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La iniciativa de reforma a ley federal acotará al sistema estatal anticorrupción, advierten

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero César González Arcos en la entrevista con El Sur Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, (SEAGro), César González Arcos, declaró que la iniciativa de reforma que propone trasladar las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, centraliza al organismo y le disminuye capacidades técnicas y profesionales, y se pronunció para que, en todo caso, se mantenga y se fortalezca.
La iniciativa que está a debate en la Cámara de Diputados propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la trasferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado, con el objetivo de “adelgazar la función administrativa y hacerla más eficiente”.
Entre los 18 organismos que se proponen en estas reformas está la Secretaría Ejecutiva del SNA.
En entrevista, González Arcos declaró que con esta reforma se pretende “desprender” a la Secretaría Ejecutiva del SNA para enviarla a la SFP. Dijo que observan que con ello se pretende debilitar el esfuerzo del Estado Mexicano en la lucha contra la corrupción, al querer centralizarlo en el Poder Ejecutivo federal.
Opinó que con eso se contrapone al espíritu del SNA que busca, mediante el federalismo, el combate a la corrupción.
González Arcos declaró que actualmente la Secretaría Ejecutiva del SNA funciona de manera autónoma al Poder Ejecutivo federal, y permite a través del Comité Coordinador “que el combate a la corrupción llegue hasta el municipio más modesto del estado, al empresario o al servidor público que intervino en un acto de corrupción, sea del ámbito y la competencia donde se encuentre”.
Añadió que, en cambio, una deficiencia en caso de proceder la reforma mediante la que se propone trasladar la Secretaría Ejecutiva a la SFP, es que dejaría de funcionar la Plataforma Digital Nacional (PDN) que contiene toda la información de los entes públicos, tanto del ámbito federal, como estatal y municipal.
Explicó que la PDN ayuda a que todos los ciudadanos puedan conocer de primera mano y en tiempo real contratos públicos, declaraciones patrimoniales y quienes están inhabilitados.
“Se puede conocer por ejemplo si un ciudadano fue inhabilitado en Tijuana y después se fue a trabajar a Cancún, esa es la importancia de la Plataforma; que podamos conocer qué nivel de sancionados tenemos y cómo andan haciendo este paseo público en otros lugares y quede debidamente documentado”.
Actualmente la Plataforma está bajo la custodia de la Secretaría Ejecutiva del SNA, y según Gon-zález Arcos, esto da certeza a los ciudadanos de que la información está en un organismo ajeno a un poder, y que es un instrumento del Estado. Planteó que esa es otra de las razones “de la verdadera importancia” de tener una Secretaría Eje-cutiva en las actuales condiciones.
El presidente del Comité informó que, además, la Secretaría Ejecutiva del SNA es la que creó la Política Nacional Anticorrupción, que se replicó en los estados para que se hicieran modelos homologados contextualizados en los estados a fin de que cada estado tenga su política estatal anticorrupción.
“Hoy en el país tenemos una política nacional (anticorrupción) y 27 políticas estatales, algunas de ellas ya fueron implementadas y otras están en proceso de implementación”, informó.
Destacó que actualmente la Secretaría Ejecutiva del SNA es una institución neutral del Estado mexicano, que no pertenece a ningún poder; “es una institución que lo principal que busca es la división y el equilibrio entre los poderes”.
Explicó que una de sus responsabilidades es dar insumos para combatir la corrupción, “y tener los contextos por los cuales la corrupción se encuentra bajo cierto fenómeno social, desde cuestiones muy particulares en un municipio, hasta cuestiones más generales en el ámbito nacional.
Por tanto, cuestionó: “Hacer una modificación de esta naturaleza, mover una institución que busca combatir la corrupción a través del federalismo, a través del Estado mexicano, e incorporarlo a un área de una dependencia federal, indudablemente modifica no solamente su forma normativa, sino hasta la visión de cómo se debe combatir a la corrupción”.
Informó que el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA Jorge Alberto Alatorre, junto con sus homólogos de otros estados, fueron al Congreso de la Unión el martes pasado para dialogar con los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “a efecto de que tomen en cuenta estas consideraciones y se sensibilicen de la importancia de tener una institución como es la Secretaría Ejecutiva ajena al resto de las modificaciones que se plantea hacer el Ejecutivo a las otras instituciones.
Consideró que a los diputados les hace falta tener información con mayor detalle de las implicaciones que tendría incorporar en una iniciativa de esta naturaleza a un órgano que es del Estado, a una dependencia del Gobierno federal.
Informó que la respuesta de los diputados fue que iban a hacer un análisis “profundo y exhaustivo” de dicha iniciativa. “Nosotros vemos voluntad de escuchar a las voces del Sistema Nacional Anticorrupción, y esa es una buena señal para seguirla trabajando con los diputados y ciudadanos”, abundó.
Agregó que, en tanto, en los estados, los presidentes de los sistemas estatales iniciaron ayer una campaña a favor de que se realice un análisis más a fondo y exhaustivo de las implicaciones de esta reforma que propone trasladar la Secretaria Ejecutiva del SNA a la SFP.
“Queremos que se involucre la sociedad, que le pregunten a la sociedad si estamos en el camino correcto en el combate a la corrupción como Estado, no como un poder público. Creo que es ahí donde está el interés en el que todos debemos estar involucrados, en el combate a la corrupción”.
Añadió que en el caso de Guerrero también van a buscar a los diputados federales para “socializar la importancia de una institución como esta”, pues insistió que como se propone en la reforma “se le restaría autonomía y fuerza a un organismo que incide en el combate a la corrupción”.
Adelantó que, en caso de proceder la reforma federal, en Guerrero, al realizarse la homologación de la ley, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pasaría a formar parte de la Secretaría de la Contra-loría y Transparencia Guberna-mental.

