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Una burla al Congreso y a la familia, el informe del fiscal del caso Chavarría: MC

El coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, reprochó en tribuna que el fiscal general del estado Javier Olea Peláez se burló de la familia del ex presidente del Congreso local Armando Chavarría Barrera y del Congreso local, al enviar un “informe” sin información relevante: “es la misma gata nada más que revolcada”.
En una breve sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, Mejía Berdeja participó para hablar del tema. En tribuna reiteró que el fiscal no procura justicia sino impunidad.
Lo acusó también de burlarse de las víctimas y sus familias “del pueblo de Guerrero y de este Congreso del estado”, en referencia al informe que envió.
Mejía Berdeja recordó textualmente lo que el fiscal dijo en el Congreso el 26 de junio durante su comparecencia, cuando recordó que en los pasados gobiernos estatales no se avanzó en la investigación del crimen de Chavarría, y anunció que en dos semanas o máximo tres “sabrá esta legislatura, quienes son los responsables de dicho homicidio”.
Después de la llegada del “informe” al Congreso local que oficialmente se dio a conocer el 16 de agosto “mañosamente el fiscal lo fecha con el día 31 de julio”.
Recordó que el informe tiene solamente tres cuartillas y un párrafo en el que en las primeras dos cuartillas “se la pasa desacreditando a sus antecesores”, para eludir su responsabilidad.
Criticó, que sin ninguna prueba el fiscal informó que participó en 14 mil 700 fojas, en 28 tomas y diez etapas de la investigación.
De las solicitudes de orden de aprehensión que supuestamente el fiscal solicitó al juez, en contra de varios sujetos que supuestamente fueron los autores materiales en el asesinato, dijo que eso no cumple la promesa de que la legislatura conocería quiénes son los responsables del homicidio.
“Se hizo mucho ruido, para que no diga nada, y es una tomadura de pelo para esta legislatura, es una burla. Porque él dijo que iba a informar quiénes son. Nadie le impuso un plazo perentorio, nadie le dijo que dijera quiénes eran los responsables, pero en una más de sus balandronadas para sembrar una cortina de humo ante la creciente impunidad que hay en el estado, pues ofreció estos resultados”, reprochó el diputado.
Mejía Berdeja dijo que parte de la burla del fiscal, consistía en que sólo reprodujo las líneas de investigación que se han manejado: la afectiva, la política, la delincuencia organizada y  los grupos subversivos. Ahí dijo que los diputados de MC conocen que el fiscal pretende continuar con la línea de que los que planearon y ejecutaron el homicidio fueron integrantes de la guerrilla.
“Digamos que es la misma gata nada más que revolcada”. Consideró que el informe del fiscal es una burla para la familia del ex diputado local.
Consideró que lo que el fiscal pretende es que el paso del tiempo “borre todo, a que el escandalo nuevo o el crimen nuevo sepulte al de ayer, al de antier, de la semana pasada, de hace un año”.
Aprovechó para recordar que presentó una solicitud de juicio político que ya está en la Comisión de Examen Previo a la que pidieron “que se analice con mucho detalle, no puede este Congreso ser tapadera de nadie”.

La breve sesión

Durante la sesión de la Comisión permanente del Congreso local en la sala José Francisco Ruiz Masseu también se informó de la llegada de un oficio de la presidenta municipal de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina González, por el que solicita al Congreso local que le apruebe una partida presupuestal especial para el pago de laudos a trabajadores despedidos.
También se informó al pleno del oficio que envió el presidente municipal de Pilcaya, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, y la síndica procuradora Giovana Lizeth Mejía Díaz, que también solicitaron la asignación y autorización de recursos extraordinarios para cumplir con el pago de un laudo laboral.
En ambos casos no se precisó en el pleno cuáles son los montos de las partidas presupuestales que solicitan los ediles.

Ante la opacidad en el caso Chavarría se abre la puerta a la justicia internacional: Álvarez Icaza

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El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró este martes en Chilpancingo que no hay razón legal para que la familia de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, no tenga la oportunidad de la coadyuvancia en las investigaciones del crimen y que la Fiscalía General del Estado (FGE) le niegue información y hasta copias del expediente, como lo ha venido denunciado la viuda Martha Obezo Cázares.
Dijo en conferencia de prensa que un caso emblemático, paradigmático, de impunidad y opacidad como ése, debe también tener una respuesta paradigmática, y añadió que por la denegación de la justicia en el ámbito local existen elementos para acudir ante la justicia internacional.
Mientras tanto, en la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos. Asignaturas pendientes en Guerrero, que disertó como parte de la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia, organizada en el marco del octavo aniversario del asesinato de Chavarría Barrera, calificó a Guerrero como un “mapa de dolor” por los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la criminalización y la impunidad.
Añadió que en el contexto de violencia que está viviendo Guerrero, se necesita que los sectores sociales de Guerrero: los empresarios, los eclesiásticos, las universidades, los sindicatos, los grupos sociales, los grupos feministas y los defensores de derechos humanos, manden un poderoso mensaje mediante una manifestación pública, política y expresa del trabajo por la paz que pase por la justicia.

