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Presentan CRAADET y Ayuntamiento de San Luis Acatlán acuerdo de Cabildo contras las mineras

El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) recibió el sábado al alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, quien presentó el acta de Cabildo en el que acordaron su rechazo a la entrega de permisos de licencia de suelo a empresas mineras Foto: Cortesía Tlachinollan

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Para salvaguardar el agua y que no se contaminen los ríos, integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) y el gobierno municipal de San Luis Acatlán, presentaron este sábado el acuerdo del Cabildo con el que se comprometen a negar permisos y vialidad de prospección, exploración y explotación de concesiones mineras, y es el segundo municipio además de Iliatenco, en cerrarle las puertas a las empresas extractoras de minerales.
La CRAADET es un grupo de autoridades agrarias en la Montaña y Costa Chica, que está en contra de los proyectos de minería y cada tres meses realiza foros, este sábado durante el encuentro llamado Por la defensa del territorio, que se realizó en las instalaciones del Comisariado de los Bienes Ejidales de San Luis Acatlán, donde se reunieron cerca de 150 personas, entre autoridades comunitarias, ejidales, municipales y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En el encuentro, el presidente de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez del Partido del Trabajo (PT), presentó el acta de Cabildo abierto de la sesión extraordinaria y celebrada el 13 de marzo de este año, en el que acordaron que el municipio niegue permisos y viabilidad de cualesquiera acción de prospección, exploración, explotación, obra o proyecto relacionado con concesiones mineras.
De acuerdo con el acta, uno de los argumentos por lo que se comprometieron a negar las concesiones a las mineras, es la documentación de daños a la salud, el ambiente y a la vida comunitaria del grupo Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) y la Red Mexicana contra la Minería (REMA), y de las y los promotores comunitarios, que han realizado en Mesoamérica y en particular, en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde han operado desde hace 15 años, las empresas Gold Corp, Leagold Minning y actualmente Equinox Gold, todas de origen canadiense.
Por ello, el Ayuntamiento de San Luis Acatlán acordó que no entregarán la autorización de la licencia de uso de suelo a ninguna empresa vinculada al modelo extractivo minero de capital privado, nacional o internacional o transnacional, además, deberán hacer pública e inmediata a la población la pretensión que alguna empresa realice al Ayuntamiento para buscar dichas concesiones.
Ayer, contactado vía telefónica, uno de los participantes en la CRAADET, y comisariado de Bienes Ejidales de San Luis Acatlán, Clemente Jiménez Santiago, contó que llevan 13 años concientizando a la población en contra de la explotación de las mineras en la Montaña y Costa Chica.
La razón por lo que han luchado para que lograran que el Cabildo respaldara esa postura, contó es principalmente que “sin la Montaña nosotros no somos nadie en San Luis Acatlán, acá sería muy poca la parte que explotarían las mineras, pero nuestro río nace allá arriba (en Malinaltepec) y la primera afectación que habría contra nosotros sería la contaminación de nuestro río”.
Mencionó que el Río Grande, que nace en Malinaltepec, abastece a comunidades de San Luis Acatlán y desemboca en el municipio de Marquelia, por ello han apoyado al CRAADET, porque saben que las mineras no son malas, pero sí son malos los operadores, “que no cumplen con cabalidad todas las medidas de seguridad que debería tener una minera, lo único que buscan es el beneficio económico y no el cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y fauna, para evitar eso mejor estamos en contra de que no se establezcan”.
Señaló que el ejemplo de que las mineras no cumplen es Carrizalillo, en Zumpango, “la contaminación está tremenda, es un desastre, una contaminación a cielo abierto, hay tantas enfermedades que ni siquiera lo dan a conocer”, sostuvo que en la Montaña ya hay afectaciones de plagas por los cambios del ecosistema, y los árboles se están secando.
“Nosotros viendo todos esos pormenores, aquí nos organizamos y creemos que ya basta con lo que tenemos de minerales, ya podemos vivir con la tecnología que tenemos, pero al ratito sin agua, vamos a tener un problema”, sostuvo.
Jiménez Santiago afirmó que saben que la minería es la base de la tecnología, que con los minerales están hechos todos nuestros equipos con los que nos comunicamos, la minería es tecnología y progreso, pero también tienen una responsabilidad, y “se puede vivir sin oro y plata, pero sin agua no”.
“La visión que tenemos nosotros acá en el campo, los campesinos, es que no queremos que nuestros jóvenes que vienen apenas desarrollándose ya no encuentren nada, hace 50 años, aquí en medio de San Luis Acatlán había mucha trucha, langostinos, mojarras, camarones en el río, ahorita ya es un arroyito en comparación, imagínate otros 30 años cómo estará y si entra la minera que tenemos conocimiento que absorben toda el agua para poder trabajar”, comentó.
Aseguró que el sábado acordaron otra reunión el próximo 14 de mayo, para dar continuidad a su agenda de foros y concientización contra la contaminación que provocan las mineras, añadió que han invitado al municipio de Azoyú para que realicen algo similar, porque saben que “están activos las concesiones mineras, en partecitas pequeñas (de territorio), pero están activas”.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que el CRAADET recibió de manos del presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, el acta de acuerdo de la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se niegan permisos y vialidad de cualquier acción de prospección, exploración, explotación, obra o proyecto relacionado con las concesiones mineras en el municipio.
Precisó que la entrega se hizo en la asamblea número 38 de la CRAADET, donde regidores acompañaron al alcalde para hacer la entrega del acta, el que indicaron fue un compromiso desde el décimo aniversario de la organización que tuvo lugar en la cabecera municipal de Iliatenco.
Expuso que el municipio de San Luis Acatlán se suma a la defensa de su territorio, así como el municipio de Iliatenco que desde octubre de 2022 presentó un acta de acuerdo de Cabildo para rechazar cualquier acción o actividades relacionadas con la entrada de las empresas mineras en su territorio.
Detalló que las dos actas de acuerdo serán enviadas al Congreso del Estado para que sean publicados en el Periódico Oficial para su validación oficial, y las autoridades comunitarias y municipales llamaron a las diputadas y los diputados locales para que los acuerdos de cabildo sean aprobados y publicados.
De acuerdo con el documento de Tlachinollan, el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández, se comprometió a seguir acompañando la lucha de la CRAADET por la defensa del territorio, y a dar seguimiento a los actos legales que se requieran para que jamás se instalen las mineras en su territorio ni la Montaña alta de Guerrero.
Manifestó que el presidente de la CRAADET, Claudio de los Santos García, festejó que el gobierno municipal de San Luis Acatlán tomara conciencia y votará de forma unánime por mantener a su municipio libre de la extracción minera.
Llamó al gobierno municipal de Malinaltepec para que se sume al acuerdo de los Cabildos de Iliatenco y San Luis Acatlán, para rechazar la explotación minera en su territorio, “ya que el alcalde, (Acasio Flores Guerrero), no ha dado respuesta a la solicitud de la CRAADET a pesar de que ese municipio cuenta con el mayor número de núcleos agrarios”.
“Las autoridades agrarias integradas en la CRAADET dejaron claro que van a seguir en la defensa de su territorio desde la Montaña a la Costa Chica de nuestra entidad. Se trata de la defensa de la vida, de sus muertos, de los ríos, ciénegas y de sus cerros sagrados. Es por eso que no van a permitir que los proyectos de muerte se impongan y devasten su territorio”, concluyó en su comunicado Tlachinollan.