 

Las contralorías de municipios no tienen capacidad ni recursos: César González

El presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, Carlos González Arcos, durante su participación en la reu-nión con profesionistas y empresarios de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, César González Arcos, informó que los Órganos de Control Interno (OCI) llamados anteriormente contralorías, que son “el primer muro” para combatir la corrupción en los municipios y órganos de gobierno, no están capacitados ni cuentan con recursos para ejercer sus atribuciones; tampoco tienen facultades para sancionar, están mal integrados y reprobaron dos evaluaciones.
Este jueves González Arcos se reunió con presidentes y representantes de asociaciones y colegios de profesionistas para invitarlos a ser parte de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Guerrero, para que juntos vigilen el actuar de los gobiernos y den seguimiento a las observaciones que se hagan a las autoridades.
En reunión con representantes de diferentes asociaciones de Acapulco en un restaurante del puerto, informó que una de las primeras tareas del Sistema Estatal Anticorrupción fue hacer diagnósticos para saber cómo estaban los Órganos de Control Interno de los municipios. En la primera evaluación 49 respondieron pero parcialmente, lo que dio como resultado que los Órganos de Control Interno de los municipios estén reprobados, y en la segunda el resultado fue el mismo.
“Preguntamos a los 81 municipios, tal cual lo que pide la ley: ‘¿estás haciendo esto?’. En el primer diagnóstico nos contestaron alrededor de 49 municipios. Las respuestas entre los 49 fueron parciales, unas no las contestaron bien y en otras dijeron ‘no lo tengo’, que quiere decir, ‘salimos reprobados’… pero lo más fuerte es que entramos en un proceso de entrega recepción, salieron administraciones y entraron otras, ¿y quién creen que juzgaba, analizaba, revisaba y daba certeza de que ese procedimiento estuviera bien? Los Órganos Internos de Control, y esos Órganos nos dijeron ‘no tenemos capacidades’, y entonces prácticamente es una caja abierta, simplemente le están pasando la llave al otro y le dicen ‘ahí síguele, ahí está’. Entonces el primer muro de contención o de prevención de la corrupción son los Órganos Internos de control de los municipios”.
Agregó que una queja que ha escuchado es que los OCI, en caso de que reciban la notificación de sancionar a un funcionario público no hacen nada.
En la sesión participó un ex aspirante a ocupar el cargo de titular del Órgano de Control Interno en Acapulco, Ricardo Espinoza Toscano, quien señaló que en el proceso de selección del gobierno municipal para elegir al nuevo titular del OCI hubo irregularidades y lo hizo de conocimiento al anterior presidente del Sistema Estatal Anticorrupción y lo único que le dijo fue “estuvo mal”, pero no hizo nada al respecto.
Espinoza Toscano se refirió al proceso de selección en el que fue electo por el Cabildo de Acapulco Pedro Roberto Pineda Villa como titular del Órgano de Control Interno de Acapulco, a propuesta de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien lo nombró encargado de despacho de la Contraloría y después participó en el proceso de selección.
Otro de los invitados consideró que “es una payasada” que sean los municipios quienes nombren a su titular del Órgano de Control Interno, pues es el que va a controlar el municipio.