La impunidad, mensaje para quienes conspiraron contra la democracia

Álvarez Icaza ofreció una conferencia de prensa a las 11 de la mañana para hablar del caso Chavarría y a las 12 disertó la conferencia Justicia y Derechos Humanos Asignaturas pendientes en Guerrero, en donde habló de la violencia provocada por el crimen organizado, la connivencia entre la delincuencia organizada y el gobierno, la corrupción y la impunidad que priva en la entidad.
En su encuentro con los medios de comunicación, declaró que México se ha sumido en una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos y que fue justamente el magnicidio (el asesinato de Chavarría) una de las primeras señales. Destacó que han pasado 8 años en los que han transitado cuatro gobernadores, ocho procuradores y un fiscal “y la justicia no ha llegado”.
Consideró que es importante que en este caso se rompan las cadenas de corrupción e impunidad que son la causa de no llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Dijo que en Guerrero se ha venido reproduciendo este “lamentable” fenómeno de la impunidad desde la guerra sucia y que la violencia que priva actualmente en varias de las ciudades del estado, tiene que ver con la falta de justicia como en el caso del Magnicidio de Chavarría Barrera.
Por eso insistió que es vital recuperar la acción de la justicia, como es también que la familia tenga acceso a la coadyuvancia y sostuvo que “no es aceptable jurídica, política y éticamente” que la familia no tenga acceso ni si quiera al expediente. “No hay razón legal que justifique esta condición de no acceso al expediente”, insistió.
Acusó que con ello la Fiscalía está dejando en la indefensión y revictimizando a la familia. Criticó que, como es posible que a ocho años del asesinato la familia no tenga acceso ni siquiera al expediente, “eso es inaceptable, y requiere una muy fuerte acción contra la Fiscalía, requiere un mensaje poderosos desde el Congreso local y una acción desde el Ejecutivo”, demandó.
Álvarez Icaza, dijo que si al presidente del Congreso se le asesina y no pasa nada, se manda un poderoso mensaje para los poderes fácticos que conspiraron en contra de la democracia, y que, por tanto, en Guerrero no hay otro horizonte más que la exigencia de justicia, y añadió que la ruta tiene que ser la transparencia de la investigación para que haya confianza.
Consideró que es grave que se esté hablando de un crimen que tiene todos los tintes de un crimen político y un magnicidio, no haya claridad y transparencia en la investigación.
“Recientemente el fiscal estaba queriendo retomar una línea de investigación que ya estaba cerrada, queriendo inculpar a la guerrilla y este tipo de cosas lo único que hacen es fomentar la duda razonada de que no se quiere investigar”. Declaró que no se trata de fabricar culpables, sino de generar certeza en la justicia.
Álvarez Icaza consideró que la conducta del fiscal, quien una sola vez ha recibido a la familia de Chavarría Barrera es reprobable, Y con respecto al anuncio que hizo ante el Congreso en el sentido de que en dos o tres semanas presentaría los resultados de las investigaciones, al no hacerlo “pareciera una simulación de justicia” y agregó que al incumplir, “sería importante que el Congreso ejerciera su facultad para llamarlo a cuentas, porque no puede ser que el fiscal se burle de un poder del Estado”.
En la conferencia de prensa Álvarez Icaza estuvo acompañado por la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo; por el ex comisionado de la Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes; la presidenta del Colectivo de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Gutiérrez Narciso; la activista feminista, Martha Sánchez Néstor; el activista Federico Samaniego, y el dirigente de los mineros en huelga de Taxco, Humberto Hernández Mojica.
El ex secretario ejecutivo de la CIDH advirtió que si en éste caso que es “emblemático” y “paradigmático” el mensaje al pueblo es que no pasa nada, qué se puede esperar. “Por eso es importante desde la fenomenología y tipología de los derechos humanos que los casos paradigmáticos tengan también una respuesta paradigmática”, porque dijo que se juega una parte importante de la confianza y de lo que significa la reconstrucción del tejido social”.
El defensor de derechos humanos agregó que es importante que se manden mensajes para parar la violencia y que los distintos actores “levanten la mano para decir tenemos que parar esta espiral de violencia”.
Advirtió que “los focos rojos están más que prendidos desde hace tiempo” y que se requiere mandar una señal poderosa de la autoridad y de la sociedad para interrumpir estas espiarles de violencia, y añadió que la mejor manera es la acción de la justicia.
En su intervención, la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo, dijo que a ocho años del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, “no es tiempo para conmiserarnos, sino para exigir y elevar la voz”.

El drama de Guerrero

Más tarde, a las 12 del día, en el auditorio José Inocente Lugo del Palacio Municipal que se llenó de integrantes de organizaciones sociales, universitarios, amigos y familiares de Chavarría Barrera, Álvarez Icaza disertó la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, Asignaturas pendientes en Guerrero.
El ex secretario técnico de la CIDH, habló del drama que vive Guerrero por la violencia, los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la impunidad, la corrupción y la connivencia de los grupos del crimen organizado con las autoridades.
Entre el público estuvieron el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, así como la secretaria de la misma comisión, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Guillén, y el diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino.
Álvarez Icaza destacó que informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelan que el fenómeno del feminicidio en Guerrero es un tema de alarma.
Asimismo, que hay un control y poder absoluto de grupos delincuenciales en algunas zonas del estado. Denunció que hay zonas en donde los gobiernos formales son sólo ventanillas de trámite para el que verdaderamente manda, y que hay colusión y complacencia de autoridades y servidores públicos con el crimen organizado.
Álvarez Icaza compartió el presídium con la viuda de Chavarría Barrera, con Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos; con los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco y Chilpancingo; con la activista feminista Martha Sánchez, con la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino, y con la viuda del asesinado dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández, Sofía Lorena Mendoza.
Dijo que lo que pasa en Guerrero es que solo hay islas donde no hay violencia y que se necesita un poderoso mensaje social, que tenga la vinculación de la paz con la justicia, “necesitamos un mensaje que diga que no es aceptable administrar nada más el dolor, sino presionar y que se diga que los que están mal son aquellos, porque pareciera que los que reclaman justicia son los radicales, los insensatos o los desadaptados, porque se vive un mundo al revés”, dijo.
Advirtió que en la medida que la sociedad no levante la voz en la exigencia de la paz y la justicia, en esa medida van ganando normalidad la corrupción y la impunidad, “no podemos permitir que casos como el de Armando Chavarría queden en el olvido, tampoco podemos permitir está connivencia entre narcos y autoridades, porque al rato nada más llegan a cobrar el favor y a poner al secretario de Seguridad, que es el pacto entre el pastor y los lobos y después no escuchan el clamor de las víctimas”.
Por su parte, la viuda de Chavarría, denunció que nunca como ahora Guerrero había estado inmerso en la corrupción y en la impunidad, y que nunca como ahora la sociedad había estado tan indefensa y había padecido tanto dolor y tantos agravios.
Dijo que en Guerrero se respira impunidad y que en el caso del asesinato de su esposo, desde siempre no han hecho más que esconder y trasegar el expediente, y que en estos días se ha visto al fiscal Javier Olea, “tratar de imponer una conclusión absurda, mintiendo sin recato alguno a la sociedad, sabiéndose intocable”.
Pero dijo que qué se puede esperar del Estado donde se han desaparecido a 43 estudiantes “y la apuesta del Gobierno es el olvido, qué podemos esperar si existen miles de desaparecidos, qué podemos esperar si continúan los feminicidios, si se asesinan a periodistas, a defensores de derechos. Qué podemos esperar si en vez de hacer justicia cada día crecen los agravios y se arraiga la impunidad”, denunció.