Exige Consejo de Jornaleros en Tlapa sesión de la Comisión Intersecretarial; siguen sufriendo abusos

Los integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña durante su capacitación por personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para la elaboración de proyectos Foto: Antonia Ramírez Marcelino

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

Integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña exigieron al gobierno estatal la instalación de la Comisión Intersecretarial para atender y garantizar la protección de los derechos de las personas jornaleras, porque siguen padeciendo abusos y extorsiones en sus trayectos y en los campos.
También pidieron que a través de esa Comisión se busque brindar talleres de capacitación para que los jornaleros conozcan sus derechos laborales.
En conferencia de prensa en la Unidad de Servicios Integrales (USI), los consejeros provenientes de las comunidades de Ayotzinapa y Chiepetepec, municipio de Tlapa; Cacahuatepec de Copanatoyac y Francisco I. Madero de Metlatónoc, acompañados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expusieron las violaciones a los derechos humanos que enfrentan cuando salen a trabajar.
En su intervención el coordinador del Área de Migrantes de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes informó que han documentado muertes infantiles, muertes maternas, accidentes que cobran vidas, y el año pasado registraron siete homicidios en las zonas complicadas donde opera el crimen organizado.
Resaltó que de enero a la fecha han documentado tres muertes infantiles, principalmente en la zona agrícolas del sur de Mazatlán, Sinaloa de familias provenientes de Tlapa.
En su intervención la jornalera Rocío Ramírez Domínguez dijo que los migrantes son los que más sufren en los campos de Guanajuato, Sinaloa y Nayarit y reprochó que las autoridades no hacen nada para garantizar sus derechos.
Contó que en los campos “hemos sufrido discriminación, maltrato, insultos, porque somos indígenas, somos migrantes, no tenemos la información y no sabemos leer ni escribir”.
Insistió que eso sucede porque las autoridades “no hacen su trabajo, no voltean a ver a los migrantes, porque ellos se preocupan más por su beneficio personal”, pero se molestan cuando se les exige que hagan su trabajo.
Destacó que las mujeres “sufrimos mucho en los campos, trabajamos triple que los hombres, hacemos la comida, lavamos, bañamos a los niños, hemos ido a trabajar al igual que los hombres”.
Roció comentó que no hay una dependencia que proteja a las mujeres, “para las jornaleras agrícolas no hay programas de vivienda digna, centros de salud, a los niños los tenemos que llevar a trabajar, no tienen acceso a la educación”.
Exigió a las autoridades que volteen a mirarlos, porque son necesarios “somos importantes porque gracias a nosotros no les hace falta la comida a los gringos y a nadie de nuestro país”, pero por trabajar les violentan sus derechos laborales y padecen discriminación.
También pidió a las autoridades que realicen las inspecciones en los campos para que los derechos de los jornaleros se respeten.
Otra jornalera, Hermelinda Santiago Ríos, denunció que durante el trayecto sufren abusos por parte de los policías “por cualquier cosa nos marcan el alto y nos quitan lo que ganamos”, al multarlos.
En su participación, el presidente del Consejo, Miguel Martínez Peralta reprochó el abandono del gobierno estatal, explicó que en esta administración no han recibido nada de apoyo y siguen esperando que les digan qué pasa.
Recordó que con Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Rivero les surtían la despensa e incluso pagaban el salario de tres personas para el comedor, pero dijo que con Héctor Astudillo Flores empezaron los recortes, y con esta administración morenista de Evelyn Salgado Pineda, “nos tienen en total abandono, no hay nada de despensa en la cocina, dicen que no hay presupuesto”.
Pero criticó que para los festejos del cumpleaños del padre de la gobernadora Félix Salgado Macedono si tiene presupuesto, “hasta tres fiestas celebró en Acapulco, Iguala y Chilpancingo”.
La jornalera Martina Ramírez Dominguez de Ayotzinapa, dijo que en los campos los derechos más fundamentales son violados e indicó que hay diferentes necesidades en la región en materia de salud pero “en los campos es al doble o triple, porque no hay servicio médico”.
Resaltó que sufren no sólo abuso laboral, las mujeres sufren de acoso sexual, “hay niñas que han sido abusadas en los campos; se dan ahí los matrimonios infantiles, cuando las niñas regresan a sus comunidades es para oficializar su unión”.
Dijo que sus derechos son vulnerados por “miedo y desconocimiento” pues no pueden exigir que se respeten, porque si hablas te corren en los campos, por ello consideró necesario la implementación de proyectos para que los jornaleros se capaciten sobre sus derechos laborales, para que sepan a dónde acudir.
Rodríguez Reyes agregó que es visible la ausencia de las autoridades ante una gran problemática “que no se quiere ver, que ha existido por varias décadas en la población jornalera agrícola migrante. Por eso la importancia y la urgencia de que se instale la Comisión Intersecretarial, que se formó en 2011 para garantizar la protección de los derechos de los jornaleros agrícolas”.
Precisó que son 10 secretarías estatales las que integran esa Comisión y a pesar de que la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai) ha mostrado interés, las otras no han respondido.