Sin estridencia

González Arcos dijo que no busca “estridencia” sino colaborar con los OCI “para que las cosas se hagan bien”. “No estamos aquí para victimizar al funcionario público o sacar más leña del árbol caído, nuestro objetivo es muy sencillo, ya están los procedimientos de ley, hay que observarlos, que se hagan”.
La invitación a que se integren a la Red Ciudadana Anticorrupción es para que sean testigos sociales o creen observatorios ciudadanos y aporten propuesta y acciones para la política estatal anticorrupción. Actualmente hay 22 organizaciones en la Red. A las asociaciones que se inscriban se les presentará la Agenda Estatal Anticorrupción. La inscripción estará abierta todo el año.
Dijo que este año es cuando debe aplicarse la Política Estatal Anticorrupción mediante la cual se van a homologar, estandarizar, controlar procesos y en función de esos podrá medirse la eficacia de las medidas diseñadas para los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo, municipios y órganos autónomos.
Durante el encuentro con las asociaciones, el también integrante del Comité de Participación Ciudadana, Carlos Morillón López, informó que a nivel nacional el Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero se ubica en quinto lugar, lo que significa que va trabajando bien pero se necesita el acompañamiento de asociaciones para integrar la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Guerrero.
Informó que el estado ya cuenta con la Política Estatal Anticorrupción, la cual fue entregada a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y publicada en el Periódico Oficial del Estado en noviembre. Marca directrices que deben seguir las autoridades para su aplicación.
Anunció que el 7 de diciembre de este año Acapulco será la sede de la Asamblea Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción actualmente está formado por dos miembros: el presidente César González, y un integrante, Carlos Morillón, porque el Congreso no ha emitido la convocatoria para nombrar nuevos.

 

Firma Astudillo ocho iniciativas de ley y una reforma para combatir la corrupción