No presentará Olea informe que exonera a Zeferino, anuncia la viuda de Chavarría

El gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió con la familia del asesinado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, a que el fiscal estatal Javier Olea Peláez no dé a conocer las conclusiones del caso, como se comprometió ante el Congreso local durante su comparecencia el 26 de junio pasado, porque su hipótesis de que la guerrilla fue la responsable del asesinato carece de sustento, informó este martes la viuda, Martha Obezo Cázares.
Acompañada de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, la viuda de Chavarría Barrera anunció en conferencia de prensa la Jornada contra la impunidad, por la verdad y la justicia, en el marco del octavo aniversario del asesinato del diputado local perredista, e insistió que con la línea de investigación que pretendía dar a conocer Olea Peláez al Congreso local, nuevamente se quería exonerar al entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo como autor intelectual del crimen.
A su vez, el dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez, quien fue el primero que llegó la mañana del 20 de agosto del 2009 a la casa de Chavarría, a cuya entrada fue asesinado, dijo que observó que desde un principio no se cuidó la escena del crimen ni se resguardaron las evidencias, y que “se vio la intención de evitar que la línea de investigación llegara hasta el Palacio de Gobierno”.
Obezo Cázares fue acompañada por la viuda del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala Arturo Hernández Cardona, asesinado en el 2013, Sofía Lorena Mendoza; la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, asesinada también en el 2013, Norma Mesino Mesino; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame; la presidenta del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso; la representante del Taller de Desarrollo Comunitario Isabel Rosales, y el dirigente de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez.
Martha Obezo declaró que la línea de investigación con la que el fiscal pretendía cerrar el caso y que anunció a los diputados en su comparecencia el 26 de junio, “es la misma línea con la que quería cerrar el caso Zeferino Torreblanca, culpando a la guerrilla, concretamente al ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), cuando no hay ni fundamento ni sustento”, dijo.
Recordó que esa línea fue desechada desde el 2010 por el Juzgado Séptimo de Distrito y el Tribunal Unitario de Circuito por falta de pruebas y porque no había un expediente que soportara una consignación.
Pero celebró que el fiscal Olea Peláez ya no haya podido comparecer ante el Congreso local a cumplir su palabra empeñada “que no respeta y que no vale nada”, dijo, en referencia al anuncio que hizo el fiscal durante su comparecencia ante el Congreso local el 26 de junio, cuando ofreció que en 2 ó 3 semanas daría a conocer resultados del caso Chavarría y que habría detenciones.
La viuda de Chavarría dijo que tenía certeza de que el fiscal Olea cerraría el caso con la línea de la guerrilla porque se lo dijo en la única reunión que ha tenido con él, el 19 de julio del 2016. Reveló que en esa entrevista, “que fue bastante desdeñosa y grosera”, Olea le dijo que el expediente contenía pura basura y que sólo la procuradora Martha Elba Garzón Bernal y él habían avanzado en las investigaciones.

“No quieren tocar a Zeferino”

Obeso Cázares dijo que “coincidentemente” Garzón Bernal fue la que retomó la misma línea de investigación con la que quiso cerrar el caso Zeferino Torreblanca, que es el de la guerrilla, misma que establece que habrían sido miembros del ERPI los que mataron al diputado perredista.
Agregó que en la reunión con el fiscal, éste también exoneró al ex gobernador Torreblanca, “sigue habiendo proteccionismo hacia él, no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa”. Dijo que, mientras tanto, la familia del victimado perredista sigue insistiendo que lo investiguen.
“Nosotros decimos que existe un señalamiento en su contra por su presunta autoría intelectual y hay hasta muertos, como aquél comandante (Trinidad Zamora Rojo) que declaró que Zeferino lo mandó matar, pero ahora dicen que no fue declaración ministerial y limpiaron el expediente, le quitaron todo lo que declaró el comandante”, acusó.
Declaró que ese señalamiento fue el que desestimó el fiscal en su reunión del 19 de julio del 2016. En cambio, dijo que apuntaló la investigación que realizó Martha Elba Garzón y la de él, “con eso confirmé lo que siempre he sabido, que están empeñados en sellar la impunidad”.
Además, contó que el fiscal le ofreció que le iba a entregar copia del expediente pero que nunca lo cumplió. Manifestó que el fiscal no acudió al Congreso a informar de los resultados de las investigaciones como lo prometió, “porque la suya no es una investigación altamente profesional y que responda a los estándares del derecho internacional, y así, qué podría decirnos que nos convenciera”.
Informó que por eso en una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el 17 de julio pasado, la postura de los familiares fue que no aceptarían que se sesgue la investigación y que se insista en una línea que fue desechada por un juzgado federal y por un tribunal unitario por falta de pruebas.
Aseguró que el gobernador se comprometió a respetar la postura de los familiares y su reclamo de justicia, “nosotros le insistimos que el fiscal no insistiera porque no íbamos a permitir ni a validar tampoco semejante postura”.
Sin embargo, Obezo dijo que no tiene certeza de que el fiscal Olea no vaya a insistir en su línea de investigación, “es tan burdo, además yo creo que está para eso, para sellar la impunidad y a lo mejor se atreve a dar su versión, pero una cosa es que él salga y otra cosa es que nosotros aceptemos esa postura”, advirtió.
Declaró que tanto al fiscal en el 2016, como al gobernador en julio pasado, les dijeron claramente que “no vamos a permitir que se siga sesgando el caso, que se siga escondiendo el expediente o que se fabriquen culpables, o peor aún, que se lastime a gente inocente”.
La viuda explicó que como la PGR en el caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, en el caso de su esposo también pretenden imponer una “verdad histórica”. Advirtió que, de hacerlo, no sería un dislate del fiscal, sino un agravio de categoría histórica para la sociedad guerrerense que quisieran culpar a la guerrilla y al ERPI por ese asesinato.
A su vez, el dirigente de la ACNR, Miranda Ramírez, quien dijo que fue el primero que llegó a la casa de Chavarría Barrera la mañana del 20 de agosto del 2009, cuando lo mataron, contó que ese día encontró un “escenario abandonado” y “expuesto a que el contexto del crimen fuera violentado y borradas las pistas”.
“Desde allí se vio la intención de evitar que la línea llegara al Palacio de Gobierno. Agregó que desde los primeros días había las suficientes evidencias de que el responsable del asesinato es Zeferino Torreblanca”.
También contó que lo que vio esa mañana fue que los responsables materiales no eran unos aprendices, “fue gente experta en manejo de armas y homicidios”,
Miranda Ramírez agregó que ocho años después “los circos” del fiscal de que iba a dar información del caso, fue otra tomada de pelo, porque es evidente que se sigue protegiendo al verdadero responsable”.