Discrimina el gobierno del programa de visas a jornaleros de la Montaña: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El encargado del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes cuestionó que el gobierno promueve un programa de visas para jornaleros agrícolas en Estados Unidos, que se van a capacitar a ranchos de particulares, mientras en la Montaña hay personas calificadas que siguen laborando en condiciones de explotación en campos de otros estados del país con salarios precarios.
Recordó que son muchísimas familias, hombres y mujeres que han estado trabajando de 10 a 20 años, tienen experiencia en el cultivo y la cosecha del pepino, jitomate, chile, y no son tomados en cuenta para las visas de jornaleros agrícolas.
En consulta telefónica, explicó que, a mediados del año pasado, supieron de la difusión de la convocatoria a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estatal, en Acapulco, Chilpancingo y Altamirano.
Sin embargo, la población de la Montaña es discriminada por su bajo perfil académico, idioma y condiciones culturales, denunció.
Acerca del testimonio de un grupo de jornaleros contactados por la Secretaría del Trabajo y que fueron enviados a un campo agrícola a Jalisco para capacitación, donde revelaron que fueron golpeados por gente armada, presumiblemente de un cartel de la droga, el activista señaló que arriesgan su integridad mientras no existan convenios claros de protección.
Informó que el programa de visas para jornaleros agrícolas es parte del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, y actualmente se reactivó para que más personas tengan la posibilidad de trabajar con un permiso temporal. “La manera como se aplica es lo que preocupa, no garantizan sus derechos humanos”, enfatizó.
Señaló que es preocupante la coordinación de las autoridades con empresas que supuestamente tenían la oferta de contratar la mano de obra, para luego llevarlos trabajar a Estados Unidos y Canadá, sólo si califican.
Advirtió que esa condición no está en las reglas de operación del programa, y encima los ponen en peligro, como pasó con este grupo de jornaleros en Jalisco, “de manera irresponsable, los dejan sin protección ni garantías.
Rodríguez Reyes detalló que, si mandan a un grupo a capacitación es que lógicamente, no han sido jornaleros agrícolas, cuando en la Montaña hay poblaciones indígenas enteras listas para el programa, “pero nos damos cuenta que no los consideran”.
Opinó que llevarlos en condiciones dignas a laborar a Estados Unidos, puede ser una forma de terminar con la migración interna, porque sólo un integrante, podría en una temporada, reunir los fondos para la manutención de seis meses de su familia.
Sin embargo, familias enteras, siguen en la dinámica de explotación a bajos salarios en los campos agrícolas del país.
Muestra caso de Altamirano la misma explotación que en el norte del país
Por otro lado, informó que, para el seguimiento de la migración interna, todavía no se integra la Comisión Interinstitucional para echar andar la campaña de apoyo de la casa del migrante en Tlapa, pese a que la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales (Semai) trató de reunir a todas las secretarías estatales involucradas en la atención, y tres federales, pero aún no coinciden en la agenda.
Recordó que de agosto a diciembre es la temporada alta de migración, pero hay migración todo el año, y no todos se registran en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Montaña, para tener información de las personas y los campos agrícolas a los que se trasladan. Estimó que unos 2 mil o 3 mil salen directamente en vehículos particulares.
De enero a diciembre del año pasado, la USI registró más de 12 mil jornaleros migrantes, precisó.
En cuanto al accidente de pobladores de Ajuchitlán del Progreso que se trasladaban a la corte de chile a Michoacán la semana pasada, donde hubo tres fallecidos, consideró que las condiciones de empleo son iguales que en el norte del país, de explotación y precariedad.
Aunque las personas accidentadas pertenecen a comunidades locales de la región, recordó que pobladores de Copanatoyac, de la Montaña alta, iban al corte de melón a Altamirano en la región de Tierra Caliente.
Precisó que sólo comunidades de Chilapa, y otros de la zona Centro, siguen viajando por temporadas a la Tierra Caliente.
“Son familias jornaleras que viven sin garantías, con explotación laboral; hay salario mínimo”. Aclaró que algunas empresas registradas medianamente, atienden algunos derechos laborales.
Como referencia de las irregularidades, indicó que ayer, recibieron un aviso de que, en el Campo Serrucho, en Sinaloa, el contrato de jornaleros termina a mediados del mes, y no les dicen que no les permitirán salir hasta que termine abril.
Así como los migrantes internos, indicó que los paisanos que se van al extranjero atraviesan situaciones complicadas de salud, muertes por accidente, tienen que hacer frente a trámites administrativos para trasladar cuerpos.
Lamentó que la embajada de México en Estados Unidos ya no tenga fondos para el pago de traslados que van de los 4 mil a 10 mil dólares, dependiendo del estado en que se encuentre el migrante. Ahora sólo apoyan con mil 500 dólares. Precisó que la Semai, sí ha cubierto el traslado del aeropuerto de la Ciudad de México a sus pueblos.