El gobernador Héctor Astudillo Flores firmó ocho iniciativas y una reforma para armonizar las leyes locales con la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción, y precisó que “no son el hilo negro que descubrimos en el país”, sino que son propuestas que se han impulsado ya en varios estados.
Agregó que de aprobarlas el Congreso local, Guerrero será un estado que también “trabaja en la ruta de la ética, la transparencia y el combate a la corrupción”.
La mañana de este martes, en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante, el gobernador inauguró los trabajos del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, en su segunda sesión ordinaria 2017, y allí hizo entrega de las carpetas con las iniciativas a la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Magdalena Camacho Díaz.
El gobernador recordó que el 18 de julio vence el plazo constitucional para la armonización de las leyes locales con la federal en la materia.
Las iniciativas que signó el gobernador fueron la de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guerrero; Iniciativa de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Iniciativa de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Iniciativa de Reformas y Adiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; Iniciativa de Reforma y Adiciones del Código Penal del Estado de Guerrero.
También la iniciativa de la Ley de Fiscalización Superior del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 08; Iniciativa de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado y la Reforma y Adiciones a la Constitución Política del estado libre y soberano de Guerrero.
En su mensaje, el gobernador manifestó que desde que tomó protesta se comprometió que colocaría a Guerrero en la ruta nacional que es la de promover la ética, transparencia y combate a la corrupción, pero que mientras esto no se “convierta en política pública, va a ser muy difícil que podamos avanzar en un tema tan anhelado por la propia sociedad”.
Astudillo Flores señaló que el tema “toral”, principal, era la firma de la iniciativa de leyes y que mandaría al Congreso local. Agregó que si el Congreso local aprueba las iniciativas, con las modificaciones que consideren convenientes, “nos colocaremos, el estado de Guerrero, como un estado más que se suma a este trabajo nacional de la más alta importancia y de la mayor relevancia”. Subrayó que uno de los ejes principales de su gobierno es la transparencia y combate a la corrupción.
“Con la firma de estas iniciativas de reformas y de leyes, sin duda mejoraremos la operación que tiene que ver con todas las acciones y determinaciones que le dan marco a la acción de un gobierno”, indicó el gobernador.
Dijo que será muy importante que en cuanto el Congreso así lo determine, en su caso la aprobación, modificación o lo que determinen en su tiempo y en sus facultades, se den a conocer a todos los municipios en qué consisten y cuáles son sus alcances.
Que es importante eso para que “también avancemos, varios de los contenidos de las iniciativas se relacionan a los municipios”. Astudillo Flores precisó que las iniciativas “no son el hilo negro que descubrimos en el país, son también iniciativas que tienen contenidos que se han ya impulsado en varios estados y que sin duda van a colocar a Guerrero como un estado que trabaja también en la ruta de la ética, la transparencia y el combate a la corrupción”.

