la telaraña delincuencial.
El informe contiene memorias de lucha y dignidad, reclamos de los pueblos “donde hay historias grandes, luminosas, que se deben enseñar en las escuelas al ser La Montaña donde se forjan la esperanza y las ilusiones”.
Mencionó las luchas de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, contra las mineras y el gobierno depredador.
Mencinó a los niños y padres na savi de la comunidad El Coyul del municipio de Cochoapa por la falta de profesores, donde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado emitió una recomendación para que llegaran, sin que les cumplan.
Habló en náhuatl la madre de un estudiante de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador quien, lloró al recordar que llevan años esperando que sus hijos regresen vivos, y dijo que continuarán en la lucha por conocer la verdad.
Un padre se quejó de la falta de apoyo y respuesta del gobierno estatal respecto de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos.
La me’phaa Inés Fernández Ortega quien fue violada por soldados del Ejército, dijo que sigue en pie de lucha porque la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se cumpla por el gobierno federal.
Se declaró en apoyo a los padres y madres de los 43 desaparecidos porque “yo sufro como ustedes, a mi familia, a mis hijos nos amenazaron para callarnos, por eso no crean en el gobierno que intenta dividir buscando comprar”.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, Valerio Mauro Amado Solano habló de la lucha que emprendieron para ampararse contra las empresas mineras que pretenden explotar su territorio, y que han defendido mediante la integración del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.
El poeta me’phaa Hubert Matiúwáa leyó poemas sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Antonio Vivar y la amenaza de las mineras.
Estuvieron representaciones de organizaciones como el Frente Popular de Tlapa (FPT), el Consejo de Comunidades Damnificadas, el Consejo de Jornaleros Indígenas, la Organización de Pueblos Indígenas de Guerrero (OPIG, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), los padres y madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos así como estudiantes de esa Normal Rural.
La actividad fue en el salón Marisol donde llegaron más de 700 personas a escuchar el informe.

Urgen la ONU y CNDH la Ley General sobre Desaparición Forzada ante la alta impunidad

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab señaló que el problema más evidente en la desaparición de particulares y desaparición forzada (por funcionarios de gobierno) es que la impunidad es muy alta, en el foro Contra el dolor y el miedo, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en esta ciudad.
Señaló que es particularmente preocupante porque las cifras oficiales refieren cerca de 30 mil desaparecidos, incluso en casos emblemáticos como Ayotzinapa que está por cumplir tres años sin que se sepa del paradero de los estudiantes.
Con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, coincidió en que la Cámara de Diputados debe de aprobar ya en su siguiente periodo de sesiones, la Ley General sobre Desaparición Forzada, aún con las debilidades que han señalado expertos en la materia, y que el Estado admita la competencia del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en México, para recibir comunicaciones de casos individuales.
A la actividad conmemorativa del próximo aniversario de Tlachinollan acudieron representantes de organizaciones de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, representantes de Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, además de activistas y defensores de derechos humanos del estado y de distintos lugares del país.
En su ponencia Los retos de México a la luz de los compromisos internacionales en materia de desaparición forzada, Jan Jarad señaló que Guerrero ha experimentado la desaparición forzada en dos momentos, en el contexto de la denominada guerra sucia, y el actual.
Expuso que el Estado se abrió al escrutinio internacional, “pero esta apertura debe permitir la venida a México del Comité de la ONU de desaparición forzada. México debería sumarse al grupo de países que aceptan la competencia del Comité de la ONU para enfrentar los retos en materia de desapariciones”.
De las recomendaciones de los organismos internacionales añadió que las instituciones aún deben reconocer la dimensión del problema, “indispensable para la solución”, pues en su opinión las autoridades siguen usando excusas para explicar los números que no corresponden a la realidad.
Por ejemplo dijo que atribuyen la desaparición de personas a que salieron de su casa con la novia, y cuando se verifica el hecho todo se vincula a la delincuencia organizada, “sabemos que sí hay desaparición forzada propiamente dicha, pero no podemos decir (más) porque hace falta investigación”.
Para terminar con el ciclo de impunidad, señaló que es necesario el acceso efectivo de la justicia, favoreciendo la búsqueda en vida de los desaparecidos, “porque en el mayor universo de casos sabemos que las propias familias siguen liderando las búsquedas”.
Destacó que el Poder judicial federal y de las entidades han dado pasos iniciales para transformaciones institucionales, “faltan acciones concretas y traspasar el ámbito de informar”.
Se refirió también a la discusión de la Ley General de Desapariciones en el Congreso de la Unión que, “aún con imperfecciones”, va a potenciar la capacidad del Estado en dar respuestas a las víctimas.

