Demandan atención médica familiares de víctimas de la violencia en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Zitlala

 

Familiares de víctimas de la violencia de los municipios de Chilapa y Zitlala que representa el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco reclamaron este martes en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud atención médica plena como lo establece la Ley General de Víctimas.
La mayoría de los familiares llegaron desde de Zitlala y Chilapa, se trata de indígenas nahuas que tienen parientes desaparecidos o asesinados, a quienes por el problema que viven se les han complicado padecimientos, sobre todo de diabetes, hipertensión, enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel.
Los más de 20 ciudadanos fueron acompañados por el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, el representante del Colectivo de Víctimas de Acapulco Ciro Fuentes Urióstegui, del Colectivo Chilpancingo Lamberto Castro de la Cruz y la representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Olivia Cortez Cerón.
Olivares Hernández informó que a raíz de la reunión del 7 de marzo con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero, convinieron brigadas médicas para la atención de las familias de víctimas de Zitlala y Chilapa. Se hicieron el 15 de marzo en Chilapa en donde se realizaron 26 consultas pero se dejaron sólo 15 recetas sin medicamentos, mientras que de las 15 consultas del 15 de marzo en Zitlala, cuatro quedaron sin receta.
Para Olivares Hernández la actitud de la dependencia es una burla porque de nada sirve a las víctimas una receta si no cuentan con los medicamentos, y denunció que el gobierno estatal no cumple la Ley General de Víctimas que establece una atención integral.
Informó que a partir de que desaparecieron o les asesinaron a un familiar, a los familiares de las víctimas se les han agravado padecimientos crónicos como diabetes o hipertensión arterial, otros han adquirido estas enfermedades a raíz del problema que viven, mientras que la mayoría sufre de enfermedades gastrointestinales, respiratorios o de la piel y requieren de una atención permanente y adecuada.
Al respecto el director del Centro Morelos demandó que al subsecretario de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Armando Bibiano que los atendió, que no solamente les garantice las consultas y los medicamentos, sino que haya brigadas permanentes y calendarización de las visitas del personal médico de la dependencia.
El representante del Colectivo Chilpancingo, Lamberto Castro entregó una relación de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados o secuestrados que pertenecen a ese colectivo para que reciban atención médica.
Se quejó ante el funcionario que desde 2017 que el colectivo de Chilpancingo trabaja a favor de las víctimas de la violencia, cada acuerdo que asumen con el gobierno del estado, “se lo lleva el viento”.
A su vez, Ciro Fuentes del colectivo de Acapulco le espetó al subsecretario que los familiares de las víctimas no están actuando por capricho al reclamar sus derechos, sino porque existe una Ley de Víctimas que las autoridades deben cumplir. Y se quejó de que en Guerrero no hay instituciones que atiendan a las víctimas, que por eso la atención es muy lenta.
Reclamó: “No nos dejen solos”, y dijo que los familiares de las víctimas no se podrán reincorporar plenamente a la sociedad si continúan con estos problemas.
Olivia Cortés del CCTI le dijo al funcionario que las víctimas de la violencia no son pacientes normales, porque están viviendo un problema social y como consecuencia sus padecimientos emocionales o físicos se les complican.
Reclamó atención sobre todo para los niños y las personas adultas mayores, quienes, dijo, tienen derecho a la salud.
Los familiares de las víctimas fueron recibidos en la sala de juntas de la Secretaría de Salud y el subsecretario Bibiano se comprometió a “corregir las circunstancias” y a cumplir con lo que se comprometió la dependencia en la reunión con el gobernador, y anunció que las brigadas médicas y la atención a las víctimas van a ser de manera permanente y garantizó el abastecimiento de medicamentos, como lo exigieron los representantes de los colectivos de víctimas y del Centro Morelos.