El fiscal anticorrupción debe venir de la sociedad civil

Astudillo Flores dijo que estando presentes en ese acto los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es “muy importante que insistamos de manera atenta, respetuosa, responsable, que entre todos impulsemos todo lo que viene en estas leyes cuando sean aprobadas”.
Señaló el gobernador que hay asuntos que van a venir, como es la Fiscalía Anticorrupción, la cual tiene que ser ocupada por una persona profesional, emanada de la sociedad civil, que pueda responsabilizarse de esta función tan importante, innovadora y delicada. Que también está la ley 3×3, donde en 2018 tendrán que hacer su declaración los que manejen recursos públicos.
Astudillo Flores tocó el tema de la violencia y reiteró que el gobierno no se puede detener, pues los problemas de Guerrero están bien ubicados, están bien localizados, los cuales se enfrentan cotidianamente con una gran determinación y con la ayuda de la federación.
Señaló que en todas las regiones el gobierno se desenvuelve, el gobierno opera, el gobierno tiene representación. Que los poderes en el estado operan con normalidad y que “el problema de Guerrero es la violencia, está violencia hay que enfrentarla todos los días y no hay que permitir que los violentos nos tomen y nos ganen el camino”.
Añadió que para que el estado no se enfrasque en una lucha solamente con los violentos, “tenemos que trabajar también en varias rutas, tenemos que vigilar que la obra pública con la inversión federal camine, que se sigan haciendo carreteras, que se sigan haciendo escuelas”.
El gobernador dijo que Guerrero es un estado plural y que su gobierno lo tiene muy claro, que el “gobernador del estado es el que debe tener la mayor disposición para ayudar, para responder de manera afirmativa y tender la manos a los que menos tienen”.
Astudillo convocó a cerrar filas, que se tiene que cerrar en el tiempo que queda y señaló que el próximo año habrá elecciones que “traerá nuevos tiempos, tiempos de competencia, pero mientras esos tiempos de competencias no llegan, creo que la obligación principal es cuidar al gobierno y hacer que el gobierno funcione y es hacer que el gobierno esté en todos lados, hacer que el gobierno se entienda con quien se tenga que entender y tenga que dar la mayores respuesta siempre en base a nuestras responsabilidades y finanzas públicas”.
Mientras que el presidente del Comité Consultivo del programa de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, César González Arcos, indicó que lo entregado surgió de un intenso trabajo y ahora toca a los actores cuidar su debida implementación en el estado. Indicó que aunque en política se piensa diferentes, hay cosas donde se debe dar las coincidencias y el combate a la corrupción es uno de ellos. Que la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser la mismo en Guerrero que en Baja California, “a un corrupto se le debe juzgar de la misma manera”.
Precisó que la ley nacional anticorrupción establece que los sistemas locales anticorrupción deben contar con estructuras y facultades equivalentes a las que tiene el órgano nacional, los “elementos esenciales del sistema deben quedar reflejados en la Constitución y legislación local”. Dijo González Arcos que la participación ciudadana es el mejor disuasivo a la corrupción.
Se comprometió a que el Consejo será vigilante de la adecuada implementación del sistema, que fomentarán la creación de foros, pues dijo que las iniciativas, reformas y adiciones deben hacer que el sistema estatal anticorrupción sea capaz de combatir la corrupción y la impunidad o quedarse en la opacidad”.
Subrayó que la toma de decisiones no pueden guarse por tintes partidistas. Dijo que la aplicación de sistema nacional en Guerrero será un antes y un después, porque no es un tema menor.
González Arcos reconoció la voluntad política de formar la iniciativa de las leyes para armonizar las locales a la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción y subrayó que “corresponderá ahora al Congreso del Estado discutir y aprobar este paquete de iniciativas, para reformar y armonizar ya a la ley federal”. Hizo un llamado a los diputados de todas las fracciones para no desviar el espíritu ciudadano de las leyes, las cuales tienen que ser incluyentes y de participación de la sociedad.
Señaló que sería bueno que los ayuntamientos homologuen y armonicen su Bando de Policía y Buen Gobierno y finalmente el presidente del consejo consultivo pidió al Congreso local una mesa de trabajo, para “sustentar la legitimidad de proceso, que permita la valoración del esfuerzo hecho en las mesas de trabajo de la comisión interinstitucional que el gobierno del estado implementó, y que de las cuales fuimos participes y reconocemos el esfuerzo de cada uno de los participantes”. Dijo que este día se dio un paso importante y ahora corresponde al Congreso local hacer lo propio con el trabajo de la sociedad civil.
Mientras que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, diputada Magdalena Camacho, informó que las iniciativas firmadas por el gobernador Héctor Astudillo serán turnadas a comisiones, que lo más seguro el próximo jueves serán incluidas en el orden del día. Añadió que hay reformas constitucionales y reformas legales que irán unas a las comisiones de Justicia y otras a Asuntos Constitucionales.
Señaló que se van a revisar las iniciativas, que en algunas trabajaron de manera conjunta, pero no todas, por lo que se tienen que discutirlas para ver si pasan como están o se le hace algún agregado o modificación, siguiendo las leyes federales para armonizarlas, porque es una obligación.
Dijo que tienen hasta el 18 de julio, que es cuando se vence el plazo para armonizar con las leyes federales. Sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción, que vendrá después de aprobarse las leyes y tiene que ser una “persona que obviamente salga de la ciudadanía, capaz y que esté alejada de los círculos de gobierno”.
Camacho Díaz subrayó que las leyes se crean para resolver problemas, con las que se atiende la demanda de los ciudadanos, “la voz de la ciudadanía se convierte en ley y el tema de la corrupción es algo que está pidiendo la ciudadanía que frene, estas son leyes que tienen ese objetivo”.
Dijo que vienen las leyes estatales pero también se convocaría a los alcaldes para que también adecuen su bando de policía y tengan una administración transparente.
Estuvieron en el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Olimpia María Azucena Godínez; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el rector de la UAG, Javier Saldaña y la consejera presidente del Ins-tituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Elizabeth Pa-trón Osorio.
Y los secretarios de Gobierno, Florencio Salazar; Finanzas, Héc-tor Apreza; Sedesol, Alicia Zamo-ra; Obras Públicas, Rafael Nava-rrete y el contralor Mario Ramos del Carmen, entre otros.