Jornada contra la impunidad

Como parte de las actividades por el octavo aniversario del asesinato del diputado perredista, Obeso Cazares anunció la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia.
El 15 de agosto se realizará la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, asignaturas pendientes en Guerrero, que disertará Emilio Álvarez Icaza a las 12 horas en el auditorio José Inocente Lugo. El 16 de agosto se inaugurará la exposición fotográfica Por la Verdad y la Justicia, en la que se incluirán fotografías de Armando Chavarría, Rocío Mesino, Arturo Hernández, y del diputado Moisés Villanueva de la Luz. Será en el lobby del Palacio Municipal.
En tanto que el 17 de agosto está programado el seminario La Ley General de Victimas como herramienta de acceso a la justicia para las víctimas en el país, que disertará el abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz. El 18 de agosto se presentará el informe: Atrocidades innegables, crímenes lesa humanidad, por parte de la Open Society Justice Initiative. Será a las 11 horas en las instalaciones de la Universidad Loyola del Pacífico de Acapulco.
Mientras que el domingo 20 de agosto las actividades comenzarán a las 8 de la mañana con una visita al sepulcro de Chavarría Barrera en el panteón central de Chilpancingo. A las 11 horas habrá una ceremonia al pie del busto del malogrado diputado perredista ubicado en el interior del edificio del Congreso del estado. A las 12 y media los familiares depositarán una ofrenda floral en el parque Armando Chavarría Barrera ubicado en la colonia Periodistas, y a las 19 horas se celebrará una misa en la catedral la Asunción de María, por el obispo Salvador Rangel Mendoza.

No dejará de buscar justicia en el caso Chavarría; “era un gran amigo mío”, dice Héctor Astudillo


El gobernador Héctor Astudillo Flores convocó “a todas las personas que estén opinando y que sepan algo” sobre el asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, a aportar para así “mejorar” la investigación y contar con mayor información.
En declaraciones a reporteros antes de la ceremonia por el inicio del ciclo escolar 2016-17 y que se desarrolló en la primaria Luis Donaldo Colosio, en el Acapulco Diamante, añadió que su gobierno no dejará de hacer lo que le corresponda para resolver el caso.
“Del caso Chavarría debe seguirse recibiendo toda la información que sea posible recibir, y la Fiscalía desde mi punto de vista, debe de hacer todo lo que le corresponda, para mejorar esa integración de la investigación y todo lo que necesite, y todas las personas que estén opinando, que sepan algo, y que puedan aportar, debe ser bienvenida su aportación, o sea, no debe de dejar de buscarse hacer justicia en el caso de Armando Chavarría, que por cierto era un gran amigo mío”, dijo.
Al preguntarle si representa un reto para la actual administración resolver el caso, el gobernador respondió que lo será para la Fiscalía, y consideró que también ha representado un reto para las fiscalías pasadas. Añadió que “ésta no tiene que dejar de hacer lo que le corresponda”.
A pregunta de reporteros sobre el repunte de la violencia, el gobernador admitió que sigue siendo un problema en Guerrero, no obstante que no es privativo de esta entidad, sino que lo consideró como “una tendencia” en todo el país.
Adelantó que se reuniría por la tarde con empresarios en Ixtapa-Zihuatanejo y que sesionaría el Grupo de Coordinación Guerrero.
En relación a la reunión que sostuvo el domingo pasado con los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, mencionó que en ella se habló de la vigilancia para las escuelas por el inicio del ciclo escolar.
El gobernador dijo que con las lluvias del fin de semana pasado en la región Centro y Montaña hubo afectaciones en 20 familias, unas 100 personas, así como en Iguala y Zihuatanejo, aunque no precisó más.
“Donde hubo más problemas recientemente fue en la zona de Huitzuco, fue en Iguala, y ayer en Chilpancingo, y también ayer en Chilapa, fueron las dos zonas, ayer, insisto, les decía, hubo solamente en Chilpancingo, tres tormentas, entonces hay que estar muy atentos porque se está como acrecentando la cantidad de lluvia que cae, especialmente en algunas regiones”.
Se le preguntó su opinión sobre el préstamo de 158 millones de pesos que solicitó el alcalde Evodio Velázquez al Cabildo de Acapulco, y opinó que quienes se encuentran en funciones públicas, “fundamentalmente en grupos que son deliberativos”, requerirán de autorizaciones de sus plenarias y pidió “ser muy puntuales en lo que dice la Constitución General de la República y la Constitución del estado”.

Informará hoy el fiscal Olea al CEE del PRD sobre el asesinato de Chavarría

Este martes el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD se reunirá en privado con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que éste informe sobre la situación que guarda la investigación del asesinato del que fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.

Como cada semana, ayer la dirigencia del PRD sesionó en sus oficinas que se encuentran frente al mercado municipal Baltazar R. Leyva Mancilla, donde se presentó la primera propuesta del partido para la redistritación local y se acordó también una reunión con el fiscal para tratar el caso del diputado asesinado hace siete años, el 20 de agosto de 2009 afuera de su casa en el sur de esta ciudad.
Consultada vía telefónica, la secretaria de Derechos Humanos del CEE, Yenedith Barrientos Santiago, explicó que en la sesión de ayer se planteó la necesidad de que la dirigencia se reúna con Xavier Olea luego de que el domingo se publicó un comunicado de la FGE en el que se informa de presuntas irregularidades en la investigación del asesinato del presidente del Congreso.
En ese comunicado, titulado “Información sobre situación actual y esquema de acción de la Fiscalía General de Guerrero sobre el caso Chavarría”, la institución reconoció que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar, lo que dio lugar a que no se garantizara “un debido proceso jurídico”.
También reconoció que hubo un entorpecimiento doloso en las investigaciones y responsabilizó de ello al ex fiscal especial José Fernando Monreal Leyva, nombrado en 2009 para el caso por el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo junto a Jesús Miranda Rodríguez.
Ante la revelación de la FGE, Barrientos Santiago dijo que la Secretaría de Derechos Humanos propuso buscar un encuentro con el fiscal, a fin de que amplíe la información difundida en el comunicado.
Explicó que el CEE estuvo de acuerdo y ayer mismo la secretaría que ella encabeza se contactó con Xavier Olea y programaron la reunión para hoy a la 1:30 de la tarde en las instalaciones de la FGE.
Comentó que en la reunión la dirigencia pedirá que se informe el estado que guarda la investigación del caso, además de que exigirán castigo a los autores materiales e intelectuales de ese crimen, que el pasado sábado cumplió siete años de haberse cometido.
“Lo que tenemos que hacer como dirigencia es la exigencia del esclarecimiento del caso. Por eso acordamos sacar una audiencia para que nos reciba el fiscal y ese es el tema único, queremos saber cuál es el procedimiento que se le ha dado al caso, también que nos hable de las probables anomalías, eso es lo que solicitaremos y lo más sustancial es que se esclarezca el caso”, explicó.
Indicó que lo que les informe el fiscal será notificado a la familia de Armando Chavarría.
Respecto a por qué no invitaron a la viuda, Martha Obeso Cázares, o a alguno de los hijos del diputado, comentó que el procedimiento es institucional y por eso asistirá sólo la dirigencia, sin embargo aclaró que sí le informarán a la familia lo que el fiscal exponga.
Por su cuenta, el secretario general y representante ante la Junta Local de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE), Demetrio Saldívar Gómez, dijo que en la sesión de ayer se presentó a los integrantes del CEE la primera propuesta de redistritación elaborada por el PRD.
Dijo que para esta primera propuesta se consideró la situación regional del estado, la cultura que los municipios comparten, sus vías de comunicación, la integración de las comunidades indígenas y otros aspectos, ajustándose a los ocho criterios que establece el INE.
El secretario general del partido comentó que en esa primera propuesta se privilegia la afinidad de los municipios y los criterios poblacionales, porque “no pueden estar regiones distintas en un mismo distrito, como se pretende con Tierra Caliente y Costa Grande”.
Indicó que probablemente el miércoles cada partido presentará su propuesta tanto en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como en la Junta Local de Vigilancia del INE.
Dijo que se buscará el consenso para impulsar un escenario único. “Se debe privilegiar al electorado, para que los ciudadanos puedan acceder al centro de votación, que el traslado de la paquetería sea rápido, lo mismo que la emisión de los resultados”.