La desaparición atenta contra la víctima, su familia y la sociedad: CNDH

Luego, el presidente de la CNDH señaló que la desaparición de particulares y la desaparición forzada, siendo su naturaleza de lo más graves, atenta no sólo contra la víctima, sino contra su familia y la sociedad en su conjunto, “no basta con detener a los responsables, lo prioritario es conocer el paradero”.
Señaló que México aún debe reducir la brecha entre las normas y el respeto en la cotidianidad de estos derechos, y debe retirar las reservas para que el Comité de Desapariciones pueda recibir comunicaciones individuales en la materia, “sería signo de voluntad política y una muestra de asumir el desafío en el tema de desapariciones”.
Señaló que se han llevado mucho tiempo en la discusión de la Ley General de Desapariciones, “aún con algunas debilidades que pueda tener la ley, es necesario que la Cámara de Diputados lo apruebe en el próximo periodo de sesiones”.
Raúl González habló de acciones de la CNDH desde la recomendación 27/2001 sobre los sucesos y desapariciones de la guerra sucia en la década de 1970, a la creación de la Oficina sobre el caso Iguala, para dar atención prioritaria a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 a los normalistas.
Aclaró que la recomendación 27/2001 no ha sido atendida, y se han establecido pláticas con la Comisión de Atención a Víctimas para retomarlas, y para el caso Ayotzinapa hay 57 propuestas, de las cuales sólo ocho han sido totalmente cumplidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

El proyecto de ley niega el derecho a la búsqueda: activista de Coahuila

En el panel Blanca Martínez Bustos del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, de Coahuila, denunció el sub registro de personas desaparecidas que oficialmente asciende a 30 mil, dado que la asociación donde colabora documentó 568 casos, y sólo 25 por ciento aparecen en el registro nacional, y aseguró que en ese mismo rango se encuentra Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) de Nuevo León, de las pioneras en el país en este tema.
De la experiencia trágica de familiares de desaparecidos rescató la valentía y dignidad de las mujeres empoderadas en la búsqueda, y la esperanza de encontrar a sus seres queridos, que en marzo de 2011 se realizó la primera búsqueda en terreno, y al hallar restos óseos surgió la necesidad de tener certeza de que realmente corresponden a su familiar.
Añadió que las mujeres cambiaron el sentido de la maternidad, ya no sólo buscan a sus hijos, buscan a todos.
De la negociación de la iniciativa de desaparición forzada -donde participaron organizaciones de diferentes estados-, denunció que reveló la perversidad del sistema, porque les negó lo fundamental, el derecho de los familiares a buscar a sus desaparecidos.
Informó que con otras organizaciones recurrieron a la Corte Penal Internacional para denunciar esta situación, y que el organismo ponga una lupa no sólo sobre Coahuila, sino en todo México, porque el Estado no es capaz de garantizar justicia, “le apuesta a la impunidad”.
Consideró que si un mecanismo internacional se involucra en la investigación y en la construcción de posibilidades de justicia, habría avances.