 

Por el 10 de Mayo, familiares de desaparecidos se solidarizan con las madres de los 43

Familiares de víctimas de desaparición en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y activistas pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que renuncie a la gubernatura de Guerrero, si no es capaz de resolver los crímenes y la violencia.
A las 2 de la tarde los familiares de los desaparecidos, el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y otros activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, e hicieron un mitin en el que se solidarizaron con las madres y padres de familia de los jóvenes.
Campos Adame dijo que la manifestación fue en la víspera del Día de las Madres para reivindicar a las mujeres que luchan por la vida de sus hijos, “desde el momento en que se da a luz está en riesgo la vida, hoy nos ha convocado la solidaridad con esas madres que llevan tres años luchando”, dijo de las madres de los 43 normalistas.
Mencionó que durante la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero en 1960, las madres de familia se movilizaron al lado de sus hijos, Hermelinda López y Dorotea Jacobo murieron en la masacre del 30 de diciembre, “cada una de las compañeras o madres dieron una lucha ejemplar, gracias a ellas tenemos una universidad disque autónoma, hoy los que la dirigen la han entregado poco a poco al Estado”, expresó en referencia al rector Javier Saldaña Almazán y el Grupo Universidad Guerrero y sus vínculos con el PRI y el gobernador.
Manifestó que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa unió a las madres que piden en las calles la presentación con vida de sus hijos, y “queremos decirle fuerte a Astudillo (el gobernador) que estamos cansados de que sigan apareciendo cuerpos en la carreteras, de las persecuciones, si no es capaz de parar los secuestros y las muertes que renuncie”.
Por su parte Olivares Hernández dijo que el mitin fue para solidarizarse con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ayer una comisión protestó en la Ciudad de México y otra acudió a la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el caso no se cierre hasta que los encuentren y los devuelvan con vida.
“Vamos a cumplir 44 meses sin que el gobierno federal tenga la voluntad de encontrarlos, le exigimos a Astudillo que si no es capaz de solucionar” la violencia e inseguridad “renuncie”, y que el gobierno elabore estrategias particulares en contra de los delitos para mejorar la situación en el estado.
Puntualizó que este 10 de mayo las madres de familia no van a celebrar de la misma forma, como los hijos de los desaparecidos no festejaron el 30 de abril el Día del Niño.
Los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos se sumaron a la exigencia de que el gobernador demuestre que puede solucionar los crímenes en Guerrero o bien, se retire porque su promesa de orden y paz está lejos de la realidad, prueba de ello son los constantes asesinatos y desapariciones en las que las víctimas son criminalizadas por las autoridades de manera irresponsable.
Antes de retirarse los manifestantes corearon las consignas “vivos se los llevaron, vivos los queremos” e “hijo, escucha, tu madre está en la lucha”.

 

 

Denunciarán al Estado mexicano ante la CIDH por el asesinato de dos normalistas en Chilpancingo, anuncian

Cada año, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, normalistas y organizaciones sociales marchan para exigir justicia por la muerte de dos estudiantes en un desalojo en el entronque de la autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo.
Hace cuatro años, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino murieron por heridas de bala que policías federales, estatales y municipales dispararon contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa para desalojar la protesta de la carretera. También hubo decenas de heridos y detenidos sometidos a tratos crueles y a tortura.
Pronto se supo en Tixtla que El Cheve y El Güero fueron asesinados. Así llamaban a Gabriel, originario de Tixtla, y a Jorge Alexis, de La Y griega, de Atoyac de Álvarez, los estudiantes ejecutados cuando respondían con piedras a los balazos de los policías.
También se mencionaba que entre los fallecidos a El Comandante, otro normalista que resultó herido de bala, recordó el hermano de Gabriel, Francisco Echeverría, ahora normalista de cuarto grado de Ayotzinapa. Ingresó a la normal en 2012, después de la represión.
Explicó que dos días antes de la manifestación en la capital, donde murió Gabriel, le dijo que le echara ganas, que no se fuera a quedar sin estudiar, y coincidían en que Ayotzinapa era la alternativa de concluir una carretera, pese a los ruegos de su madre, que ahora temía por su vida.
Desde 2013, se sumaron a la demanda los padres de los 43 alumnos detenidos-desaparecidos en Iguala, en otra agresión policiaca, que este año convocaron a las organizaciones a marchar hasta El Parador de El Marqués, que tras el desalojo a balazos se volvió un sitio icónico de la lucha social.
Ayer, las familias de Jorge Alexis y Gabriel, así como Gerardo Torres Pérez, el normalista detenido ilegalmente y torturado después de la agresión, anunciaron que en el cuarto aniversario presentarán una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Groac) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Testimonios

Ayer, Francisco Echeverría habló por vez primera de la experiencia de él y su familia aquel día, y de la exigencia de justicia que sigue vigente, porque no hay un detenido ni responsable de los hechos, no obstante los videos que muestran a los uniformados disparando, y a sus mandos, contra estudiantes desarmados; “qué es una bala contra una piedra, te descalabra a lo mucho, pero una bala te llega a matar”.
Gabriel, delegado de Ayotzinapa en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), llegó el viernes 10 de diciembre a su casa en Tixtla, venía de Zacatecas de una comisión política, conversó con su mamá y acompañó a su hermano, Francisco a comprar restos de pastel, que usan como alimento para los cerdos.
En el camino, a Gabriel se le antojó una rebanada de pastel y Francisco hurgó en su pantalón, encontró 15 pesos de propina que recibió por ayudar a una vendedora a recoger su puesto, y se los ofreció. A eso se dedicaba, a ayudar en los puestos del mercado antes de entrar a la Normal. La pastelera les regaló la segunda rebanada.
Los hermanos ya habían hablado de que Francisco entrara a la normal, y esa tarde le pidió que le echara ganas, que no se quedara sin estudiar. Más tarde, el dirigente estudiantil recibió una llamada de la Normal y volvió a la escuela.
El domingo 11, habló de nuevo con su mamá y, de alguna manera se despidió cuando su mamá le dijo que se cuidara para no le pasara nada, y el dijo que no se preocupara, pero que si ocurría, se iban a ver después, “allá arriba”. Solo consiguió que lo reprendiera.
El lunes 12 de diciembre, recordó que estaba trabajando en la parcela de su familia cuando recibió una llamada de su papá, para decirle que llamara a su hermano, insistieron los dos y el teléfono los enviaba a buzón. Corrió a Tixtla a tomar la combi a la normal, donde ya había estudiantes inquietos, y escuchó decir que había tres muertos, entre ellos El Cheve, su hermano.
Cuando se dieron cuenta de quién era rectificaron, decían que eran rumores, que no estaba confirmado, mientras en Tixtla se envió un carro a informar, mediante voceo, de la represión. Familiares y activistas comenzaron a llegar a la escuela, y luego de unas horas bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, cerca de la Normal.
Ahí, otra llamada de su papá, para confirmarle la noticia. Con gran pesar fue a su casa, a preparar el lugar para recibir el cuerpo y ver a su mamá, que se enteró por los vecinos de la noticia. No daba crédito a la noticia, a pesar de que ya escombraban la casa.
Llegó a sus manos un diario vespertino, ese mismo día, ahí vieron en fotografías a los dos jóvenes tendidos en el arroyo de la carretera. La señora María de Jesús no lo reconocía, pero Francisco, ya más hecho a la idea, le dijo, “sí es, mamá; mira, son sus tenis, yo se los llevé a coser (al zapatero), son los que le mandó mi hermano de Estados Unidos, y esa bolsa tú se la cosiste”.
Desde entonces, señaló que no ha terminado el acoso, llegan muchas personas como reporteros, incluso policías a tomarles fotos a todos los integrantes de la familia, preguntan cómo están y qué hacen.
“Una ocasión que los normalistas marcharon de la escuela a su casa, una mujer policía le preguntó qué hacían ahí los muchachos, mi mamá me contestó fuerte, ellos están aquí por mi hijo, que mataron el 12 de diciembre, no están haciendo nada malo”, contó.