Cierran alumnos el Tec de Tlapa; exigen un alto al acoso sexual por parte de directivos

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) tomaron ayer su plantel para exigir un alto al acoso sexual y una auditoría financiera y administrativa a los directivos.
Mediante un comunicado el comité estudiantil informó que el cierre de la escuela es porque la directora, Fredislinda Vázquez Paz ha ignorado sus demandas.
Dijeron ante esa actitud acudieron al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para que los asesoren porque hay alumnas que han sufrido acoso sexual, verbal y psicológico.
Pidieron la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda para que Vázquez Paz atienda sus peticiones.
Se quejaron de que no les permiten utilizar el gimnasio y auditorio, áreas que les presentan a los aspirantes a nuevo ingreso para motivarlos a que se incorporen a esta institución, pero que a ellos no les permiten el acceso porque personas externas a la institución hacen uso de éstos. Indicaron que tampoco les permiten el desarrollo de los talleres extraescolares.
También pidieron una auditoria financiera y administrativa por una estancia federal competente, ya que eso impacta directamente en los viajes de estudio, en las cuotas y los insumos; y exigieron que no haya más aumento en los pagos o recargos para la comunidad estudiantil.
De igual manera pidieron que los directivos y docentes se abstengan a represalias contra los alumnos participan en el movimiento estudiantil.
Cerca de las 10 de la mañana, el delegado de Gobernación estatal, Jorge Rodríguez Ponce y Vázquez Paz entablaron un diálogo con los estudiantes quienes expusieron los casos de acoso sexual en contra de algunos alumnas; ahí, Tlachinollan se comprometió a darle seguimiento, pero no hubo más acuerdos porque la directora se tuvo que ausentar. Hasta el cierre de la escuela sigue tomada por los estudiantes.

Espera que más datos revelen cómo y quiénes programaron los “vuelos de la muerte”: Barrerra

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, platica con la luchadora social, Tita Radilla Martínez Foto: Jesús Eduardo Guerrero/Archivo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró como un avance importante la información que confirma los llamados “vuelos de la muerte” durante la llamada guerra sucia, pero dijo que esperan que con la revisión de los archivos se obtengan más datos respecto a cómo y quiénes programaban esos vuelos.
Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), Tita Radilla Martínez desestimó esta información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pues dijo que ya es vieja para los familiares de desaparecidos y que ahora lo importante es saber a quiénes arrojaron al mar mediante esos vuelos y quienes son los responsables.
El martes, la CNB informó mediante un boletín de prensa que tiene evidencias de los llamados “vuelos de la muerte” que se realizaron durante la llamada guerra sucia, mediante la recuperación de bitácoras y declaraciones de pilotos que indican que algunos de los desaparecidos forzadamente podrían haber sido lanzados al Océano Pacífico en vuelos que partían desde la Base Militar de Pie de la Cuesta en Acapulco.
Entrevistado al respecto el jueves en San Luis Acatlán, después de la ceremonia por el 51 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, Barrera Hernández, quien también es integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965 a 1990, admitió que ya se tenía “cierta información” de esos vuelos pero dijo que ahora está más fundada y ya es oficial.
Anunció que esa información se está profundizando y viendo la posibilidad de que con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con un equipo de especialistas se realicen las investigaciones para buscar vestigios en la zona donde se llevaban y tiraban los cueros.
“Se hará un trabajo para ver si todavía se puede recuperar información, aunque sabemos que es difícil, pero ya hay un avance en esta información”, insistió.
Agregó que esperan que en los archivos haya más información y tener más datos sobre cómo se programaban estos vuelos, obviamente, quienes los hacían, “porque se sabe que a veces se trasladaba y se traía y también se tiraba a la gente”.
Añadió que con la información de la CNB se están dando más elementos sobre el modus operandi que tenía el Ejército, “en sus planes de contrainsurgencia, en los que tenía no solamente centros de detención clandestina, sino también instalaciones militares donde se desaparecía a personas como el Campo Militar Número Uno.
Dijo que también se confirma que las instituciones castrenses fueron utilizadas para desaparecer, torturar, investigar, “y más ahora con esta práctica de los vuelos de la muerte, es un reconocimiento explícito de estas estrategias de contrainsurgencia”.
El integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, anunció que ahora la tarea es documentar con más detalle y precisión cómo se realizaron y quiénes fueron los responsables directitos de esos “vuelos de la muerte”.
Agregó: “Se tiene conocimiento que los vuelos de la muerte se utilizaron sólo en Guerrero y que fue como el laboratorio de la contrainsurgencia”.
Declaró que la apuesta es también abrir los archivos de la Sedena porque fue un compromiso que asumió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se contribuya al esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos de esa época.
Según el defensor de derechos humanos hay acceso, “no como uno quisiera, en términos de tener una apertura total, pero se está avanzando, sí hay acceso, ya se accedió al Campo Militar Número Uno, pero este es un proceso de trabajo interinstitucional, y de acuerdo con las autoridades militares. No vamos tan rápido como queríamos pero se está avanzando”, aseguró.
Por su parte Tita Radilla entrevistada por teléfono ayer, desestimó la importancia de la información. Dijo que la información de los “vuelos de la muerte” ya se conocía desde hace mucho tiempo.
Ya sabíamos que eso ocurrió, “lo que no tenemos es la documentación que nos confirme quiénes fueron a los que arrojaron al mar, quiénes son los responsables, eso es lo que realmente importa”, dijo.
Radilla Martínez, hija del desaparecido por militares en 1974, Rosendo Radilla Pacheco, declaró que una exigencia añeja de los familiares de desaparecidos durante la guerra sucia es que se abran los archivos de la Sedena para tener esa información.
Explicó que han tenido acceso sólo a los archivos de la (desaparecida) Dirección Federal de Seguridad, en donde han estado en cinco ocasiones y encontraron alguna información de esos vuelos, pero insistió que es más importante revisar los de la Sedena.
“Encontramos declaraciones de personas que fueron desaparecidos en las que unos acusaban a otros, pero sabemos que esos testimonios fueron arrancados bajo tortura. No son creíbles, no son veraces”.
Dijo que desde entonces les prometieron a los familiares de desaparecidos que tendrían acceso a los archivos del Ejército, “pero hoy tienen acceso investigadores y las personas que son parte de la Comisión de la Verdad pero nosotros todavía no tenemos acceso”.
Radilla Martínez declaró que aunque a los familiares no tengan acceso, confían que a los investigadores e integrantes de la Comisión de la Verdad puedan tener información relevante.

La persecución al Cecop es porque exige que se busque a Vicente Suástegui, señala Tlachinollan

Jacob Morales Antonio

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz Hernández, indicó que la reactivación de las órdenes de aprehensión contra ejidatarios del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), es una respuesta a la exigencia de la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
En declaraciones por teléfono, el abogado indicó que las dos detenciones que hicieron los policías ministeriales, en la comunidad de Huamuchito, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, son parte de una estrategia de persecución contra los dirigentes sociales.
Dijo que la fiscalía está ejecutando las órdenes de aprehensión, para evitar que éstas prescriban y sigan activas, “lo que quiere la Fiscalía es interrumpir la prescripción de las denuncias, y mantener las órdenes activas”.
Agregó: “Esa es la política de la Fiscalía, con el pretexto de que hay cuatro personas desaparecidas de la UPOEG, y bajo esa bandera, se están metiendo a las comunidades de Cacahuatepec para realizar búsquedas y ejecutar las órdenes de aprehensión”.
El abogado sostuvo que hay una persecución a los movimientos sociales, “es una mentira que exista un gobierno de izquierda, que mantiene el diálogo con las organizaciones. No es cierto, con este panorama se vislumbran las agresiones”.
Señaló que la fiscalía está respondiendo con la reactivación de estas órdenes de aprehensión, ante la exigencia de resultados en las investigaciones y búsquedas de Vicente Suástegui, hermano del vocero del movimiento, Marco Antonio. “La Fiscalía no acelera el ritmo para investigar y no hay avances, esto es como que siente el Estado que se le presiona por el tema de Vicente, y pues en respuesta dice ‘tú tampoco eres una palomita blanca’”.
Recordó que hay 50 órdenes de aprehensión por delitos que no alcanzan fianza, como tentativa de homicidio y robo, cometido contra el empresario gravillero Humberto Marín, y que son denuncias de 2014 y 2015, del viejo sistema penal acusatorio.
Indicó que la estrategia de la organización es la defensa en los tribunales y la notificación de la persecución a organismo internacionales, de la detención y encarcelamiento de dos de los comuneros del Cecop, en el penal de Las Cruces, detenidos el 1 de diciembre con lujo de violencia.

Es necesario que el Ejército colabore y que la FGR hable con las familias de los 43: Centro Prodh

El pasado 15 de noviembre padres de los 43 escuchan la conferencia de prensa de las integrantes del Mecanismo Especial para el Asunto Ayotzinapa de la CIDH en la normal Foto: Jessica Torres Barrera

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

En la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es necesario que el Ejército colabore con la entrega de información requerida, que la cabeza de la Fiscalía General de la República (FGR) abra el diálogo con las familias y que, de manera oficial, se informe por qué se cancelaron órdenes de aprehensión –la mayoría contra militares– emitidas por la fiscalía especial del caso.
Estas son sólo una parte de las acciones que deberían realizarse a nivel federal para redireccionar el caso, en una etapa en que la confianza de las familias “está trastocada”, dice en entrevista María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompaña y representa legalmente a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) en Ciudad de México, además del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan), en Guerrero.
Para Aguilar, lo más importante en este “momento convulso” es el impacto en las familias a partir de los hechos que comenzaron el 18 de agosto pasado, cuando se presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) a las familias, a las organizaciones representantes, al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y, horas después, a la sociedad.
Lo relevante de ese informe, considera, además del reconocimiento de que hubo participación de autoridades de distintos niveles del Estado mexicano, fue que mencionó “los obstáculos a los que se está enfrentando la investigación”.
El presidente de la Covaj y titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez se refirió concretamente a la FGR y al Ejército.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes pasado, que los avances en las investigaciones del caso se encuentran “en riesgo” por “las intromisiones” de agentes externos en el trabajo de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).

Obstáculos de las Autoridades

Cuando Encinas presentó su informe, continúa Aguilar, se mencionó que la “verdad histórica” es resultado de la injerencia política “del más alto nivel del Estado” con la que se había intentado cerrar el caso.
“Una parte novedosa se enfocaba en qué había sucedido después de la detención de los estudiantes, a partir de capturas de pantalla de distintas conversaciones”, agregó.
“Lo primero que dijeron los familiares tras ver el informe de la Covaj es que lo tenía que revisar el GIEI”. Es importante para ellos, argumenta, “tener a una tercera parte independiente, que pueda ser fiel de la balanza, con una base técnica-profesional”.
Ese informe de la Covaj, enfatiza, no formó parte de la investigación penal y coincidió con la detención del exprocurador general Jesús Murillo Karam y la presentación de órdenes de aprehensión en contra de 83 personas.
“Poco después 21 de esas órdenes, de forma inusual, se cancelaron, y 16 de ellas eran contra elementos del Ejército. Hasta el día de hoy no se ha dado una explicación formal de la base legal de esa cancelación. Eso llevó a renunciar al fiscal del caso (Omar Gómez Trejo), pues fue una decisión no consultada con él. Además se desplazó a su equipo en la fiscalía especial” del caso, resume Aguilar como parte de las irregularidades del caso.
El siguiente paso, agrega la integrante del Centro Prodh, fue el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, que “no tiene experiencia en casos de violaciones a derechos humanos cercano al secretario de Gobernación, pero que no conoce el caso. Eso fue duro para las familias, porque en un proceso de construcción como el que se había dado en los últimos años, con mucho diálogo, es un mensaje de que se estaban cerrando los espacios”.

“Las familias no se
equivocaron”

Del más reciente informe del GIEI presentado el 31 de octubre pasado en Ayotzinapa, Guerrero, Aguilar comenta algunos puntos nodales:
Uno es que a los expertos internacionales les fue imposible verificar el origen de las capturas de pantalla que presentó la Covaj y, por lo mismo, no pueden ser utilizadas en una investigación penal.
“Fueron claros al decir que las cancelaciones de 21 órdenes de aprehensión eran graves y que tenía que darse una explicación oficial de por qué. Además, el GIEI valoró que lo sucedido en estos meses fue grave y eso había trastocado la confianza construida en estos años. Por lo mismo, decidieron que dos de ellos ya no iban a continuar en el grupo”.
Los otros dos integrantes se quedaron en el grupo a intentar generar un mecanismo de seguimiento “para garantizar esa asistencia técnica que se ha tratado de buscar todo este tiempo por medio de la CIDH, (pero) mencionaron que habría condiciones mínimas para ese seguimiento”.
Asimismo, los integrantes del GIEI resaltaron que el Ejército sigue obstaculizando las investigaciones, dice Aguilar y recuerda que solicitaron reconducir la investigación porque hay pruebas no sólidas, así como garantizar acciones penales en contra de distintas personas.

“Confianza trastocada”

Esta información, analiza Aguilar, fue muy dolorosa para las familias. “Se tiene que decir: se les presentó una versión de los hechos no verificada. Eso trastoca la confianza y genera un dolor completamente innecesario”.
Por otro lado, es tema central, dice, que este tipo de anuncios se habían hecho de manera conjunta entre Covaj, la fiscalía y el GIEI. “A eso se refiere el GIEI cuando anuncia algunas salidas. No se les tuvo la confianza para generar esos espacios de verificación”, explica.
El GIEI obtuvo la información a fines de septiembre y su peritaje estuvo listo para fines de octubre. “Es decir, esa información en un mes se pudo haber verificado con peritajes técnicos. El hecho de que esto no haya sucedido, sí trastocó la relación de diálogo que se había tenido entre las familias, el GIEI, la Covaj y la propia fiscalía (…) Es preocupante, trastoca cualquier tipo de confianza construida”.
–¿Cuál es el panorama actual?
–Nos encontramos en un momento crucial en que el Estado tiene que decidir si va a reconstruir, o si se va a estancar en una sola versión como lo hizo la administración pasada.

El opaco papel
de los militares

La reconducción de la investigación pasaría por tres situaciones, reitera Aguilar: uno, que el Ejército colabore en entregar información; dos, que la FGR dialogue con las familias o con el propio GIEI, “que señaló que el fiscal general no los ha recibido”; y tres, “que se dé información oficial de por qué se solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión que un juez había decidido”.
Añade que está pendiente la extradición de quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. “Hay todavía una serie de acciones que tienen que ser priorizadas y son esenciales para que las familias reconozcan que hay intención de reconducir la investigación, y que los dos expertos del GIEI que se quedaron puedan tener elementos para continuar”.
–¿Cuál es la lectura respecto al papel del Ejército?
–En su rol de siempre de ser una institución opaca, que no le gusta colaborar con las instituciones civiles. No le gusta ser identificada como una institución que podría haber tenido involucramiento en estos casos. Ha provocado mucho daño a la investigación que no haya querido dar información por tantos años.
“Es importante reconocer que la información que se obtuvo por parte del Ejército vino, sí, del impulso que dio Encinas de poder abrir esos archivos. Que el GIEI entrara fue parte del trabajo de la Covaj. Pero está documentado por el GIEI que esta información no ha sido suficiente, que fue entregada a cuentagotas y sólo después de mucha insistencia. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó entregar la información”.
El GIEI tuvo acceso a documentos hasta 2021, enfatiza Aguilar. “Durante todo ese tiempo, (la Secretaría de la Defensa Nacional) entregó información desviada sobre que había un estudiante que pertenecía a las fuerzas armadas y que estaba en tareas de inteligencia en la normal de Ayotzinapa.
“De lo más importante que se ha logrado, es acceder a información de la investigación de la Administración de Control de Drogas? (DEA) en contra de Guerreros Unidos, en Chicago. Pudieron acceder a una serie de, esos sí, mensajes verificados, con extracción legal, con control judicial. Quedó claro que había una colusión entre el batallón 27 y 41 con Guerreros Unidos. Es la base de la acusación hoy en contra de elementos militares, hoy detenidos, por delincuencia organizada.
“La opacidad del Ejército, no querer ser investigado, sólo genera más dudas en un contexto donde se está profundizando su papel en tareas de seguridad, con un discurso de que las fuerza armadas son incorruptibles, que ayudarán a que la situación de seguridad mejore en México, cuando la información señala que existen pruebas de que están coludidos con la delincuencia organizada”.

El papel de la FGR

En el contexto de impunidad “tan grave” que hay en México, “preocupa que no haya una fiscalía general autónoma, independiente. Tenemos a un fiscal –Alejandro Gertz Manero– más involucrado en procesos de conflicto de interés, que en temas prioritarios que se viven en México en materia de seguridad e impunidad”, advierte Aguilar.
“Vemos que el tema de desaparecidos no es prioridad para la FGR”, lamenta. “Por una petición desde un alto nivel, se cancelan 21 órdenes de aprehensión. Por un lado, se está protegiendo al Ejército, porque buena parte, 16, iban en su contra. Eso es un obstáculo. Nadie ha informado a las familias por qué se tomó esa decisión, que dio cuenta de que el fiscal especial fue desplazado. De una forma coherente, renunció al cargo”.
–¿Cuál es la situación de las familias?
–El foco tiene que estar en que las familias de personas desaparecidas viven continuamente la incertidumbre, el dolor, por no conocer el paradero de sus seres queridos. Eso ha sido equiparado a una tortura permanente. Son ocho años de lucha. Es muy desgastante. Tiene implicaciones en su salud, en su economía.
–¿Qué podemos esperar?
–Ayotzinapa no es más o menos importante que otros casos de personas desaparecidas, sino que es un caso que ha podido documentar a todo lo que se enfrentan las familias de personas desaparecidas. Si en este caso en particular las autoridades no colaboran, no buscan generar el acceso a la justicia, lo que todos vemos es que eso se podría replicar en otros casos. Por eso es importante que se hagan las cosas de manera correcta, con una apertura de supervisión internacional.
“Eso es parte de lo que tiene que pasar, sí o sí. Los expertos del GIEI que se quedaron en México dijeron que deben tener condiciones para poder trabajar. Las familias tienen claro que es ahí donde hay garantías de una investigación objetiva, independiente, eficiente. Se requiere un diálogo directo y honesto con ellas, el conocimiento claro de la situación del caso y que no habrá más obstáculos de las instituciones”.

Es prioritario proteger territorios y recursos de pueblos indígenas: ONU

Es prioritario proteger territorios y recursos de pueblos indígenas, dice Relatora especial de la ONU

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz hace público su informe sobre su visita a México del 8 al 17 de noviembre de 2017, informa Tlachinollan

Beatriz García

Chilpancingo

La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, hizo público el informe de su visita a México, donde incluye a Tlatzala, municipio de Tlapa, y en el que destaca que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser prioritario, y requiere una reglamentación conforme al derecho internacional.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humano de la Montaña Tlachinollan expone que, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la relatorora hizo pública su visita a México del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
En el estado, la relatora visitó la comunidad nahua Tlatzala, donde se encontró con más de 300 indígenas de municipios de la Montaña y la Costa Chica.
En el informe, la relatora manifiesta los problemas de los pueblos indígenas, la necesidad de preservar y proteger las tierras, territorios y recursos.
Para la experta, éste es un asunto crítico que se encuentra en la raíz de muchos problemas de derechos humanos de los pueblos indígenas, y que el régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias, no responden a sus necesidades y no se ajustan a las obligaciones internacionales de México.
Abunda que los mismos procedimientos para el reconocimiento de los derechos territoriales no son sencillos ni accesibles y conllevan largos procesos legales.
“La demora en muchos casos agrarios ha sido fuente de conflictos intra e intercomunitarios… en numerosos casos, los reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o permisos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta”.

San Miguel del Progreso, ejemplo paradigmático de defensa legal de derechos territoriales

En su visita a Guerrero, escuchó el testimonio de Marco Antonio Suástegui, líder preso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP).
La Relatora especial recibió denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, de energía solar, de hidrocarburos, agroindustriales, de infraestructura, turismo y otorgamiento de permisos forestales.
“Sobre las concesiones mineras que otorga la Secretaria de Economía (SE) comentó el caso emblemático de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Para la señora Victoria, esta comunidad es uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo los pueblos indígenas interponen recursos jurídicos para defender sus derechos territoriales”, indica el escrito.
San Miguel impugnó concesiones mineras en su territorio, así como la constitucionalidad de la ley minera.
Agrega que en esta lucha contra los megaproyectos, para la relatora la defensa de los territorios y recursos naturales aumenta el riesgo de violencia y criminalización; y que esto ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados, a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales.
En el informe, Tauli-Corpuz resalta que, a las comunidades indígen de Ayutla de los Libres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación les validó la consulta para que en el proceso electoral local de este año se eligieran autoridades locales de acuerdo con sus usos y costumbres.

Preocupa a Tauli-Corpuz que desconozca a policías comunitarias la reforma constitucional

El comunicado añade que otro asunto relevante y preocupante es la inseguridad y desprotección que también enfrentan los pueblos indígenas, por lo que la relatora hace un reconocimiento a pueblos y organizaciones que han presentado varias iniciativas para hacer frente al flagelo de la inseguridad.
“Desde 1995, la policía comunitaria en Guerrero ha realizado tareas de seguridad, justicia y reinserción conforme a usos y costumbre indígenas, lo que ha reducido la violencia e impunidad. El estado de Guerrero reconoció legalmente a la policía comunitaria existente en 2011, aunque parece que actualmente hay iniciativas legislativas para desconocer los sistemas normativas indígenas”, rescata el comunicado de las palabras de la relatora.
Además, Tauli Corpuz tuvo información de numerosos casos de persecución penal y criminalización de policías comunitarios acusados de diversos delitos.
En el comunicado se lamenta la decisión que tomó el gobernador para aprobar la reforma al artículo 14 constitucional, que desconoce a la policía comunitaria como una institución que ha sido valorada y reconocida, tanto por la actual relatora de los pueblos indígenas, como por el fallecido antropólogo Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la ONU.
Sobre la violencia, la impunidad y acceso a la justicia, la relatora comentó que México atraviesa una grave crisis de violencia y de inseguridad con niveles alarmante de asesinatos, desplazamientos y desapariciones.
Por otro lado, la relatora se reunió con padres de estudiantes de comunidades indígenas, y tomó nota de los pocos avances en las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
“Documentó que en Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades. Ante esta situación, la principal respuesta estatal ha sido una mayor presencia militar, que no ha disminuido la violencia”.

El crimen organizado aumenta la vulnerabilidad de los pueblos, dice

Otra situación grave que recabó la relatora especial en Guerrero, es la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros y que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Pese a estos grupos, las autoridades impulsan proyectos sin atender el grave problema de la violencia.
Asimismo, para la relatora, los derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación histórica y estructural han profundizado la marginación y pobreza multidimensional, así como la ausencia de servicios básicos suficientes y culturalmente adecuados, manifiesta.
“En su visita a la Montaña corroboró la diversidad de problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda digna y al agua. Que son una demostración de la exclusión social y la discriminación racial”.

Documenta violencia obstétrica y desatención a feminicidios, niños y jóvenes

También, la relatora escuchó varios testimonios de mujeres indígenas que han sido víctimas de la violencia y sobre todo de la falta de sensibilidad de las autoridades para investigar y procesar a los responsables de delitos, y para tipificar los feminicidios.
Otra grave preocupación es la violencia obstétrica, ya que mujeres denunciaron negligencia, indiferencia y discriminación del personal de Salud, cuando requerían atención obstétrica, lo que tuvo como resultado algunas muertes y graves lesiones.
En la comunidad de Tlatzala la relatora habló con algunas mujeres que fueron víctimas de estas actuaciones indolentes de las autoridades de Salud.
Por otro lado, en el caso de niños y los jóvenes Victoria Tauli señaló que en Chihuahua y Guerrero, preocupa el reclutamiento de niños y jóvenes por el crimen organizado, dada la ausencia de políticas de prevención del Estado y de oportunidades económicas, y que en regiones afectadas por el crimen organizado y el tráfico de drogas, quedan pocas opciones para los jóvenes, que frecuentemente deben decidir entre unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.
Sobre las discriminación y acceso a la educación, citó que en Guerrero algunas comunidades indígenas han emprendido acciones legales para exigir la construcción de escuelas o para obtener un número suficientes de docentes.
En cuanto a los jornaleros agrícolas, constató que la mayoría proviene de estados sureños que trabajan en campos agrícolas del norte y que enfrentan graves violaciones a sus derechos laborales y humanos; sufren graves problemas por exposición a agroquímicos, falta de seguridad social y servicios de salud, y en el caso de jornaleras, violencia sexual de los empleadores.
También expone que le preocupa la discriminación y la inadecuada atención a los centros de salud, en el caso de las mujeres embarazadas o de niños que han sufrido enfermedades o accidentes en los campos agrícolas.
Varios casos de la Montaña fueron presentados a la relatora por padres que perdieron a sus hijos al ser aplastados por un tractor cuando dormían a la orilla del campo agrícola.
Para la relatora especial, los indígenas afectados por desastres naturales enfrentan problemas particulares, y desarrollaron una propuesta integral que, con la provisión de recursos adecuados, podría brindar alimentos con pertinencia cultural y bajo el control de las mismas comunidades, pero autoridades estatales y federales no han tomado esta propuesta en cuenta y continúan promoviendo programas asistencialistas y sin pertinencia cultural.
El informe será presentado por la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en el trigésimo noveno Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 10 al 28 de septiembre de 2018.

Persisten desigualdad social y criminalización contra los pueblos indígenas de México: ONU

Otros problemas que enfrentan son desplazamientos forzados y discriminación, revela informe del organismo en el día internacional dedicado a las poblaciones originarias

César Daniel Martínez Cisneros / Agencia Reforma

Ciudad de México

Criminalización, desplazamientos forzados, desigualdad y discriminación, entre otros problemas, enfrentan los pueblos indígenas en México, concluye un informe de la ONU.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli, hizo público ayer su informe final sobre la visita que realizó al país del 8 al 17 de noviembre del año pasado.
Publicado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el informe critica que a pesar que desde 2003 el gobierno de México hizo compromisos en materia de derechos humanos, los indígenas no los gozan a plenitud.
“Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos, extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo, constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, indica Tauli, en el documento que presentará oficialmente en septiembre.
“A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos”.
Estos problemas, agrega la relatora, se desarrollan en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas, lo que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.
Para la especialista, la situación de los pueblos indígenas refleja la brecha que existe entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por México.
“Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas”, sentencia.
Entre las recomendaciones que plantea, se encuentra reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales.
“Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia”, plantea.
“(El segundo,) adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales”.
Al dirigirse a los pueblos indígenas, Victoria Tauli los alentó a continuar desarrollando sus propias iniciativas legales, políticas y de libre determinación, con estándares internacionales.
El informe fue acompañado por un listado de 100 casos que la relatora recibió en su visita a México, sobre violaciones en 15 estados, principalmente Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

Destacan la diversidad lingüística de México en la Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas

La representante de la UNESCO, Nuria Sanz, anunció que 2019 será un año precisamente dedicado a la multiplicidad de las lenguas originarias

Francisco Morales V. / Agencia Reforma

Ciudad de México

Boleros y sones en didxazá, el zapoteco de Valles, inauguraron la segunda Feria de Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN) en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).
En voz de Natalia Cruz, acompañada por la Banda La Istmeña y el Ballet Folklórico Ñuu Savi, los cantos tradicionales de piezas como Naila y La llorona abanderaron a Oaxaca, el estado invitado de esta edición del encuentro de tres días.
Este miércoles, en el que se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el evento organizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) destacó la diversidad plurilingüística nacional.
“Esta es una celebración importante porque permite la difusión y visibilización de la diversidad, pero, sobre todo, de la riqueza lingüística de México”, dijo en el acto inaugural la poeta didxazá Irma Pineda.
A decir de Juan Gregorio Regino, 23 lenguas indígenas de 16 estados de la República están presentes en las 85 actividades, entre conciertos, lecturas, presentaciones de libros y conservatorios, que forman parte del programa de la FLIN.
“Las lenguas indígenas son patrimonio de los mexicanos, nos dan sentido de pertenencia y es la riqueza intelectual más grande que aún tenemos”, destacó Regino.
Presente en la inauguración, la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, habló de la intención del organismo internacional detrás de la instauración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
“La UNESCO no quiere celebrar este día sólo para que pensemos hoy en los pueblos indígenas. Todas las políticas culturales de la UNESCO, todas las políticas educativas y científicas intentan generar un diálogo de saberes transversales día con día a favor de la pluralidad”, enfatizó.
En su discurso, Sanz subrayó el plurilingüismo de México e informó que, para la UNESCO, el 2019 será un año precisamente dedicado a la diversidad de las lenguas indígenas.
También alertó sobre el riesgo en los que éstas se encuentran.
“Lo que es preocupante es que la disminución de las lenguas se acompaña del hundimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, se acompaña de la invasión de sus tierras ancestrales, se acompaña del impacto cultural que representa las grandísimas infraestructuras”, lamentó.
Del 9 al 12 de agosto, la FLIN llevará a cabo sus actividades en las instalaciones del Cenart.
“Que esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales sea, pues, el despertador de la consciencia para seguir trabajando por que un día, en nuestro país, realmente se reconozca multilingüe y se consolide como un crisol de pensamiento”, deseó Irma Pineda, antes de que comenzaran los sones de su tierra.

Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).