Holgazanas, las cámaras en los estados: Sergio Corcuera

El ex miembro y presidente del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Sergio Corcuera informó que fue parte del proceso de la negociación de la Ley de Desapariciones en la Cámara de Senadores.
Planteó el cambio del lenguaje, en lugar de hablar de búsqueda que en la legislación se incluyeran comisiones de hallazgo efectivas, y que no se mencione más la presunción de muerte, sino la presunción de vida, sin que sea obstáculo para que la familia puede disponer de los bienes de la víctima, necesarios en los momentos de crisis.
Básicamente dijo que la discusión fue tirante, y aún valorará ir o no a la discusión que está pendiente en la Cámara de Diputados.
Opinó que el problema es que “las legislaturas estatales son holgazanas”, pues de 2013 a la fecha sólo cuatro entidades han legislado en la materia.
En este sentido señaló que “con mucha dificultad” logró convencer a los senadores para que en el proyecto se incluyera un artículo transitorio para que, si en un año con seis meses las entidades no han homologado la legislación, los jueces de los estados aplicarán la ley federal. El Ejército no evita las desapariciones forzadas: Ariel Dulitzky

En su participación el ex integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Ariel Dulitzky señaló que el Ejército no sirve para evitar las desapariciones forzadas, y mencionó como ejemplo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Explicó que la falta de una ley no es la causa de la desaparición forzada, ni de la falta de respuesta, de la justicia para que haya garantías de no repetición, que son muchas, entre otras la falta de reconocimiento de la realidad del problema.
Señaló el patrón crónico de impunidad en las desapariciones forzadas, en las violaciones de derechos humanos y en general para los delitos, “sabemos que las desapariciones son una técnica de terror para ocultar la verdad”.
Además de la falta de coordinación entre la federación y los estados, la falta de capacitación para atender el problema, incluso en el Poder Judicial, señaló fundamentalmente “la falta absoluta de sensibilidad a las necesidades de las víctimas por una gran parte de servidores públicos”.
Se declaró convencido de que la Ley General va a contribuir a superar la falta de respuestas a las desapariciones forzadas, porque más allá del resultado final de la ley, buena o regular, el proceso de difusión ya es un triunfo para familiares y el movimiento social.
Destacó que la propuesta coloca a la víctima como respuesta de la deficiencia estatal, “los familiares tienen que ser tratados con dignidad. La búsqueda debe tener un sentido humanitario, no subordinada a la detención de los responsables de una desaparición”.
La ley crea un sistema nacional, un banco de datos genéticos, tipifica mucho mejor el delito de desaparición forzada y de particulares, incluye la declaración de ausencia que coloca a los familiares en un limbo jurídico con muchísimas dificultades socioeconómicas y avanza para evitar temas de impunidad, informó
No obstante las observaciones a la ley, el presidente del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas de Acapulco, Ciro Fuentes y del colectivo de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez, coincidieron que aún cuando aprueben la ley no hay voluntad política de las autoridades para resolver los casos.
Después de escuchar testimonios de una madre y una esposa de la asociación de desaparecidos de Tamaulipas, el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro denunció que ellos sí saben cuándo, cómo y quiénes se llevaron a sus familiares.
Acusó de las desapariciones a Celso Ortega, líder de la banda de narcotraficantes Los Ardillos, y hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el perredista Bernado Ortega.
Señaló que argumentando la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena fomentó la creación de un grupo criminal armado denominado Policías Comunitarios por la Paz y la Justicia que tomó la cabecera municipal de Chilapa y opera en ese municipio y en el de Zitlala, y pidió que los ayuden a desarmar a esa organización.
En el panel vespertino, Miguel Nieva, consultor e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se refirió a las nuevas tecnologías de búsqueda, y señaló que los patrones identificados en campo permiten determinar el modos operandi de los agresores.
La información de los restos o los objetos hallados en fosas es elemental para la investigación y se puede capitalizar, “muchas veces nosotros cuando vamos a una escena del crimen estamos levantando cuerpos y objetos que son información”, explicó.
La recopilación permite la creación de bases de datos que pueden estar relacionados a nivel regional, después a nivel país.
Afirmó que la información permitiría profundizar en las investigaciones, que generalmente se aboca a la identificación de responsables, no en los desparecidos.
El director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez Gándara resumió las coincidencias y propuestas en conclusiones, “hoy podemos asumir a los 43 y a los 30 mil como parte de una problemática común nacional e internacional, la revaloración de la vida nos dice que ni el dolor, ni la desaparición ni aún la muerte, son contrarios a la vida, y el grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un salto cualitativo enorme, y ese paso se lo debemos a las mujeres que han dado los rasgos característicos de esta lucha”.
“Las víctimas caminan más sólidas, más fortalecidas, más articuladas y hay nuevas maneras de entender esta vinculación”, cerró.
Asistieron el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem), Tita Radilla.
Además integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), y el Centro contra la Tortura y la Impunidad.