Está el PRD por que se reinicie la investigación del asesinato de Chavarría, afirma Celestino

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, dijo que como partido seguirán manteniendo la exigencia de que se reinicie una investigación de fondo, donde el gobernador Héctor Astudillo y el fiscal Xavier Olea “retomen todas las líneas de investigación, se vaya a fondo en el caso Chavarría y se esclarezca”.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que en el caso del asesinato del diputado local Armando Chavarría Barrera, el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar, lo que dio a lugar a que no se garantizara “un debido proceso jurídico”.
Asimismo, el perredista lamentó la postura que tomó el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, cuando llamó a que se den los apoyos para la CNC.
Cesáreo Guzmán dijo sobre las declaraciones del edil capitalino, que “es penosa la postura del alcalde, donde llama en una asamblea a canalizar las acciones y apoyos de gobierno a las organizaciones del PRI”, y agregó que “es penoso porque quienes estamos cerca de la capital y la conocemos, sabemos que su gobierno es un desastre, es el peor que ha tenido la capital del estado, y ahora entiendo, porque él piensa en su partido y no en Chilpancingo”.
Este sábado, durante el segundo congreso estatal de la CNC, el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena llamó a los delegados a no permitir que los apoyos para el campo sean entregados a “otras organizaciones” sólo porque salen a bloquear calles, porque dijo que les pertenecen a ellos, porque fueron quienes llevaron a Héctor Astudillo al gobierno del estado. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

El fiscal Olea le dijo que no hay ningún avance en la investigación, afirma la viuda de Chavarría

La viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, declaró que a siete años de la ejecución de su esposo, el único procurador que dio certeza a las investigaciones fue Alberto López Rosas, pero que cuando encontró evidencias de que el presunto responsable intelectual fue el ahora ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero frenó las investigaciones para protegerlo.
Consultada por El Sur, la viuda de quien era el virtual candidato del PRD a la gubernatura del estado cuando fue ejecutado el 20 de agosto del 2009, insistió en que todos los procuradores y gobernadores han venido actuando con opacidad y que le han negado información y copias del expediente.
Informó que hace dos semanas se reunió con el actual fiscal, Xavier Olea Peláez, quien reconoció que no cuenta con avances de las investigaciones, a pesar de que en marzo pasado declaró estar muy cerca de quienes pudieron haber cometido el crimen.
“Yo estoy convencida que desde hace siete años, el único procurador que hizo investigaciones serias, de todos los que han transitado en la institución de procuración de justicia, fue Alberto López Rosas”, dijo Obeso Cázares
Recordó que fue en junio del 2011 cuando se conoció la información “que le dio seriedad a la línea que lleva a la presunta autoría intelectual del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
“Fue en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando se conoció esta información, pero también cuando se frenó la investigación. Después de eso evidentemente (el caso) se manoseó, se hizo un trasiego sucio, se extrajeron hojas del expediente y se manejó en la más completa opacidad para evitar cualquier vestigio y el expediente del caso pudiera convertirse en una investigación seria y profesional”, se quejó la viuda.
Subrayó que tiene la certeza que el expediente fue manipulado y mutilado para proteger al ex gobernador Zeferino Torreblanca, “por supuesto que creo que se quiere protegerlo a toda costa, que se quiere sustraer cualquier indicio, pista o información que lo involucre y lo señale como autor intelectual”.
Añadió que toda esa información es clave para el caso, pero que también “es la pista y la línea que ellos siempre quisieron desechar”, insistió.
Explicó que tiene la percepción que de parte del entonces procurador Alberto López Rosas había la voluntad de esclarecer y resolver el caso, pero que la investigación fue frenada por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero o por alguien de más arriba.
“Yo tengo esa percepción. O sea, yo digo que quien se interesó en el tema, tuvo la voluntad de esclarecerlo y se comprometió con el caso, y sí realizó investigaciones, fue el procurador López Rosas, pero fue frenado por el gobernador Ángel Aguirre”.
Pero Obeso Cázares declaró que ni siquiera en el periodo en que estuvo el procurador López Rosas pudo tener en sus manos una copia del expediente para conocer cómo se iniciaron las investigaciones, “siempre hemos solicitado copias del expediente porque es un derecho que tenemos como familia directa para poder coadyuvar con el caso, pero siempre nos lo han negado con el argumento de la secrecía”, denunció.
Explicó que en el periodo de López Rosas lo único que logró fue que le entregara algunas hojas que dan cuenta únicamente del levantamiento cadavérico, “y eso lo hizo porque la aseguradora me pedía copia del expediente de las primeras actuaciones para poder cobrar el seguro de vida”.
La viuda de Chavarría Barrera denunció que todas las investigaciones se han hecho en la opacidad, y que incluso la reconstrucción de hechos se realizó “en sigilo, de forma subrepticia y totalmente irregular”.
Contó que una madrugada despertó y lo que vio la llenó se zozobra y de miedo. Afuera de su casa había una invasión de patrullas con sirenas abiertas, y alrededor hombres armados. Ella salió a preguntar qué pasaba y le dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos.
Dijo que previamente la familia del asesinado no tuvo conocimiento de nada y mucho menos le solicitaron su participación, “hasta cuando solicité información de lo que estaba sucediendo me dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos”.
La fecha no la recordó con exactitud, pero dijo que ocurrió meses después del 20 de agosto del 2009, fecha de la ejecución de su cónyuge.
Ante la manipulación, cerrazón, opacidad, impunidad y el autoritarismo con el que se ha encontrado en la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría de Justicia del estado), dijo que ha recurrido a las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atraiga las investigaciones y no se cierre ni le den carpetazo al caso y se conozca la verdad.
“Esa ha sido nuestra lucha, que no lleguen a cerrar el caso, como han pretendido hacerlo, particularmente en el mismo gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo”, dijo.
Se quejó que todos los gobiernos que han pasado le han apostado “a que el polvo del olvido cubra y selle la impunidad y nunca jamás sepamos lo que sucedió y no se haga justicia”.
Insistió que contra eso acudieron a la CIDH y que están en espera de la admisibilidad del caso desde diciembre del año pasado.
Además denunció que desde el asesinato de su esposo buscó en el estado abogados que quisieran hacerse cargo del caso pero que nadie aceptó, “todos se excusaron con diferentes argumentos. Algunos me dijeron que era un caso muy espinoso, otro más de plano me dijo que era muy peligroso, que no le permitirían investigar y que estaría en riesgo su vida”.
Agregó que después se fue a la ciudad de México, pero que los que contactó fueron hostigados, amenazados y obligados a dejar el caso.
Recordó que el último intento fue crear una fiscalía especial para el caso, con todo y que las fiscalías no han resuelto ninguno de los casos emblemáticos, pero que en aras de que el caso de su esposo no se empolve y se quede allí, propuso en el gobierno de Rogelio Ortega que se creara esta fiscalía, pero que la respuesta la dio en las postrimerías de su mandato y se hizo la propuesta del abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz, pero que nunca se aceptó ni se creó la fiscalía para el caso.
Añadió que el problema es que en todos los gobiernos no han querido resolver el caso y que todos ratifican el pacto de impunidad para sellar la protección hacia el contador Zeferino Torreblanca.
“Él (Torreblanca Galindo) ha dicho que se trata de una obsesión mía, pero no es el caso, yo nunca he dicho condénenlo sin investigarlo. Yo lo que he exigido es que se le indicie porque existen pistas claras y señalamientos directos hacia su persona como posible autor intelectual, pero jamás lo han querido investigar”, se quejó.
Declaró que la misma situación se ha encontrado con el actual gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, con quien no se ha reunido para tocar el tema, pero informó que sí se reunió hace aproximadamente dos semanas con el fiscal Xavier Oléa Peláez, pero que le dijo que no hay absolutamente ningún avance.
—¿No sé si recuerde usted que en marzo pasado el fiscal Olea declaró que estaba muy cerca de llegar con los responsables y resolver el caso? —consultó el reportero.
—Pues sí, sí lo ha dicho, pero lo cierto es que sólo son palabras. Esa es la verdad. A mí no me dio información de ningún avance, por el contrario, la percepción que me dejó es que tampoco tienen el ánimo ni el interés de resolver el caso.
“Me dijo también que está trabajando en el caso hasta configurar una hipótesis, pero la verdad es que ya van para nueve meses de este gobierno y el fiscal no me informó de ningún avance, por el contrario, me confirmó que no tenía nada”, agregó.
El 2 de marzo el fiscal Xavier Olea Peláez dijo lo siguiente en torno al caso Chavarría Barrera: los anteriores fiscales “no investigaron nada, pero yo en tres meses estoy muy cerca de quienes pudieron haberlo hecho, hasta que no los tenga no te puedo decir son estos angelitos, pero estoy cerca”.
La viuda de Chavarría Barrera informó que las actividades que tienen programadas para este 20 de agosto, en el marco del séptimo aniversario de su asesinato, tendrán la característica de sumar las voces contra la impunidad, “para que se esclarezca y se castigue ejemplarmente a quienes resulten responsables del asesinato de Armando Chavarría y que se retome la investigación de manera profesional y se ponga fin a ésta trasiego descarado de la información, del manejo descarado del expediente”.
Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso del estado, fue ejecutado de 10 balazos al salir de su casa, al sur de la ciudad, la mañana del jueves 20 de agosto de 2009.
Los primeros datos que dieron los cuerpos policiacos fue que su cadáver fue encontrado en el interior de su automóvil, recargado sobre la puerta derecha. En la frente tenía un orificio a manera de tiro de gracia.
Cuando fue ejecutado era considerado como el más viable candidato del PRD a gobernador del estado para las elecciones de 2011.

Las diferencias de Zeferino con Chavarría, base de la petición para que la CIDH investigue el asesinato


En el Amicus Curiae (Amigo de la Corte) que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) presentó en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta investigara el asesinato del diputado Armando Chavarría, también remarcó las diferencias que tenía con el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
En este documento entregado a la CIDH en noviembre del 2015 se destaca que el desacuerdo que desencadenó la renuncia de Chavarría Barrera como secretario de Gobierno en la administración zeferinista “se dio con motivo de la instalación de las Bases de Operación Mixtas (BOM) que el gobernador Torreblanca en acuerdo con el presidente Felipe Calderón decidieron instalar en Ayutla de los Libres”.
El entonces secretario de Gobierno consideró que con este operativo detonaría la represión en contra del movimiento social y de los defensores de derechos humanos en la región.
Asimismo, destaca que el diputado perredista Armando Chavarría Barrera, ejecutado el 20 de agosto del 2009 afuera de su casa en esta capital, era considerado “como el más viable candidato de su partido (el PRD) a gobernador del estado en las elecciones de 2011”.
En el escrito se subraya, además, que los familiares de la víctima siguen sin tener acceso a las copias del expediente y que no existe una investigación oportuna, transparente, inmediata, seria e imparcial en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para esclarecer los hechos.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI), a través de la cual fue presentado el amicus curiae, María Magdalena López Paulino, declaró vía telefónica ayer que este escrito sigue vigente a nueve meses de que fue presentado.
El documento denominado “Armando Chavarría Barrera P-1459-15 en contra de los Estados Unidos Mexicanos” fue presentado por la UAG a la CIDH “en calidad de amicus curiae, con el objetivo de lograr una justicia transicional integral para este caso”.
Fue presentado por la institución educativa debido a que Chavarría Barrera fue egresado de la Escuela de Economía de la casa de estudios, y durante su época estudiantil fue líder de la Fede-ración Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG).
La UAG elaboró un análisis del estado que hasta noviembre del 2015 guardaba el caso del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, con el objeto de “abordar, en particular, la obligación incumplida del Estado mexicano de investigar este caso”, dice el documento.
El amicus curiae fue firmado por el rector Javier Saldaña Almazán y en él la institución pide que la CIDH le otorgue la admisibilidad de manera pronta, “para que las víctimas indirectas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reconciliación”.
Además se establece que la petición tiene la intención de fortalecer la búsqueda de la verdad en el caso del diputado Armando Chavarría, cuyo asesinato cumple siete años el próximo sábado 20.
El documento subraya que este caso al igual que otros de dirigentes sociales y de activistas, permanece en la impunidad.
En el escrito se establecen las diferencias que había entre el político perredista con el entonces gobernador Torreblanca.
Dice, por ejemplo, que Chavarría Barrera renunció a la Secretaría de Gobierno el 6 de mayo del 2008 “por notorias diferencias político ideológicas con el gobernador”, y que el desacuerdo que desencadenó la renuncia “se dio con motivo de la instalación de las Bases de Operación Mixtas (BOM) que el gobernador Torreblanca en acuerdo con el presidente Felipe Calderón decidieron instalar en Ayutla”.
El documento sigue: “Armando Chavarría rechazó esta decisión porque consideró que detonaría la represión en contra del movimiento social y de los defensores de derechos humanos en la región, por lo cual renuncia y se incorpora a la campaña política de su partido, que lo llevó a ser diputado local en la LIX Legislatura y coordinador de la bancada perredista del estado, además de presidente del Congreso de Guerrero”.
Asimismo, destaca que era considerado como “el más viable” candidato de su partido (el PRD) a gobernador del estado en las elecciones del 2011.
También señala que en esos días Chavarría Barrera trabajaba en la construcción de las alianzas con otros partidos políticos para lanzar una candidatura fuerte que posibilitara ganar la elección, proyecto que venía consolidando y que, a la vez, preparaba un acto masivo para el 27 de agosto, en el cual tenía previsto hacer públicas sus aspiraciones políticas, pero fue asesinado siete días antes.
En la petición de la UAG a la CIDH dice que es imprescindible el esclarecimiento del caso, porque al momento de que fue ejecutado Chavarría Barrera era el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado y estaba considerado como el candidato más fuerte y viable para las elecciones a gobernador.
Asimismo dice que el caso es paradigmático, ya que el asesinato ocurrió a plena luz del día y frente a la casa de la víctima, pero que aún existe un retardo injustificado en las investigaciones.
También destaca que existen muchas irregularidades en el procedimiento de investigación.
Según el escrito, una de ellas tiene que ver con la custodia, recolección y manejo de evidencias de la ejecución, “mismas que no fueron resguardadas, con su consecuente omisión en la determinación de responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados con las irregularidades”.
Menciona que otra irregularidad es el retraso injustificado y la inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones, “lo que da por resultado que no se garantice un debido proceso jurídico”.
Menciona que el caso nunca fue resuelto, “y en algún punto Alberto López Rosas, procurador de Justicia –el primero de los designados a ese cargo por el gobernador Angel Aguirre–, anunció que el expediente de la investigación del homicidio de Armando Chavarría se había perdido durante el cambio de administración”.
Recuerda que por este caso, dos ex miembros de la Policía Investigadora Ministerial fueron arrestados, “pero los cargos en su contra no han sido revelados”, cuestiona, en referencia a los agentes Rafael Romero y/o Felipe Romero Romero y Jorge Luis García Jacinto, presos en los penales de Puente Grande Jalisco y de Tepic, Nayarit.
“Los familiares siguen sin tener acceso a las copias del expediente, no existe una investigación de manera oportuna, transparente, inmediata, seria e imparcial en la jurisdicción penal ordinaria penal mexicana para esclarecer los hechos mencionados”, denuncia.
Insiste que por estas causas el Estado mexicano ha incumplido este derecho en perjuicio de las víctimas indirectas de este caso, a las que se les ha negado el derecho a la verdad histórica de lo sucedido ese 20 de agosto de 2009.
“Es visible que el Estado mexicano ha incumplido la convencionalidad en el caso del Lic. Armando Chavarría Barrera, ya que no ha investigado de manera seria, precisa y transparente este caso, por lo que ha violentado la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, advierte.
Concluye que “a la luz de los derechos humanos, este caso permanece en total impunidad, y la impunidad es contraria a los derechos humanos, es denegación a la justicia e impide acceder al derecho a la verdad”.
Al respecto la UAG pide a la CIDH que le otorgue el per saltum a este caso, le conceda la admisibilidad, adjunte el memorial al expediente del caso y “adopte las posturas establecidas en el presente escrito”.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino, declaró vía telefónica que aun cuando no existe respuesta a este tipo de escritos, espera que el organismo internacional admita el caso para su investigación.

Felipe Romero y Jorge García Jacinto, presuntos asesinos de Chavarría, se negaron a declarar

En la síntesis de la averiguación previa BRA/SC/02/ 1751/2009, de la que la Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del Estado) retiró las actuaciones del ex procurador Alberto López Rosas que implican al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en el asesinato del diputado local perredista Armando Chavarría Barrera, se concluye que éstas son “afirmaciones sin sustento”.
“Personajes políticos señalan como responsable al C.P. Zeferino Torreblanca Galindo, del homicidio de Armando Chavarría Barrera, sin embargo son afirmaciones singulares sin sustento probatorio”, dice el documento de fecha 26 de junio del 2014, cuando era procurador Iñaki Blanco Cabrera, en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el documento ya no están integradas las indagatorias ministeriales realizadas por el ex procurador Alberto López Rosas que apuntan como autor intelectual del homicidio al ex gobernador Zeferino Torreblanca, de acuerdo con las declaraciones del comandante de la Policía Ministerial Trinidad Zamora Rojo, un veterano agente de la extinta Policía Judicial.
Incluso, en dicha averiguación se establece que el ex procurador Alberto López Rosas proporcionó información de personas “probablemente relacionadas con el homicidio de Armando Chavarría Barrera”, pero dice que éstas sólo fueron conocidas a través de una “entrevista” con el hoy occiso comandante (de la Policía Judicial), Trinidad Zamora Rojo, pero que no se trata de una declaración ministerial.
La declaración que hizo el comandante Zamora Rojo al entonces procurador López Rosas refiere que los responsables materiales del asesinato del diputado son los policías ministeriales Felipe Romero Romero, Jorge Luis García Jacinto y Arturo Arellano Pérez, quienes se encuentran purgando condenas por delitos distintos al caso Chavarría Barrera en los penales de Puente Grande, Jalisco, y de Tepic, Nayarit, y que se declararon a declarar cuando fueron requeridos por enviados de la Procuraduría.
Y en la nota que se publicó ayer en estas páginas, titulada “Elementos que apuntarían a Zeferino fueron sustraídas del expediente del caso Chavarría”, se demuestra que López Rosas, citado a declarar por Iñaki Blanco, le entregó al Ministerio Público que lo interrogó 31 hojas que fueron sustraídas del documento, una de las cuales lleva el título de “Declaración de Zamora”. De modo que, contrario a lo afirmado por Blanco, sí se trató de una declaración ministerial en la que el asesinado comandante dijo que el homicidio de Chavarría afuera de su casa en esta capital el 20 de agosto de 2009 fue ordenado por “un alto funcionario del gobierno del estado y de la Auditoría General del Estado”.

Declaraciones ministeriales de perredistas señalan a Zeferino

En el texto de la averiguación, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado asienta las declaraciones de 22 personajes “de la vida pública guerrerense”, entre ellos los ahora ex diputados locales de la 59 legislatura Napoleón Astudillo Martínez, Catalino Duarte Ortuño, Celestino Cesáreo Guzmán, Gisela Ortega Moreno y Sebastián de la Rosa Peláez.
Asimismo, del entonces senador perredista David Jiménez Rumbo y de los ex dirigentes del PRD, Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez Nava.
También se encuentran como declarantes el entonces diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, y el entonces auditor General del Estado, Ignacio Rendón Romero, y el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, ya fallecido, Nelson Valle López.
Los declarantes que señalan al ex gobernador Torreblanca Galindo como el posible responsable del asesinato del diputado Chavarría Barrera subrayan el hecho de que le retiró la escolta a la que tenía derecho como ex secretario de Gobierno; sus desencuentros por la actividad que el diputado tenía como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso y el gobernador; el homicidio de los dirigentes indígenas mixtecos de Ayutla, y el rechazo por algunas iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Legislativo.
La declaración de López Sollano va directamente al caso. Refiere que se trató de un asesinato político porque siendo diputado local Chavarría Barrera, “tuvo diferencias por no aprobar una iniciativa de ley enviada por el gobernador para privatizar los servicios públicos, agua potable y alcantarillado”.
Citó que otra diferencia entre el entonces gobernador y el diputado, fue el homicidio de los dirigentes indígenas mixtecos de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Otra de las diferencias es la que se encuentra en la declaración del entonces senador David Jiménez Rumbo, quien refirió que “el primer conflicto que se dio con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo fue que una vez electos los diputados locales, el Lic. Chavarría y Carlos Álvarez querían la dirigencia de la fracción del PRD en el Congreso, porque tenía mayoría. El gobernador habló con ambos por separado y arregló el problema al confirmar que el Lic. Chavarría tenía la mayoría de diputados”.
Mientras tanto, la declaración de Sánchez Nava señala que el de Chavarría Barrera “es un crimen político por su trayectoria política, por los cargos políticos que ocupó y luego porque era el aspirante más fuerte a la candidatura a gobernador, y porque era obvio que había diferencias entre el agraviado y el gobernador a raíz de su renuncia a la Secretaría de Gobierno, rechazo que se agudizó con la iniciativa del gobernador de concesionar algunos servicios públicos como el agua potable”.
En las declaraciones de quienes fueron citados se establecen las diferencias políticas por la postulación de Chavarría Barrera como diputado local, y a la postre presidente de la Comisión de Gobierno, el órgano de decisión del Congreso.
La declaración al respecto es de Saúl López Sollano, quien refiere que Zeferino Torreblanca “no estuvo de acuerdo que se postulara como candidato a diputado local, proponiéndole que se postulara como candidato a diputado federal. Después el ex gobernador se opuso a que (Armando Chavarría) fuera nombrado coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, ya que promovió a Carlos Alvarez Reyes”.
Al respecto también declaró el entonces diputado Napoleón Astudillo Martínez, quien dijo que “con la única persona que tuvo algunos desencuentros (Chavarría Barrera) políticos fue con el diputado Carlos Alvarez Reyes, ya que éste pretendió quitarle la presidencia de la Comisión de Gobierno”.
También Catalino Duarte declaró al respecto. Dijo que “tuvo varios desencuentros con el diputado Carlos Álvarez Reyes, llegó hasta los insultos y descalificaciones en tribuna en contra de Chavarría Barrera”.
A su vez Celestino Cesáreo declaró que él se dio cuenta de los desencuentros entre Chavarría Barrera y Álvarez Reyes sólo a través de los medios de comunicación, y declaró “que por los medios de comunicación se dio cuenta de las diferencias que tuvo Chavarría en el Congreso con el diputado Carlos Álvarez”.
En ese sentido David Jiménez Rumbo declaró que el segundo conflicto que se originó entre Chavarría y el entonces gobernador “fue cuando el Lic. Chavarría fungía como presidente de la Comisión de Gobierno, cuando echó para atrás una iniciativa de ley que le convenía al gobernador, ante esto el gobernador intentó quitar de la presidencia al Lic. Chavarría por conducto del diputado Carlos Álvarez, esto originó un enfrentamiento político con el gobernador y el grupo que encabeza el Lic. Chavarría, pero de nueva cuenta se sentaron a dialogar con el gobernador para poner fin a esas diferencias”.
A pesar de los señalamientos de quienes fueron citados a declarar a la entonces Procuraduría General de Justicia, no se establece con precisión la actuación ni la vinculación que el ahora ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, hizo en las investigaciones cuyos resultados implican al ex gobernador Zeferino Torreblanca.
Apenas se toca el caso cuando señala que “en relación a los hechos que se investigan (Alberto López Rosas) proporcionó información de personas probablemente relacionadas con el homicidio de Armando Chavarría Barrera conocidas a través de una entrevista con el hoy occiso comandante Trinidad Zamora Rojo, resultando las personas de nombre Rafael Romero Romero y/o Felipe Romero Romero, Jorge Luis García Jacinto y Arturo Arellano Pérez, policías ministeriales del estado de Guerrero”.

Las diligencias en los penales de Puente Grande y Tepic

Posteriormente se menciona que el 6 de noviembre del 2014 “personal de esta Fiscalía Especializada, con auxilio de personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se constituyó en el interior del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, con la finalidad de recabar la declaración de Rafael Romero Romero y/o Felipe Romero Romero quien se encuentra recluido por delitos de orden federal y quien en relación a los hechos que se investigan se negó a rendir su declaración”.
También refiere el documento que “el 21 de noviembre del 2014 personal de esta Fiscalía Especializada en compañía de personal de la Fiscalía General del Estado de Tepic, Nayarit, se constituyó en el interior del Centro de Readaptación Social número 4 Noroeste, con la finalidad de recabar la declaración ministerial de Jorge Luis García Jacinto, recluido por delitos federales, quien en relación a los hechos que se investigan se negó a rendir su declaración”.
Estos personajes serían dos de los presuntos responsables materiales a los que el comandante Zamora Rojo implicó en el asesinato de Chavarría Barrera, pero que la ahora Fiscalía no logró obtener sus declaraciones.
Mientras que el comandante Zamora Rojo fue asesinado en junio del 2011. Su cuerpo fue encontrado desmembrado. Sus asesinos tiraron el cadáver bajo un puente vehicular, cerca de la Fiscalía General del Estado en esta capital. Junto a sus restos dejaron una cartulina que decía: “sea quien sea cabrones… a todos los chaqueteros dedos y chapulines esto va para todos ustedes del color más fuerte. Los Rojo (sic)”.