Presenta Tlachinollan el peritaje de un experto a un juzgado de Tlapa en defensa de la CRAC

Abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, presentaron ante el juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Morelos, el peritaje antropológico para demostrar que los policías comunitarios presos no son secuestradores, y que actuaron de acuerdo con sus sistemas normativos.
El abogado Rogelio Téliz García informó que este jueves entregó al juez Aurelio Gutiérrez Cruz la prueba pericial de que Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo actuaron de acuerdo con los usos y costumbres de su comunidad en la causa penal 196/2013-I que es en contra de Arturo Campos y otros por secuestro.
Detalló que la prueba pericial ilustra que los siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) pertenecen a un pueblo indígena con sus usos y costumbres que acredita que nacieron y viven en la región, y que cuentan con sistemas normativos para resolver lo que hacen dentro de su territorio.
Explicó que el artículo 2 de la Constitución Política del país, la ley 701 de derechos y cultura indígena, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas los respaldan.
Agregó que se muestra que no son delincuentes ni secuestradores como los pretende criminalizar el Estado, ya que prestan su servicio al pueblo luego de que éste les da el encargo en una asamblea, que es la autoridad máxima de una comunidad.
“Con eso se demuestra, una vez más, que no son secuestradores, que fueron nombrados por sus pueblos para que fungieran como coordinadores o policías comunitarios y esa es una prueba oficial, como los careos en que la gente ha negado conocer a Arturo Campos”, ejemplificó.
El dictamen en antropología social Héctor Ortiz Elizondo con estrategias metodologías como visitas a la comunidad de El Paraíso en el municipio de Ayutla, entrevistas con personas familiarizadas con la historia de justicia de la Policía Comunitaria en la región fue presentado a las 12 del día y ratificado por el profesionista en el juzgado que se encuentra en la localidad de Atlamajac de este municipio. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Marchan padres de los 43 en Cdmx; exigen que se investigue la desaparición de los jóvenes

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, marcharon con antorchas en la Ciudad de México, acompañados de organizaciones y activistas, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
A las 8 de la noche, unos 500 manifestantes se concentraron en el plantón que los padres mantienen en la Procuraduría General de la República (PGR), y desde ahí marcharon con antorchas al antimonumento a los 43, en el paseo de la Reforma, donde hicieron un mitin para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En declaraciones telefónicas, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra dijo que los padres exigen que el gobierno federal dé una respuesta respecto de la detención de los policías municipales de Huitzuco que presuntamente participaron en los ataques en Iguala.
Contó que los padres hicieron el recorrido acompañados de organizaciones sociales del país y activistas, quienes portaron antorchas y lonas con retratos de los 43 normalistas desaparecidos.
Dijo que, durante el mitin los padres exigieron que el gobierno federal siga las líneas de investigación que planteó el GIEI, como el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, y la participación de la Policía Federal y el Ejército, así como el envío de un grupo de normalistas a Huitzuco.
Informó que, a la fecha, el diálogo entre los padres y el gobierno federal no se ha retomado, por lo que es necesario que las autoridades den resultados respecto de la investigación del caso.
Dijo que durante la próxima semana, los padres de familia encabezarán diversas actividades político-culturales en el plantón que mantienen en la PGR, para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes.